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sábado, 14 de febrero de 2026

 

Bono escolar 2026

En marzo, alrededor de 170.000 niños y niñas que asisten a escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico de $ 2500.

La medida es promovida por ANEP, financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y ejecutada por el BPS. Alcanzará a aquellos que asisten a escuelas públicas de los quintiles uno, dos y tres. Los niños y niñas que cobran Asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo. Quienes no cobren asignación recibirán el pago a través de los locales de pago descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).

Para cobrar el bono no se requiere ninguna inscripción previa. La definición de quiénes obtendrán esta partida es de ANEP, a través de sus centros educativos. Desde el 18 febrero, se habilitará una búsqueda en https://bono.anep.edu.uy/ para consultar si el estudiante accederá al bono.

 Ministerio del Interior

Operativo Ñandubay: más de 4.500 vehículos incautados en todo el país


El pasado 12 de enero comenzó a desplegarse el Operativo Ñandubay, que tiene como objetivo el control y la fiscalización vehicular en todo el país. Desde su implementación hasta la fecha, se han incautado 4.471 motos y se aplicaron 9.192 multas.
Conferencia Operativo Ñandubay

El Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, junto a los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo y Comisario General (R) Robert Taroco; el Jefe de Policía de Montevideo, Comisario General (R) Pablo Lotito; el Director Nacional de Policía Caminera, Comisario Mayor Luis Calzada; y la Directora Nacional de la Guardia Republicana, Comandante General Angelina Ferreira, brindaron una conferencia de prensa en la que informaron sobre los resultados del operativo a nivel nacional.

Controles a nivel nacional

Las autoridades informaron que se realizaron 29.369 controles vehiculares en todo el país. Del total, el 17% fue incautado, mientras que el 32% recibió multa por encontrarse en infracción. En total, se identificaron 33.941 personas, de las cuales 68 fueron detenidas. Asimismo, se incautaron cuatro armas de fuego, marihuana, cocaína, entre otras sustancias estupefacientes.

El operativo comenzó el 12 de enero con el despliegue de controles vehiculares en todo el territorio nacional, con la participación de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera y las Jefaturas de Policía de todos los departamentos.

La Dirección Nacional de la Guardia Republicana controló 1.758 vehículos, incautó 559 motos y 2 autos, detuvo a 16 personas, aplicó 1.501 multas e incautó dos armas de fuego.

Por su parte, la Dirección Nacional de Policía Caminera controló 3.198 vehículos, incautó 297 motos y un auto, detuvo a 8 personas, incautó un arma de fuego y aplicó 570 multas.

La zona metropolitana registró la mayor cantidad de controles. En Montevideo se controlaron 3.388 vehículos y se incautaron 1.239 motos, mientras que en Canelones se controlaron 5.825 vehículos y se incautaron 1.295 motos.

En el resto del país se registraron 20.156 vehículos controlados y se incautaron 1.937 motos.

Control y fiscalización

El Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, indicó que el principal objetivo del operativo es instrumentar dispositivos de control y fiscalización que permitan prevenir delitos. “Hemos visto hasta ahora que el resultado ha sido muy significativo”, señaló, destacando que los datos obtenidos en el primer mes de implementación permiten continuar fortaleciendo el trabajo.

Por su parte, el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, resaltó que el porcentaje de motos incautadas y sanciones aplicadas evidencia el uso de birrodados en hechos delictivos, y destacó que el operativo busca proteger la vida, mejorar la seguridad y fortalecer la convivencia ciudadana.

Finalmente, resaltó que todo aquel que circule en moto lo haga cumpliendo las especificaciones de que establece la ley, tanto para su seguridad como para la de terceros”.  





