Jueza Staricco desestimó clausura de la
denuncia por torturas y violencia sexual
presentada por ex presas políticas
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Los delitos fueron cometidos en varios centros de reclusión, entre ellos el
Batallón N° 5 de Mercedes y en la
Dirección de Investigaciones.
MERCEDES
ALDO
DIFILIPPO
La Jueza Julia Staricco rechazó la clausura de la denuncia penal por torturas y
violencia sexual durante la dictadura, presentada por una veintena de ex presas
políticas. Los delitos fueron cometidos en varios centros de detención,
incluido el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes.
Como
se recordará una veintena de ex presas políticas presentó en 2011 una denuncia
penal por torturas y violencia sexual durante la pasada dictadura cívico
militar. Una de las denunciantes fue la edil frenteamplista Jacqueline
Gurruchaga, quien fuera detenida en Mercedes.
La
denuncia es contra más de 100 policías, militares, médicos y enfermeras por
delitos de torturas y abusos sexuales durante la pasada dictadura cívico
militar. Por primera vez la denuncia incluye violación a los Derechos Humanos
cometidos en el Batallón N° 5 de Mercedes y en la Dirección de
Investigaciones, realizadas por militares, policías, incluyendo la
participación de civiles, entre ellos un
par de médicos del medio. Las denunciantes aseguran que se realizaban prácticas
tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano,
tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de
ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación. Además
se mencionan las torturas: plantones, picana, submarino, entre otras. Una práctica sistemática que buscaba el debilitamiento
físico, moral y sicológico de las detenidas.
La
jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, desestimó la clausura de la denuncia
penal por torturas y violencia sexual durante la dictadura, presentada por una
veintena de ex presas políticas, en el entendido que los hechos denunciados no están
prescriptos, y que es una “obligación del Estado” investigar lo sucedido.
En
octubre de 2011, una treintena de ex presas políticas presentaron la denuncia,
asistidas por los abogados Federico Álvarez Petraglia y Martha Scarpit. Se
refería a a los ilícitos cometidos en varias unidades militares, como el Penal
de Punta de Rieles, el centro clandestino de detención “300 Carlos”, el
Regimiento de Caballería Nº 9, el Establecimiento La Tablada y el Batallón de
Infantería Nº 5 de Mercedes, y la
Dirección de Investigaciones entre otros.
Estas
prácticas denigrantes a las que eran sometidas las mujeres, fue sistemática, registrándose en casi todo el país, por ello
se juntó en un mismo caso a situaciones registradas en la capital del país y el
interior. Una práctica que tampoco fue exclusiva de la dictadura uruguaya.
Casos similares se vienen denunciando e investigando actualmente en la República Argentina.
En
la reciente decisión de la Jueza Julia
Staricco desestimó la prescripción interpuesta por uno de los militares citados
a declarar, por cuanto es un “derecho de
las víctimas” y una “obligación del Estado”, que los hechos denunciados sean
investigados en sede judicial.
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La denuncia
En
la denuncia presentada por estas ex presas políticas, relatan que: “Los denunciados tuvieron activa
participación durante la detención y prisión de las denunciantes en los
distintos establecimientos carcelarios, siendo todos ellos responsables
directos e indirectos por acción u omisión de la comisión de delitos
calificados como de lesa humanidad cometidos en forma sistemática y planificada
consistentes en delitos sexuales (violencia sexual, violación, desnudez,
tocamientos, entre otros) y torturas (tales como plantones, picana, submarino,
entre otros), afectando su integridad física y mental y su derecho a la
dignidad, principalmente”. Y que “la
conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático
orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad
era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular
énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental
y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos
en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por
la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de
la violación”. Desprendiéndose que las mujeres “eran doblemente victimizadas,
tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo
como un botín de guerra”. Donde “los incesantes traslados de carácter ilegal a
los que eran sometidas tanto en Montevideo como en el interior, con total
desconocimiento de las detenidas así como de sus familiares quienes perdían
toda comunicación, configuraban en si mismo una violación a sus más elementales
derechos fundamentales, siendo esta práctica de carácter sistemática y
repercutiendo en forma por demás dañina en su salud física y psicológica”.
Agregando que “todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las
detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los
torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles
el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles
permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente
desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni
alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole
ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”.
“La
violación sistemática de los derechos humanos de las detenidas con particular
énfasis en su condición de mujeres se traduce indudablemente en violencia de
género ejercida por agentes del Estado sin que las detenidas pudieran recurrir
a ningún tipo de autoridad en su defensa”. (…) “En efecto, de las prácticas
realizadas se desprende no sólo el grado de ensañamiento empleado por los
actores directos sino también el ensañamiento de los agentes de la represión
por su condición de mujeres reafirmando su poder institucional y reproduciendo
las relaciones de poder desiguales entre varones y mujeres. No se contentaban
con utilizar mecanismos reñidos con la ley para obtener información si no que
por el contrario disfrutaban perversamente de sus acciones”.
PERIODICO CENTENARIO,
28/junio/2014
