De 11 a 15 años, conozca el detalle de la condena impuesta a los represores del caso Roslik

En un fallo histórico, el juez Claudio de León sentenció a exmilitares y a un médico militar por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Javier. Las condenas incluyen delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, con penas que oscilan entre los 11 y los 15 años de penitenciaría.

Al finalizar la extensa instancia judicial, cumplida en el juzgado de Fray Bentos, el Dr.Claudio de León leyó la sentencia con la pena impuesta a cada uno de los imputados: 

“Por lo desarrollado y de acuerdo a las normas de derechos que se han citado en los permisos de los artículos 12 y 22 de la Constitución de la República, artículos 1, 3, 18, 46, 47, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 66, 68, 85, 86, 281, 282, 286, 3, 16, 3, 17, 320, 10 del Código Penal, artículos 140, 142, 143, 270, 271, concordante del Código Penal, fallo: condenando a Óscar Mario Roca Varaldi, Dardo Ivo Morales Machado, Abel Pérez, como autores penalmente responsables, de reiterados delito de privación de libertad en reiteración real con retirados delitos de abuso de la autoridad contra detenidos, y estos en concurso formal con retirados, delitos de lesiones graves y los anteriores concurrencia fuera de la reiteración por retirado, delito de privación de libertad en calidad de co-autores a la pena de 15 años y 6 meses de prisión con descuento de la preventiva sufrida de corresponder, siendo de su cargo la obligación de pagar al Estado los gastos de alimentación, vestido y alojamiento conforme al artículo 105, literal E del Código Penal.

Condenando a Sergio Héctor Caubarrere Barrón y Jorge Ricardo Soloviy Felix como autores penalmente responsables de reiterados delitos de privación de libertad en reiteración real con reiterados delitos de abuso contra los detenidos y estos en concurso formal con reiterados, delitos de lesiones graves y los anteriores en concurso fuera de la reiteración con tres delitos de privación de libertad en calidad de co-autores, a la pena de 14 años y 6 meses de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de alimentación y alojamiento conforme al artículo 105, literal E del Código Penal.

Condenando a Daniel Edgardo Castellá Lorenzo y Rodolfo Gustavo Costa como autores penalmente responsables de reiterados, delitos de privación de libertad en reiteración real con reiterados, delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y estos en concurso formal con reiterados, delitos de lesiones graves y los anteriores en concurso fuera de la reiteración con 3 delitos de explicación de libertad en calidad de co-autores a la pena de 13 años y 6 meses de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida de corresponder, siendo de su obligación la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de alimentación vestido de alojamiento conforme al artículo 105, leteral E del Código Penal.

Condenando a Luis Pedro Estebenet , como autor penalmente responsable con reiterados delitos abuso de autoridad contra los detenidos , en concurso formal, con reiterados delitos de lesiones graves. Con 3 delitos de privación de de libertad en calidad de co-autores a la pena de 11 años y 6 meses de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de alojamiento conforme al artículo 105, literal E.

Condenando a Alvaro Sáenz Perdini como conductor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y estos en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y los anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados delitos de privación de libertad, a la pena de 13 años de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida de corresponder, siendo de su cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de alimentación vestido de alojamiento conforme al artículo 105, literal E del Código Penal”.

 

´Les pido las más sinceras disculpas´: El histórico descargo de un juez ante las víctimas de la dictadura

En el marco de la condena por el caso Roslik, el Dr. Claudio de León nombró a cada una de las víctimas de los operativos de 1980 y 1984. El magistrado enfatizó que las torturas sufridas fueron un ataque sistemático contra la población civil y abogó por garantías de no repetición.

Dr. Claudio de León, antes de leer la sentencia a los nueve implicados en el caso Roslik, pidió disculpas públicas a las víctimas y a sus familiares por las torturas y el sufrimiento que pasaron durante esos dramáticos acontecimientos ocurridos durante la pasada dictadura.

