Palabras de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social
Secretaría de Derechos Humanos
Una iniciativa reconoce y difunde las propuestas y acciones que promueven avances significativos para construir una sociedad más inclusiva, en materia de racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.

La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD) convoca a la sociedad civil organizada a postular instituciones y organizaciones públicas o privadas y personas para ser premiadas o distinguidas con los Premios Anuales Luisa Casalet 2025.
Con ellos se busca expandir y reconocer las propuestas y trayectorias que promueven avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminaciones.
El plazo límite para la recepción de postulaciones es el 28 de noviembre.
Las bases se encuentran en este link.
´Resistir juntas: en prisión, exilio y libertad´
La presentación es organizada por la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, junt a CRYSOL, el Museo de la Memoria y AEBU. La entrada es libre y gratuita.
Sobre el libro
Este libro parte de un grupo de mujeres con una experiencia común y de su voluntad de comunicarla.
Durante su juventud, compartieron celdas en la cárcel de Cabildo, la primera cárcel del país para presas políticas (1968–1977). De allí se fugaron dos veces y el resto del tiempo se cuidaron unas a otras y a los niños, generando un lazo de compañerismo que fue su mejor escudo. Hoy, septuagenarias y más, siguen contando con aquella camaradería como un motor para hacer juntas.
Quieren contar lo que saben. Hacen de la vieja cárcel un Sitio de Memoria. Registran sus reflexiones, recogen la palabra de sus mayores y la de sus hijos… proyectan un libro y encuentran a quien lo escriba: la periodista y escritora Ivonne Trías Hernández.
Resistir Juntas cuenta con el prólogo de Natalia Montealegre Alegría, doctora en Antropología, investigadora y docente de la Universidad de la República. Especializada en los procesos de impunidad en Uruguay, las afectaciones del terrorismo de Estado en las infancias y en las relaciones intergeneracionales, Montealegre Alegría escribe: “Cuando entramos al círculo virtuoso de la escritura de Ivonne Trías, hay imágenes y palabras que son parte del zurcido de la historiografía que ofrece. Digo historiografía porque el aporte que la escritora y periodista realiza en este volumen cuenta con la rigurosidad y densidad sensible para inscribirse como parte de esas producciones.”
Breve biografía de la autora
Ivonne Trías Hernández es escritora y periodista. Ha publicado narrativa e investigación periodística. Su libro La tienta obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo y Mención Honorífica de los Premios Anuales de Literatura. Recibió el Premio Morosoli en periodismo escrito. Entre 1972 y 1985 estuvo presa por razones políticas, desde 1973 en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº2 (Punta de Rieles).
El Grupo de Cabildo
Conformado por casi treinta —de las más de doscientas— presas políticas que compartieron celdas en ese lugar entre 1968 y 1977, el Grupo de Cabildo, años después, produjo los materiales con los que se escribió este libro. Se trata de entrevistas, autoentrevistas, transcripción de las reuniones que mantuvieron y grabaron durante años, cartas, fotos, dibujos.
Ellas son: Ana María Álvarez, Isabel Álvarez, Martha Avella, Annabella Balduvino, Iris Battagliotti, Carmen Bonilla, María Amalia Brum, Rosario Burghi, Ana Casamayou, Carina Charquero, Judith Colombo, Alice Fay, Magela Fein, Elisa Michelini, Edith Moraes, María Luz Osimani, Rosa Rebollo, Graziela Rodríguez, Olga Lucy Salgado, Stella Saravia, Araselly Silvera, Marylu Simones, María Elia Topolansky, Elena Vasilkis, Graciela Yardino, Adriana Zinola.
Y quienes fallecieron durante el proceso de escritura: Renée Blanchen, Susana Núñez, Estela Schenck, Élida Valdomir y Beatriz Yardino.
Este lunes comienza en Río Negro el juicio oral por el llamado "caso Roslik", según informó la Fiscalía General de la Nación. Este caso investiga privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a residentes de la localidad de San Javier.
Aunque la investigación es conocida como "caso Roslik", abarca lo sucedido a unas 30 víctimas. Entre ellas se encuentra el médico Vladimir Roslik, cuyo asesinato ocurrió el 16 de abril de 1984. El caso se centra en operativos llevados a cabo en 1980 y 1984.
Operativo de 1980: Más de 20 personas fueron detenidas, 11 de las cuales terminaron procesadas por la justicia militar. Todas fueron torturadas y privadas ilegítimamente de la libertad.
