Jorge Díaz: Contar con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es clave en institucionalidad de un país

De crearse, la nueva secretaría de Estado generaría las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia a toda la población, aseguró el prosecretario, Jorge Díaz. También debería realizar la defensa del país en arbitrajes internacionales y de rendir cuentas a la ciudadanía a través del Parlamento, así como evitar la ineficiencia en el uso de recursos, agregó.

Jorge Díaz participó de una charla denominada Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organizada por el Centro de Estudios Paysandú, en el departamento homónimo. Allí expuso sobre los principales desafíos que tiene Uruguay en torno al tema. 

“No estamos inventando la rueda. Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos son un componente clave de la institucionalidad de la mayoría de los países occidentales, en particular, en nuestro continente”, mencionó. Todos los países del Mercosur cuentan con este ministerio, excepto Uruguay, añadió. 

Más allá de experiencias internacionales analizadas para elaborar el proyecto del Gobierno, el prosecretario aclaró que tomar algún modelo desde otro país sería imposible. El documento, que promueve la creación de esa secretaría de Estado, continúa a estudio del Poder Ejecutivo y comprende los cometidos y atribuciones que le corresponderían. 

Díaz aseguró que, bajo ninguna circunstancia está en riesgo la independencia del Poder Judicial. “Nuestra Constitución es muy clara con respecto a las competencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, ninguna de ellas, jurisdiccionales ni administrativas, se verán alteradas” con la creación del ministerio. 

Argumentación

En su exposición, el prosecretario defendió la iniciativa con la enumeración de argumentos de gobernanza, articulación institucional y jerarquización de la política pública referida al sistema de Justicia y a los derechos humanos. 

“En la actualidad existe una fragmentación de oficinas que tienen, dentro de sus cometidos, funciones relacionadas a los derechos humanos o a la Justicia, y eso trae como consecuencia una falta de enfoque integral e ineficiencias en el uso de los recursos”, relató. 

Aseguró que el nuevo ministerio se encargaría de llevar adelante la defensa de Uruguay en los arbitrajes internacionales. “El Estado es demandado en litigios que en ocasiones tienen un alto monto económico, y no contamos con un organismo especializado en abogacía y defensa”, recordó. 

La cartera sería la responsable de rendir cuentas a través del control parlamentario. “Hoy no hay a quién pedirle que lo haga por el acceso efectivo a la Justicia, ni el cumplimiento de los derechos humanos, ya que las responsabilidades están dispersas”, resaltó. La nueva institución se encargaría de implementar procesos, hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas permanente en asuntos de su competencia, concluyó Díaz.

 

Ministro Castillo reafirmó la negociación colectiva como pilar de democracia y justicia social

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, afirmó, en el cierre de la Reunión Regional Americana de la OIT, que defender al organismo internacional es defender los derechos en el mundo del trabajo y defender el ámbito tripartito.

En la sesión de cierre de la 20.ª reunión regional, en República Dominicana, el secretario de Estado resaltó la capacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para propiciar debates sobre la democracia, la paz, el trabajo decente, el diálogo social, el desarrollo sostenible y la justicia social. Destacó, además, que Uruguay practica el tripartismo en su vida institucional, y expresó que “si el mundo tuviera hoy más ámbitos tripartitos, más organismos multilaterales con estos contenidos, seguramente, hoy tendríamos menos guerras, menos invasiones y menos bloqueos”.

Durante su participación, Castillo subrayó el valor del tripartismo como rasgo esencial de la OIT y destacó que “defender la OIT es defender los derechos en el mundo del trabajo, es defender este ámbito tripartito, es defender los consensos, y no aceptar ningún tipo de condicionamiento”.

Además de participar de las sesiones plenarias, el ministro mantuvo encuentros bilaterales con el director general de la OIT, Gilbert Houngbo, y con los ministros de Trabajo de Brasil, Luiz Marinho; de Chile, Giorgio Boccardo Bosoni; y de República Dominicana, Eddy Olivares Ortega. En esas instancias, se abordaron temas de cooperación regional, formación profesional y fortalecimiento de los mecanismos de diálogo social.

Jornada inaugural

Durante su intervención en la sesión plenaria del 1.º de octubre, Castillo subrayó la importancia de contar con instituciones laborales sólidas y resilientes, y destacó el rol del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor) como referente en formación profesional y tripartismo en la región. También calificó al informe del director general de la OIT como un insumo “de gran relevancia” para guiar el debate regional. 

En esa instancia, el ministro reafirmó la negociación colectiva como pilar de democracia y justicia social e informó sobre el proceso de consultas para una nueva ley de empleo. También presentó el programa Uruguay Impulsa, orientado a facilitar el acceso al trabajo a personas sin ingresos. Asimismo, planteó la necesidad de un diálogo social más amplio en materia de protección social, con énfasis en la infancia y el sistema nacional de cuidados.

Uruguay estuvo representado por una delegación tripartita. Por el Gobierno, participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del MTSS, Leonardo Batalla; y la responsable del Área de Comunicaciones de la cartera, Florencia Quijano.

