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jueves, 26 de abril de 2018
miércoles, 18 de octubre de 2017
La visita anual de
Cárceles y los implicados en el caso Delivery
“Piense. No la
queremos ver más por acá”, le dijo el Ministro de la Suprema Corte a una de las
reclusas liberadas.
Aldo
Roque Difilippo
La
visita anual de Cárceles realizada en Mercedes, tuvo su connotación para
Cardona ya que tres de los implicados en el sonado caso Delivery pasaron frente
a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Como
se recordará el 14 de octubre del 2016 Cardona y Florencio Sánchez amanecieron conmocionadas
al irrumpir un importante dispositivo policial, conformado por 35 policías, que
desbarató una organización dedicada a la negociación de estupefacientes.
Según
pudo establecerse después, se pensaba aprovechar la realización del Rendez Vous
para comercializar droga. La policía allanó varias casas en Cardona y Florencio
Sánchez, incautó 700 gramos de cocaína pura (que en el mercado podrían llegar a
representar alrededor de $ 500.000), deteniendo a 15 personas de las cuales 8
resultaron procesadas. En la visita anual realizada por los Ministros Ricardo Pérez
Manrique y Eduardo Turell realizada el pasado jueves, 3 de ellos desfilaron con
sus abogados frente a los magistrados. Dos hombres y una mujer.
Los
abogados expusieron las razones por las cuales entendían debían ser liberados
cada uno de ellos, aduciendo el buen comportamiento durante su reclusión, su
colaboración con la autoridad, e incluso que tenían posibilidades de
reinsertarse laboralmente. En el caso de los
hombres el Dr. Ricardo Pérez Manrique fue tajante al afirmar “mantenemos
la decisión”.
Es
decir que permanecieran en la Cárcel. En el caso de la mujer Pérez Manrique
comunicó que se le otorgaba la libertad por gracia, con la medida sustitutiva
de presentarse cada 15 días en la seccional policial más cercana a su domicilio
por el período de 6 meses. La mujer, una muchacha delgada y de cabello crespo,
no se esperaba esa decisión, y quizá por eso se limitó a agradecer en voz baja y
pasar frente a la mesa donde una funcionaria judicial realizó el papeleo para
que dejara ese mismo día la Cárcel. Dialogó algo con los otros reclusos que
esperaban su turno, y se fue a buscar
sus cosas, apenas un par de bolsas de nailon transparente con ropa que,
parecían pesadas, pero eran pocas cosas. Estuvo presa casi 7 meses, y en su
mano apretó una esquela en la que sobresalía su nombre en marcador negro, la
Cédula de Identidad, y mil pesos; el único dinero que tenía. Llevaba puesto un pantalón
vaquero, gastado, y un buzo rojo que le adelgazaba aún más la figura. Pidió
tiraje y sin un gesto, ni mirar atrás traspasó el portón de la Cárcel.
Los
más de 5 kilómetros que separan la Cárcel de la Terminal de ómnibus de Mercedes
los hizo casi con la misma expresión de nada, y contestó escuetamente y sin
emoción algunas preguntas de quien se había ofrecido para llevarla. Dijo que hacía
dos años que estuvo trabajando en “Nueve Reinas”, que era de Montevideo, del
barrio La Teja, y que allí regresaría para reencontrarse con su hijo de 8 años
que estaba con la abuela (su madre). Al llegar a Montevideo debería tomar un ómnibus
que la llevara al barrio La Teja, por lo que los mil pesos seguramente le
servirían más que justo para los pasajes. A esa altura eran las 12 horas. El
próximo ómnibus a Montevideo partía a las 13,30. No sé si llevaba algo de
comida en las dos bolsas transparentes. Por lo menos a la vista eran sólo dos
bultos con ropa. El ómnibus llegaría a Montevideo cerca de las 18 horas, por lo
que seguramente a la casa de su madre en La Teja habrá llegado al caer la tarde
de ese jueves. Seis horas antes, cuando se dispuso su libertad por gracia, el
Dr. Pérez Manrique casi como un tío viejo y severo le recomendó: “Piense. No la
queremos ver más por acá”.
Publicado el 6 de mayo en Periódico Centenario
(*) Este artículo recibió una mención especial en los Premios OPI 2017.
jueves, 25 de junio de 2015
Media o leve presión
Primer informe sobre periodismo y libertad de expresión pone a Soriano a la cabeza en casos denunciados sobre presiones a periodistas y medios de prensa. Cuatro de esos casos fueron contra periodistas de @gesor.
Uruguay registró 37 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas durante el año 2014 y el primer trimestre de 2015, según los datos del informe “Periodismo y libertad de expresión en Uruguay. Monitoreo de amenazas” realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), publicado este jueves 18.
De los 37 casos 25 ocurrieron en 2014 y 12 en el primer trimestre de 2015. Quince de los 37 episodios identificados no fueron denunciados ante ninguna instancia; 17 fueron denunciados a través de la prensa o en alguna instancia como APU, cuatro fueron objeto de denuncia policial y sólo uno ante la Justicia.
La utilización de las demandas judiciales para amenazar a la libertad de expresión ha sido la modalidad más reiterada en el período analizado, con nueve casos registrados, cuatro de ellos en Montevideo, dos en Rocha y uno en Soriano, Colonia y Cerro Largo respectivamente.
