Diputados aprueban proyecto que exige autorización judicial para matrimonios de menores
La Cámara de Diputados votó un proyecto de ley que modifica la edad mínima para el matrimonio y establece que los menores de 18 años deberán contar con la autorización de un juez, quien verificará que no exista coacción ni imposición. La iniciativa permite que adolescentes puedan casarse incluso sin el consentimiento de sus padres o tutores, siempre que el magistrado avale la decisión. La diputada Margarita Libschitz (FA) subrayó la necesidad de brindar garantías y protección, recordando que en los últimos tres años se registraron 84 matrimonios entre menores y adultos, algunos con grandes diferencias de edad.
“El proyecto en realidad lo que contiene es que los y las menores de 18 años que quieran contraer matrimonio, lo van a poder hacer pero con la excepcionalidad que van a tener que pasar por un juez que constate que no hay ninguna medida de coerción ni imposición sobre esa decisión. También eso garantiza que aquellos menores que quieran contraer matrimonio puedan hacerlo aunque no tengan la autorización de sus padres”, expresó Libschitz. Por un lado garantiza que no haya presiones para eso, pero también le da derechos a aquellos menores que quieran contraer matrimonio y sus padres o sus tutores no lo autoricen. Entonces brinda garantías y brinda derechos a los adolescentes, amplía derechos.
Las cifras para un país tan pequeño como Uruguay, si las decimos no son tantas, en los últimos 3 años hubo 84, una cosa así de matrimonios entre menores de edad con adultos y muchos de ellos fueron con mayores de edad bastante jóvenes, pero algunos de esos casos fueron con distancias de edad muy grandes, uno de los casos es de un adolescente con un adulto, una mujer menor de edad con un adulto de 74 años. Entonces esos son números que aunque en las cifras son marginales, es para hacer una alerta y pensar bien cuáles son las garantías de esos adolescentes al momento de contraer matrimonio y que genera un compromiso tan a largo plazo”.
¿Este proyecto atiende algún reclamo o algún planteo de algún organismo internacional?
-”Sí, en realidad son sugerencias de organismos internacionales, por ejemplo la CEDAU, pero también la Universidad de la República y las organizaciones sociales que trabajan en torno a los temas de los niños, niñas y adolescentes, históricamente han reclamado que Uruguay preste puntual atención en esto.
Así que en realidad si bien hay sugerencias internacionales, porque somos de los países de la región que todavía no lo habíamos modificado, también es un reclamo histórico en nuestro país que las adolescentes y los adolescentes sean más resguardados al momento de tomar una decisión así”.
¿Cómo vio los argumentos en contra?
-”El único argumento en contra que hubo fue de la diputada de Identidad Soberana que nos tiene acostumbrados a repetir clichés que los vemos en redes sociales sobre la intromisión de los organismos internacionales, pero no tiene un argumento en contra real que justifique la permanencia de la norma tal cual está. La norma dice que hoy los adolescentes se pueden casar con adultos, no importa la edad, por ejemplo el caso este de un adolescente con un señor de 74 años.
Entonces en su argumento nada dice por qué estaría bien seguir así, solo habla de que están mal las sugerencias internacionales y las organizaciones feministas y la vinculación de las recomendaciones con las organizaciones sociales. Entonces todos los días estamos acostumbrados a que se repita el mismo discurso sin ni base jurídica ni sostén de evidencia científica, nada está en sus argumentos solo oponerse simplemente porque hay recomendaciones internacionales”.
También estuvo trabajando en otros temas, estuvo trabajando en otro proyecto, también cuéntenos de qué se trata y en qué está.
-”Si hoy la bancada del Frente Amplio le da a Estado parlamentario un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo sobre mejorar las medidas asegurativas para los niños, niñas y adolescentes que deberían cobrar pensiones alimenticias. Hoy las herramientas que tiene el Estado hacen que solo aquellos que cobran un salario, o sea que tienen una relación de dependencia con un patrón, con una empresa, sean a quienes se les puede retener parte de su salario para pagar estas pensiones alimenticias. Lo que hace esta ley es mejorar las herramientas para que todos aquellos que tengan ingresos hoy se les pueda hacer pagar la pensión a sus hijos, hijas o menores o discapacitados a cargo que viven con otro adulto.
Es muchísima la cantidad de niños, todos conocen casos de niños, niñas que viven con su madre o con su padre y que el otro progenitor no aporta económicamente nada al crecimiento, a la educación, a la alimentación y lo que hace este proyecto es mejorar las herramientas para que eso suceda. Por un lado dando herramientas para que haya una interacción mejor entre los organismos del Estado haciendo pública y de mejor acceso el listado que hoy existe de los deudores morosos. Hoy existe un listado de deudores morosos pero los organismos que están encargados de controlar quienes pagan las pensiones o no, no tienen un fácil acceso, esto generaría un mayor acceso para los organismos tipo Banco Central, Banco de Previsión Social y lo único que busca en realidad es que los niños, niñas y adolescentes accedan a algo que es su derecho y es la pensión alimenticia que el progenitor o la progenitora que no vive con ellos pague porque es el deber”.