Operativo de 1984: Nueve personas fueron detenidas, incluyendo a Vladimir Roslik, quien falleció como consecuencia de las torturas.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, afirmó que cuentan con alrededor de 70 medios probatorios. El juicio comenzará con la intervención de peritos historiadores, seguido por peritos médicos y un perito calígrafo.
Perciballe solicitó condenas de hasta 15 años y seis meses de prisión para nueve militares retirados por delitos cometidos en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos (Río Negro) durante la dictadura cívico-militar. Los delitos fueron cometidos contra 11 personas entre 1980 y 1984.
Las penas solicitadas son por "reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves":
15 años y seis meses: Para Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez, considerados autores de los delitos.
14 años y seis meses: Para Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy.
13 años y seis meses: Para Daniel Castellá y Rodolfo Costas.
13 años: Para Eduardo Saiz.
11 años y seis meses: Para Luis Estebenet.
Roslik Bichkov, Vladimir Andrés
Vladimir era de San Javier (Departamento de Rio Negro), integraba esa comunidad de origen ruso, era médico, estaba casado y tenía un hijo de pocos meses.
El 29 de abril de 1980, un gran operativo desplegado por las Fuerzas Armadas en San Javier, secuestró y torturó a un grupo de hombres, entre los que estaba Vladimir. Fue liberado recién en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado,
La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en un operativo contra varios miembros de esa comunidad, esa madrugada él y otras seis personas fueron trasladadas y torturadas en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos.
Vladimir muere el 16 de abril a consecuencias de las torturas recibidas, fue el último asesinado de la dictadura.
El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia y atribuyó la muerte "a causas naturales", la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico expulsarían a Saiz de sus filas.
El país se encontraba en pleno proceso de convocatoria a elecciones tuteladas en el camino a recobrar su institucionalidad democrática. El impacto de la noticia obligó a que la Justicia Militar interviniera y condenara al responsable del operativo, mayor Sergio Caubarrere por abuso de autoridad y homicidio culpable, el represor cumplió prisión por ese crimen cuatro meses y 18 días.
Recién en 2014 se solicitó a la justicia el desarchivo del caso pero eso fue negado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno la rechazó fundamentando que había “cosa juzgada” respecto del militar imputado. En 2019, recién creada la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, el fiscal solicitó nuevamente el desarchivo del caso a pedido de la familia y fue nuevamente negado.
El 29 de julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y dispuso el archivo definitivo del caso.
El 17 de agosto del 2023 la Suprema Corte de Justicia desestimó sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los involucrados en la causa judicial y esto habilita que se fije una audiencia.
El 4 de octubre de 2023 se realizó la audiencia de formalización de 12 imputados solicitada por la fiscalía de Lesa Humanidad. (fuente: sitiosdememoria.uy)
Noviembre de memoria
Montevideo y Canelones serán las sedes de dos actividades para promover el intercambio sobre memoria, verdad, justicia y derechos humanos.

Con el objetivo de fomentar el diálogo intergeneracional, la reflexión colectiva y el compromiso con la memoria, se realizarán dos jornadas abiertas al público.
La primera será el conversatorio Los Hijos de la Memoria, que se efectuará el 6 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Complejo Cultural Politeama de la ciudad de Canelones, y reunirá el testimonio de hijos e hijas cuyas infancias fueron atravesadas por el terrorismo de Estado.
En este evento, participarán Macarena Gelman, Gabriela Schroeder, Camilo Casariego, Francesca Casariego, Anatole Julien y Mariana Zaffaroni, en una mesa moderada por Camilo Pons y Federico Bruno.
La segunda actividad será el espectáculo artístico La Cultura Hecha Memoria, que se desarrollará el 27 de noviembre, a las 20:00 horas, en el teatro El Galpón, en Montevideo. La propuesta colectiva integrará música, teatro y murga, para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y reivindicar el rol del arte en la construcción de la memoria.
En esta oportunidad, intervendrán la murga Falta y Resto, Mario Carrero, El Alemán, el colectivo de artistas Todos Somos Familiares, los actores del citado teatro, la murga Agarrate Catalina y Cuatro Pesos de Propina.
Según la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, se denominó Plan Cóndor a la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, principalmente las de Argentina, Bolivia, Brasil Chile, Paraguay y Uruguay. A partir de 1975, estos gobiernos de facto implementaron un sistema conjunto de persecución, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de militantes políticos, estudiantiles y sindicales, más allá de las fronteras nacionales.