Por el sector empleador asistieron Julio César Lestido, de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, como delegado, y Leonardo García como consejero técnico.

Por el sector trabajador participaron Martín Ford, delegado, y José Olivera, consejero técnico, ambos en representación del PIT-CNT.

 Poder Judicial propone simplificar proceso de divorcio por sola voluntad

En oportunidad de exponer ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez Brignani, explicó que el artículo 60 del proyecto presentado por el Poder Judicial (artículo 481 del proyecto presupuestal del Ejecutivo) prevé reducir el número de audiencias en el caso de divorcio de sola voluntad.
"En este orden, es dable destacar que se realizan 2533 juicios por esta causal y un número aproximado de 12.315 audiencias. Con este artículo se reducen significativamente las audiencias, descongestionando de esta forma los juzgados de familia que se encuentran sobrecargados" dijo Pérez Brignani.
"Asimismo, evita la duplicación del proceso, ya que los abogados tienen que recurrir muchas veces a presentar otros procesos como la disolución de la sociedad conyugal" señaló.

LAS GARANTÍAS SE VAN A MANTENER SIN MERMA
La propuesta para simplificar el proceso de divorcio por sola voluntad también fue defendido por el Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Juan Pablo Novella, quien integró la comitiva que acompañó a Pérez Brignani.
"Otro de los artículos sobre el que quiero llamarles la atención tiene que ver con la simplificación del proceso de divorcio por sola voluntad" dijo.
"Hoy, en el proceso de divorcio por sola voluntad, las personas tienen que ir cinco veces ante un juez -lo recalco: cinco veces- a decirle: 'Me quiero divorciar'. Nosotros, los jueces, le vamos a preguntar: '¿Se quiere divorciar?'. La persona me va a decir que sí, y yo le voy a responder: 'Vuelva en sesenta días a repetirme lo mismo'. Me va a decir eso otra vez, y yo le voy a decir otra vez lo mismo: 'Vuelva en sesenta días y repítame lo mismo'. Mientras proyectábamos estas cuestiones pensábamos que para casarnos nadie nos pregunta tantas veces si nos queremos casar. Además, en su momento nosotros casábamos -no sé si se acuerdan, pero los jueces casábamos- y no preguntábamos tantas veces, sino que, sencillamente, con el consentimiento alcanzaba" enfatizó Novella.
"A lo que voy con esto es que las garantías van a ser exactamente las mismas: va a ser un proceso en el que va a estar un juez, pero se va a tomar una audiencia sola".
"Esto, obviamente, tendrá un impacto en la vida de la gente, porque no tendrá que ir cinco veces. Si me preguntan, pienso que esto genera descrédito para el sistema -no solo burocracia- porque es necesario ir cinco veces a decir lo mismo" expresó.
"Además, esta medida tendría un impacto presupuestal muy importante. Nosotros calculamos que, más o menos, nos bajaría unas 10.000 audiencias al año".
"Vuelvo a lo mismo: en un Poder Judicial pobre, necesitamos de estos ajustes para que los jueces y las juezas se puedan dedicar a cuestiones quizás mucho más complejas que reiterar cinco veces la voluntad de una persona de quererse divorciar En ese sentido proyectamos eso".
"Estas son las reformas que quería subrayarles. Se trata de pequeñas modificaciones procesales, pero su efecto acumulado es muy significativo. Entendemos que mejoran la calidad de vida de las personas, alivian la carga de trabajo de los juzgados y defensorías -mientras las garantías se mantienen- y optimizan el funcionamiento del sistema de justicia" subrayó.
Más adelante, el Dr. Novella añadió que "con respecto al proceso de divorcio por sola voluntad, voy a insistir en lo siguiente. El trámite del proceso y su fundamento, es decir, que la persona se quiera divorciar, no cambia. No cambia nada. Lo único que cambia es la cantidad de veces que esa persona va a una audiencia. Sigue siendo ese mismo magistrado o magistrada, que hoy está tomando esas audiencias que, nada más, le va a preguntar una sola vez".
"Se reflexionaba un poco por parte de las y los legisladores respecto a si esta instancia no sería un trámite más exprés y demás. Yo les quiero recordar que hoy, con una audiencia sola, una persona va condenada penalmente. Esto es así; es real. Entonces, pretender que se mantenga ampliada la cantidad de audiencias para requerirle a la persona la voluntad de divorciarse, me parece extremo en comparación con el resto del sistema" dijo el expositor.
"Uruguay hace casi 120 años que tiene regulado el divorcio. Cuando nos preguntaban por qué habíamos avanzado respecto al divorcio por sola voluntad, y no así en el de mutuo acuerdo y demás, es por dos razones particulares. La primera y principal es porque parece que los astros se alinearon. Entonces, el Poder Judicial hizo una proyección, un análisis junto a docentes, catedráticos, juezas, jueces y defensa pública y llegó a este producto. El Ejecutivo lo tomó y lo agregó en el Mensaje presupuestal, lo cual no siempre nos sucede y, por lo que vi, algunos diputados y diputadas además estaban de acuerdo. Entonces, para nosotros, para un Poder Judicial pobre, es bueno que se alineen los astros porque vemos una esperanza de bajar toda esa cantidad de audiencias, que hoy les comentaba, desburocratizar el sistema y usar esos jueces y juezas y esos defensores para otros asuntos que tienen más relevancia y son más complejos en cuanto a términos sociales" apuntó.
"En cuanto a números, que es otra de las razones por las cuales vamos por el divorcio por sola voluntad, si observamos los casos de mutuo acuerdo, según los datos que me pasó recién la directora de Estadísticas, en promedio, más menos, los inicios de divorcio por mutuo acuerdo en Montevideo rondan entre 50 y 60, y en el interior entre 80 y 90. ¿Qué quiere decir? Es un número bajísimo, contra los 2000 y pico, 3000 procesos que se inician por sola voluntad. Insisto, esto no es sin notificar a ambos cónyuges, porque cuando ese magistrado o esa magistrada va a citar audiencia le va a dar noticia, obviamente, a la otra persona. No es que entre gallos y medianoche vaya a sacar un divorcio y nada más. Está prevista esa audiencia para que se resuelvan".
"Por supuesto, me apunta el doctor acá, que van a estar presentes con asistencia letrada. Va a estar prevista, sobre todo, para resolver todas las cuestiones de tenencia, pensión alimenticia, lo que fuera, porque sinceramente creemos que lo que más hay que proteger son los chiquilines que haya en ese matrimonio".
"Preguntaron sobre la tasa de arrepentimiento a este respecto. La verdad es que estamos intentando mejorar las estadísticas del Poder Judicial, pero les quiero apuntar que los tres que estamos aquí presentes, somos jueces de carrera, entre los tres juntamos sesenta y tres años de experiencia y ninguno vio un arrepentimiento en un divorcio por sola voluntad" aseveró Novella para fundamentar su postura.

