En Roma se hizo justicia
El criminal Jorge Tróccoli fue condenado en Roma por segunda vez a cadena perpetua, ahora por el asesinato de la maestra Elena Quinteros y de la pareja conformada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, desaparecidos en 1977. La doctora Franccesca Lessa, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London (Reino Unido) y presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, presenció en Roma la lectura de la nueva condena a cadena perpetua excapitán de navío y calificó el fallo como “un hito de la justicia”. Asimismo, dijo que “cada sentencia permite sumar un fragmento más en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes del Plan Cóndor”.
Alas cinco en punto de la tarde del martes 21, los integrantes del Tribunal Penal de Roma leyeron la sentencia que condena por segunda vez a cadena perpetua al capitán de navío retirado Jorge Tróccoli. En esta ocasión, el fallo lo responsabiliza por los secuestros de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, así como por la desaparición de Elena Quinteros.
Tróccoli no estuvo presente en el barrio romano de Rebibbia para escuchar la sentencia, aunque sí lo hicieron sus representantes legales. El exmilitar permanece recluido en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta, donde desde 2021 cumple otra condena a prisión perpetua por la desaparición de 26 ciudadanos italianos, en el marco del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980.
Rebibbia alberga las salas de alta seguridad del Tribunal, donde se desarrollan audiencias de distintas causas judiciales en Italia. Muy cerca del lugar se encuentra además el complejo penitenciario Rebibbia Nuovo Complesso, uno de los más grandes de la ciudad.
Nacido en Montevideo en 1947, Tróccoli integró el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) durante la dictadura uruguaya. Se desempeñó como enlace, en el marco del Plan Cóndor, con el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA). En 2007 se fugó de Uruguay, cuando era investigado por delitos de lesa humanidad, y se radicó en Italia.
Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el Hotel Hermitage y entregados al régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, donde fueron asesinados. Sus restos fueron hallados en 2013 en Asunción e identificados tres años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Elena Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976 mientras intentaba solicitar asilo en la Embajada de Venezuela; desde entonces, permanece desaparecida.
Este nuevo fallo contra Tróccoli reafirma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del Cono Sur.
Un fragmento más de un gran rompecabezas
En entrevista con el Portal del PIT-CNT, la investigadora italiana Franccesca Lessa, especialista en derechos humanos y autora de “Los juicios del Cóndor” --quien estuvo presente en el Tribunal Penal de Roma durante la lectura de la sentencia que condenó por segunda vez a cadena perpetua a Tróccoli- calificó el fallo como “un hito de la justicia” y destacó la importancia de que “cada sentencia aporta un fragmento más de este gran rompecabezas que todavía se está intentando armar”, en la larga búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del Plan Cóndor.
Lessa contó que cuando la jueza leyó la sentencia, Ida Beatriz García Filipazzi, rompió en llanto, al saber que después de casi 50 años de lucha, comenzaba a lograr justicia por su madre. Sobre el caso de Elena Quinteros, también subrayó el valor histórico. “Fue y sigue siendo un caso clave para empujar la lucha contra la impunidad, un camino siempre cuesta arriba, lleno de obstáculos y dificultades”. Aseguró que en Italia la cadena perpetua es “efectivamente de por vida”, salvo casos excepcionales por razones de salud, y valoró que su país haya actuado “no solo en defensa de sus ciudadanos, sino también condenando a uno de ellos, porque Tróccoli es italo-uruguayo”.
La investigadora valoró la sentencia como "un momento muy importante en la historia y al mismo tiempo, muy conmovedor".
En diálogo con el Portal, explicó que "escuchar esa sentencia fue algo importante que produjo una mezcla de emociones. Por un lado la satisfacción por haber logrado esta sentencia, y también orgullo, como ciudadana italiana, de ver que los tribunales de mi país pudieron aportar un pequeño granito de arena en la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Al mismo tiempo, uno siente tristeza, porque sabemos que quedan muchísimos casos de víctimas y muchos familiares que aún siguen buscando las respuestas que ayer se pudieron dar en los casos de las tres víctimas de este juicio puntual. Todavía queda un largo camino por recorrer. Creo que lo más emblemático que voy a recordar del día de ayer fue el llanto de Ida Beatriz García Filipazzi, hija de Rafaela Filipazzi-ciudadana italiana secuestrada en Montevideo en mayo de 1977 junto a su pareja, el músico argentino José Agustín Potenza-. Después de haber sido detenidos e interrogados en el FUSNA, fueron entregados a un grupo de tareas de policías que había viajado a Asunción para trasladarlos desde Montevideo a Paraguay. El llanto de Beatriz fue realmente desgarrador. Ella tuvo que luchar casi 50 años, porque su madre desapareció en 1977; es decir, hace 48 años. Tenía solo 11 años cuando su mamá desapareció. Ayer, mientras esperábamos la lectura de la sentencia, nos contó cómo, junto a su abuela, comenzaron hace medio siglo a buscar qué había pasado con su madre. En todo ese tiempo tuvo que enfrentar muchos obstáculos, se sintió muy sola en numerosas ocasiones y le cerraron muchas puertas en la cara. Tuvo que buscar información en Argentina y en Paraguay. Finalmente, ese llanto era una mezcla de emociones, tristeza, alivio y, sobre todo, satisfacción por haber logrado justicia por su madre, causa a la que dedicó los últimos 48 años de su vida.
