HALLAZGO DE DOCUMENTACIÓN RESERVADA RELATIVA A LA ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO (AÑOS 1974-1984)
Este mediodía la Presidenta de la Asamblea General ingeniera Carolina Cosse acompañó al Presidente de la Cámara de Representantes (CRR), licenciado Sebastián Valdomir, quien brindó una conferencia de prensa en la Antesala de la CRR con el fin de informar sobre el hallazgo de documentación reservada relativa a la actuación del Consejo de Estado durante los años 1974-1984.
Cosse abrió esta instancia donde expresó: “la semana pasada se encontraron actas secretas del Consejo de Estado en el período 1974-1984 en la Cámara de Representantes”. La Presidenta adelantó que se tomaron los recaudos para proteger la información y pasarla a los formatos adecuados; “así como poner la información a disposición de la ciudadanía, y como un aporte a la transparencia y a la profundización de la democracia. Un primer aporte en el camino hacia la verdad y la justicia, en los 50 años de la gran pérdida de los compañeros, asesinados, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruíz ”, afirmó.
Justicia
realiza reconstrucción del homicidio de Joaquín Klüver a 53 años
del crimen
En
una jornada marcada por un fuerte despliegue de seguridad y una
profunda carga histórica, la Justicia llevó a cabo este miércoles
la reconstrucción del homicidio de Joaquín Ariel Klüver Otarola,
joven mercedario estudiante de Agronomía asesinado el 6 de diciembre
de 1972 durante una movilización estudiantil en el barrio Paso
Molino.
El
operativo, dirigido por la jueza Isaura Tórtora, implicó el vallado
de varias manzanas a la redonda y el desvío del transporte público
para permitir la recreación de los hechos. La instancia contó con
la presencia del principal imputado —un exmilitar cuya identidad se
mantiene bajo reserva judicial—, su defensa, representantes de la
Fiscalía y demás partes involucradas.
Joaquín
Klüver, oriundo de Mercedes y militante del Partido Comunista
Revolucionario (PCR), tenía 22 años al momento de su muerte. Según
la investigación, participaba en una volanteada contra la Ley de
Enseñanza cuando fue interceptado por efectivos del Grupo de
Artillería Nº 1.
La
jueza Tórtora señaló que la diligencia busca esclarecer las
versiones encontradas que figuran en el expediente. "Una
versión indica que falleció durante la movilización en la feria
vecinal; otra sostiene que el deceso ocurrió dentro del móvil
militar donde era trasladado tras ser herido", detalló la
magistrada.
Si
quiere conocer más detalles de este histórico caso, leer AQUI
jueves, 12 de febrero de 2026
Verdad, memoria y justicia
MEC e INDDHH fortalecen búsqueda de detenidos desaparecidos mediante "acceso irrestricto" a archivos
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado en Uruguay. El acuerdo habilita el acceso irrestricto a archivos públicos y privados en todo el país para recabar información clave para las investigaciones, en cumplimiento de la ley n.° 19.822 sobre búsqueda de detenidos desaparecidos.
El trabajo de rastreo se enmarca en desapariciones ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.
La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mariana Mota, indicó que el acuerdo se propone dar cumplimiento a la ley n.° 19.822, de búsqueda de detenidos desaparecidos y habilita al acceso de archivos públicos o privados, en cualquier punto del país, para recabar los datos necesarios para las investigaciones, solicitar copias de documentos y otras amplias facultades.
Agregó que en las últimas horas, el organismo firmó con el Ministerio de Defensa Nacional, un acuerdo de confidencialidad que cambiará la forma de acceso a los archivos. Antes de este acuerdo de trabajo, la Institución debía solicitar que se les proporcionara la documentación, en tanto que a partir de ahora los investigadores tendrán acceso directo a esos escritos y a otros que pudieran desconocer su existencia.