 

COLEGIO DE CONTADORES CUESTIONA LEY DE LAVADO POR SOBRECARGA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (CCEAU) presentó hoy, ante la Comisión de Hacienda del Parlamento, su oposición a la inclusión de la auditoría de estados contables y, especialmente, de la Revisión Limitada como actividades obligadas a reportar operaciones sospechosas (ROS). La presidenta del CCEAU, la contadora Cristina Freire, afirmó que ambos informes “no permiten detectar operaciones de lavado de activos, porque son análisis ex post”. Agregó que, en el caso de la Revisión Limitada, la exigencia generará efectos negativos sobre los costos de las pequeñas y medianas empresas, que son quienes impulsan la economía del país, sin aportar beneficios reales al sistema de prevención de lavado. El Colegio de Contadores planteó que la Revisión Limitada debe eliminarse de la ley por razones técnicas y prácticas: su alcance es limitado, el grado de certeza es menor que el de una auditoría completa y no resulta eficaz para detectar operaciones sospechosas. Además, impone una responsabilidad desproporcionada sobre el profesional. En relación con otros aspectos del proyecto, Freire advirtió, por ejemplo, que el umbral fijado para las actividades delictivas precedentes de defraudación tributaria, así como el alcance de otros delitos, bajó drásticamente a 16.000 dólares (100.000 UUI). "Es un umbral tan bajo que incluso en las propias auditorías se puede considerar importe no material, y que alcanza ampliamente a las pymes del país y recarga a los propios estudios contables con costos que, en muchos casos, no pueden trasladarse a sus clientes", dijo. Asimismo, el Colegio también cuestiona el aumento de cinco a diez años en la obligación de conservar documentación, lo que recarga nuevamente a los pequeños estudios y a los que se encuentran en el interior del país. La presidenta afirmó que la propuesta del Ejecutivo generará además una burocracia innecesaria que termina afectando el normal funcionamiento del sistema económico. “Ya existen bases de datos imponentes en organismos como la DGI o el Banco Central; obligarnos ahora a reiterar esa búsqueda de información solo nos aparta de nuestra profesión”, sostuvo. Sobre la protección de la persona que reporta operaciones sospechosas (ROS), Freire expresó: “Si bien se nos asegura que la identidad no se filtra, basta ver casos recientes de ciberataques, incluso a la propia AGESIC, o el caso de la Fiscal de Corte. El Poder Ejecutivo tiene las capacidades de inteligencia, logística y ataque, no los contadores. Nuestro rol es otro”. Asimismo, expresaron discrepancias respecto a la definición de la palabra “cliente”. Freire recordó que, según el Código de Ética del CCEAU, la condición de cliente se configura únicamente cuando existe un acuerdo escrito (o acuerdo de partes) entre el profesional y la persona física o jurídica. “Si no existe esa vinculación, no corresponde la obligación de reportar”. Además, se advierte especialmente sobre la vulneración del secreto profesional. Freire remarcó que el artículo 4 del proyecto otorga a la SENACLAFT la potestad de exigir documentación a sujetos que hayan participado directa o indirectamente en una transacción, sin intervención judicial. “Esta situación hace que la SENACLAFT sea juez y parte. La administración puede y debe ser fuerte, pero en un Estado de derecho debe existir una contraposición de intereses que solo puede dar un juez”, afirmó. El CCEAU concluye que la reforma de la Ley de Lavado de Activos requiere correcciones sustanciales. En primer lugar, propone la eliminación de la Revisión Limitada del listado de actividades obligadas, por su ineficacia técnica y su impacto negativo en los costos de las pymes. En segundo término, reclama la revisión de los umbrales establecidos para delitos precedentes, por considerarlos desproporcionadamente bajos y generadores de reportes ineficaces. Asimismo, insiste en la necesidad de restablecer la debida diligencia simplificada en operaciones de bajo riesgo, excluir las permutas que no involucren transacciones financieras y revisar la extensión de los plazos de conservación de documentación, para no sobrecargar a pequeños estudios del interior. Finalmente, “Comprometidos con la transparencia y el cumplimiento de las normas internacionales, exigimos el respeto al secreto profesional y una definición precisa de “cliente”, a fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar vulneraciones a los derechos de los profesionales y de los uruguayos”.