“En esta oportunidad y en este acto de reconocimiento un pedido de disculpas a toda la víctima de los operativos de San Javier de los años 1980 y 1984, sin perjuicio de que el Estado Uruguayo hiciera de forma genérica. Este juez, del Poder Judicial, soporte fundamental del Estado de Derecho, realiza en este acto un reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con las violaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyen la violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este sentido, a las víctimas de los operativos de San Javier que resultaron analizados en este juicio”, nombrando a cada una de las víctimas incluidas en esta causa, “y a todos su familiares y deudos, en representación del Estado uruguayo, les pide las más sinceras disculpas por los crímenes cometidos en su contra, los cuales califica como crímenes de lesa humanidad, como se indicara a través de esta sentencia se reconoce que durante los operativos de 1980 y 1984, ustedes fueron víctimas de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertades agravadas y a torturas, incluyendo plantones, submarino, picana eléctrica. Estos actos constituyeron graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado que jamás pudo ser transgredido. Los imputados, incluidos los oficiales del Batallón 9 y el médico militar Eduardo Sainz Pedrini, actuaron como co autores penalmente responsables de estos crímenes.

Algunos de ustedes fueron sometidos a una justicia militar que no era imparcial ni independiente, siendo condenados con la sola confesión obtenida bajo tormento. Por su parte, se exhorta a todos los poderes del Estado a comprometerse a evitar que situaciones como las que fueron objetos del presente juicio se repita, así como a tomar todas las medidas a su alcance para que hechos aberrantes como los ventilados en este juicio no vuelvan a suceder en el país, debiendo observarse celosamente las convenciones internacionales de derechos humanos. Este acto de reconocimiento busca contribuir a la reparación integral de las víctimas, a la consecución de la verdad fácil y a la satisfacción de la dignidad de las víctimas y sus deudos.

Su finalidad es proveer garantías de no repetición, asegurando así la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos y procurando que las atrocidades cometidas por agentes estatales no se vuelvan a cometer”.

 

Caso Roslik: Nueve militares retirados condenados a penas de entre 13 y 15 años de prisión

Tras más de 40 años de impunidad, la Justicia dictó sentencia contra los responsables de las torturas y el asesinato del médico Vladimir Roslik, ocurrido en 1984. El fallo subraya la ilegitimidad de los operativos militares contra civiles en San Javier.

En una jornada calificada como histórica para los derechos humanos en Uruguay, el juez Claudio de León dictó este lunes sentencia definitiva contra nueve militares retirados por su responsabilidad en el caso de Vladimir Roslik, el último asesinado por la dictadura cívico-militar uruguaya.

Tras una audiencia que se extendió por más de tres horas, el magistrado impuso penas que oscilan entre los 13 y 15 años de penitenciaría. La condena recae sobre Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez.

Fundamentos del fallo

La sentencia establece que las víctimas, el médico Vladimr Roslik y otras 30 personas de la localidad de San Javier, incluyendo menores de edad, fueron objeto de privaciones de libertad y torturas sistemáticas. El juez De León fue enfático al señalar que estos actos constituyeron "violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana", un valor que definió como "anterior al Estado" y cuya transgresión es inadmisible bajo cualquier circunstancia.

Asimismo, el magistrado desestimó la legitimidad de las actuaciones de la época, señalando que el sometimiento de civiles a la justicia militar fue un intento "grotesco" de maquillar la realidad, desconociendo los principios fundamentales del derecho.

Situación de los condenados

A pesar de la contundencia de la sentencia, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó un recurso de apelación. El motivo de la disconformidad fiscal radica en la decisión del juez de que los condenados no comiencen a cumplir la pena de prisión de manera inmediata, manteniéndose por el momento bajo las medidas cautelares previamente dispuestas.

El legado de Vladimir Roslik

Vladimir Roslik, médico de la comunidad rusa de San Javier, falleció el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos como consecuencia de las torturas recibidas. Su caso se convirtió en un símbolo de la resistencia y de la lucha contra la impunidad en la etapa final de la dictadura.

La resolución judicial llega tras décadas de incansable búsqueda de justicia por parte de su viuda, Mary Zabalkin, su hijo Valery, y diversas organizaciones sociales que mantuvieron viva la causa a pesar de los múltiples obstáculos procesales enfrentados a lo largo de 40 años.

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 Sobre la prisión domiciliaria

Martín Pereira (COFE): "Lo que se busca no es humanidad sino impunidad"

El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura. 

Pereira analizó el contexto en el que dicha iniciativa se ha colocado en la escena nacional. "En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate público un proyecto de ley impulsado por el diputado Rodrigo Goñi que propone habilitar —y en algunos casos prácticamente imponer— la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de determinada edad. A primera vista, y despojado de contexto, podría parecer un planteo “humanitario”. Pero cuando se analiza en profundidad, queda claro que no estamos ante una iniciativa neutra ni inocente, sino ante un proyecto hecho a la medida para beneficiar a represores de la dictadura, responsables de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país", apuntó.