“Todo ello en el marco de la búsqueda de información que permita nutrir las líneas de investigación y que permita conocer las circunstancias de la desaparición de tantos uruguayos y uruguayas cuyos destinos todavía no sabemos”, dijo y agregó que “urge saberlo y poder resolver esas heridas”.
En esa línea, señaló también que se han firmado acuerdos con los ministerios de Salud Pública e Interior.
Construcción de memoria y consolidación del Estado de derecho
En el acto de firma, que se llevó a cabo en la sede de la INDDHH, el ministro José Carlos Mahía expresó que se trató de una actividad “tan simbólica, tan cargada de pasado y de futuro para nuestro país”. Remarcó que no se trata solamente de un acuerdo administrativo, sino que se trata de una expresión concreta de cooperación interinstitucional de transparencia y compromiso con la verdad”.
Añadió que desde el MEC se tiene claro que abrir archivos es fortalecer la democracia, contribuir a la construcción de memoria, a la vigencia de los derechos humanos y a la consolidación del Estado de derecho, y que este acuerdo es un paso más en esa dirección, reflexionó.
En cuanto al período de revisión, afirmó que se trata de “años que forman parte de nuestra historia reciente y exigen del Estado una respuesta seria, responsable y sostenida en el tiempo”.
Señaló que desde su secretaría de Estado se asumió el compromiso de facilitar el trabajo de la INDDHH posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que resulten relevantes. También se entregarán copias de la documentación requerida sin oponer criterio de secreto, confidencialidad o reserva. Asimismo se habilita el acceso directo a bases de datos digitalizadas y se designará un funcionario referencia para acompañar técnicamente el trabajo archivístico.
lunes, 22 de diciembre de 2025
De 11
a 15 años, conozca el detalle de la condena impuesta a los
represores del caso Roslik
En
un fallo histórico, el juez Claudio de León sentenció a
exmilitares y a un médico militar por crímenes de lesa humanidad
cometidos en San Javier. Las condenas incluyen delitos de privación
de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves, con penas que
oscilan entre los 11 y los 15 años de penitenciaría.
Al
finalizar la extensa instancia judicial, cumplida en el juzgado de
Fray Bentos, el Dr.Claudio de León leyó la sentencia con la pena
impuesta a cada uno de los imputados:
“Por
lo desarrollado y de acuerdo a las normas de derechos que se han
citado en los permisos de los artículos 12 y 22 de la Constitución
de la República, artículos 1, 3, 18, 46, 47, 54, 56, 57, 59, 60,
61, 66, 68, 85, 86, 281, 282, 286, 3, 16, 3, 17, 320, 10 del Código
Penal, artículos 140, 142, 143, 270, 271, concordante del Código
Penal, fallo: condenando a Óscar Mario Roca Varaldi, Dardo Ivo
Morales Machado, Abel Pérez, como autores penalmente
responsables, de reiterados delito de privación de libertad en
reiteración real con retirados delitos de abuso de la autoridad
contra detenidos, y estos en concurso formal con retirados, delitos
de lesiones graves y los anteriores concurrencia fuera de la
reiteración por retirado, delito de privación de libertad en
calidad de co-autores a la pena de 15 años y 6 meses de prisión con
descuento de la preventiva sufrida de corresponder, siendo de su
cargo la obligación de pagar al Estado los gastos de alimentación,
vestido y alojamiento conforme al artículo 105, literal E del
Código Penal.
Condenando
a Sergio Héctor Caubarrere
Barrón y Jorge Ricardo Soloviy
Felix como autores penalmente responsables de reiterados delitos de
privación de libertad en reiteración real con reiterados delitos
de abuso contra los detenidos y estos en concurso formal con
reiterados, delitos de lesiones graves y los anteriores en concurso
fuera de la reiteración con tres delitos de privación de
libertad en calidad de co-autores, a la pena de 14 años y 6 meses
de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida, siendo de
su cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de
alimentación y alojamiento conforme al artículo 105, literal E del
Código Penal.