 

Congreso de Intendentes fue recibido por la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda

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El organismo compareció ante la Comisión de Presupuestos para defender el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo y alertar sobre artículos que podrían complicar la gestión departamental. El Congreso de Intendentes expuso su opinión este lunes 29 de setiembre ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda sobre el proyecto de ley presupuestal 2025-2029, destacando especialmente el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo y el análisis de algunos artículos que involucran a los gobiernos departamentales.

Acuerdo con el Ejecutivo

El presidente del Congreso, Nicolás Olivera, destacó que el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo el 30 de julio —en el plazo límite establecido por la Constitución— fue logrado por consenso entre las 19 intendencias y contempla aspectos centrales como:

Participación del 3,33% del Presupuesto Nacional vía artículo 214 constitucional.
Aumento al 45% de la participación departamental en el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI).
Creación de un fondo de infraestructura estratégica de US$ 80 millones (US$ 45 millones para área metropolitana y US$ 35 millones para el resto del país).

"Fue un desafío porque asumimos el 17 de julio y al 30 de julio ya debíamos estar de acuerdo. Logramos ponernos de acuerdo entre nosotros primero, y luego con el Ejecutivo", explicó Olivera.

Sobre el rol de las intendencias

"Las intendencias administramos un crisol de actividades. No somos solo el Ministerio de Transporte, ni el Mides, ni Vivienda. Tenemos un poco de todo", argumentó Olivera.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, aportó ejemplos concretos: "Cuando hay emergencias, como una gran tormenta, hay que dar respuestas al otro día. No podemos esperar 30 días de publicación de licitación".

Ordenamiento territorial

Respecto a los artículos 422 y del 429 al 443 sobre ordenamiento territorial, el Congreso solicitó cautela para evitar colisiones con planes departamentales ya aprobados. Olivera advirtió sobre el artículo 429 que establece retiros de 150 metros en cauces de agua "sin previa indemnización": "No tenemos sistematizada información de cómo puede impactar. Pedimos que este paquete sea tratado fuera del Presupuesto".

Otros planteos

El Congreso también abordó temas como:

Caminería rural: Destacaron el diálogo abierto con el Ministerio de Transporte sobre una hoja de ruta.

Transporte estudiantil: Las intendencias aportan aproximadamente el 80% del financiamiento (por ejemplo en Florida: $35 millones anuales).

Educación superior: Respaldo enfático a UTEC y Udelar en el interior. "El 67% de estudiantes de Udelar y más del 75% de UTEC son primera generación universitaria en sus familias"

Proyecto ECHO: Apoyo al programa dirigido por el Dr. Cohen para formación en salud mental.

Seguridad: Reconocimiento del rol preventivo departamental pese a estar excluidos constitucionalmente de la competencia

La delegación quedó a disposición para profundizar el análisis de estos temas con los legisladores durante el proceso de discusión presupuestal.
 

 

Las instituciones necesitan solidez para combatir el narcotráfico, señaló Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, insistió en la necesidad de frenar a las organizaciones delictivas y la importancia de incorporar tecnología para lograrlo. Asimismo, valoró el trabajo en inteligencia que se realiza junto con los países fronterizos.

“Cuando está en juego la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y las instituciones necesitan solidez, tenemos que estar todos, y esa fue una señal clara de la reunión”, resumió el presidente de la República, Yamandú Orsi.

El mandatario se refirió al encuentro con los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, realizado en la tarde del lunes 29 de setiembre. 

La reunión fue convocada por el Gobierno para informarles sobre el atentado contra el domicilio de la fiscal Mónica Ferrero y dialogar al respecto. 

Orsi reafirmó la solidaridad hacia ella, ya expresada en la audiencia del lunes en la mañana, y aseguró que la institución de la Fiscalía necesita ser fortalecida. “Hacia ahí vamos”, enfatizó.

Poner un freno a las organizaciones delictivas

Uno de los temas abordados fue el tratamiento legislativo del proyecto que contiene modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, n.° 19.574, del 20 de diciembre de 2017, al que definió como “una pata importante en el avance para poner un freno a las organizaciones delictivas”. 

