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Jornada interinstitucional en el CEJU reafirmó el compromiso con una justicia más humana y efectiva

En el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) se realizó hoy una jornada de trabajo en formato híbrido, que convocó a 114 participantes provenientes del sistema judicial y de la seguridad pública.

El encuentro contó con la presencia de la Directora del CEJU, Dra. Verónica Scavone Bernadet, la Ministra del tribunal de apelaciones, Dra. Adriana de los Santos, la Directora de la DINAMA, Procur. Patricia Peralta Cotugno, el Director del DIMOE Crio. Lic. Marcos González y la Encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, Cria. Mayor Lic. July Zabaleta entre otras autoridades.

Durante la apertura, la Dra. Scavone subrayó la relevancia de abordar las problemáticas institucionales desde una perspectiva de derechos humanos, con especial énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Destacó además la necesidad de fortalecer la formación permanente y la comunicación fluida entre jueces, fiscales y policía, como condición indispensable para mejorar la respuesta estatal.

“Vernos las caras, intercambiar experiencias y detectar los obstáculos que nos impiden resolver los problemas de la gente es esencial para avanzar en una justicia más humana y efectiva”, señaló.

Durante la jornada, la Encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género presentó los avances en el desarrollo de “Elida 360”, una nueva herramienta tecnológica destinada a brindar mayor protección a víctimas con medidas cautelares. Esta aplicación —que será implementada inicialmente en Montevideo como plan piloto— busca consolidar un enfoque integral de protección.

El nombre Elida 360 rinde homenaje a la primera mujer policía uniformada del Uruguay, y alude al enfoque de cobertura integral (360°) con el que fue concebida.

La aplicación contará con tres componentes principales:

1. Chat 24 horas, para asistencia y orientación inmediata.

2. Módulo de denuncias, que permitirá ampliar denuncias en casos de incumplimiento de medidas cautelares.

3. Botón de emergencia 911, de color rojo, para situaciones de riesgo grave o inminente contra la vida o la integridad física.

Por su parte, el Director de DIMOE expuso sobre las características y desafíos del sistema de monitoreo electrónico, aportando datos actualizados sobre su funcionamiento. A su vez, la Directora de DINAMA presentó las principales líneas de trabajo de su dirección, propiciando un intercambio enriquecedor de información y consultas entre los asistentes.

La jornada culminó en un clima de cooperación y compromiso interinstitucional, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer las políticas públicas con enfoque de derechos y mejorar la protección de las víctimas.

 Ministra Morales disertó en Brasilia sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Dra. Doris Morales, fue invitada al XXX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se desarrolla en la ciudad de Brasilia desde el miércoles, correspondiéndole intervenir en el Panel 3 cuyo eje temático es la jurisprudencia de los tribunales constitucionales sobre la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En oportunidad de su intervención, la Dra. Morales señaló que "la Suprema Corte de Justicia solo tiene competencia para resolver cuestiones relacionadas con la constitucionalidad de la ley, mientras que los otros procesos constitucionales, como la acción de amparo, habeas data, etc. son de competencia de la justicia común, no obstante lo cual, esos procesos constituyen un claro ejemplo de mecanismos de protección de los derechos humanos consagrados por la Constitución, que integran la legislación y permiten el acceso al respeto de esos derechos, así como a la reparación, en caso de su transgresión".

Y agregó "la Constitución también prevé la protección de la infancia y juventud frente al abandono corporal, intelectual o moral de sus padres o tutores, así como la explotación y el abuso, en su artículo 41, remitiendo a la ley la disposición sobre las medidas correspondientes".

 Presidente de la SCJ expuso en Brasilia sobre respuesta judicial ante la discriminación

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Dr. John Pérez Brignani, y la Ministra de la corporación, Dra. Doris Morales, participan del XXX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se desarrolla en la ciudad de Brasilia desde el miércoles. También les acompaña la Directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, Dra. Verónica Scavone, quien participó de la instancia de diálogo sobre la gestión del conocimiento en los tribunales constitucionales: experiencias de los centros de investigación en América Latina.

Por su parte, el Dr. John Pérez Brignani participó del Panel 2 sobre la discriminación y su respuesta desde la perspectiva de la jurisdicción constitucional latinoamericana.