Condenando
a Daniel Edgardo Castellá
Lorenzo y Rodolfo Gustavo Costa como autores penalmente responsables
de reiterados, delitos de privación de libertad en reiteración real
con reiterados, delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y
estos en concurso formal con reiterados, delitos de lesiones graves y
los anteriores en concurso fuera de la reiteración con 3 delitos de
explicación de libertad en calidad de co-autores a la pena de 13
años y 6 meses de penitenciaría con descuento de la preventiva
sufrida de corresponder, siendo de su obligación la obligación de
pagar al Estado los eventuales gastos de alimentación vestido de
alojamiento conforme al artículo 105, leteral E del Código Penal.
Condenando
a Luis Pedro Estebenet
, como autor penalmente responsable con reiterados delitos abuso de
autoridad contra los detenidos , en concurso formal, con reiterados
delitos de lesiones graves. Con 3 delitos de privación de de
libertad en calidad de co-autores a la pena de 11 años y 6 meses de
penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida, siendo de su
cargo la obligación de pagar al Estado los eventuales gastos de
alojamiento conforme al artículo 105, literal E.
Condenando
a Alvaro Sáenz Perdini como conductor penalmente responsable de
reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y estos
en concurso formal con reiterados delitos de lesiones graves y los
anteriores en concurrencia fuera de la reiteración con reiterados
delitos de privación de libertad, a la pena de 13 años de
penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida de
corresponder, siendo de su cargo la obligación de pagar al Estado
los eventuales gastos de alimentación vestido de alojamiento
conforme al artículo 105, literal E del Código Penal”.
´Les pido las más sinceras
disculpas´: El histórico descargo de un juez ante las víctimas de
la dictadura
En el marco de la condena por el caso Roslik, el Dr. Claudio de
León nombró a cada una de las víctimas de los operativos de 1980 y
1984. El magistrado enfatizó que las torturas sufridas fueron un
ataque sistemático contra la población civil y abogó por garantías
de no repetición.
Dr.
Claudio de León, antes de leer la
sentencia a los nueve implicados en el caso Roslik, pidió disculpas
públicas a las víctimas y a sus familiares por las torturas y el
sufrimiento que pasaron durante esos dramáticos acontecimientos
ocurridos durante la pasada dictadura.
“En
esta oportunidad y en este acto de reconocimiento un pedido de
disculpas a toda la víctima de los operativos de San Javier de los
años 1980 y 1984, sin perjuicio de que el Estado Uruguayo hiciera
de forma genérica. Este juez, del Poder Judicial, soporte
fundamental del Estado de Derecho, realiza en este acto un
reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con
las violaciones establecidas en la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, incluyen la violación a los
derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En
este sentido, a las víctimas de los operativos de San Javier que
resultaron analizados en este juicio”, nombrando a cada una de
las víctimas incluidas en esta causa, “y a todos su familiares y
deudos, en representación del Estado uruguayo, les pide las más
sinceras disculpas por los crímenes cometidos en su contra, los
cuales califica como crímenes de lesa humanidad, como se indicara a
través de esta sentencia se reconoce que durante los operativos de
1980 y 1984, ustedes fueron víctimas de un ataque generalizado y
sistemático contra la población civil, fueron sometidos a
detenciones arbitrarias, privación de libertades agravadas y a
torturas, incluyendo plantones, submarino, picana eléctrica. Estos
actos constituyeron graves violaciones de los derechos humanos que
atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado que
jamás pudo ser transgredido. Los imputados, incluidos los oficiales
del Batallón 9 y el médico militar Eduardo Sainz Pedrini, actuaron
como co autores penalmente responsables de estos crímenes.