Además, se intercambió acerca de la necesidad del trabajo de inteligencia en estos casos y de actualizar la tecnología.

Orsi aseveró que todos los partidos políticos que gobernaron conocen los grupos criminales que están en Uruguay. “Hay conciencia”, señaló. En ese sentido, confirmó que se vienen tomando medidas y que la Policía, históricamente, ha actuado contra un crimen organizado que “avanza demasiado rápido”.

El mandatario valoró la labor que se realiza junto con los actores institucionales de los países vecinos, sobre todo, Argentina, Paraguay y Brasil, con los cuales la tarea “ha mejorado y se está aceitando”, ya que estos grupos no reconocen fronteras. 

Agregó que, si se avanza en alguna
s áreas, se volverá a convocar a los representantes de los partidos políticos.  

 

´La prioridad es descentralizar la salud y fortalecer ASSE´

El senador frenteamplista Daniel Borbonet detalla el plan del gobierno para mejorar la atención sanitaria en el interior del país. Propone una fuerte apuesta por la complementación con los servicios privados y el primer nivel de atención para resolver la carencia de especialistas y mejorar indicadores que, asegura, no se pudieron mantener en el período anterior.

El senador Daniel Borbonet explicó el plan del gobierno para mejorar la atención sanitaria, especialmente en el interior del país. Ante la falta de especialistas y las largas listas de espera heredadas, subraya que la prioridad es fortalecer ASSE y lograr una descentralización real. En diálogo con @gesor el legislador opinó que la solución no es la venta de servicios sino una adecuada complementación público-privada que optimice los recursos existentes en cada localidad.

Esta visión integral, explicó, se vincula directamente con políticas de vivienda y el combate a la pobreza infantil. Para Borbonet el mandato de la población fue claro, estableciendo una paridad entre gobierno y opocisión por lo que es tiempo de buscar acuerdosy dejar de lado la lógica electoral, para dar respuestas a las necesidades de la gente.

Usted dice que una de las prioridades del gobierno es la Salud, y del río Negro hacia el norte siempre los reclamos son por la carencia de servicios de salud, de especialistas. ¿Qué se puede esperar para este período en cuanto a servicios, radicación de profesionales, personal?

-”El mandato que nos dio la población cuando nos votó, que votó al Frente Amplio pero que también votó cierta paridad con la oposición, por lo tanto, hay que llegar a acuerdos, hay que trabajar en los reales problemas que tenemos. Y la salud, tanto para el Frente Amplio como para la oposición, es uno de los temas planteados durante toda la campaña. No somos de los que decimos que todo lo que se hizo en el gobierno anterior fue un desastre y que nosotros venimos a refundar.

No. Las cosas buenas hay que continuarlas. Aquellas que no se pudieron hacer hay que hacerlas. En salud tenemos mucho para hacer y en este periodo nos hemos encontrado, no solamente con que 460.000 personas están en espera, al 1 de marzo. Estaban en espera para especialistas y para consultas, sino que también a nivel de medicamentos era permanente la deficiencia que había en las farmacias. Por distintos motivos y algunos de ellos comprensibles, pero la realidad era esa. Y también con una falla en la descentralización. Y acá quiero hacer algo bien claro, para que realmente haya una salud adecuada en nuestro país, además de invertir, hay que hacer una adecuada complementación público a privada.

Y sobre todo al norte del río Negro. Hay realidades muy diferentes para ASSE, y para las instituciones mutuales. En la misma ciudad hay necesidades de una población que podrían cubrirse con una buena complementariedad.

Hace poco estuvimos en una ciudad del norte de nuestro país, en donde había 2.000 consultas esperando para salud mental en la población de ASSE. ¿Por qué? Porque no habían, en ese caso, psicólogos. En la misma ciudad habían psicólogos trabajando, obviamente, para otras instituciones mutuales. ¿Por qué? Porque debemos mejorar la complementación público-privada. Me consta que se intentó hacer en el gobierno anterior, no se pudo lograr. Bueno, esa es una de las prioridades.

La salud en este gobierno y en el presupuesto se refleja, primero, la descentralización. Segundo, el presupuesto para el primer nivel de atención. Y esto está en los controles de las embarazadas y de los recién nacidos en el primer mes de vida. ¿Y saben qué? Además de controlar, además de captar, y eso significa disminuir patologías, también hacen diagnóstico de la vivienda. Y junto con el Ministerio de Vivienda, Crecer Desde el Pie, también van complementado con mejoras en la vivienda. Cuando estamos hablando de pobreza infantil, de los 15 indicadores que tiene la pobreza multidimensional, uno de ellos es la vivienda, y uno de ellos son las características de esa vivienda y el hacinamiento.

Es el cuarto punto más frecuente, luego de la educación y luego de falta de ingresos formales en esos hogares. Por lo tanto, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de pobreza infantil, estamos hablando de problemáticas sociales que tienen que verse con una mirada integral. No solamente es un tema de salud exclusiva. Transversaliza a todos los gabinetes. Esa es una visión diferente”.