En su intervención, Pérez Brignani expresó que "en nuestros países, la discriminación no es un concepto teórico. Tiene rostro, tiene nombre y tiene historia".

"Persiste en los márgenes de la pobreza, en los techos de cristal que limitan a las mujeres, en los prejuicios raciales o de clase, en las barreras invisibles que enfrentan las personas con discapacidad, en la exclusión de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes y en las violencias que padecen las diversidades sexuales" señaló.

"En todos esos ámbitos, la jurisdicción constitucional tiene una responsabilidad indeclinable: la de transformar el principio de igualdad en una realidad tangible, que no se quede en el texto, sino que alcance la vida cotidiana" agregó el Presidente de la SCJ, concluyendo que "en su núcleo, la discriminación es una negación de la dignidad, un acto que fractura el reconocimiento mutuo sobre el que se edifica toda comunidad democrática".

 Noveles magistrados recibieron certificados en ceremonia de graduación

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El viernes último se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Curso de Formación Inicial para el ingreso a la Magistratura Judicial, que se imparte en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU).

Veintisiete egresados recibieron sus certificados de manos de las autoridades presentes en el acto, que se cumplió en horas de la tarde en la Sala Constitución de la República (Palacio de los Tribunales) ubicado en San José nº 1133).

Estuvieron presentes en la ocasión el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Dr. John Pérez Brignani, la Ministra de la corporación, Dra. Doris Morales y la Directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, Dra. Verónica Scavone. En calidad de invitada especial concurrió la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Elena Martínez.

En su alocución, y dirigiéndose a los egresados, el Presidente de la SCJ dijo "hoy concluye una etapa de formación exigente, intensa y profundamente transformadora. Pero, sobre todo, hoy comienza otra: la de ejercer, cada día, el compromiso de ser juezas y jueces de la República".

"Han elegido una carrera extraordinaria. No es una carrera cualquiera. Ser juez no es sólo una profesión: es una forma de vida, una vocación que implica asumir el peso y la belleza de decidir sobre los conflictos más profundos de las personas. Y eso no es sencillo".

"La formación judicial no se termina nunca. No sólo porque el derecho cambia y la sociedad evoluciona, sino porque las personas también cambian, y la justicia que servimos tiene que ser capaz de entender esos cambios" sostuvo Pérez Brignani.

Por su parte, la Directora del CEJU, Dra. Verónica Scavone, expresó a los presentes: "como Uds. saben el año pasado decidimos volver a realizar éste acto de cierre de Cursos, después de muchos años que no se hacía, porque nos pareció en aquel entonces y sigue pareciéndonos hoy, que éste es un momento importante, que corresponde sea destacado".

"Este año la Escuela quiere centrarse, en la importancia del rol que van a cumplir como parte de una Institución que es la base del Estado del Derecho.

El Poder Judicial, junto con los otros poderes del Estado, sustenta el edificio democrático, ese del que todos nos sentimos orgullosos. Pero sin justicia independiente, imparcial, eficiente y con los debidos recursos no hay Estado de Derecho que valga, y sin Estado de Derecho, la democracia se vacía de sentido" aseguró la Dra. Scavone.

La oradora dijo a los egresados que las virtudes de la sobriedad y prudencia "son dos faros que han de guiar cada una de sus actuaciones".

"Esto no significa ser tímidos, pasivos o indiferentes. Al contrario, significa actuar con firmeza pero sin arrogancia; con seguridad pero sin prepotencia. Significa también ser cercanos y humanos, sin dejar de ser objetivos. Ser sobrios implica escuchar con respeto a las personas que acuden a nuestro Juzgado, tratar a todos con dignidad y decidir sin dejarse llevar por impulsos ni prejuicios".

"Sobriedad no significa frialdad de corazón. Una mirada cercana y humana les permitirá entender mejor a quienes buscan justicia ante ustedes. Podrán así aplicar la ley con acierto pero también con compasión y sentido común. La sociedad necesita jueces profesionales, sí, pero también profundamente humanos, capaces de comprender la real dimensión del conflicto que debe resolver" subrayó Scavone.

Por el plantel de docentes intervinieron en la actividad oratoria la Jueza Letrada de Trabajo de 8º Turno, Dra. Roberta Licciardi, y el Ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, Dr. Julio Olivera Negrín.