"Seamos claros: una discusión de este tipo podría entenderse si el proyecto excluyera expresamente a quienes fueron procesados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Pero eso no ocurre. Y cuando no se excluye lo que debe ser excluido, lo que se busca no es humanidad, sino impunidad", subrayó.

"En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Hubo centros clandestinos de detención. Hubo torturas sistemáticas. Hubo violaciones a compañeras detenidas. Hubo niñas y niños apropiados. Hubo personas desaparecidas cuyo destino seguimos sin conocer. Nada de eso es pasado cerrado, porque mientras haya desaparecidos sin verdad y sin justicia, los crímenes continúan".

Según el presidente de COFE, "quienes cometieron estos delitos no son presos comunes. Fueron agentes del Estado que utilizaron el poder público para violar todos los límites éticos, jurídicos y humanos. Por eso, a nivel internacional, estos crímenes son considerados imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, perdones encubiertos ni beneficios especiales. No lo decimos desde la bronca; lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, que Uruguay ha suscrito y está obligado a cumplir. Plantear que la edad por sí sola debe habilitar la prisión domiciliaria, sin analizar la naturaleza del delito, es igualar lo que no es igual. Es poner en el mismo plano a quien robó para comer y a quien torturó, violó y desapareció personas desde el aparato del Estado. Es borrar deliberadamente la historia y el sufrimiento de las víctimas".

Más adelante, Pereira señaló que "el Diputado Goñi no puede desconocer —y no lo desconoce— que este tipo de proyectos beneficia directamente a represores condenados o procesados. Por eso es legítimo afirmar que estamos ante un intento político de liberar dictadores, torturadores y violadores, muchos de los cuales jamás dijeron dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas".

Por otra parte, el dirigente de la FFSP interpeló sobre el fondo del asunto. "Hablan de “humanidad”, pero ¿dónde estuvo la humanidad cuando se torturaba? ¿Dónde estuvo cuando se violaba a detenidas indefensas? ¿Dónde estuvo cuando se arrojaban cuerpos al mar o se enterraban en predios militares? ¿Dónde estuvo cuando se robaban identidades y se destruían familias enteras?". 

Pereira sostuvo que "las víctimas envejecieron esperando justicia. Las madres y familiares van murieron sin saber la verdad. Y aún hoy hay familias que no pueden hacer duelo porque el Estado —el mismo Estado que hoy algunos quieren volver a proteger— nunca les dio respuestas. El juicio y el castigo no son venganza, son justicia. Son una señal ética de que como sociedad no todo vale, de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Renunciar a eso es renunciar a la memoria, a la democracia y al “Nunca Más”. Por eso decimos con total claridad: los delitos de lesa humanidad no deben ser relativizados, revisados ni beneficiados por atajos legales. Cualquier proyecto que no excluya explícitamente a los responsables de esos crímenes es un retroceso democrático y una afrenta a la historia reciente de nuestro país. Y defender los derechos humanos también implica defender el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y en eso no puede haber ambigüedades".

Por último, el presidente de COFE remarcó que "es necesario decirlo sin rodeos: si el diputado impulsor de este proyecto no corrige explícitamente la iniciativa y no deja fuera de toda posibilidad de beneficio a los torturadores, violadores y responsables de crímenes de lesa humanidad, entonces deja de ser un mero promotor de una mala ley para convertirse en cómplice político de esos actos. Porque cuando se pretende aliviar la condena de quienes sembraron terror, dolor y muerte desde el Estado, se está eligiendo una postura. Y esa postura  no es el de las víctimas, no es el de la democracia y no es el de los derechos humanos. La historia juzga. Y  también juzga a quienes, pudiendo defender la memoria, la verdad y la justicia, eligen mirar para otro lado", sentenció.

“En defensa de la democracia: Memoria, Verdad y Justicia frente a los intentos de impunidad”

 Queremos iniciar agradeciendo a todos y todas quienes nos acompañan una vez más. Convocamos esta conferencia de carácter urgente alertados por lo acontecido el pasado lunes: mientras la Asamblea General conmemoraba los 40 años del retorno a la democracia y reafirmaba su compromiso con la memoria y el Nunca Más, los senadores Bordaberry y Goñi presentaron, en contraparte, proyectos de ley revisionistas que erosionan los consensos construidos en materia de derechos humanos.

Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia.

El proyecto presentado por Pedro Bordaberry atenta contra todo compromiso institucional y el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay. Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos crímenes.

En ningún pasaje de este proyecto ni en la exposición de motivos se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada, delito reconocido por el Comité Internacional contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En esto debemos ser muy claros: nuestros familiares no son personas “cuyo paradero se desconoce”; son víctimas de desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes. Fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. No admitimos ni admitiremos ningún intento de negar esta verdad. Fueron desaparecidos por el Estado y es éste quien debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.

No queremos nuevas Comisiones para la Paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni Comisiones que deslinden responsabilidades judiciales. Exigimos el fortalecimiento de los equipos existentes, el cumplimiento de la ley mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, el respeto al trabajo de los equipos de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandamos, una vez más, que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen.

Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, objeto compartido por el proyecto del senador Goñi. Reiteramos: los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional.

El derecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que, en los hechos, reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces, contraria a las obligaciones asumidas por el Estado, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Recordemos que ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad. A la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados por esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen, además, en condiciones de privilegio, por lo que las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada, orientada —con nombre y apellido— a beneficiar a un grupo muy específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y fueron condenadas por crímenes gravísimos.

Quienes hoy se encuentran procesados y formalizados por la justicia, conocieron todas las garantías del proceso judicial; garantías que las víctimas no tuvieron. Las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, tenemos derecho a la justicia, a una sanción acorde a la magnitud del daño sufrido y a las garantías de no repetición. La flexibilización del cumplimiento de la pena genera revictimización y lastima la confianza en el sistema judicial.

Por todo ello, reafirmamos con absoluta claridad que esta iniciativa no busca justicia: busca impunidad. No es una ley general ni abstracta. Es una ley hecha a medida, con destinatarios concretos, y constituye un retroceso inadmisible en materia de Memoria, Verdad y Justicia.

Se afirma que el objetivo es cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional. Y a esto cabe responder: quiénes más que las madres han sabido ser dignas; cuánta dignidad hay en quienes esperamos y golpeamos puertas buscando respuestas desde hace más de 50 años. Cuánta serenidad en quienes hemos enfrentado la mentira una y mil veces.

El senador Bordaberry pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de “reconciliación” desligada de la verdad y la justicia. En ese marco, se reinstalan lógicas encubiertas de amnistía que relativizan la centralidad de las víctimas. Establecer una reconciliación implica aceptar la existencia de dos bandos y eso está lejos de la verdad. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror.

Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos -que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares- nos marcan el camino a recorrer.

Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la Memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad.

Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con Memoria, Verdad y Justicia.

Solo así podremos construir un Nunca Más.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

 Un país comprometido

Spinetti: Uruguay se posiciona como un país que defiende, protege y garantiza los derechos humanos

El Gobierno firmó un decreto que concibe, por primera vez, a diciembre como Mes de los Derechos Humanos. “Esto demuestra que sí estamos comprometidos y que Uruguay sigue estando a la vanguardia”, afirmó la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, quien habló de un “posicionamiento político” sobre el tema.

Este 1.° de diciembre comienza el Mes de los Derechos Humanos, establecido por el decreto 248/025 en homenaje al 77.º aniversario de la Declaración Universal. Con esta decisión, Uruguay se posiciona como un país que protege los derechos humanos, que los cumple y los garantiza, afirmó la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Collette Spinetti, durante la ceremonia en Torre Ejecutiva. 

Según la jerarca, la promoción de derechos a través de esta norma “demuestra que sí estamos comprometidos, que Uruguay sigue estando a la vanguardia”. Este posicionamiento cumple con el mandato del presidente de la República, Yamandú Orsi, de promover caminos hacia la igualdad, aseveró Spinetti. Además, es “un gran mensaje para la comunidad nacional e internacional”, en un contexto global sobre el que, sostuvo, se atraviesa un momento crítico de los derechos humanos, de invisibilización, de retroceso, de recortes, de persecución para defensores de derechos humanos y para los derechos humanos de las diferentes comunidades.