Usted decía que hay acuerdos en todos los partidos en el tema de salud. ¿Pero hay margen para negociar con la oposición cuando el discurso de la oposición parece que lo que propone el gobierno está todo mal?

-”Estamos en un momento donde a nivel político tenemos que demostrar la grandeza que tenemos. Nuestra sociedad, y sobre en todo los jóvenes, hay descreimiento en gran parte de la política. Y la pregunta que usted nos hace tiene que ver. La población votó a un gobierno que es el Frente Amplio, y a una oposición que prácticamente lo iguala. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que buscar acuerdos, pero de una manera más dura. ¿Y sabe una cosa? No toda la oposición es igual. Dentro de la oposición hay muchos que dialogan, que tienden puentes, y que tratan de llegar de una manera adecuada a la necesidad de la población. Hay otros que aún no, y que esperemos que en el correr del tiempo cambien su postura. No se puede estar hoy pensando en las elecciones dentro de cuatro años y medio. No le hace bien al país, y no le hace bien a la credibilidad de la política. Coincido con usted en que hoy hay muchos obstáculos, muchas piedras en el camino. Esperemos que sean solo mensajes, y que en la realidad se trabaje de otra manera. Tuvimos hasta ahora acuerdos que llevaron a que pudiéramos sortear la Rendición de Cuenta. Situaciones muy importantes, como por ejemplo fue la Caja de Jubilaciones Profesionales, de una manera u otra con diálogo, tratando de ceder dentro de nuestras posibilidades, sin perder el rumbo. Y este presupuesto nos va a poner en tela de juicio si los políticos podemos realmente llegar a acuerdos que la población nos está pidiendo. Y no tengo ninguna duda. Del Frente Amplio estamos siempre abiertos a mantener diálogo y a buscar lo mejor. Y muchas de esas cosas es continuar haciendo mucho de lo que se hizo bien en el gobierno anterior. Pero también muchas otras cosas diferentes. Porque hay diferencias. No es mejorar un presupuesto para que luego haya un derrame. No. Es mejorar un presupuesto para que nuestra gente viva mejor, en mejores condiciones y más segura”.

En el primer gobierno del Frente Amplio se instrumentó una reforma de la salud que fue hasta donde pudo, la pulseada con el sector privado fue bastante importante. ¿Qué tanto más se puede avanzar?

-”Mire, en el 2007 la Reforma de salud, como usted dijo, fue la mayor reforma de salud que ha habido en los países de América en los últimos 50 años. Es modelo al día de hoy en Latinoamérica. Y bueno, tuvo que venir un Tabaré Vázquez con esa cabeza, esa visión que tenía, con un equipo extraordinario. María Julia Muñoz, Daniel Olesker, un grupo que realmente lo tomó como propio y gracias a ese grupo se logró algo que hoy, jóvenes sobre todo, piensan que siempre existió.

¿Cómo era la salud antes del gobierno del Frente Amplio? Había salud para pobres, y lo dice quien hace 40 años que trabajó, dejé hace dos años, en ASSE, en el Hospital Preira Rossell. Sé lo que era antes y sé lo que fue después. Y ese sistema integrado de salud permitió mucho de lo que hoy tenemos y fue fundamental para que en la pandemia Uruguay tuviera, en el primer año principalmente, la fortaleza que no lo tuvieron otros países. Luego, por distintas decisiones políticas, el rumbo cambió y pasamos a ser de los tres países que tuvieron más muertes por millón de habitantes. Esa es otra historia. ¿Quedaron cosas por hacer en el Sistema integrado de salud? Por supuesto que quedaron. Las reformas se hacen según el momento que uno vive. Hoy, aunque le parezca mentira, estamos viendo cosas muy diferentes de hace 20 años atrás. De los prácticamente 50.000 nacimientos que teníamos, hoy tenemos 28.990 nacimientos.

Y fíjese lo que le voy a decir. En 15 años se duplicó la persona que tiene más de 100 años. O sea, tenemos menos nacimientos, vivimos más y con mejor calidad de vida.

Por lo tanto, conceptualmente, los cambios que tenemos que hacer hoy, pero también pensando en los próximos 20, 30 años. Y uno de los temas que usted planteó, muy importante, tiene que ver con la complementación público-privada. Estamos en un país que no tiene selva, que no tiene grandes alteraciones geográficas, que tenemos en menos de 6 horas ir de un extremo a otro, y tenemos realidades muy diferentes dentro de una misma ciudad.

Y en el interior del país ustedes lo saben bien. Hay pacientes o usuarios, como le dicen hoy, que tienen que trasladarse 300 kilómetros, con cosas que se pueden solucionar a 10 cuadras. Para eso se necesita un Ministerio de Salud Pública fuerte, como lo tenemos, que quizás el anterior lo intentó, no lo pudo conseguir.

Hoy tenemos que volver a trabajar en ellos. Y algo que usted quiso decir, capaz que no con ese nombre, el corporativismo médico, cuando habló de lo privado. Cómo no, dígalo.