 FRENTE AMPLIO APUNTÓ A LA OPOSICIÓN POR CASO CARDAMA: “DEFIENDEN A UN ESTAFADOR ANTES QUE AL ESTADO URUGUAYO”

 

Los legisladores del Frente Amplio, Sebastián Sabini, Mariano Tucci y Joaquín Garlo respaldaron la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de rescindir el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de patrullas oceánicas, tras constatarse “graves y sistemáticos incumplimientos contractuales”.

 

El senador Sebastián Sabini cuestionó la postura de la oposición y sostuvo que “se está defendiendo a un estafador en lugar de defender los intereses del Estado uruguayo”.

 

Señaló, además, que el contrato se firmó sin que se constituyeran las garantías correspondientes y aseguró que existen aspectos del negocio “que no se terminan de entender y que van en contra de los intereses de los uruguayos”. En ese sentido, afirmó que el Parlamento y el sistema político deben priorizar la defensa del Estado y trabajar para que el país cuente con las patrullas oceánicas necesarias.

 

Por su parte, el diputado Mariano Tucci sostuvo que el Frente Amplio está “absolutamente convencido” de la rescisión del contrato por notorios incumplimientos “gravísimos” y destacó la iniciativa del presidente Orsi de promover acciones legales por daños y perjuicios. Informó que el Poder Ejecutivo establecerá por acto administrativo los incumplimientos jurídicos en los que incurrió la empresa e iniciará acciones civiles y arbitrales tanto en Uruguay como en el exterior para recuperar el patrimonio de los uruguayos.

 

Asimismo, remarcó la voluntad del gobierno de determinar responsabilidades institucionales e individuales y afirmó que durante este período el país contará con las patrulleras oceánicas necesarias para el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

 

En la misma línea, el diputado Joaquín Garlo afirmó que la rescisión unilateral responde a “graves y sistemáticos incumplimientos” que habilitan jurídicamente esa decisión. Consideró fundamental avanzar en todas las actuaciones necesarias para esclarecer responsabilidades detrás de lo que calificó como un “negocio turbio”, que, según dijo, ha afectado los intereses del país y su reputación internacional. Garlo también destacó el compromiso del gobierno de adquirir las patrulleras oceánicas requeridas para el control del mar territorial y respaldó la decisión de reclamar los daños y perjuicios ocasionados al Estado.



 

Gobierno decidió rescindir contrato con astillero Cardama


El Gobierno nacional resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos destinados a la Armada Nacional. La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva y se basa en varios incumplimientos de la empresa.

Presidente Yamandú Orsi, de camisa y corbata, firma una resolución

“Esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, expresó el presidente Orsi al inicio de la conferencia. El mandatario recordó que el 22 de octubre de 2025 se realizó una conferencia de prensa para informar sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento

“Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, señaló. A partir de ese día, se notificó a la empresa y el propio astillero admitió que esa garantía era inexistente. El mandatario señaló que las garantías son las que permiten que el contrato entre en vigor, agregó. 

Más adelante, el Gobierno también encontró irregularidades en la garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, indicó. El documento presentado no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones, informó. 

Después de recorrer este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad de resolver, se decidió iniciar cuatro acciones:

  • Rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios.
  • Iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo.
  • Definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que corresponda.
  • Procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas para la defensa de la soberanía nacional. 

Gobierno explora alternativas para la adquisición de patrulleras oceánicas

Por otra parte, el mandatario informó que, para ampliar el horizonte tecnológico y material de la Armada, el Gobierno se encuentra explorando alternativas para la adquisición de patrulleras oceánicas de porte similar a las proyectadas. Explicó que los contactos se están dando con países que cuentan con astilleros, tanto públicos como privados.

Asimismo, anunció que se prevé adquirir herramientas complementarias para la vigilancia costera, específicamente lanchas rápidas, área en la que se trabaja con un "buen horizonte". 