Fue realmente un día muy intenso desde ese punto de vista. Ella también decía que por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañada por los abogados, por las agrupaciones en Roma, por la ONG 24 Marzo, que siempre ha trabajado en los juicios en Italia. Al menos en los últimos años no se sintió tan sola como antes, en esta búsqueda que a veces puede ser muy solitaria.
Esta condena también refiere a la desaparición de Elena Quinteros
Sí. El caso de Elena Quinteros es uno de los más emblemáticos de la dictadura uruguaya, no solo por el impacto que tuvo en su momento con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela, sino también porque a lo largo del tiempo ha marcado caminos. Por ejemplo, a comienzos de los años noventa se estableció en el Parlamento uruguayo una Comisión Investigadora sobre su desaparición. Luego, hacia fines de esa década, el PIT-CNT, a través del trabajo de Pablo Chargoñia -actual coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu- y de Raúl Olivera -que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical-, utilizó el caso como emblema para impulsar la lucha contra la impunidad en Uruguay.
Podemos recordar también que el primer procesamiento dictado en Uruguay, finalmente en el año 2002, fue el del ex canciller Juan Carlos Blanco, precisamente por el secuestro de la maestra Elena Quinteros.
Hoy, muchos años después, siento que este caso sigue marcando caminos en la búsqueda de verdad y justicia. Porque como sabemos, los delitos del terrorismo de Estado implican estructuras donde todos los recursos del Estado -personas, instituciones y medios- se ponen al servicio del plan represivo. De a poco, se va revelando quiénes actuaron en el secuestro, la desaparición y el asesinato de Elena.
Desde junio de 1976, este ha sido un caso clave, entre muchos otros, para empujar la lucha contra la impunidad, que siempre ha sido un camino cuesta arriba, lleno de obstáculos y dificultades.
Esta nueva cadena perpetua para Tróccoli, ¿se puede considerar un hito de la justicia?
Sí, sin duda. Es un hito de la justicia, porque el sistema del terrorismo de Estado y la coordinación represiva del Plan Cóndor fueron estructuras secretas para cometer delitos de lesa humanidad más allá de las fronteras nacionales. En aquel momento eran planes secretos, que nunca debieron haber salido a la luz ni haberse conocido sus mecanismos.
Las sentencias que se han dictado en distintos países del mundo aportan piezas de este gran rompecabezas que todavía estamos intentando armar. La lucha por la verdad y la justicia siempre ha sido muy compleja, porque los abogados, los familiares, los sobrevivientes y los activistas solo han tenido acceso a información parcial.
Cada sentencia permite sumar un fragmento más para reconstruir los hechos, identificar a los responsables y comprender cómo se pudieron cometer estos delitos.
Esta sentencia es especialmente importante porque Italia no solo está actuando en defensa de sus ciudadanos, sino que también está condenando a uno de ellos. Tróccoli es italo-uruguayo, tiene doble nacionalidad. Por tanto, Italia está asumiendo su responsabilidad al condenar a los culpables de estos crímenes gravísimos.
¿La cadena perpetua es efectivamente perpetua en Italia?
En Italia, sí. Sé que en algunos países, por ejemplo en Inglaterra -donde yo vivo-, cuando se dicta una cadena perpetua se aclara el tiempo mínimo que la persona debe cumplir. Pero en Italia la cadena perpetua es efectivamente perpetua. A veces, lo que puede suceder es que quienes cumplen esa pena soliciten prisión domiciliaria por razones de salud, pero en general se trata de una condena verdaderamente de por vida.
Perfil
Francesca Lessa es investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London, en Reino Unido. Además, es presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay. Investiga sobre derechos humanos en América Latina. Su trabajo examina especialmente la búsqueda de verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente en el Cono Sur.
Es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA). Fue, además, perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Familia Julien Grisonas vs. Argentina”.
Su primer libro, ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2014 y su último libro, Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2022. También, ha publicado artículos en algunas de las revistas más influyentes de su área, como Human Rights Quarterly, Journal of Latin American Studies, International Journal of Transitional Justice y Journal of Human Rights Practice.
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