Hay mucho para hacer a nivel público y a nivel privado. Y para eso necesitamos tener claro hacia dónde vamos. Y el sistema nacional tiene que ser un sistema nacional integrado y complementario.

Si no, no lo lograremos conseguir. Hay indicadores que tenemos que mejorar, que se lograron durante 15 años y no pudimos mantenerlos. No voy a estar hablando aquí de los temas y de las causas, que yo las tengo claras algunas de ellas.

Pero hay que volver a los orígenes, volver a pensar que la población que tenemos más necesitada es donde más tenemos que apoyarla. Y no podremos hacerlo si no estamos hablando de reformas, que en este momento el sistema integrado de salud debe continuar haciendo. Las cápitas, la integración, volver a tener indicadores de gestión, volver a tener la calidad asistencial como una premisa. Y tratar de fortalecer ASSE y no de contribuir a muchas instituciones mutuales o privadas haciendo una venta de servicios hacia esos lugares. Son distintas maneras de pensar qué es lo mejor para la población. Si una población debe tratarse exclusivamente en lugares privados y pagar lo que corresponde a los lugares privados, o fortalecer ASSE.

Tanto el hospital Pereira Rossell, Pasteur, Maciel, obviamente el de la Universidad comno el el Clínicas, tiene excelentes recursos, excelentes. No hay que dejarlos caer. Y este Ministerio está ya logrando algo que yo creo que durante décadas no pensamos, que era fortalecer realmente la descentralización, el primer nivel de atención y también capacitar”.

 

Partidos políticos fueron convocados por el presidente Orsi tras atentado a fiscal de Corte

El mandatario invitó a dialogar a los líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria y al ministro del Interior, Carlos Negro, tras el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero ocurrido este domingo.

Asistió Álvaro Delgado, por el Partido Nacional; Andrés Ojeda, por el Partido Colorado; Pablo Mieres, por el Partido Independiente, y Guido Manini Ríos e Ignacio Curbelo, por Cabildo Abierto. 

También estuvieron presentes el presidente y la vicepresidenta del Frente Amplio, Fernando Pereira y Verónica Piñeiro.

En horas de la mañana, el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con su equipo de Presidencia, mantuvo una reunión con los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y del Interior, Carlos Negro, y con la fiscal subrogante adjunta de la Corte de la Fiscalía General de la Nación, Mónica Ferrero, víctima del atentado. 

Negro informó, tras el encuentro, que en la primera reunión se le transmitió a Ferrero el respaldo, la solidaridad y el apoyo, “primero a la persona y luego a la fiscal”, ante el ataque del que fue víctima, y se le aseguró todo lo necesario para cuidar su seguridad y la de su familia.

En cuanto a la reciente reunión, dijo que el objetivo fue dar una respuesta de unidad institucional frente a cualquier tipo de violencia que provenga de algún grupo que quiera atentar contra las personas o instituciones.

Adelantó que se continúa con la investigación del atentado a la fiscal, de la cual declinó brindar detalles por considerar que contiene información reservada. 

Acerca de las modificaciones propuestas a la ley contra el lavado de activos, dijo que la persecución al lavado de activos es la base de cualquier estrategia en la lucha contra el narcotráfico, por lo que coincidió con lo expresado por el presidente Yamandú Orsi, en la conferencia de prensa que brindó a primera hora de la tarde, sobre la necesidad de que el Parlamento acelere el tratamiento de esta iniciativa.

En otro orden, dijo que la propuesta de eliminar la fiscalía especializada en lavado de activos, que se incluye en el Presupuesto, se basa en “manuales y las prácticas del mundo entero”, que indican que la mejor manera de perseguir el lavado es investigarlo de manera conjunta.

Presidente Orsi recibió a fiscal Mónica Ferrero 

Tras el encuentro de esta mañana, Orsi reiteró el respaldo “claro y firme” hacia la fiscal y la Fiscalía en su conjunto, y el reconocimiento a la Policía, cuyo trabajo permitió identificar a algunos de los responsables, pese a que la investigación continúa. 

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que se repite un patrón en el accionar del narcotráfico y repasó los antecedentes de otros casos, con la particularidad de que ayer se atentó contra el domicilio de la fiscal. “Hay límites que no debemos dejar pasar”, afirmó al respecto. 

En ese sentido, exhortó a las bancadas de los partidos políticos a que aceleren el estudio del proyecto que contiene modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, n.° 19.574 . Abogó también por afrontar una discusión profunda del tema, que permita obtener mejores resultados. 

 

Yamandú Orsi: “Hay límites que no debemos dejar pasar”

El presidente de la República exhortó a los partidos políticos a realizar un rápido estudio en el Parlamento de las modificaciones a la ley de lavado de activos, tras el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero. Además, confirmó el despliegue de operativos específicos en algunas zonas y la incorporación de nueva tecnología para la investigación.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo un encuentro con los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lazo; el director de la Policía Nacional, José Azambuya, y la fiscal subrogante adjunta de la Corte de la Fiscalía General de la Nación, Mónica Ferrero, junto al equipo de Presidencia y demás autoridades policiales, con el fin de analizar el atentado del que fue objeto la magistrada en la madrugada del domingo 28. 