Análisis cuantitativo de casos:
Los casos ocurridos en Soriano
Hostigamiento a través de la Justicia – Caso 2
7 junio, 2015
Categoría: Hostigamiento a través de la Justicia
Nivel: Media
¿Qué pasó?: Cinco periodistas de la agencia Agesor de Mercedes fueron citados a declarar como testigos al Juzgado Letrado de Mercedes para informar sus fuentes de información
¿A quién?: Cinco periodistas de la agencia de noticias Agesor
Identidad de género: No se sabe
Edad: No se sabe
¿Dónde?: En Mercedes
¿Cuándo?: Marzo de 2014
¿Cómo?: La agencia informó en noviembre de 2013 el presunto abuso sexual de un militar, ocurrido durante un campamento del Ejército donde se preparaban para maniobras militares, un hecho que se venía investigando por la Justicia en carácter de reservado
. Días después que el medio diera la noticia recibieron una citación de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Soriano para dar con las fuentes de información. Luego llegó la citación al Juzgado Letrado en busca de lo mismo.
. Días después que el medio diera la noticia recibieron una citación de la Dirección de Seguridad de la Jefatura de Policía de Soriano para dar con las fuentes de información. Luego llegó la citación al Juzgado Letrado en busca de lo mismo.
¿Quién es el responsable?: Policía y Justicia de Soriano
¿Qué consecuencias tuvo?: Los periodistas asistieron y no revelaron sus fuentes
¿Se presentó alguna denuncia?: No se presentó denuncia
Obstrucción al trabajo periodístico – Caso 12
8 junio, 2015
Categoría: Obstrucción al trabajo periodístico
Nivel: Leve
¿Qué pasó?: La Liga de Fútbol de Cardona resolvió impedir el ingreso de periodistas a cubrir sus sesiones. El presidente de la Liga, Ariel Gabarrot, justificó la medida en la existencia de gente molesta con comentarios y manifestaciones que se vierten a través de la prensa.
¿A quién?: Periodistas de Soriano
¿Dónde?: Ciudad de Cardona, departamento de Soriano
¿Cuándo?: 26 de junio de 2014
¿Cómo?: La Liga de fútbol de Cardona comenzó a aplicar el artículo 31 de su reglamento para impedir el ingreso de periodistas a sus sesiones.
¿Quién es el responsable?: Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Cardona.
¿Qué consecuencias tuvo?: Los periodistas de Soriano se ven impedidos de cubrir las reuniones de la Liga e informar a la población de las decisiones que allí se toman.
¿Se presentó alguna denuncia?: No se presentó denuncia
Amenaza verbal – Caso 18
8 junio, 2015
Categoría: Amenaza verbal
Nivel: Media
¿Qué pasó?: el Director Técnico del club Juventud Soriano intentó agredir físicamente al periodista Juan Correa.
¿A quién?: El periodista Juan Correa
Sexo: Masculino
¿Dónde?: Estadio Amalio Amy (del Club Independiente), Mercedes
¿Cuándo?: 31 de agosto 2014
¿Cómo?: el Director Técnico del club Juventud Soriano intentó agredir físicamente al periodista Juan Correa cuando tomaba fotografías de un incidente registrado en el partido de fútbol que ese club disputaba con el club Sandu.
¿Quién es el responsable?: El director técnico del Club Juventud Soriano de Fútbol.
¿Qué consecuencias tuvo?: el Director Técnico fue suspendido con 5 fechas y el Club Juventud Soriano fue amonestado con 5 Unidades Reajustables.
¿Se presentó alguna denuncia?: No se presentó denuncia pero Agesor presentó una carta quejándose por esta situación a la Liga de Fútbol de Soriano, a la Organización de Fútbol del Interior y al Club Juventud Soriano.
Rechazo a pedidos de acceso a la información – Caso 20
8 junio, 2015
Categoría: Rechazo a pedidos de acceso a la información
Nivel: Leve
¿Qué pasó?: La Jefatura de Policía de Soriano niega responder pedido de información realizada por Agesor.
¿A quién?: Agesor
¿Dónde?: Ciudad de Mercedes, Soriano
¿Cuándo?: 15 de setiembre de 2014
¿Cómo?: La Jefatura de Policía de Soriano niega responder pedido de información realizada por Agesor.
Se requirió información sobre las requisas realizadas en la Cárcel de Mercedes y las medidas adoptadas.
La respuesta de Jefatura de Policía de Soriano fue que se trataba de una información reservada.
¿Quién es el responsable?: Jefatura de Policía de Soriano.
¿Qué consecuencias tuvo?: Se impidió el acceso a información de interés público.
¿Se presentó alguna denuncia?: No.
Amenazas – Caso 24
8 junio, 2015
Categoría: Amenazas
Nivel: Media
¿Qué pasó?: Un empresario de la noche de Mercedes acusó a periodistas a través de redes sociales de varias conductas delictivas luego de la publicación de informaciones sobre irregularidades ocurridas en su boliche bailable.
¿A quién?: Juan Correa y Martín Corujo
Sexo: Masculino
Identidad de género: Heterosexual
¿Dónde?: Mercedes, Soriano
¿Cuándo?: Diciembre de 2014
¿Cómo?: El empresario Francisco Dudoy Silva acusó de conductas delictivas a los periodistas Juan Correa y Martín Corujo luego que Agesor publicara algunas irregularidades ocurridas en dicho boliche.
¿Quién es el responsable?: Francisco Dudoy Silva
¿Qué consecuencias tuvo?: Los periodistas presentaron una denuncia penal por difamación e injurias, que terminó con una retractación del empresario.