Algunos de ustedes fueron sometidos a una justicia militar
que no era imparcial ni independiente, siendo condenados con la sola
confesión obtenida bajo tormento. Por su parte, se exhorta a todos
los poderes del Estado a comprometerse a evitar que situaciones como
las que fueron objetos del presente juicio se repita, así como a
tomar todas las medidas a su alcance para que hechos aberrantes como
los ventilados en este juicio no vuelvan a suceder en el país,
debiendo observarse celosamente las convenciones internacionales de
derechos humanos. Este acto de reconocimiento busca contribuir a la
reparación integral de las víctimas, a la consecución de la verdad
fácil y a la satisfacción de la dignidad de las víctimas y sus
deudos.
Su finalidad es proveer garantías de no repetición,
asegurando así la prevención de futuras violaciones a los derechos
humanos y procurando que las atrocidades cometidas por agentes
estatales no se vuelvan a cometer”.
Caso
Roslik: Nueve militares retirados condenados a penas de entre 13 y 15
años de prisión
Tras
más de 40 años de impunidad, la Justicia dictó sentencia contra
los responsables de las torturas y el asesinato del médico Vladimir
Roslik, ocurrido en 1984. El fallo subraya la ilegitimidad de los
operativos militares contra civiles en San Javier.
En
una jornada calificada como histórica para los derechos humanos en
Uruguay, el juez Claudio de León dictó este lunes sentencia
definitiva contra nueve militares retirados por su responsabilidad en
el caso de Vladimir Roslik, el último asesinado por la dictadura
cívico-militar uruguaya.
Tras
una audiencia que se extendió por más de tres horas, el magistrado
impuso penas que oscilan entre los 13 y 15 años de penitenciaría.
La condena recae sobre Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas,
Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca,
Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel
Pérez.
Fundamentos
del fallo
La
sentencia establece que las víctimas, el médico Vladimr Roslik y
otras 30 personas de la localidad de San Javier, incluyendo menores
de edad, fueron objeto de privaciones de libertad y torturas
sistemáticas. El juez De León fue enfático al señalar que estos
actos constituyeron "violaciones de los derechos humanos que
atentaron contra la dignidad humana", un valor que definió como
"anterior al Estado" y cuya transgresión es inadmisible
bajo cualquier circunstancia.
Asimismo,
el magistrado desestimó la legitimidad de las actuaciones de la
época, señalando que el sometimiento de civiles a la justicia
militar fue un intento "grotesco" de maquillar la realidad,
desconociendo los principios fundamentales del derecho.
Situación
de los condenados
A
pesar de la contundencia de la sentencia, el fiscal especializado en
Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, presentó un
recurso de apelación. El motivo de la disconformidad fiscal radica
en la decisión del juez de que los condenados no comiencen a cumplir
la pena de prisión de manera inmediata, manteniéndose por el
momento bajo las medidas cautelares previamente dispuestas.
El legado
de Vladimir Roslik
Vladimir
Roslik, médico de la comunidad rusa de San Javier, falleció el 16
de abril de 1984 en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos
como consecuencia de las torturas recibidas. Su caso se convirtió en
un símbolo de la resistencia y de la lucha contra la impunidad en la
etapa final de la dictadura.
La
resolución judicial llega tras décadas de incansable búsqueda de
justicia por parte de su viuda, Mary Zabalkin, su hijo Valery, y
diversas organizaciones sociales que mantuvieron viva la causa a
pesar de los múltiples obstáculos procesales enfrentados a lo largo
de 40 años.
jueves, 18 de diciembre de 2025
Sobre la prisión domiciliaria
Martín Pereira (COFE): "Lo que se busca no es humanidad sino impunidad"
El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura.
Pereira analizó el contexto en el que dicha iniciativa se ha colocado en la escena nacional. "En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate público un proyecto de ley impulsado por el diputado Rodrigo Goñi que propone habilitar —y en algunos casos prácticamente imponer— la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de determinada edad. A primera vista, y despojado de contexto, podría parecer un planteo “humanitario”. Pero cuando se analiza en profundidad, queda claro que no estamos ante una iniciativa neutra ni inocente, sino ante un proyecto hecho a la medida para beneficiar a represores de la dictadura, responsables de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país", apuntó.