Añadió que se cuenta con un ofrecimiento por parte de Estados Unidos para la entrega de un navío que funcione como una solución intermedia.


viernes, 13 de febrero de 2026

 El MSP recibe misión del BID

El MSP recibe misión del BID para avanzar en la transformación digital del sistema de salud


Entre el 9 y el 13 de febrero, el Ministerio de Salud Pública recibe una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del proyecto de Transformación Digital del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). La agenda de trabajo incluye reuniones técnicas y espacios de intercambio orientados a fortalecer el uso estratégico de la información sanitaria, la interoperabilidad de los sistemas y la mejora continua de la calidad de la atención.
Mario Sánchez (BID) - Cristina Lustemberg (MSP)

Uno de los ejes centrales de esta misión es la realización del taller “Conectando la atención en el territorio: Taller para la construcción del Mapa Sanitario de Uruguay”, una instancia poco frecuente que convoca a direcciones técnicas y referentes de gestión de los prestadores de salud públicos y privados de todo el país. El taller se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de febrero y propone un enfoque participativo e innovador para analizar y comprender la organización del sistema de salud desde una perspectiva territorial e integral.

Durante el taller, los y las participantes trabajan de forma colaborativa sobre el funcionamiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), abordando aspectos clave como la infraestructura, los servicios disponibles, los recursos humanos, las trayectorias asistenciales y los flujos de atención. A través de ejercicios prácticos y análisis colectivos, se busca avanzar en la construcción conceptual del Mapa Sanitario, como herramienta estratégica para la planificación, la gestión y la toma de decisiones en el SNIS.

En la apertura de la misión, la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, destacó que la transformación digital es una política de Estado que trasciende la incorporación de tecnología y pone en el centro a las personas, la equidad en el acceso y la mejora sostenida de la calidad de la atención. En ese sentido, subrayó que el desafío no es solo contar con más datos, sino integrarlos, asegurar su calidad y transformarlos en políticas sanitarias más oportunas y efectivas.

La ministra también valoró el acompañamiento del BID y de los expertos internacionales que integran la misión, señalando que el intercambio de experiencias y buenas prácticas resulta clave para consolidar una hoja de ruta común que fortalezca las capacidades del sistema de salud y promueva redes más articuladas y eficientes.

La misión del BID permite alinear visiones, acordar prioridades y avanzar en definiciones estratégicas que contribuyan a un sistema de salud más integrado, resolutivo y cercano a las necesidades de la población. El taller del Mapa Sanitario constituye, en este marco, una experiencia innovadora de trabajo conjunto con los prestadores, orientada a construir conocimiento colectivo y generar insumos concretos para la gestión del SNIS.


 

 Uruguay compareció ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas

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Comitiva Ginebra

Durante los días 10 y 11 de febrero, en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas examinó al Estado uruguayo en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

En la instancia, el Comité recibió con beneplácito la información brindada por Uruguay y destacó el carácter constructivo del diálogo mantenido con la delegación nacional.
La delegación de Uruguay estuvo integrada por representantes de los distintos poderes del Estado. Por el Poder Legislativo participaron las Senadoras Constanza Moreira y Bettiana Díaz, y el Senador Felipe Carballo. Por el Poder Ejecutivo concurrieron, entre otros, Nicolás Lasa y Marcel Birnfeld (Ministerio de Desarrollo Social), Laura Bajac (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), Florencia De Castro (Ministerio de Ambiente), Colette Spinetti (Secretaría de Derechos Humanos), Milton Machado (Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial), Andrés Vigna (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Noelia Martínez, Alejandra de Bellis, Emilia Eyheralde, Cristina Mansilla, Alejandro Vecchio y Florencia Vilas. Por su parte, también participaron por la UDELAR, Daoiz Uriarte y Mariana Blengio, por ANEP, Pablo Caggiani, por INISA, Jaime Saavedra, Rosario Oiz por el Banco de Previsión Social y Mariana Delgado por la Intendencia de San José.

En representación del Poder Judicial participó el Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Juan Pablo Novella, quien respondió consultas relativas a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, los procesos de formación y capacitación de magistrados, magistradas, defensores y defensoras en materia del Pacto, así como los mecanismos de acceso a la justicia disponibles para la protección de estos derechos.