¿Se presentó alguna denuncia?: Si.
Agresión verbal – Caso 35
8 junio, 2015
Categoría: Agresión verbal
Nivel: Media
¿Qué pasó?: Intento de agresión a periodista de Agesor.
¿A quién?: El periodista Martín Corujo
Sexo: Masculino
¿Dónde?: Mercedes – calles Pozzolo y Rodó
¿Cuándo?: 16 de marzo de 2015
¿Cómo?: el periodista tomaba fotografías de los controles a los vehículos que realizaban personal policial y de Tránsito municipal cuando fue agredido verbalmente y amenazado por una mujer que viajaba como acompañante de una moto que después se comprobó tenía la chapa matrícula adulterada..
¿Quién es el responsable?: Una mujer no identificada.
¿Qué consecuencias tuvo?: No tuvo consecuencias.
¿Se presentó alguna denuncia?: No se presentó denuncia.
Agresión verbal – Caso 37
8 junio, 2015
Categoría: Agresión verbal
Nivel: Media
¿Qué pasó?: El dirigente político Miguel Rondán (Lista 2903 del Partido Nacional) amenazó a un periodista radial.
¿A quién?: El periodista Carlos Hornos
Sexo: Masculino
¿Dónde?: Difusora Soriano, de Mercedes
¿Cuándo?: 30 de marzo de 2015
¿Cómo?: Miguel Rondán sin solicitar autorización ingresó al estudio e intentó hacer salir al aire de modo intempestivo para realizar aclaraciones sobre comentarios realizados minutos antes en el programa. La agresión verbal continuó fuera de micrófonos de forma personal y a través de mensajes de texto.
¿Quién es el responsable?: el dirigente político Miguel Rondán
¿Qué consecuencias tuvo?: Luego de la mediación de la dirección de la radio no hubo ninguna consecuencia.
¿Se presentó alguna denuncia?: No se presentó denuncia.
www.agesor.com.uy
El informe completo puede leerse aquí: http://www.agesor.com/noticia.php?id=17720
jueves, 21 de mayo de 2015
Casos
del 2014
Relatoría
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta los
avances de Uruguay en libertad de expresión
Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca los
avances y desafíos de Uruguay en materia de libertad de expresión.
El informe corresponde a lo sucedido en el 2014 de la Relatoría para
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El organismo, que es encabezado por el periodista y abogado
uruguayo Edison Lanza, señala que los “escasos avances para el
ejercicio de la libertad de expresión” a nivel del continente
estuvieron marcados, entre otras cosas, por un aumento de la
violencia contra periodistas o la reacción desmedida contra
manifestantes.
Sin
embargo, Uruguay dio la nota positiva tras la aprobación de la ley
de servicios de comunicación audiovisual, que ofrece “máxima
protección de la libertad de expresión”, establece el informe de
la Relatoría.
El
organismo destaca que la ley aprobada a fin del año pasado reconoce
el derecho a la libertad editorial y de programación, la
independencia de los medios y prohíbe la censura. El texto también
promueve la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y otros grupos vulnerados.
Otro
de los aspectos que la Relatoría destaca como positivos fue la
utilización de la ley de acceso a la información pública (ley Nº
18.381) para el control y la participación ciudadana. El informe
recuerda la acción de amparo entablada por la ONG Uruguay Libre con
el patrocinio de CAinfo que derivó en la obligación de que el
Estado entregue información sobre el proyecto minero Aratirí.
Como
principales amenazas, la Relatoría recuerda que el año pasado el
gremio de periodistas de Uruguay manifestó a la Suprema Corte de
Justicia su preocupación por las citaciones a periodistas que se
encontraban investigando las violaciones a los derechos humanos
durante la última dictadura cívico militar para que revelen sus
fuentes.
El
informe recuerda que el Principio 8 de la declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “todo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de
información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Además,
la Relatoría recuerda el caso de dos periodistas de El Eco de
Colonia, que fueron demandados por un jerarca de la intendencia de
ese departamento por difamación e injurias. Esta demanda fue
realizada luego de que El Eco denunciara presuntas irregularidades en
la Dirección de Tránsito de la comuna.
El
caso fue archivado por la Justicia a fines de 2014, más de un año
después de presentada la demanda, a pesar de que en Uruguay rige
desde 2009 una reforma legal que exime de pena a las personas que
difunden información de interés público, salvo que exista real
malicia en la divulgación de informaciones falsas.
La
Relatoría recuerda en el informe que “someter a un periodista o
comunicador a un proceso penal como consecuencia del ejercicio
legítimo de su derecho a la libertad de expresión vulnera ese
derecho y afecta el libre ejercicio del oficio”.
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El
Eco
El
informe destaca que “en octubre de 2013 el periodista Washington
Fernández, del semanario El Eco de Colonia, y el co‐director de la
publicación, Daniel Roselli, fueron demandados por el jefe de
Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo,
por difamación e injurias. Esta demanda habría sido realizada luego
de que el Semanario El Eco denunciara presuntas irregularidades en
la Dirección de Tránsito del Departamento de Colonia”.