"Seamos claros: una discusión de este tipo podría entenderse si el proyecto excluyera expresamente a quienes fueron procesados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Pero eso no ocurre. Y cuando no se excluye lo que debe ser excluido, lo que se busca no es humanidad, sino impunidad", subrayó.
"En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Hubo centros clandestinos de detención. Hubo torturas sistemáticas. Hubo violaciones a compañeras detenidas. Hubo niñas y niños apropiados. Hubo personas desaparecidas cuyo destino seguimos sin conocer. Nada de eso es pasado cerrado, porque mientras haya desaparecidos sin verdad y sin justicia, los crímenes continúan".
Según el presidente de COFE, "quienes cometieron estos delitos no son presos comunes. Fueron agentes del Estado que utilizaron el poder público para violar todos los límites éticos, jurídicos y humanos. Por eso, a nivel internacional, estos crímenes son considerados imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, perdones encubiertos ni beneficios especiales. No lo decimos desde la bronca; lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, que Uruguay ha suscrito y está obligado a cumplir. Plantear que la edad por sí sola debe habilitar la prisión domiciliaria, sin analizar la naturaleza del delito, es igualar lo que no es igual. Es poner en el mismo plano a quien robó para comer y a quien torturó, violó y desapareció personas desde el aparato del Estado. Es borrar deliberadamente la historia y el sufrimiento de las víctimas".
Más adelante, Pereira señaló que "el Diputado Goñi no puede desconocer —y no lo desconoce— que este tipo de proyectos beneficia directamente a represores condenados o procesados. Por eso es legítimo afirmar que estamos ante un intento político de liberar dictadores, torturadores y violadores, muchos de los cuales jamás dijeron dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas".
Por otra parte, el dirigente de la FFSP interpeló sobre el fondo del asunto. "Hablan de “humanidad”, pero ¿dónde estuvo la humanidad cuando se torturaba? ¿Dónde estuvo cuando se violaba a detenidas indefensas? ¿Dónde estuvo cuando se arrojaban cuerpos al mar o se enterraban en predios militares? ¿Dónde estuvo cuando se robaban identidades y se destruían familias enteras?".
Pereira sostuvo que "las víctimas envejecieron esperando justicia. Las madres y familiares van murieron sin saber la verdad. Y aún hoy hay familias que no pueden hacer duelo porque el Estado —el mismo Estado que hoy algunos quieren volver a proteger— nunca les dio respuestas. El juicio y el castigo no son venganza, son justicia. Son una señal ética de que como sociedad no todo vale, de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Renunciar a eso es renunciar a la memoria, a la democracia y al “Nunca Más”. Por eso decimos con total claridad: los delitos de lesa humanidad no deben ser relativizados, revisados ni beneficiados por atajos legales. Cualquier proyecto que no excluya explícitamente a los responsables de esos crímenes es un retroceso democrático y una afrenta a la historia reciente de nuestro país. Y defender los derechos humanos también implica defender el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y en eso no puede haber ambigüedades".
Por último, el presidente de COFE remarcó que "es necesario decirlo sin rodeos: si el diputado impulsor de este proyecto no corrige explícitamente la iniciativa y no deja fuera de toda posibilidad de beneficio a los torturadores, violadores y responsables de crímenes de lesa humanidad, entonces deja de ser un mero promotor de una mala ley para convertirse en cómplice político de esos actos. Porque cuando se pretende aliviar la condena de quienes sembraron terror, dolor y muerte desde el Estado, se está eligiendo una postura. Y esa postura no es el de las víctimas, no es el de la democracia y no es el de los derechos humanos. La historia juzga. Y también juzga a quienes, pudiendo defender la memoria, la verdad y la justicia, eligen mirar para otro lado", sentenció.