Esta estructura clandestina de cooperación estatal dejó miles de víctimas en la región y constituye uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana reciente.
En Roma se hizo justicia
El criminal Jorge Tróccoli fue condenado en Roma por segunda vez a cadena perpetua, ahora por el asesinato de la maestra Elena Quinteros y de la pareja conformada por el argentino José Agustín Potenza y la ciudadana italiana Raffaella Filipazzi, desaparecidos en 1977. La doctora Franccesca Lessa, investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London (Reino Unido) y presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay, presenció en Roma la lectura de la nueva condena a cadena perpetua excapitán de navío y calificó el fallo como “un hito de la justicia”. Asimismo, dijo que “cada sentencia permite sumar un fragmento más en la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes del Plan Cóndor”.
Alas cinco en punto de la tarde del martes 21, los integrantes del Tribunal Penal de Roma leyeron la sentencia que condena por segunda vez a cadena perpetua al capitán de navío retirado Jorge Tróccoli. En esta ocasión, el fallo lo responsabiliza por los secuestros de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, así como por la desaparición de Elena Quinteros.
Tróccoli no estuvo presente en el barrio romano de Rebibbia para escuchar la sentencia, aunque sí lo hicieron sus representantes legales. El exmilitar permanece recluido en la cárcel de Carinola, en la provincia de Caserta, donde desde 2021 cumple otra condena a prisión perpetua por la desaparición de 26 ciudadanos italianos, en el marco del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980.
Rebibbia alberga las salas de alta seguridad del Tribunal, donde se desarrollan audiencias de distintas causas judiciales en Italia. Muy cerca del lugar se encuentra además el complejo penitenciario Rebibbia Nuovo Complesso, uno de los más grandes de la ciudad.
Nacido en Montevideo en 1947, Tróccoli integró el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) durante la dictadura uruguaya. Se desempeñó como enlace, en el marco del Plan Cóndor, con el centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición que operó en la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA). En 2007 se fugó de Uruguay, cuando era investigado por delitos de lesa humanidad, y se radicó en Italia.
Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza fueron secuestrados el 27 de mayo de 1977 en el Hotel Hermitage y entregados al régimen de Alfredo Stroessner en Paraguay, donde fueron asesinados. Sus restos fueron hallados en 2013 en Asunción e identificados tres años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Elena Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976 mientras intentaba solicitar asilo en la Embajada de Venezuela; desde entonces, permanece desaparecida.
Este nuevo fallo contra Tróccoli reafirma su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del Cono Sur.
En entrevista con el Portal del PIT-CNT, la investigadora italiana Franccesca Lessa, especialista en derechos humanos y autora de “Los juicios del Cóndor” --quien estuvo presente en el Tribunal Penal de Roma durante la lectura de la sentencia que condenó por segunda vez a cadena perpetua a Tróccoli- calificó el fallo como “un hito de la justicia” y destacó la importancia de que “cada sentencia aporta un fragmento más de este gran rompecabezas que todavía se está intentando armar”, en la larga búsqueda de verdad y justicia por los crímenes del Plan Cóndor.
Lessa contó que cuando la jueza leyó la sentencia, Ida Beatriz García Filipazzi, rompió en llanto, al saber que después de casi 50 años de lucha, comenzaba a lograr justicia por su madre. Sobre el caso de Elena Quinteros, también subrayó el valor histórico. “Fue y sigue siendo un caso clave para empujar la lucha contra la impunidad, un camino siempre cuesta arriba, lleno de obstáculos y dificultades”. Aseguró que en Italia la cadena perpetua es “efectivamente de por vida”, salvo casos excepcionales por razones de salud, y valoró que su país haya actuado “no solo en defensa de sus ciudadanos, sino también condenando a uno de ellos, porque Tróccoli es italo-uruguayo”.

La investigadora valoró la sentencia como "un momento muy importante en la historia y al mismo tiempo, muy conmovedor".