Recordando
que “el caso fue archivado por la Justicia a fines de 2014, más de
un año después
de
presentada la demanda, a pesar de que en Uruguay rige desde 2009 una
reforma legal que exime de pena a las personas que difunden
información de interés público, salvo que exista real malicia en
la divulgación de informaciones falsa”.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha sostenido que el
someter a un periodista o comunicador a un proceso penal como
consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de
expresión vulnera ese derecho y afecta el libre ejercicio del
oficio”. Agregando que “para un periodista, un proceso penal en
su contra puede generar una situación de incertidumbre,
inseguridad o intimidación e inhibirlo en su labor diaria, de
acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Lea el capítulo correspondiente a Uruguay:
http://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/URUGUAY-Informe-Anual-2014.pdf
Lea informe completo
http://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/Informe-Anual-2014.pdf
www.agesor.com.uy
lunes, 15 de septiembre de 2014
Taller de CAinfo, OPI y APU
Periodistas debatieron en Mercedes
sobre aspectos de la profesión, y
anunciaron monitoreo sobre las agresiones y presiones a la prensa y sus
trabajadores
Periodistas
de Fray Bentos, Paysandú, Colonia y Soriano debatieron en Mercedes sobre
aspectos de la profesión, al tiempo que se anunció el lanzamiento de un
monitoreo sobre los medios de prensa y las agresiones que reciben quienes
trabajan en ellos. Como adelantáramos el pasado sábado se realizó en
Mercedes un Taller sobre ética
periodística y acceso a la información pública.
Una actividad organizada por CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la
Información Pública), OPI (Organización de la Prensa del Interior) y la filial
de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) de Soriano, estando a cargo de los
periodistas Carolina Molla y Fabián
Werner.
Werner
que tiene a su cardo el Área Libertad de
Expresión CAinfo explicó los alcances de la
Ley 18381, de Acceso a la Información Pública, comentando
situaciones casos registrados en los
últimos años en el Uruguay.
En
tanto Carolina Molla expuso sobre el
Código de Ética Periodística. Molla es co redactora del Código de Ética que introdujo normas y
procedimientos en el ejercicio de la
profesión periodística. Como se
sabe este código es el primero que cuenta nuestro país para el ejercicio de la profesión, y según
se expresó en esta instancia, además de
difundirlo entre los colegas y fomentar
su utilización, también se viene promoviendo su discusión,
buscando modificaciones que apunten a mejorarlo.
Del análisis de diferentes casos registrados
en Uruguay, y del tratamiento noticioso que los medios de prensa realizaron
sobre ellos, surgió un interesante debate que insumió casi toda la tarde, en
esta doble jornada que ocupó el Taller.
Además
Fabián Werner adelantó que el Centro de Archivos y Acceso a la Información
Pública (CAinfo) iniciará el primer monitoreo nacional de amenazas a la libertad
de expresión en Uruguay con la finalidad de establecer la situación del país en
materia de cumplimiento de los estándares interamericanos, donde se habilitará una plataforma en una página web para la
presentación de denuncias. Este proyecto apuesta a analizar, documentar y poner
en una página web específica toda la información disponible sobre las amenazas
al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en el país
(amenazas, agresiones, denuncias judiciales, denuncias policiales, denuncias
públicas, asignación arbitraria de publicidad oficial, rechazo a pedidos de
acceso a la información pública, entre otras), y elaborar un informe anual. En
el documento se incluirán solamente aquellos hechos que se hayan originado como
consecuencia del ejercicio periodístico. Buscando también contar con
información actualizada de todo el país, por lo que se lanzó una convocatoria nacional para contar
con colaboradores locales que tendrán como función recibir denuncias y
comunicarlas a CAinfo, guiar a los interesados hacia la plataforma interactiva
o notificar hechos que puedan considerarse como amenazas a la libertad de
expresión en función de los indicadores mencionados.
PERIODICO
CENTENARIO, 15/SETIEMBRE/2014
miércoles, 27 de agosto de 2014
Instancia
preliminar en el juicio entablado por @gesor
Es
así que se reconoce el mérito para continuar con el caso por la denuncia
formulada por difamación e injuria.
El Dr.Marcelo Souto reconoció el mérito para continuar
con el caso por la denuncia formulada
por @gesor por difamación e
injuria contra el responsable del boliche W pero circunscripto a los
periodistas mencionados.
Esta tarde se cumplió en el juzgado de Mercedes la primera audiencia en el juicio
entablado por @gesor contra uno de los
responsables del boliche W de Mercedes. En ella el juez Marcelo Souto intentó delimitar los nombres de las personas
perjudicadas por las afirmaciones del denunciado en virtud de que fuimos los
cinco periodistas responsables de esta
agencia de noticias quienes presentamos la demanda legal por difamación e
injurias.
Como se recordará luego que publicáramos la nota inicial respecto a la
situación del boliche en cuestión, uno de sus responsables agravió en su página de Facebook a dos integrantes de @gesor, Martín Corujo y
Juan Correa.
Los tres restantes (Aldo Difilippo, Daniel Estrada, y
Enrique Lecaille) también nos sentimos agraviados por los dichos de uno de los
titulares de W Mercedes, en virtud que también somos responsables de esta empresa y las decisiones que en ella se
toman; sumado al hecho de que la campaña de desprestigio generada en la red social Facebook a raíz de la publicación de los dichos del denunciado, entendemos nos
perjudica por igual a los 5 periodistas
responsables de esta empresa.
El Dr. Marcelo Souto no dio lugar a esta postura,
entendiendo que el delito de agravio
está circunscripto a personas
físicas, es decir, en este caso, Correa
y Corujo, y no una empresa o figura
legal como puede ser @gesor.
Souto entendió que en esta instancia los tres
integrantes de @gesor que no fuimos
mencionados no estábamos incluidos dentro
del caso, por lo que ahora el tema quedó circunscrito a Correa y Corujo
como denunciantes contra el empresario.