Tras la reunión, Orsi reiteró el respaldo “claro y firme” hacia la fiscal y la Fiscalía en su conjunto, y el reconocimiento a la Policía, cuyo trabajo permitió identificar a algunos de los responsables, pese a que la investigación continúa. 

El mandatario explicó que se repite un patrón en el accionar del narcotráfico y repasó los antecedentes de otros casos, con la particularidad de que ayer se atentó contra el domicilio de la fiscal. “Hay límites que no debemos dejar pasar”, afirmó al respecto. 

En ese sentido, exhortó a las bancadas de los partidos políticos a que aceleren el estudio del proyecto que contiene modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, n.° 19.574 . Abogó también por afrontar una discusión profunda del tema, que permita obtener mejores resultados. 

En este contexto, informó que convocó a una reunión, este lunes 29 en la tarde, a líderes de los partidos políticos con representación parlamentaria, con el objetivo de mantener un intercambio y recibir las primeras impresiones. En el encuentro también participará el ministro Negro.  

Agregó que, en el marco de la investigación, está previsto que se activen operativos en barrios donde hay indicios concretos que se vinculen con el atentado. 

Confirmó la necesidad de mejorar la tecnología al servicio de la investigación, al tiempo que aclaró que no todo se resuelve con presupuesto, sino también aplicando mejor los recursos. 

El presidente aseguró que se necesita de “serenidad y discreción” para ser eficientes y claros en la forma de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, así como también de los servicios de Inteligencia. 

Fue enfático en que, en estos momentos, es necesario más trabajo y menos declaraciones. 

 Pérez Brignani: “La justicia nunca aparece como prioridad en los programas de los partidos”

Entre las prioridades no atendidas mencionó la creación de una oficina de salud laboral para funcionarios (especialmente los que trabajan en juzgados de violencia doméstica), el cierre de un diferendo salarial que lleva 14 años y partidas de funcionamiento que no se actualizan desde 2013.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, advirtió que el presupuesto quinquenal no contempla la mayoría de las solicitudes presentadas por el Poder Judicial y reclamó que el Parlamento “redistribuya mejor los recursos”. En entrevista con PortalAPU.uy, sostuvo que históricamente la justicia ha quedado relegada en la agenda política y que eso limita su capacidad de respuesta frente a las demandas sociales.

Pérez Brignani señaló que de los 24 juzgados de género solicitados (6 en Montevideo y 18 en el interior), el proyecto del Poder Ejecutivo sólo incorporó uno para el año 2027. También se dejaron por el camino varios artículos “sin costo” que buscaban desburocratizar trámites como divorcios, tenencias y asignaciones familiares. “Pedimos medidas para agilizar procesos y aliviar a los juzgados, pero prácticamente nada fue recogido”, lamentó.

El magistrado insistió en que la SCJ necesita recuperar independencia económica. “Hoy, para trasladar fondos de un rubro a otro debemos pedir autorización al Poder Ejecutivo. Eso limita nuestra capacidad y es algo que desde los años 60 estaba garantizado”, explicó.

Entre las prioridades no atendidas mencionó la creación de una oficina de salud laboral para funcionarios (especialmente los que trabajan en juzgados de violencia doméstica), el cierre de un diferendo salarial que lleva 14 años y partidas de funcionamiento que no se actualizan desde 2013.

También alertó sobre la falta de defensores de oficio suficientes y la necesidad de acercar la justicia a localidades alejadas. “Existen barreras culturales, económicas y físicas que dificultan el acceso. No se trata de una justicia para ricos y pobres, sino de garantizar igualdad de oportunidades reales”, dijo.

Convenios sociales y rol institucional

El presidente de la SCJ destacó la firma de un convenio con INDA para proveer 1.500 tickets de alimentación a madres, niñas, niños y adolescentes que deben pasar largas horas en los juzgados. “Muchas veces llegan sin recursos para comer; con este acuerdo podemos paliar esa situación”, explicó, y adelantó que se buscan nuevos convenios de apoyo.

Sobre la eventual creación de un Ministerio de Justicia, Pérez Brignani fue cauteloso: “Mientras no se cercenen las competencias de la Corte, será una decisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

“Nunca es prioridad”

El jerarca criticó que la justicia no figure como un eje central en las campañas electorales ni en los programas partidarios. “Se prioriza salud y educación, que son muy importantes, pero nunca la justicia. Sin embargo, nuestro sistema tiene impacto directo en la economía y es uno de los motivos por los que organismos internacionales confían en Uruguay”, sostuvo.

Finalmente, informó que la SCJ ha mantenido reuniones con todas las bancadas políticas (a excepción de Cabildo Abierto) para insistir en la redistribución de recursos. “No podemos ser siempre los castigados; la sábana es corta, pero siempre para este lado”, concluyó.

Nota: Asociación de la Prensa del Uruguay