En diálogo con el Portal, explicó que "escuchar esa sentencia fue algo importante que produjo una mezcla de emociones. Por un lado la satisfacción por haber logrado esta sentencia, y también orgullo, como ciudadana italiana, de ver que los tribunales de mi país pudieron aportar un pequeño granito de arena en la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. Al mismo tiempo, uno siente tristeza, porque sabemos que quedan muchísimos casos de víctimas y muchos familiares que aún siguen buscando las respuestas que ayer se pudieron dar en los casos de las tres víctimas de este juicio puntual. Todavía queda un largo camino por recorrer. Creo que lo más emblemático que voy a recordar del día de ayer fue el llanto de Ida Beatriz García Filipazzi, hija de Rafaela Filipazzi-ciudadana italiana secuestrada en Montevideo en mayo de 1977 junto a su pareja, el músico argentino José Agustín Potenza-. Después de haber sido detenidos e interrogados en el FUSNA, fueron entregados a un grupo de tareas de policías que había viajado a Asunción para trasladarlos desde Montevideo a Paraguay. El llanto de Beatriz fue realmente desgarrador. Ella tuvo que luchar casi 50 años, porque su madre desapareció en 1977; es decir, hace 48 años. Tenía solo 11 años cuando su mamá desapareció. Ayer, mientras esperábamos la lectura de la sentencia, nos contó cómo, junto a su abuela, comenzaron hace medio siglo a buscar qué había pasado con su madre. En todo ese tiempo tuvo que enfrentar muchos obstáculos, se sintió muy sola en numerosas ocasiones y le cerraron muchas puertas en la cara. Tuvo que buscar información en Argentina y en Paraguay. Finalmente, ese llanto era una mezcla de emociones, tristeza, alivio y, sobre todo, satisfacción por haber logrado justicia por su madre, causa a la que dedicó los últimos 48 años de su vida.
Fue realmente un día muy intenso desde ese punto de vista. Ella también decía que por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañada por los abogados, por las agrupaciones en Roma, por la ONG 24 Marzo, que siempre ha trabajado en los juicios en Italia. Al menos en los últimos años no se sintió tan sola como antes, en esta búsqueda que a veces puede ser muy solitaria.
Sí. El caso de Elena Quinteros es uno de los más emblemáticos de la dictadura uruguaya, no solo por el impacto que tuvo en su momento con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela, sino también porque a lo largo del tiempo ha marcado caminos. Por ejemplo, a comienzos de los años noventa se estableció en el Parlamento uruguayo una Comisión Investigadora sobre su desaparición. Luego, hacia fines de esa década, el PIT-CNT, a través del trabajo de Pablo Chargoñia -actual coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu- y de Raúl Olivera -que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical-, utilizó el caso como emblema para impulsar la lucha contra la impunidad en Uruguay.
Podemos recordar también que el primer procesamiento dictado en Uruguay, finalmente en el año 2002, fue el del ex canciller Juan Carlos Blanco, precisamente por el secuestro de la maestra Elena Quinteros.
Hoy, muchos años después, siento que este caso sigue marcando caminos en la búsqueda de verdad y justicia. Porque como sabemos, los delitos del terrorismo de Estado implican estructuras donde todos los recursos del Estado -personas, instituciones y medios- se ponen al servicio del plan represivo. De a poco, se va revelando quiénes actuaron en el secuestro, la desaparición y el asesinato de Elena.
Desde junio de 1976, este ha sido un caso clave, entre muchos otros, para empujar la lucha contra la impunidad, que siempre ha sido un camino cuesta arriba, lleno de obstáculos y dificultades.

Sí, sin duda. Es un hito de la justicia, porque el sistema del terrorismo de Estado y la coordinación represiva del Plan Cóndor fueron estructuras secretas para cometer delitos de lesa humanidad más allá de las fronteras nacionales. En aquel momento eran planes secretos, que nunca debieron haber salido a la luz ni haberse conocido sus mecanismos.
Las sentencias que se han dictado en distintos países del mundo aportan piezas de este gran rompecabezas que todavía estamos intentando armar. La lucha por la verdad y la justicia siempre ha sido muy compleja, porque los abogados, los familiares, los sobrevivientes y los activistas solo han tenido acceso a información parcial.
Cada sentencia permite sumar un fragmento más para reconstruir los hechos, identificar a los responsables y comprender cómo se pudieron cometer estos delitos.
Esta sentencia es especialmente importante porque Italia no solo está actuando en defensa de sus ciudadanos, sino que también está condenando a uno de ellos. Tróccoli es italo-uruguayo, tiene doble nacionalidad. Por tanto, Italia está asumiendo su responsabilidad al condenar a los culpables de estos crímenes gravísimos.