Es así que se reconoce el mérito para continuar con el
caso por la denuncia formulada por
difamación e injuria, pero circunscripto a estos límites. Por lo que el
caso seguirá con el proceso habitual en la órbita del Juzgado Penal de
Mercedes.
lunes, 25 de agosto de 2014
Primera
instancia del juicio entablado por @gesor
El próximo martes se
realizará la audiencia judicial donde @gesor concurrirá en calidad de denunciante en la demanda por
difamación e injurias entablada contra uno de los responsables del boliche W.
El próximo martes 26 de agosto en el Juzgado Letrado de 1era. Instancia de Mercedes se
realizará la primera audiencia en el juicio iniciado por @gesor
contra uno de los responsables
del boliche W. Como se recordará a
principios de este mes, representados por el Dr. Mauricio Chelle, presentamos
una denuncia ante el juzgado en lo penal de Mercedes contra uno de los
responsables de este boliche que en su cuenta de Facebook agravió a dos integrantes de esta empresa periodística.
Todo se generó como consecuencia de una nota periodística donde informábamos
de la situación que se venía dando en boliches de Mercedes, Dolores y
Fray Bentos, acusándosenos públicamente en las redes sociales de
conductas delictivas que repudiamos y que agravian nuestra reputación
como profesionales de los medios de comunicación.
El extenso escrito presentado por el Dr.Chelle
fue acompañado de copias de los escritos
en cuestión donde se nos agravia, y la seguidilla de comentarios que generó, y que “denotan
que logró el cometido de generar el desprecio público de los involucrados”. O
sea nuestros dos compañeros de trabajo y
por consiguiente los otros tres restantes, en virtud que los cinco conformamos
@gesor y tomamos las determinaciones o
directivas que adopta la empresa.
El martes
próximo, por lo tanto, el
equipo completo de @gesor concurrirá a
la sede Judicial en calidad de denunciantes en este juicio por difamación e injurias.
domingo, 10 de agosto de 2014
Libertad de expresión
“Hay
toda una tarea de vigilancia, de
denuncia, de activismo que tiene que fortalecerse en la sociedad civil local”
* Edison Lanza, nuevo relator para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
MERCEDES
ALDO DIFILIPPO
Poner los temas en su dimensión local será uno
de los aspectos en que centrará su trabajo el nuevo relator
para la Libertad
de expresión de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como informáramos
en ediciones anteriores ese cargo recientemente recayó en el uruguayo Edison Lanza.
Periodista y abogado, Edison Lanza tiene una
larga trayectoria en el periodismo nacional y en los últimos años ha desempeñado
un papel importante en temas de acceso a la información pública, medios de comunicación y regulación de la actividad
periodística.
En diálogo con Centenario, Lanza indicó que entre otros aspectos abocará su
trabajo a “poner los problemas en su dimensión
local” y que promoverá tareas de capacitación y promoción de libertad de
expresión “entre fiscales y jueces, que en definitiva son los que después aplican el derecho”.
¿Qué puede
representar para el Uruguay tu designación como relator?
-Hay un aspecto que no se puede dejar de ver,
que más allá que esto termina en una designación personal, también creo que
está de algún modo vinculado al lugar donde uno desarrolla la trayectoria. En
ese sentido esta designación también es un reconocimiento a Uruguay, primero
por el ambiente general con el respeto a
la libertad de expresión y las garantías. En segundo lugar una serie de mejoras
que progresivamente el país ha hecho en el ámbito de la libertad de expresión, el pluralismo, el respeto y la
tolerancia a las opiniones ajenas, a la
información y al trabajo de los
comunicadores y periodistas.
Esto no lo digo sólo yo, sino los principales índices
de libertad de expresión que se publican
en el mundo.
Creo que sin dudas esto tiene también que ver con el lugar de donde yo provengo, y que Uruguay ha tenido un papel reconocido a nivel regional e internacional en el respeto de estas libertades.
¿Y en qué aspectos pondrías
el énfasis del trabajo que realizarás?
-La agenda se vuelve mucho más amplia de lo que
yo he hecho hasta ahora en Uruguay. Los
problemas que subsisten en Uruguay en materia
libertad de expresión son bastante diversos según las distintas
regiones de América Latina que estemos
hablando. Incluso América del Norte y
del Caribe. Por lo tanto la agenda temática
se vuelve mucho más amplia. Para empezar
creo que hay un punto prioritario que es el trabajo para combatir y terminar con la violencia
contra periodistas y comunicadores en general en muchos países de la región. No
es el caso de Uruguay, sino en otros países
donde hay asesinatos, ataques contra la
integridad física, amenazas, y hay también
un alto grado de impunidad en estos temas.
Pero además de
realidades diferentes entre países, hay
diferencias en la interna de los países.
Porque no es lo mismo ejercer el periodismo e informar en la capital o en un
pueblo del interior de cualquier país.
-Por supuesto. Ni siquiera todo este tema de
violencia contra periodistas es igual en las capitales o los grandes centros
poblados que en el estado o la provincia del interior. Y otros temas vinculados
a la libertad de expresión como censura indirecta, independencia para ejercer
el periodismo, asignación y manejo de los recursos estatales como la
publicidad oficial son problemas tal vez
más acuciantes en lugares alejados de la
capital. Por lo tanto notoriamente uno de los focos de la relatoría tiene que ser poner los problemas en su
dimensión local, que es donde los
comunicadores tal vez tengan mayores problemas para desarrollar su profesión.