Por elección del grupo de egresados y en su representación, hicieron uso de la palabra la egresada y Jueza de Paz de la 9º Sección Judicial de Artigas, Dra. Yicel Pintos, y el egresado y Juez de Paz de la 5º Sección Judicial de Paysandú, Dr. Iván Scorza.

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Martes, 21 Octubre 2025

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 Montevideo

Tribunal confirmó parcialmente la formalización de la investigación contra exsenador Charles Carrera

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno confirmó por unanimidad la formalización de la investigación por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada a exsenador, y revocó, por mayoría, la formalización por el delito de falsificación ideológica de documento público en calidad de autor mediato.

La resolución analizó los recursos de apelación interpuestos por la Defensa del exsenador y por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno. Los magistrados entendieron que la jueza de primera instancia actuó conforme a derecho al admitir la formalización de la investigación en los aspectos vinculados con los delitos de fraude y uso indebido de información privilegiada, en tanto se hallan configurados elementos que justifican la continuación del proceso. No obstante, el Tribunal consideró que no se cumplen los requisitos legales para mantener la formalización por falsificación ideológica de documento público, motivo por el cual decidió revocar esa parte de la resolución impugnada.

La sentencia también abordó los recursos relativos a las medidas cautelares impuestas al imputado, consistentes en la obligación de fijar domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. En este punto, el Tribunal confirmó íntegramente lo resuelto en primera instancia, destacando que las medidas dispuestas resultan razonables, proporcionales y necesarias para asegurar la sujeción del imputado al proceso, sin vulnerar sus derechos fundamentales.

 

Jorge Díaz: Contar con un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es clave en institucionalidad de un país

De crearse, la nueva secretaría de Estado generaría las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia a toda la población, aseguró el prosecretario, Jorge Díaz. También debería realizar la defensa del país en arbitrajes internacionales y de rendir cuentas a la ciudadanía a través del Parlamento, así como evitar la ineficiencia en el uso de recursos, agregó.

Jorge Díaz participó de una charla denominada Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organizada por el Centro de Estudios Paysandú, en el departamento homónimo. Allí expuso sobre los principales desafíos que tiene Uruguay en torno al tema. 

“No estamos inventando la rueda. Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos son un componente clave de la institucionalidad de la mayoría de los países occidentales, en particular, en nuestro continente”, mencionó. Todos los países del Mercosur cuentan con este ministerio, excepto Uruguay, añadió. 

Más allá de experiencias internacionales analizadas para elaborar el proyecto del Gobierno, el prosecretario aclaró que tomar algún modelo desde otro país sería imposible. El documento, que promueve la creación de esa secretaría de Estado, continúa a estudio del Poder Ejecutivo y comprende los cometidos y atribuciones que le corresponderían. 

Díaz aseguró que, bajo ninguna circunstancia está en riesgo la independencia del Poder Judicial. “Nuestra Constitución es muy clara con respecto a las competencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, ninguna de ellas, jurisdiccionales ni administrativas, se verán alteradas” con la creación del ministerio. 

Argumentación

En su exposición, el prosecretario defendió la iniciativa con la enumeración de argumentos de gobernanza, articulación institucional y jerarquización de la política pública referida al sistema de Justicia y a los derechos humanos. 

“En la actualidad existe una fragmentación de oficinas que tienen, dentro de sus cometidos, funciones relacionadas a los derechos humanos o a la Justicia, y eso trae como consecuencia una falta de enfoque integral e ineficiencias en el uso de los recursos”, relató. 

Aseguró que el nuevo ministerio se encargaría de llevar adelante la defensa de Uruguay en los arbitrajes internacionales. “El Estado es demandado en litigios que en ocasiones tienen un alto monto económico, y no contamos con un organismo especializado en abogacía y defensa”, recordó. 

La cartera sería la responsable de rendir cuentas a través del control parlamentario. “Hoy no hay a quién pedirle que lo haga por el acceso efectivo a la Justicia, ni el cumplimiento de los derechos humanos, ya que las responsabilidades están dispersas”, resaltó. La nueva institución se encargaría de implementar procesos, hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas permanente en asuntos de su competencia, concluyó Díaz.

