"En Uruguay no falta riqueza, sino justicia en su distribución"
La vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a género, Carolina Spilman, defendió la creación de una sobretasa al Impuesto al Patrimonio del 1% más rico para financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente, afirmando que “en Uruguay no falta riqueza, falta justicia en su distribución”. Señaló que el 32,2% de los niños de 0 a 6 años son pobres y cuestionó que el peso tributario “siga recayendo” sobre quienes viven de su trabajo mientras el patrimonio privado se multiplica. “No pedimos privilegios ni caridad, pedimos justicia y derechos”, sentenció.
Spilman realizó una contundente exposición en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR) en el marco de la presentación de la propuesta del PIT-CNT para crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio y poder reducir la pobreza infantil y adolescente. En tal sentido, dijo que “en Uruguay no falta riqueza, sino lo que falta es justicia en su distribución” y añadió que se trata de una reforma tributaria necesaria para combatir la pobreza infantil y avanzar hacia una sociedad más justa, que tiene que surgir de un “debate profundo, serio y colectivo”.
La vicepresidenta de la central sindical dijo que actualmente el 17% de la población del país vive bajo la línea de pobreza y agregó que si miramos a nuestros gurises más chicos, “la cifra es mucho más dramática, el 32,2% de las niñas y niños de 0 a 6 años son pobres”.
Al mismo tiempo, Spilman señaló que la información disponible revela que el 1% más rico de Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país. “No estamos hablando de un país sin recursos, estamos hablando de un país donde esos recursos están cada vez más concentrados. Y esto no es casualidad, es el resultado de un modelo económico, de un entramado financiero, de una arquitectura tributaria y de decisiones políticas muy concretas”.
“Falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios, que no sigan descargando el peso sobre quienes viven de su trabajo y que asuman que el bienestar no puede seguir siendo un privilegio hereditario”, señaló.
“¿Podemos seguir aceptando que miles de gurises nazcan condenados a la pobreza mientras el patrimonio privado se multiplica?”, interrogó.
Indicó que la pobreza infantil en Uruguay tiene también rostro de mujer trabajadora. “Son las madres de esos gurises pobres las que sostienen la supervivencia cotidiana”.
Spilman manifestó que el sistema tributario actual “castiga el consumo y grava el trabajo de forma mucho más intensa que el patrimonio acumulado”.
Remarcó que Uruguay no puede resignarse a convivir con la pobreza infantil como si fuera una condición natural o inevitable. “No lo es. Es reversible. Y este es un camino serio para hacerlo”.
“No pedimos privilegios. Pedimos justicia. No hablamos de caridad. Hablamos de derechos”, sentenció.
Exposición
A continuación reproducimos el texto íntegro de la ponencia de Carolina Spilman en el Paraninfo de la Universidad:
“Es un honor enorme estar hoy, en nombre del PIT-CNT, presentando esta propuesta en el Paraninfo de la Universidad y esto no es un gesto menor. Entendimos la importancia de hacerlo en el corazón simbólico de la Universidad pública, en una sala que ha sido testigo de debates fundamentales para nuestra democracia, para el conocimiento y para las luchas populares de nuestro país. Este es un espacio donde generaciones enteras imaginaron futuros posibles para Uruguay, donde se defendió la autonomía, se discutieron derechos y se enfrentaron injusticias. Por eso hoy, aquí, traemos esta propuesta, porque creemos que la reforma tributaria que necesitamos para combatir la pobreza infantil y avanzar hacia una sociedad más justa, tiene que surgir de un debate profundo, serio y colectivo, como los que siempre honraron este lugar.
Por todo esto traemos hoy el trabajo de esta comisión consultiva que elaboró una propuesta fiscal concreta, seria y técnicamente fundamentada, para crear una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, destinada específicamente a financiar políticas de reducción de la pobreza infantil y adolescente en Uruguay. Y quiero arrancar por algo que para nosotras y nosotros es esencial: en Uruguay no falta riqueza. Lo que falta es justicia en su distribución.
Los datos son claros y deberían incomodarnos como sociedad: hoy el 17% de la población del país vive bajo la línea de pobreza. Pero si miramos a nuestros gurises más chicos, la cifra es mucho más dramática: el 32,2% de las niñas y niños de 0 a 6 años son pobres. Eso significa que uno de cada tres gurises no accede a condiciones materiales dignas desde el comienzo de su vida. No es una estadística fría, es el presente y el futuro de un país que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y que hace alarde constantemente de una democracia que hoy se está poniendo en riesgo.
Al mismo tiempo, la información disponible revela que el 1% más rico de Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país. No estamos hablando de un país sin recursos, estamos hablando de un país donde esos recursos están cada vez más concentrados. Y esto no es casualidad: es el resultado de un modelo económico, de un entramado financiero, de una arquitectura tributaria y de decisiones políticas muy concretas.