Esta relatoría busca hacer un seguimiento de cómo está la situación y el panorama en
cada región. ¿También va a buscar fomentar acciones concretas para mejorar esas
condiciones en que se brinda la información y se ejerce la profesión?
-La relatoría tiene a su disposición algunas
herramientas de distinta naturaleza para
operar. Una de ellas son los informes anuales. Las visitas a los países donde
uno puede cumplir una función más
de investigar y denunciar situaciones y de mostrárselas a
todo el mundo. Luego hay otra serie de instrumentos como las audiencias temáticas
donde se recibe a delegaciones de distintos países, sobre todo de la sociedad civil que pueden presentar la
situación y de presuntas violaciones
a la libertad de expresión. Después
tenemos los casos que llegan a la
Comisión con denuncias concretas a los Estados por algún
episodio grave y concreto.
También la relatoría puede desarrollar tareas
de promoción. Por ejemplo hemos
conversado con la actual relatora. Ella ha iniciado y yo voy a seguir el trabajo de capacitación
y promoción de la libertad de expresión entre fiscales y jueces, que en definitiva son los que después aplican el derecho. Entonces vamos a trabajar con fiscales y jueces en
todos los países, inclusive esperemos de Uruguay para promover los
estándares de libertad de expresión y demás.
Recién voy a asumir en octubre y hay que
conseguir fondos para todo esto, pero una de mis ideas es trabajar sobre los
obstáculos que enfrenta el periodismo en
la región. Hacer algún tipo de informes
particulares sobre estos temas.
Obviamente que uno no puede esperar que la
relatoría soluciones todos los problemas. Lo que puede hacer es
denunciar estas situaciones graves. Asistir técnicamente, capacitar,
promover. Son acciones que generan conciencia y que generan cambios. Pero
también es cierto que la comisión es un órgano
que depende de la OEA y a ella la componen los Estados.
También hay que trabajar con los Estados. Hay que tener siempre una actitud proactiva para tratar
de trabajar con todos los actores. Ahora
hay toda una tarea de vigilancia,
de denuncia, de activismo que tiene que fortalecerse en la sociedad civil local.
No se puede esperar todo desde la
relatoría.
Yo recuerdo que muchas de las reformas
que tuvieron lugar en Uruguay, por
ejemplo la despenalización de los delitos de comunicación, la ley de
acceso a la información pública, la ley de radios comunitarias, que fueron luchas, iniciativas y trabajos de la
sociedad civil, de los sindicatos, de periodistas, de las organizaciones de
derechos humanos, que en su momento hicieron un fuerte activismo y llevaron casos, se movieron, y la relatoría
en aquel momento acompañó estos procesos. Por eso es importante el papel que la
sociedad civil y los periodistas sigan desarrollando. Eso es insustituible
y eso
tiene que seguir siendo así.
PERIODICO CENTENARIO, 9/AGOSTO/2014
viernes, 6 de junio de 2014
Derecho a la información pública
Tres de cada cuatro uruguayos desconoce la
existencia de la Ley de acceso a la información pública.
El 74% de la población
desconoce la existencia de la ley de acceso a la información pública. A más de cinco años de aprobada la ley que
regula el Derecho de Acceso a la Información Pública (18.381), tres de cada
cuatro uruguayos desconoce la existencia de la norma que obliga al Estado a
brindar información en caso de que un ciudadano la solicite. El dato surge de una
encuesta realizada a pedido de la Unidad de Acceso a la Información Pública en
noviembre del año pasado.
La encuesta
preguntaba: “¿Sabe si existe alguna ley o decreto que obligue al Estado a
brindar información pública de sus gastos, remuneraciones, contratos, etc. en
caso de que un ciudadano común quiera saberlo?”. Sólo el 26% respondió
afirmativamente.
El porcentaje de
personas que conoce la ley de acceso aumenta significativamente según el nivel
educativo: aquellos que tienen nivel primario respondieron afirmativamente en
el 17% de los casos; secundario 30%; y terciario 41%.
El grupo etario que
mostró mayor conocimiento de la ley es el comprendido entre los 46 a 60 años
(31% de respuestas afirmativas); los que mostraron menos conocimiento fueron
los jóvenes de entre 18 y 29 años (22%). Se aprecia una leve diferencia si
observan los resultados de acuerdo al género: 28% de los hombres dijo conocer
la ley, mientras que en el caso de las mujeres es 25%.
La encuesta se realizó
a la población uruguaya mayor de 18 años y tiene un margen de error de más
menos 3.3 %.
En Uruguay la ley N°
18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en octubre de
2008 y reglamentada en 2012, obliga a todos los organismos públicos a brindar
información ante la solicitud de los ciudadanos.
La norma señala
expresamente que “el acceso a la información pública es un derecho de todas las
personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del
solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las
que se solicita la información”.
Basta con que el
interesado lleve la solicitud escrita ante el organismo correspondiente o la presente vía internet, para que el
organismo, en un plazo de 20 días hábiles, la responda.
Publicado en www.agesor.com.uy
sábado, 10 de mayo de 2014
Relatoría de libertad de expresión destaca avances en
la adjudicación de ondas de radio y TV Digital
* Analizando lo ocurrido en el
2013 detalla también algunas agresiones
a periodistas y medios de comunicación, entre ellos de Soriano y Colonia.