“Esto también nos responsabiliza, como Gobierno, a trabajar mucho más por todas las personas. Nos desafía a llegar con años de trabajo a la utopía de convertirse en el país que más respeta los derechos humanos, y eso es trabajo de todos: del Gobierno y de la sociedad civil”, enfatizó.

En el evento, fue anunciado el respaldo de Unesco a la campaña de comunicación para difundir  los derechos humanos a nivel nacional y fomentar su cumplimiento.

Capacitación policial en derechos humanos y Élida 360

Durante la ceremonia, el ministro del Interior, Carlos Negro, identificó a la seguridad como uno de los principales derechos por defender, en un marco de respeto irrestricto a todos los derechos humanos. Con este objetivo, la cartera trabaja en planes de formación para el personal policial que incorpore la perspectiva de derechos.

En materia de políticas de género, informó que continúa el trabajo en el abordaje de la violencia para garantizar una vida digna y tranquila en el hogar. En este sentido, consideró como un avance la implementación del nuevo dispositivo para atender los casos de violencia con riesgo bajo y medio, Élida 360.

Ampliación de derechos para tod

os los uruguayos

Más que una agenda de actividades, Uruguay respalda “una decisión política, la de reconocer que los derechos humanos no son un  capítulo del pasado, ni un asunto sectorial, ni un compromiso que se activa solo cuando duelen las injusticias. Los derechos humanos son el corazón de un país que quiere ser más justo y, por primera vez, como Estado, le dedicamos un mes para ponerlo en el centro”, celebró el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.

Aseveró que los graves asuntos de la memoria, la verdad y la justicia vinculados al pasado reciente son pilares innegociables, pero que no agotan todo lo que están llamados a construir. Tras un repaso sobre todos los derechos, Graña sostuvo que este mes de actividades existe porque hay que asumir que un país democrático no se mide por las conquistas logradas, sino por su capacidad de ampliar derechos y garantizar que lleguen a todos. 

Plan Nacional de Derechos Humanos en la educación 

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, informó que el Sistema Nacional de Educación, que es la reunión de todas las entidades de enseñanza, está coordinando un segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, para garantizar que la perspectiva que los contempla sea parte de las currículas oficiales y, también, de la discusión pública, un asunto sobre el que informó que también deberá abordarse en el próximo Congreso Nacional de Educación.

Asimismo, recordó que más de un 50% de compatriotas privados de libertad son analfabetos funcionales. Quirici destacó la importancia de que el Programa de Alfabetización en Cárceles pase del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, para que asegure una perspectiva de educación y derechos humanos.

Rendición de cuentas de la Secretaría

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República presentó los avances concretados durante el primer año de gestión y las nuevas herramientas institucionales para fortalecer el trabajo en la materia, entre los que destacó: la creación del Sistema Integrado de Derechos Humanos (SIDH), la presentación del Consejo y de sus integrantes, así como de los promotores de derechos humanos que acompañarán esta nueva etapa de desarrollo institucional.

Spinetti informó que se trabaja en 10 departamentos y 15 ciudades, en interacción con organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones. Explicó que se articula con los diferentes organismos del Ejecutivo para hacer una hoja de ruta que permita trabajar en políticas públicas con enfoque de derechos humanos. 

En la oportunidad estuvieron presentes: el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; los ministros de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry. También asistieron los subsecretarios de Salud Pública, Leonel Briozzo, y de Industria, Energía y Minería, Eugenia Villar. 

Además, concurrieron el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani; la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, Alejandra Casablanca, y el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Martínez. El acto incluyó la actuación del Coro Nacional de Niños del Sodre.

Palabras de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social

En la presentación de las líneas de acción 2026–2030 en materia de protección social para personas migrantes, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que las políticas hacia migrantes deben ser de puertas abiertas. También participó la directora de Protección Social de Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, Valeria España.

 

 

 Secretaría de Derechos Humanos

Undécima edición de los Premios Anuales Luisa Casalet

Una iniciativa reconoce y difunde las propuestas y acciones que promueven avances significativos para construir una sociedad más inclusiva, en materia de racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.

La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (CHRXD) convoca a la sociedad civil organizada a postular instituciones y organizaciones públicas o privadas y personas para ser premiadas o distinguidas con los Premios Anuales Luisa Casalet 2025.

Con ellos se busca expandir y reconocer las propuestas y trayectorias que promueven avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminaciones. 