“En defensa de la democracia: Memoria, Verdad y Justicia frente a los intentos de impunidad”
Queremos iniciar agradeciendo a todos y todas quienes nos acompañan una vez más. Convocamos esta conferencia de carácter urgente alertados por lo acontecido el pasado lunes: mientras la Asamblea General conmemoraba los 40 años del retorno a la democracia y reafirmaba su compromiso con la memoria y el Nunca Más, los senadores Bordaberry y Goñi presentaron, en contraparte, proyectos de ley revisionistas que erosionan los consensos construidos en materia de derechos humanos.
Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia.
El proyecto presentado por Pedro Bordaberry atenta contra todo compromiso institucional y el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay. Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos crímenes.
En ningún pasaje de este proyecto ni en la exposición de motivos se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada, delito reconocido por el Comité Internacional contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En esto debemos ser muy claros: nuestros familiares no son personas “cuyo paradero se desconoce”; son víctimas de desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes. Fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. No admitimos ni admitiremos ningún intento de negar esta verdad. Fueron desaparecidos por el Estado y es éste quien debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.
No queremos nuevas Comisiones para la Paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni Comisiones que deslinden responsabilidades judiciales. Exigimos el fortalecimiento de los equipos existentes, el cumplimiento de la ley mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, el respeto al trabajo de los equipos de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandamos, una vez más, que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen.
Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, objeto compartido por el proyecto del senador Goñi. Reiteramos: los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional.
El derecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que, en los hechos, reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces, contraria a las obligaciones asumidas por el Estado, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Recordemos que ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad. A la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados por esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen, además, en condiciones de privilegio, por lo que las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada, orientada —con nombre y apellido— a beneficiar a un grupo muy específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y fueron condenadas por crímenes gravísimos.
Quienes hoy se encuentran procesados y formalizados por la justicia, conocieron todas las garantías del proceso judicial; garantías que las víctimas no tuvieron. Las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, tenemos derecho a la justicia, a una sanción acorde a la magnitud del daño sufrido y a las garantías de no repetición. La flexibilización del cumplimiento de la pena genera revictimización y lastima la confianza en el sistema judicial.
Por todo ello, reafirmamos con absoluta claridad que esta iniciativa no busca justicia: busca impunidad. No es una ley general ni abstracta. Es una ley hecha a medida, con destinatarios concretos, y constituye un retroceso inadmisible en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Se afirma que el objetivo es cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional. Y a esto cabe responder: quiénes más que las madres han sabido ser dignas; cuánta dignidad hay en quienes esperamos y golpeamos puertas buscando respuestas desde hace más de 50 años. Cuánta serenidad en quienes hemos enfrentado la mentira una y mil veces.
El senador Bordaberry pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de “reconciliación” desligada de la verdad y la justicia. En ese marco, se reinstalan lógicas encubiertas de amnistía que relativizan la centralidad de las víctimas. Establecer una reconciliación implica aceptar la existencia de dos bandos y eso está lejos de la verdad. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror.
Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos -que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares- nos marcan el camino a recorrer.
Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la Memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad.
Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con Memoria, Verdad y Justicia.
Solo así podremos construir un Nunca Más.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
martes, 2 de diciembre de 2025
Un país comprometido
Spinetti: Uruguay se posiciona como un país que defiende, protege y garantiza los derechos humanos
El Gobierno firmó un decreto que concibe, por primera vez, a diciembre como Mes de los Derechos Humanos. “Esto demuestra que sí estamos comprometidos y que Uruguay sigue estando a la vanguardia”, afirmó la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, quien habló de un “posicionamiento político” sobre el tema.
Este 1.° de diciembre comienza el Mes de los Derechos Humanos, establecido por el decreto 248/025 en homenaje al 77.º aniversario de la Declaración Universal. Con esta decisión, Uruguay se posiciona como un país que protege los derechos humanos, que los cumple y los garantiza, afirmó la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia, Collette Spinetti, durante la ceremonia en Torre Ejecutiva.