MERCEDES
ALDO DIFILIPPO
El Informe Anual de la Relatoría especial para
la libertad de expresión destaca los avances en los llamados públicos en la
asignación de frecuencias de radio y
televisión digital en Uruguay. Este
informe anual elaborado por la Comisión Interamericana
En el capítulo correspondiente a
Uruguay el Informe Anual resalta la asignación de frecuencias de radios comunitarias, realizada
por el Gobierno mediante llamado público, así como el llamado a
interesados para autorizar el servicio de televisión digital; y el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que tiene como objeto “establecer la regulación básica de la
prestación de servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación
Audiovisual”, que entre otros aspectos promueve la “autorregulación ética” de los medios, extiende el horario de protección al menor y prohíbe en ese horario la
programación que contenga violencia excesiva, truculencia, apología de la
violencia, pornografía, consumo explícito y abusivo de drogas, contenidos que exalten
o inciten a la discriminación, entre otros.
Agresiones y amenazas
El informe también detalla las
agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas ocurridos en Uruguay en 2013: El 21 de febrero el fotógrafo Francisco Flores
y el chofer Julio Secondo, del diario El País, fueron detenidos por presuntos
policías que custodiaban la sede judicial, cuando tomaban fotografías. Los
trabajadores permanecieron detenidos alrededor
de una hora sin que se les informara el motivo de la detención y no se les habría permitido utilizar sus
teléfonos celulares. Posteriormente informaron que la detención había sido
ordenada por una jueza de la sede judicial
El 9 de mayo la periodista
Gabriela Ibarra y el camarógrafo Martín Pérez del canal de televisión CV 10, de
la ciudad de Mercedes, y el fotógrafo del diario Crónicas, Carlos Techera,
fueron agredidos por personas que intentaban
impedir que realizaran su labor periodística, mientras cubrían un
procedimiento policial.
En mayo, la emisora Radio
Agraciada de Mercedes, departamento de Soriano, habría sido blanco de un ataque
que la dejó fuera del aire. Su dueño, Néstor Graña, informó que desconocidos
dañaron el equipo de enlace. Además, afirmó que la emisora ha recibido amenazas
anteriormente.
El periodista Washington
Fernández, del semanario EL ECO de Colonia, fue agredido física y verbalmente
por trabajadores de una empresa constructora, cuando pretendía tomar fotografías
de los trabajos que estaba realizando la empresa en la ciudad de Nueva Palmira.
El 17 de julio, el periodista
Gustavo Guisulfo fue agredido por presuntos efectivos policiales. Guisulfo grabó
la detención de una persona en la plaza de la Independencia. Pese
a que se identificó como trabajador de
la prensa, igualmente fue esposado y trasladado a una seccional de la Policía , donde estuvo temporalmente
detenido. Además, se le borró la
grabación de los hechos.
El co director del semanario EL
ECO del departamento de Colonia, Daniel Roselli, fue demandado por difamación e
injurias tras la publicación, el 5 de octubre de 2013, de un artículo sobre
supuestas irregularidades en el archivo de multas de tránsito en la Intendencia de
Colonia.
El 29 de octubre, Estel
Apollonio, periodista de una radio de Durazno, recibió una notificación de la Jefatura de Policía donde
se le informaba que por orden del juez de Paz de la 4ª Sección no debía “recibir denuncias públicas contra la Policlínica Local ,
Juzgado Local y Policía, so pena de incurrir en el delito de coautoría de
difamación e injuria”. La periodista debió concurrir a la Jefatura a firmar la
notificación. Según lo informado, Apollonio recibió en su programa radial
varias denuncias sobre supuestas carencias en la atención en la Policlínica de la zona.
En este caso el 30 de octubre,
los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitaron al Juez de Paz un informe sobre lo
ocurrido. El 13 de noviembre la SCJ inició
un sumario al Juez.
PERIODICO CENTENARIO,
10/MAYO/2014
sábado, 22 de marzo de 2014
Juez
levanta secreto profesional a periodista para conocer nombre de sus informantes
El pedido fue
realizado por la defensa de cuatro militares y un ex policía presos. Roger
Rodríguez contestó: “Yo no voy a dar ese nombre”.
MERCEDES
ALDO
DIFILIPPO
El juez penal
Pedro Salazar accedió al pedido de la defensa de los cuatro militares y un ex
policía presos y levantó el secreto profesional
al periodista Roger Rodríguez, con el
propósito de identificar a su informante en el caso Gelman. Si bien
Rodríguez se mantuvo en la posición de
no acceder a revelar el nombre de su informante, el hecho generó preocupación
en diferentes organizaciones sociales.
“Yo no voy a dar ese nombre. Me mantengo en
secreto profesional por más que sea levantado”, manifestó Roger Rodríguez, quien fue citado a declarar
como testigo en etapa sumarial por haber investigado periodísticamente el tema.
Las defensas de
los militares y del ex policía requerían el nombre de quien había aportado
datos precisos sobre el caso del secuestro de la ciudadana argentina María
Claudia García de Gelman y de su hija, Macarena.
El caso,
ocurrido en plena dictadura, y repercutió en nuestro país ya que si bien el
secuestro se produjo en Argentina, la niña nació en Uruguay y fue adoptada por
padres uruguayos. Recién en el año 2000 se supo oficialmente que María Claudia
había sido trasladada a nuestro país embarazada. A esa conclusión también había
arribado el propio Juan Gelman, abuelo de Macarena.