El plazo límite para la recepción de postulaciones es el 28 de noviembre.

Las bases se encuentran en este link.

 

´Resistir juntas: en prisión, exilio y libertad´

Este viernes 7 de noviembre a las 19:30 horas se presentará en AEBU Mercedes el libro Resistir juntas: en prisión, exilio y libertad, de la periodista e investigadora Ivonne Trías Hernández. La actividad contará con la participación de la autora y de María Elia Topolansky, en un espacio de diálogo abierto al público.

La presentación es organizada por la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, junt a CRYSOL, el Museo de la Memoria y AEBU. La entrada es libre y gratuita.

Sobre el libro

Este libro parte de un grupo de mujeres con una experiencia común y de su voluntad de comunicarla.

Durante su juventud, compartieron celdas en la cárcel de Cabildo, la primera cárcel del país para presas políticas (1968–1977). De allí se fugaron dos veces y el resto del tiempo se cuidaron unas a otras y a los niños, generando un lazo de compañerismo que fue su mejor escudo. Hoy, septuagenarias y más, siguen contando con aquella camaradería como un motor para hacer juntas.

Quieren contar lo que saben. Hacen de la vieja cárcel un Sitio de Memoria. Registran sus reflexiones, recogen la palabra de sus mayores y la de sus hijos… proyectan un libro y encuentran a quien lo escriba: la periodista y escritora Ivonne Trías Hernández.

Resistir Juntas cuenta con el prólogo de Natalia Montealegre Alegría, doctora en Antropología, investigadora y docente de la Universidad de la República. Especializada en los procesos de impunidad en Uruguay, las afectaciones del terrorismo de Estado en las infancias y en las relaciones intergeneracionales, Montealegre Alegría escribe: “Cuando entramos al círculo virtuoso de la escritura de Ivonne Trías, hay imágenes y palabras que son parte del zurcido de la historiografía que ofrece. Digo historiografía porque el aporte que la escritora y periodista realiza en este volumen cuenta con la rigurosidad y densidad sensible para inscribirse como parte de esas producciones.”

Breve biografía de la autora

Ivonne Trías Hernández es escritora y periodista. Ha publicado narrativa e investigación periodística. Su libro La tienta obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo y Mención Honorífica de los Premios Anuales de Literatura. Recibió el Premio Morosoli en periodismo escrito. Entre 1972 y 1985 estuvo presa por razones políticas, desde 1973 en el Establecimiento Militar de Reclusión Nº2 (Punta de Rieles).

El Grupo de Cabildo

Conformado por casi treinta —de las más de doscientas— presas políticas que compartieron celdas en ese lugar entre 1968 y 1977, el Grupo de Cabildo, años después, produjo los materiales con los que se escribió este libro. Se trata de entrevistas, autoentrevistas, transcripción de las reuniones que mantuvieron y grabaron durante años, cartas, fotos, dibujos.

Ellas son: Ana María Álvarez, Isabel Álvarez, Martha Avella, Annabella Balduvino, Iris Battagliotti, Carmen Bonilla, María Amalia Brum, Rosario Burghi, Ana Casamayou, Carina Charquero, Judith Colombo, Alice Fay, Magela Fein, Elisa Michelini, Edith Moraes, María Luz Osimani, Rosa Rebollo, Graziela Rodríguez, Olga Lucy Salgado, Stella Saravia, Araselly Silvera, Marylu Simones, María Elia Topolansky, Elena Vasilkis, Graciela Yardino, Adriana Zinola.

Y quienes fallecieron durante el proceso de escritura: Renée Blanchen, Susana Núñez, Estela Schenck, Élida Valdomir y Beatriz Yardino.

 

En el Juzgado de Fray Bentos  continúan las audiencias por el Caso Roslik

martes 4 de noviembre 2025

Segundo día en la instancia judicial del caso Roslik

 

Audiencia judicial por el caso Roslik

 Audiencia identificada:

IUE 2-48346/2021 Decreto Nro 1673/2025 A la solicitud planteada por la fiscalía afs y en virtud de no existir oposición de las respectivas defensas teniendo presente que el juicio oral y público le pertenece a las partes y que entre otras cosas pueden disponer de la forma como van a presentar sus teorías del caso no observándose impedimento legal alguno para acceder a lo peticionado salvo un día que no se podrá acceder ya que el titular de la sede estará de turno y no se cuenta con agenda disponible se resuelve: acéptase el cronograma de audiencias propuestas y siguientes revocando parcialmente y por contrario imperio del decreto número 1375 barra 2025 que dispone el orden de las declaraciones y más diligenciamiento de prueba. Notifiquese. Dr. Claudio de Léon Juez Letrado. Fray Bentos 03 de noviembre 10 h.