Durante las sesiones, el resto de la delegación nacional brindó información detallada sobre diversos temas, incluyendo brechas de género, ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, no discriminación, utilización del máximo de los recursos disponibles, derechos laborales, seguridad social, sistema de cuidados, educación y cultura. El Comité valoró especialmente el carácter abierto, técnico y colaborativo del intercambio sostenido con el Estado uruguayo.

La Suprema Corte de Justicia destaca la relevancia de estas instancias internacionales de diálogo y cooperación, que contribuyen al fortalecimiento institucional y a la mejora continua de los mecanismos de protección de los derechos humanos, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con el pleno respeto, garantía y justiciabilidad de todos los derechos para todas las personas.

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Autoridades en mesa
 
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Comitiva foto oficial
 
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Dr. Novella
 
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Dr. Novella y Senadoras

jueves, 12 de febrero de 2026

 Reunión clave de Cipem

Comisión de Personas Mayores sesionará en Montevideo con agenda de descentralización e inclusión


La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) celebrará su sesión ordinaria este viernes en la sala del Congreso de Intendentes, con un orden del día que incluye la conformación de una comisión pro protocolo y la coordinación de un calendario descentralizado.

La Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem) realizará su sesión ordinaria el próximo viernes 13 de febrero de 2026, a las 13:00 horas, en la sala del Congreso de Intendentes.


El encuentro comenzará con la lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión del 12 de diciembre. Posteriormente, se abordará la conformación de una Comisión pro Protocolo para Encuentros de Personas Mayores, iniciativa que busca fortalecer la organización y participación en instancias colectivas.


Otro de los puntos a tratar será la coordinación de un calendario junto a la Comisión Interdepartamental de Género (CIG), con el objetivo de avanzar en la descentralización de las sesiones de Cipem y la CIG, visto que generalmente se reúnen ambas comisiones el mismo día, promoviendo de esta forma un mayor alcance territorial y participación en todo el país.


La jornada contará además con la presencia de Marianela Larzábal, directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social, quien dialogará con los integrantes de la comisión sobre el  Plan Ibirapitá, programa orientado a la inclusión digital de personas mayores.


 

 BPS lo instrumenta

Acuerdo entre Poder Ejecutivo y COFE facilita acceso a lentes de niños y adolescentes


El Banco de Previsión Social (BPS) y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hicieron efectivo el convenio que es producto de los Consejos de Salarios por el que niños y adolescentes con patologías oftalmológicas congénitas, hijos de trabajadores representados por el sindicato acceden a un beneficio económico para la compra de lentes.

Presidenta del BPS, Jimena Pardo, habla en conferencia. A su lado, el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Detrás, dos banners con el logo del BPS

El acuerdo fue firmado por el Poder Ejecutivo y COFE e instrumentado por el BPS. La presidenta del ente, Jimena Pardo, confirmó que el beneficio está disponible desde el 1° de febrero de 2026

La prestación, de carácter bianual, está dirigida a hijos o menores a cargo de trabajadores dependientes de organismos comprendidos en COFE, menores de 14 años, que presenten patologías oftalmológicas congénitas, es decir enfermedades presentes desde el nacimiento, ya sea por causas genéticas o por situaciones vinculadas al período perinatal. 

El aporte económico les permite acceder a lentes comunes, es decir cristales y armazón, conforme a la prescripción médica. El monto se definirá de acuerdo con una escala de precios de cristales y armazón, establecida en pesos uruguayos con ajustes semestrales. “Es un  beneficio nuevo pero con un formato que ya existe”, aclaró Pardo, ya que estaba vigente para trabajadores del sector privado, a quienes en 2025 se les brindaban unos 5.600 pesos.