Por este caso,
fueron procesados con prisión los militares José Gavazzo, Ricardo Arab,
Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina como coautores
de homicidio muy especialmente agravado. La denuncia fue presentada en junio de
2002 por Macarena Gelman, por la privación de libertad y homicidio perpetrado
contra su madre, la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, y por
la sustracción de menor.
Contraofensiva para amedrentar, presionar, y descalificar
Roger Rodríguez
relató lo sucedido esta semana el
juzgado montevideano. “A las 21 horas
del lunes 17 de marzo, tocó el timbre de mi domicilio un agente policial
vestido de civil, a quien esperaba un vehículo particular en la puerta, quien
me entregó un cedulón judicial por el que se me convocaba a comparecer al día
siguiente ante el Juzgado Penal de 2º Turno. La citación era para la carátula
"Gavazzo, José Nino y Otros - Homicidio muy especialmente agravado",
Ficha IUE90-10462/2002. Busqué en la web del Observatorio Luz Ibarburu y
confirmé que se trataba de la Causa Gelman, donde ya había testificado tres
veces. Pensé que sería para que aportara datos sobre eventuales lugares de
enterramiento. Yo sabía que el viernes hubo una inspección en el Servicio de
Material y Armamento junto al Batallón 13”. Al otro día, a las 14 horas “llegué
al edificio de los juzgados en la calle Misiones y al ingresar a la sala de
espera me encontré a los abogados de los procesados José Gavazzo, Ricardo Arab,
Jorge Silveira y Ricardo Medina, esperando para ingresar a la audiencia. No nos
saludamos y permanecimos 15 minutos, sentados frente a frente, esperando ser
llamados. La audiencia se realizó en el despacho del juez Pedro Salazar y en
presencia del fiscal Ariel Cancela. Comprendí que se había iniciado la fase
sumarial, es decir el proceso judicial en sí y que los cuatro abogados
defensores: Dr. Bernardo Gzech (Medina), Graciela Figueredo (Silveira), Estela
Arab (Arab) y Rossana Gavazzo (Gavazzo), me interpelarían. El juez me preguntó
si me ratificaba en lo que había declarado en 2003, 2005 y 2008. Pedí para leer
mis declaraciones y demoré lo necesario para recordar el contexto en que mi
testimonio fue realizado (muchas cosas se fueron averiguando y aportando
durante ese tiempo). Los abogados defensores parecían impacientes. Cuando leí
todo, ratifiqué mis dichos.
Fue entonces
que el juez da la palabra al abogado Gzech quien había solicitado a foja 5535
que se me exigiera revelar mis fuentes de información. El juez Salazar dispone
en ese momento el levantamiento del secreto profesional. Posibilidad jurídica
que éticamente no acepté.
El resto de las
actas cuyos fascimiles adjunto, es el interrogatorio al que fui sometido por
los abogados defensores que procuraban conocer las fuentes de información,
buscaron algún tipo de contradicción en mis sucesivos testimonios a lo largo
del proceso y, finalmente, llegaron a preguntar por qué yo era creíble...
Más allá de las
valoraciones que el gremio de periodistas y otras organizaciones puedan
realizar sobre las implicancias de que un juez penal considere que puede
levantar el secreto profesional de un periodista (otro magistrado o un fiscal
podrían luego acusar por desacato u obstrucción de la Ley), me preocupa la
situación de las causas de derechos humanos.
Como ya ha
ocurrido en otros casos, los abogados defensores han comenzado una
"contraofensiva" en la que intentarán amedrentar, presionar,
descalificar o contradecir a los testigos, quienes luego de cuarenta años de
miedo y silencio fueron a los juzgados acompañados de organizaciones sociales,
abogados y prensa.
Ahora no deben
quedar solos ni se debe admitir que sufran esta suerte de careos en los que son
interrogados como indagados y vuelven a sufrir la victimización de quienes
defienden a sus victimarios. No solo es una muestra más de la impunidad en que
vivimos. Sencillamente no es justo”, concluyó Roger Rodriguez.
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Derecho a la
reserva de las fuentes
El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU),
el Centro de Acceso a la Información (CAinfo) y la Coalición por una
Comunicación Democrática, emitieron un comunicado condenando enfáticamente este
hecho. Adelantando que pedirán una audiencia “urgente a los integrantes de la
Suprema Corte de Justicia” para plantear su inquietud.
Agregando más adelante la APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación
Democrática “expresan su profunda inquietud por el intento de atentado contra
el derecho a la reserva de las fuentes que está expresamente establecido en
normativas nacionales e internacionales”. Recordando lo establecido en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que semana que “todo comunicador
social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y
archivos personales y profesionales”. Recordando como antecedentes a este caso lo ocurrido en
febrero pasado cuando “el Juzgado
Letrado de Mercedes había citado a declarar a los cinco periodistas integrantes
de la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado habían
informado sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar. También
denunciamos que tres periodistas del blog Proyecto Fósforo habían sido citados
a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que estaba
investigando un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores
de residuos de la Intendencia de Montevideo. En ambos casos, los magistrados
actuantes habían expresado su intención de conocer las fuentes de información
de los colegas, pero ante la enfática denuncia pública de esta situación
finalmente desistieron de sus propósitos. Ahora, nuevamente, en un hecho
absolutamente lamentable, que reviste una inusitada gravedad, un juez penal
dispone el levantamiento del secreto profesional de un colega para que divulgue
los nombres de sus informantes”.
PERIODICO CENTENARIO, 22/MARZO/2014
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