En Italia, sí. Sé que en algunos países, por ejemplo en Inglaterra -donde yo vivo-, cuando se dicta una cadena perpetua se aclara el tiempo mínimo que la persona debe cumplir. Pero en Italia la cadena perpetua es efectivamente perpetua. A veces, lo que puede suceder es que quienes cumplen esa pena soliciten prisión domiciliaria por razones de salud, pero en general se trata de una condena verdaderamente de por vida.
Francesca Lessa es investigadora y profesora de Relaciones Internacionales de las Américas en University College London, en Reino Unido. Además, es presidenta de honor del Observatorio Luz Ibarburu de Uruguay. Investiga sobre derechos humanos en América Latina. Su trabajo examina especialmente la búsqueda de verdad, justicia y reparación por crímenes del pasado reciente en el Cono Sur.
Es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics and Political Science y ha colaborado en su trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Washington Office on Latin America (WOLA). Fue, además, perita frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Familia Julien Grisonas vs. Argentina”.
Su primer libro, ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay post-dictadura, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2014 y su último libro, Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, fue publicado por Penguin Random House Uruguay en 2022. También, ha publicado artículos en algunas de las revistas más influyentes de su área, como Human Rights Quarterly, Journal of Latin American Studies, International Journal of Transitional Justice y Journal of Human Rights Practice.
Memorando de entendimiento
La ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil, Macaé Evaristo, y la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Collette Spinetti, firmaron el documento que habilita el intercambio de experiencias, estrategias y políticas en áreas clave como personas mayores, discapacidad, migrantes y población LGBTQIA+, entre otras.
A eso se suma la posibilidad de cooperación en la frontera y en todo el territorio nacional.
La Secretaría de Derechos Humanos afirmó que esta rúbrica es un primer paso hacia una agenda internacional de articulación y cooperación por la garantía de los derechos humanos.
En esa dirección, las autoridades de la Secretaría afirmaron que el trabajo continúa “por y para las comunidades históricamente vulneradas, en un Gobierno comprometido con la igualdad”.
El convenio fue suscrito durante la gira que la Secretaría de Derechos Humanos en Brasil. Este miércoles, Spinetti participó del Seminario Regional sobre Lugares de Memoria en los 50 años de la Operación Cóndor, en el marco de la 45.° Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur.
Política pública con participación
La creación del Sistema Integrado de Derechos Humanos y de un observatorio especializado en la materia, incluyen parte de las prioridades del este período. El consejo orienta el posicionamiento en el tema y apunta a garantizar el respeto a los derechos humanos. Está integrado por Presidencia y los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Educación.
“Estamos instalando, por primera vez en esta gestión, un Consejo de Derechos Humanos”, el cual implementará las políticas de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República “y es un gran mensaje de gobierno”, explicó a Comunicación Presidencial, la titular de ese organismo, Collete Spinetti, este miércoles 15.
El Consejo Directivo está integrado por representantes de Presidencia de la República y los ministerios Desarrollo Social; Interior; Educación y Cultura; y Relaciones Exteriores. “Muestra cómo el país se posiciona defendiendo, protegiendo y garantizando los derechos humanos”, agregó.
Dijo que esta instancia consolida el compromiso del Gobierno con la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. El trabajo del consejo será intersectorial e interrelacionado. “No es una tarea exclusiva de la Secretaría, sino una responsabilidad de todo el Poder Ejecutivo, que incorporará el enfoque de derechos humanos en sus políticas, acciones y posicionamiento gubernamental”, añadió.
Spinetti informó que se trata de un ámbito de liderazgo político en materia de derechos humanos, que tendrá como cometido orientar el posicionamiento político, proteger y garantizar los derechos humanos. Señaló que, con este enfoque se cumple con el mandato del presidente de la República, Yamandú Orsi, de “igualar para bien, igualar hacia arriba”, y asegurar que todas las personas puedan acceder a sus derechos fundamentales.
Otro componente fundamental será el de la participación ciudadana porque, no se puede trabajar en políticas con enfoque de derechos humanos sino se escucha a la ciudadanía, dijo. Para eso, la secretaría desarrolla una agenda territorial que incluye diálogo permanente con gobiernos subnacionales e instituciones de la sociedad civil. “En un contexto global de retrocesos en materia de derechos humanos, apostamos al diálogo, la igualdad y la protección de esos derechos para todas las personas, sin distinciones”, indicó.