Según la jerarca, la promoción de derechos a través de esta norma “demuestra que sí estamos comprometidos, que Uruguay sigue estando a la vanguardia”. Este posicionamiento cumple con el mandato del presidente de la República, Yamandú Orsi, de promover caminos hacia la igualdad, aseveró Spinetti. Además, es “un gran mensaje para la comunidad nacional e internacional”, en un contexto global sobre el que, sostuvo, se atraviesa un momento crítico de los derechos humanos, de invisibilización, de retroceso, de recortes, de persecución para defensores de derechos humanos y para los derechos humanos de las diferentes comunidades.
“Esto también nos responsabiliza, como Gobierno, a trabajar mucho más por todas las personas. Nos desafía a llegar con años de trabajo a la utopía de convertirse en el país que más respeta los derechos humanos, y eso es trabajo de todos: del Gobierno y de la sociedad civil”, enfatizó.
En el evento, fue anunciado el respaldo de Unesco a la campaña de comunicación para difundir los derechos humanos a nivel nacional y fomentar su cumplimiento.
Capacitación policial en derechos humanos y Élida 360
Durante la ceremonia, el ministro del Interior, Carlos Negro, identificó a la seguridad como uno de los principales derechos por defender, en un marco de respeto irrestricto a todos los derechos humanos. Con este objetivo, la cartera trabaja en planes de formación para el personal policial que incorpore la perspectiva de derechos.
Más que una agenda de actividades, Uruguay respalda “una decisión política, la de reconocer que los derechos humanos no son un capítulo del pasado, ni un asunto sectorial, ni un compromiso que se activa solo cuando duelen las injusticias. Los derechos humanos son el corazón de un país que quiere ser más justo y, por primera vez, como Estado, le dedicamos un mes para ponerlo en el centro”, celebró el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña.
Aseveró que los graves asuntos de la memoria, la verdad y la justicia vinculados al pasado reciente son pilares innegociables, pero que no agotan todo lo que están llamados a construir. Tras un repaso sobre todos los derechos, Graña sostuvo que este mes de actividades existe porque hay que asumir que un país democrático no se mide por las conquistas logradas, sino por su capacidad de ampliar derechos y garantizar que lleguen a todos.
Plan Nacional de Derechos Humanos en la educación
El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, informó que el Sistema Nacional de Educación, que es la reunión de todas las entidades de enseñanza, está coordinando un segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, para garantizar que la perspectiva que los contempla sea parte de las currículas oficiales y, también, de la discusión pública, un asunto sobre el que informó que también deberá abordarse en el próximo Congreso Nacional de Educación.
Asimismo, recordó que más de un 50% de compatriotas privados de libertad son analfabetos funcionales. Quirici destacó la importancia de que el Programa de Alfabetización en Cárceles pase del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, para que asegure una perspectiva de educación y derechos humanos.
Spinetti informó que se trabaja en 10 departamentos y 15 ciudades, en interacción con organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones. Explicó que se articula con los diferentes organismos del Ejecutivo para hacer una hoja de ruta que permita trabajar en políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
En la oportunidad estuvieron presentes: el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz; los ministros de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry. También asistieron los subsecretarios de Salud Pública, Leonel Briozzo, y de Industria, Energía y Minería, Eugenia Villar.
Palabras de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social
En la presentación de las líneas de acción 2026–2030 en materia de protección social para personas migrantes, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, señaló que las políticas hacia migrantes deben ser de puertas abiertas.
También participó la directora de Protección Social de Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas, Valeria España.
martes, 18 de noviembre de 2025
Secretaría de Derechos Humanos
Undécima edición de los Premios Anuales Luisa Casalet
Una iniciativa reconoce y difunde las propuestas y acciones que promueven avances significativos para construir una sociedad más inclusiva, en materia de racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.
Con ellos se busca expandir y reconocer las propuestas y trayectorias que promueven avances calificados para una sociedad más inclusiva, integrada y sin discriminaciones.
El plazo límite para la recepción de postulaciones es el 28 de noviembre.
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