Uruguay tiene condiciones materiales reales para erradicar la pobreza infantil. Tiene patrimonio, tiene capacidad económica, tiene institucionalidad y tiene talento humano para hacerlo. Lo que falta es asumir que el problema no es solo fiscal o presupuestal, sino profundamente político y estructural. Falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios, que no sigan descargando el peso sobre quienes viven de su trabajo y que asuman que el bienestar no puede seguir siendo un privilegio hereditario”.
La desigualdad también es de género
“Y acá quiero hacer un señalamiento necesario y urgente. La pobreza infantil en Uruguay tiene también rostro de mujer trabajadora. Son las madres de esos gurises pobres las que sostienen la supervivencia cotidiana. Son ellas las que lidian con la precarización laboral, la informalidad, los salarios bajos, las dobles y triples jornadas que combinan empleo, cuidados y tareas domésticas.
La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en todos los niveles de formación y en casi todos los sectores económicos, y la segregación ocupacional sigue empujando a miles de trabajadoras a los nichos laborales más precarizados, peor pagos y menos protegidos por la seguridad social. Cuando hablamos de pobreza infantil, hablamos también del lugar subordinado que tiene el trabajo de las mujeres en el mercado laboral y en el sistema económico. La desigualdad es económica, pero también es de género. Y si no lo decimos con claridad, contribuimos a borrar a quienes sostienen la vida y el capital todos los días con el trabajo no remunerado.
La deuda también es con nosotras. Sin redistribuir la riqueza sin tocar los privilegios no hay igualdad posible.
Hoy tenemos un sistema tributario que castiga el consumo y grava el trabajo de forma mucho más intensa que el patrimonio acumulado. Pagamos IVA al comprar alimentos, medicamentos, vestimenta, útiles escolares. Y sin embargo, patrimonios multimillonarios aportan muy por debajo de su capacidad real. No hay forma de que eso produzca igualdad.
No hay manera de que eso genere movilidad social ascendente. Ese modelo, es el que definimos como el modelo de la desigualdad.
La propuesta que presentamos hoy busca avanzar en una dirección distinta. Propone una sobretasa al patrimonio personal del 1% más rico del país, con destino específico a políticas integrales de infancia. Es decir, políticas de largo plazo, diseñadas, financiadas y sostenidas por un Estado que asume que la pobreza infantil no se combate con parches, sino con derechos garantizados. Hablamos de políticas de primera infancia, salud, educación, apoyo a familias, cuidados, vivienda, inclusión. Hablamos de inversión pública que rompe círculos de pobreza. Y esa inversión, en este caso, proviene de quienes más acumulan riqueza en Uruguay.
Esto no debe ser asistencialismo porque entendemos que el asistencialismo solo produce cronificación, dependencia y frustración colectiva. Lo que proponemos es inversión estratégica, sostenida y transformadora. Derechos sociales garantizados por el Estado. No limosnas, no parches, no programas precarios que duran mientras hay presupuesto o mientras dura la voluntad política de un gobierno. Estamos hablando de institucionalidad permanente, financiada estructuralmente, con mecanismos tributarios progresivos y con destino específico.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿podemos seguir aceptando que miles de gurises nazcan condenados a la pobreza mientras el patrimonio privado se multiplica? ¿Es justo? ¿Es aceptable? ¿Es compatible con un proyecto democrático? La democracia no es solo votar cada cinco años. Democracia también significa acceso real a derechos, igualdad de oportunidades, dignidad material y distribución equitativa de la riqueza socialmente producida. Si no hay redistribución, no hay democracia plena.
Si la riqueza está concentrada, si el poder económico está concentrado, si la propiedad de los activos financieros está concentrada, entonces la desigualdad también está concentrada. Y eso solo se revierte con políticas públicas que distribuyan, no con discursos que resignen.
Uruguay no puede resignarse a convivir con la pobreza infantil como si fuera una condición natural o inevitable. No lo es. Es reversible. Y este es un camino serio para hacerlo.
En el fondo, lo que está en disputa no es solamente un impuesto, ni una fórmula técnica. Lo que está en juego es qué entendemos por justicia y por igualdad en un país que ha permitido que la riqueza se concentre al extremo mientras la pobreza se transmite de generación en generación. No hay neutralidad posible frente a esa realidad. O se sostiene el statu quo, o se avanza hacia transformaciones profundas que permitan que la riqueza producida por la sociedad vuelva efectivamente a la sociedad.
La clase trabajadora sabe que la desigualdad no se corrige sola: se corrige con decisiones, con coraje político, con mecanismos redistributivos, con inversión pública real que llegue a los hogares más pobres.
Y cuando hablamos de justicia tributaria, hablamos de igualdad real. Hablamos de oportunidades concretas para miles de familias trabajadoras. Hablamos de romper ese círculo que empieza en la cuna y determina el futuro de vida de un niño o una niña según el barrio donde nace, el ingreso de su familia, o la educación de sus padres.
No pedimos privilegios. Pedimos justicia. No hablamos de caridad. Hablamos de derechos.
Porque un Uruguay más igualitario no es una utopía: es una posibilidad concreta. Es viable, es justo y es necesario.
Y nos toca pelear para que suceda porque estamos convencidas de que tenemos que combatir y derrotar el modelo de la desigualdad”.