El trabajo para este período prevé la creación del Sistema Integrado de Derechos Humanos, una plataforma digital que reunirá acuerdos internacionales, leyes, políticas públicas, un observatorio y un espacio de información ciudadana. Su implementación será progresiva entre 2026 y 2027, explicó.
El Observatorio de Derechos Humanos permitirá evaluar el cumplimiento de políticas y detectar vulneraciones de derechos en distintos sectores de la población. Además, brindará insumos para diseñar políticas que logren la igualdad, informó Spinetti.
La actividad fue organizada por la Comisión de Sitio de Memoria del IEC – Hebert Nieto, junto con diversas instituciones y colectivos sociales el pasado 26 de septiembre.
La emotiva ceremonia contó con la presencia de estudiantes, docentes y funcionarios, así como de autoridades educativas como el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, la prosecretaria de UTU, Dra. Ana Laura de León, y la directora de Gestión Educativa, Mag. María Susana Abella.
Durante el acto, la integrante de la Red Nacional de Sitios de Memoria, Mercedes Cuñas, destacó la relevancia del reconocimiento: «Este fue un evento muy importante porque recordamos a Hebert Nieto, asesinado por fuerzas policiales cuando tenía solo 16 años. Este fue un crimen del Estado que sigue impune». Subrayó que este homenaje es también un acto de reivindicación y que con la declaración de la institución como sitio de memoria se busca «robarle espacios a la impunidad».
En su intervención, el director del IEC, Prof. Arq. Fernando Tomeo, celebró la gran participación y el significado del reconocimiento: «Ese día el IEC comenzó un proceso al ser reconocido como sitio de memoria. Fue un día especial que pasó a formar parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva».
También hicieron uso de la palabra las representantes de las Coordinadoras de Estudiantes de UTU, Naiara Aguete y Juliana Mendaro, quienes recordaron a Hebert Nieto desde la mirada del movimiento estudiantil actual y resaltaron la vigencia de su ejemplo. Las jóvenes señalaron que, «como cualquiera de nosotros, tenía proyectos, ilusiones y sueños», pero que aquel 24 de julio de 1971 «la represión le arrebató la vida y sus sueños cuando tenía tan solo 16 años».
Recordaron que Nieto participaba de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Resistencia Obrera Estudiantil, convencido de que la solidaridad era un compromiso concreto y no una palabra vacía. En ese marco, explicaron que el joven se encontraba apoyando luchas obreras y estudiantiles, «organizado, construyendo y soñando con un país más justo», cuando la represión policial descargó su violencia contra los manifestantes.
Las estudiantes afirmaron que el asesinato de Nieto no ocurrió por casualidad ni por error, sino porque el Estado le tenía miedo a la organización, al compromiso y a la fuerza de la juventud que no se resignaba. A más de cinco décadas de aquel crimen, sostuvieron que su nombre siguió vivo entre los estudiantes cada vez que organizaban, cada vez que defendían la educación pública y levantaban la voz por sus derechos.
La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria formalizó la declaración del Instituto como sitio de memoria en el marco de la Ley Nº 19.641, destacando que el asesinato de Nieto fue «un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado».
Con esta señalización, el IEC se suma a los espacios destinados a mantener viva la memoria reciente del país, promoviendo la verdad, la justicia y el compromiso con la educación pública y los derechos humanos.
García visitó Batallón de Mercedes
Fue la primera visita del secretario de Estado a esta unidad militar

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, visitó el Batallón N° 5 “Asencio” de Mercedes. Fue la primera visita del secretario de Estado a esta unidad militar.
En la oportunidad, en rueda de prensa, destacó el trabajo el ejército en el patrullaje de la frontera. Dijo que es una tarea que ha dado resultados y que vino para quedarse.
Además se refirió al trabajo desplegado por el Ejército en el traslado de las vacunas contra el covid-19, comentando que las Fuerzas Armadas están dispuestas a distribuir vacunas en localidades del interior profundo.
Cabe recordar que en Soriano continúa el trabajo del vacunatorio móvil en esta campaña contra el coronavirus covid-19 complementando el trabajo desplegado en Mercedes, Dolores y Cardona.
El ministro también se refirió al reciente hallazgo de documentación sobre espionaje militar, desarrollada durante la dictadura y los primeros años de la democracia.
García reafirmó que en la medida que continúe apareciendo este tipo de documentación se hará pública y será entregada a los organismos correspondientes para su investigación.
Foto e información: corresponsal Aldo Difilippo
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