Para acceder se debe presentar

  • Documento de identidad vigente y fotocopia del generante y del menor de edad.
  • Receta médica en buen estado con: fecha de expedición menor a seis meses, nombre completo y cédula de identidad del beneficiario, detalle de la patología, firma y aclaración del médico con número de registro en Caja Profesional y timbre profesional para lentes por un valor de 42 pesos. 

El trámite podrá realizarse en:

  • Unidad de Atención Ambulatoria en Montevideo. Agraciada 298, Oficina de Lentes.
  • Sucursales y agencias del BPS en el interior del país.
  • A través del correo electrónico lentesmenorescrenadecer@bps.gub.uy 

En la conferencia de prensa estuvo presente el secretario general de COFE, José Lorenzo López, junto a otros representantes sindicales.


 Verdad, memoria y justicia

MEC e INDDHH fortalecen búsqueda de detenidos desaparecidos mediante "acceso irrestricto" a archivos


El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la búsqueda de personas detenidas desaparecidas en el marco de la actuación ilegítima del Estado y el terrorismo de Estado en Uruguay. El acuerdo habilita el acceso irrestricto a archivos públicos y privados en todo el país para recabar información clave para las investigaciones, en cumplimiento de la ley n.° 19.822 sobre búsqueda de detenidos desaparecidos.

Mahía y Mota

El trabajo de rastreo se enmarca en desapariciones ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH)Mariana Mota, indicó que el acuerdo se propone dar cumplimiento a la ley n.° 19.822, de búsqueda de detenidos desaparecidos y habilita al acceso de archivos públicos o privados, en cualquier punto del país, para recabar los datos necesarios para las investigaciones, solicitar copias de documentos y otras amplias facultades.

Mota explicó que el convenio de colaboración posibilita el trabajo de investigación en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca Nacional del Uruguay y en la Dirección Nacional de Registro de Estado Civil; sin perjuicio de que puedan hallarse otros lugares de interés.

Agregó que en las últimas horas, el organismo firmó con el Ministerio de Defensa Nacional, un acuerdo de confidencialidad que cambiará la forma de acceso a los archivos. Antes de este acuerdo de trabajo, la Institución debía solicitar que se les proporcionara la documentación, en tanto que a partir de ahora los investigadores tendrán acceso directo a esos escritos y a otros que pudieran desconocer su existencia.

“Todo ello en el marco de la búsqueda de información que permita nutrir las líneas de investigación y que permita conocer las circunstancias de la desaparición de tantos uruguayos y uruguayas cuyos destinos todavía no sabemos”, dijo y agregó que “urge saberlo y poder resolver esas heridas”.

En esa línea, señaló también que se han firmado acuerdos con los ministerios de Salud Pública e Interior.

Construcción de memoria y consolidación del Estado de derecho 

En el acto de firma, que se llevó a cabo en la sede de la INDDHH, el ministro José Carlos Mahía expresó que se trató de una actividad “tan simbólica, tan cargada de pasado y de futuro para nuestro país”. Remarcó que no se trata solamente de un acuerdo administrativo, sino que se trata de una expresión concreta de cooperación interinstitucional de transparencia y compromiso con la verdad”.

Añadió que desde el MEC se tiene claro que abrir archivos es fortalecer la democracia, contribuir a la construcción de memoria, a la vigencia de los derechos humanos y a la consolidación del Estado de derecho, y que este acuerdo es un paso más en esa dirección, reflexionó.

En cuanto al período de revisión, afirmó que se trata de “años que forman parte de nuestra historia reciente y exigen del Estado una respuesta seria, responsable y sostenida en el tiempo”.

Señaló que desde su secretaría de Estado se asumió el compromiso de facilitar el trabajo de la INDDHH posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que resulten relevantes. También se entregarán copias de la documentación requerida sin oponer criterio de secreto, confidencialidad o reserva. Asimismo se habilita el acceso directo a bases de datos digitalizadas y se designará un funcionario referencia para acompañar técnicamente el trabajo archivístico.