Comienza este lunes el juicio oral por el ´Caso Roslik´

Fiscalía con 70 Pruebas

Este lunes comienza en Río Negro el juicio oral por el llamado "caso Roslik", según informó la Fiscalía General de la Nación. Este caso investiga privaciones ilegítimas de la libertad y torturas a residentes de la localidad de San Javier.

Aunque la investigación es conocida como "caso Roslik", abarca lo sucedido a unas 30 víctimas. Entre ellas se encuentra el médico Vladimir Roslik, cuyo asesinato ocurrió el 16 de abril de 1984. El caso se centra en operativos llevados a cabo en 1980 y 1984.

• Operativo de 1980: Más de 20 personas fueron detenidas, 11 de las cuales terminaron procesadas por la justicia militar. Todas fueron torturadas y privadas ilegítimamente de la libertad.

• Operativo de 1984: Nueve personas fueron detenidas, incluyendo a Vladimir Roslik, quien falleció como consecuencia de las torturas.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, afirmó que cuentan con alrededor de 70 medios probatorios. El juicio comenzará con la intervención de peritos historiadores, seguido por peritos médicos y un perito calígrafo.

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⚖️ Solicitud de Condenas de Cárcel

Perciballe solicitó condenas de hasta 15 años y seis meses de prisión para nueve militares retirados por delitos cometidos en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos (Río Negro) durante la dictadura cívico-militar. Los delitos fueron cometidos contra 11 personas entre 1980 y 1984.

Las penas solicitadas son por "reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves":

• 15 años y seis meses: Para Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez, considerados autores de los delitos.

• 14 años y seis meses: Para Héctor Caubarrere y Jorge Soloviy.

• 13 años y seis meses: Para Daniel Castellá y Rodolfo Costas.

• 13 años: Para Eduardo Saiz.

• 11 años y seis meses: Para Luis Estebenet.

Roslik Bichkov, Vladimir Andrés

Vladimir era de San Javier (Departamento de Rio Negro), integraba esa comunidad de origen ruso, era médico, estaba casado y tenía un hijo de pocos meses.

El 29 de abril de 1980, un gran operativo desplegado por las Fuerzas Armadas en San Javier, secuestró y torturó a un grupo de hombres, entre los que estaba Vladimir. Fue liberado recién en julio de ese año, permaneciendo vigilado y amenazado,

La madrugada del 15 de abril de 1984 fue secuestrado de su casa en un operativo contra varios miembros de esa comunidad, esa madrugada él y otras seis personas fueron trasladadas y torturadas en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos.

Vladimir muere el 16 de abril a consecuencias de las torturas recibidas, fue el último asesinado de la dictadura.

El médico militar Eduardo Saiz firmó la autopsia y atribuyó la muerte "a causas naturales", la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico expulsarían a Saiz de sus filas.

El país se encontraba en pleno proceso de convocatoria a elecciones tuteladas en el camino a recobrar su institucionalidad democrática. El impacto de la noticia obligó a que la Justicia Militar interviniera y condenara al responsable del operativo, mayor Sergio Caubarrere por abuso de autoridad y homicidio culpable, el represor cumplió prisión por ese crimen cuatro meses y 18 días.

Recién en 2014 se solicitó a la justicia el desarchivo del caso pero eso fue negado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno la rechazó fundamentando que había “cosa juzgada” respecto del militar imputado. En 2019, recién creada la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, el fiscal solicitó nuevamente el desarchivo del caso a pedido de la familia y fue nuevamente negado.

El 29 de julio de 2021 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso presentado por la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y dispuso el archivo definitivo del caso.

El 17 de agosto del 2023 la Suprema Corte de Justicia desestimó sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentaron los involucrados en la causa judicial y esto habilita que se fije una audiencia.

El 4 de octubre de 2023 se realizó la audiencia de formalización de 12 imputados solicitada por la fiscalía de Lesa Humanidad. (fuente: sitiosdememoria.uy)