Diputados aprueban proyecto que exige autorización
judicial para matrimonios de menores
La Cámara de Diputados votó un proyecto de ley que modifica la
edad mínima para el matrimonio y establece que los menores de 18
años deberán contar con la autorización de un juez, quien
verificará que no exista coacción ni imposición. La iniciativa
permite que adolescentes puedan casarse incluso sin el consentimiento
de sus padres o tutores, siempre que el magistrado avale la decisión.
La diputada Margarita Libschitz (FA) subrayó la necesidad de brindar
garantías y protección, recordando que en los últimos tres años
se registraron 84 matrimonios entre menores y adultos, algunos con
grandes diferencias de edad.
La Cámara de Diputados aprobó un
proyecto de ley que modifica la edad mínima para el matrimonio y que
para su aprobación deberá contar con con la aprobación de un
juez.
Los menores de 18 años si bien mantienen su derecho a
contraer matrimonio, deberán pedir la autorización de un juez que
constate que no hubo coacción o imposición
El proyecto también
establece que con esa autorización del juez, el menor podrá
contraer matrimonio pese a la oposición de los progenitores o
tutores.
La diputada Margarita Libschitz (Frente Amplio ) afirmó
que, si bien en Uruguay las cifras de matrimonios de menores no son
extremadamente grandes, en los últimos 3 años hubo al menos 84
matrimonios que incluían menores de edad con adultos, e incluso con
grandes diferencias de edad.
La legisladora puso de ejemplo el
matrimonio de una adolescente con un hombre de 74 años, y la
necesidad, ante estos casos, de brindar garantías y protección.
La
bancada del Frente Amplio presentó hoy, además, un proyecto para
mejorar las medidas alimenticias de niños, niñas y adolescentes.
Libschitz indicó que actualmente, sólo a quienes perciben su
sueldo mediante un vínculo de dependencia es a quienes se les puede
retener las pensiones alimenticias.
“El
proyecto en realidad lo que contiene es que los y las menores de 18
años que quieran contraer matrimonio, lo van a poder hacer pero con
la excepcionalidad que van a tener que pasar por un juez que constate
que no hay ninguna medida de coerción ni imposición sobre esa
decisión. También eso garantiza que aquellos menores que quieran
contraer matrimonio puedan hacerlo aunque no tengan la autorización
de sus padres”, expresó Libschitz. Por un lado garantiza que no
haya presiones para eso, pero también le da derechos a aquellos
menores que quieran contraer matrimonio y sus padres o sus tutores no
lo autoricen. Entonces brinda garantías y brinda derechos a los
adolescentes, amplía derechos.
Las
cifras para un país tan pequeño como Uruguay, si las decimos no son
tantas, en los últimos 3 años hubo 84, una cosa así de matrimonios
entre menores de edad con adultos y muchos de ellos fueron con
mayores de edad bastante jóvenes, pero algunos de esos casos fueron
con distancias de edad muy grandes, uno de los casos es de un
adolescente con un adulto, una mujer menor de edad con un adulto de
74 años. Entonces esos son números que aunque en las cifras son
marginales, es para hacer una alerta y pensar bien cuáles son las
garantías de esos adolescentes al momento de contraer matrimonio y
que genera un compromiso tan a largo plazo”.
¿Este
proyecto atiende algún reclamo o algún planteo de algún organismo
internacional?
-”Sí,
en realidad son sugerencias de organismos internacionales, por
ejemplo la CEDAU, pero también la Universidad de la República y las
organizaciones sociales que trabajan en torno a los temas de los
niños, niñas y adolescentes, históricamente han reclamado que
Uruguay preste puntual atención en esto.
Así
que en realidad si bien hay sugerencias internacionales, porque somos
de los países de la región que todavía no lo habíamos modificado,
también es un reclamo histórico en nuestro país que las
adolescentes y los adolescentes sean más resguardados al momento de
tomar una decisión así”.
¿Cómo
vio los argumentos en contra?
-”El
único argumento en contra que hubo fue de la diputada de Identidad
Soberana que nos tiene acostumbrados a repetir clichés que los vemos
en redes sociales sobre la intromisión de los organismos
internacionales, pero no tiene un argumento en contra real que
justifique la permanencia de la norma tal cual está. La norma dice
que hoy los adolescentes se pueden casar con adultos, no importa la
edad, por ejemplo el caso este de un adolescente con un señor de 74
años.
Entonces
en su argumento nada dice por qué estaría bien seguir así, solo
habla de que están mal las sugerencias internacionales y las
organizaciones feministas y la vinculación de las recomendaciones
con las organizaciones sociales. Entonces todos los días estamos
acostumbrados a que se repita el mismo discurso sin ni base jurídica
ni sostén de evidencia científica, nada está en sus argumentos
solo oponerse simplemente porque hay recomendaciones
internacionales”.
También
estuvo trabajando en otros temas, estuvo trabajando en otro proyecto,
también cuéntenos de qué se trata y en qué está.
-”Si
hoy la bancada del Frente Amplio le da a Estado parlamentario un
proyecto que venimos trabajando hace un tiempo sobre mejorar las
medidas asegurativas para los niños, niñas y adolescentes que
deberían cobrar pensiones alimenticias. Hoy las herramientas que
tiene el Estado hacen que solo aquellos que cobran un salario, o sea
que tienen una relación de dependencia con un patrón, con una
empresa, sean a quienes se les puede retener parte de su salario para
pagar estas pensiones alimenticias. Lo que hace esta ley es mejorar
las herramientas para que todos aquellos que tengan ingresos hoy se
les pueda hacer pagar la pensión a sus hijos, hijas o menores o
discapacitados a cargo que viven con otro adulto.
Es
muchísima la cantidad de niños, todos conocen casos de niños,
niñas que viven con su madre o con su padre y que el otro progenitor
no aporta económicamente nada al crecimiento, a la educación, a la
alimentación y lo que hace este proyecto es mejorar las herramientas
para que eso suceda. Por un lado dando herramientas para que haya una
interacción mejor entre los organismos del Estado haciendo pública
y de mejor acceso el listado que hoy existe de los deudores morosos.
Hoy existe un listado de deudores morosos pero los organismos que
están encargados de controlar quienes pagan las pensiones o no, no
tienen un fácil acceso, esto generaría un mayor acceso para los
organismos tipo Banco Central, Banco de Previsión Social y lo único
que busca en realidad es que los niños, niñas y adolescentes
accedan a algo que es su derecho y es la pensión alimenticia que el
progenitor o la progenitora que no vive con ellos pague porque es el
deber”.