 Poder Judicial propone simplificar proceso de divorcio por sola voluntad

En oportunidad de exponer ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. John Pérez Brignani, explicó que el artículo 60 del proyecto presentado por el Poder Judicial (artículo 481 del proyecto presupuestal del Ejecutivo) prevé reducir el número de audiencias en el caso de divorcio de sola voluntad.
"En este orden, es dable destacar que se realizan 2533 juicios por esta causal y un número aproximado de 12.315 audiencias. Con este artículo se reducen significativamente las audiencias, descongestionando de esta forma los juzgados de familia que se encuentran sobrecargados" dijo Pérez Brignani.
"Asimismo, evita la duplicación del proceso, ya que los abogados tienen que recurrir muchas veces a presentar otros procesos como la disolución de la sociedad conyugal" señaló.

LAS GARANTÍAS SE VAN A MANTENER SIN MERMA
La propuesta para simplificar el proceso de divorcio por sola voluntad también fue defendido por el Secretario Letrado de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Juan Pablo Novella, quien integró la comitiva que acompañó a Pérez Brignani.
"Otro de los artículos sobre el que quiero llamarles la atención tiene que ver con la simplificación del proceso de divorcio por sola voluntad" dijo.
"Hoy, en el proceso de divorcio por sola voluntad, las personas tienen que ir cinco veces ante un juez -lo recalco: cinco veces- a decirle: 'Me quiero divorciar'. Nosotros, los jueces, le vamos a preguntar: '¿Se quiere divorciar?'. La persona me va a decir que sí, y yo le voy a responder: 'Vuelva en sesenta días a repetirme lo mismo'. Me va a decir eso otra vez, y yo le voy a decir otra vez lo mismo: 'Vuelva en sesenta días y repítame lo mismo'. Mientras proyectábamos estas cuestiones pensábamos que para casarnos nadie nos pregunta tantas veces si nos queremos casar. Además, en su momento nosotros casábamos -no sé si se acuerdan, pero los jueces casábamos- y no preguntábamos tantas veces, sino que, sencillamente, con el consentimiento alcanzaba" enfatizó Novella.
"A lo que voy con esto es que las garantías van a ser exactamente las mismas: va a ser un proceso en el que va a estar un juez, pero se va a tomar una audiencia sola".
"Esto, obviamente, tendrá un impacto en la vida de la gente, porque no tendrá que ir cinco veces. Si me preguntan, pienso que esto genera descrédito para el sistema -no solo burocracia- porque es necesario ir cinco veces a decir lo mismo" expresó.
"Además, esta medida tendría un impacto presupuestal muy importante. Nosotros calculamos que, más o menos, nos bajaría unas 10.000 audiencias al año".
"Vuelvo a lo mismo: en un Poder Judicial pobre, necesitamos de estos ajustes para que los jueces y las juezas se puedan dedicar a cuestiones quizás mucho más complejas que reiterar cinco veces la voluntad de una persona de quererse divorciar En ese sentido proyectamos eso".
"Estas son las reformas que quería subrayarles. Se trata de pequeñas modificaciones procesales, pero su efecto acumulado es muy significativo. Entendemos que mejoran la calidad de vida de las personas, alivian la carga de trabajo de los juzgados y defensorías -mientras las garantías se mantienen- y optimizan el funcionamiento del sistema de justicia" subrayó.
Más adelante, el Dr. Novella añadió que "con respecto al proceso de divorcio por sola voluntad, voy a insistir en lo siguiente. El trámite del proceso y su fundamento, es decir, que la persona se quiera divorciar, no cambia. No cambia nada. Lo único que cambia es la cantidad de veces que esa persona va a una audiencia. Sigue siendo ese mismo magistrado o magistrada, que hoy está tomando esas audiencias que, nada más, le va a preguntar una sola vez".
"Se reflexionaba un poco por parte de las y los legisladores respecto a si esta instancia no sería un trámite más exprés y demás. Yo les quiero recordar que hoy, con una audiencia sola, una persona va condenada penalmente. Esto es así; es real. Entonces, pretender que se mantenga ampliada la cantidad de audiencias para requerirle a la persona la voluntad de divorciarse, me parece extremo en comparación con el resto del sistema" dijo el expositor.
"Uruguay hace casi 120 años que tiene regulado el divorcio. Cuando nos preguntaban por qué habíamos avanzado respecto al divorcio por sola voluntad, y no así en el de mutuo acuerdo y demás, es por dos razones particulares. La primera y principal es porque parece que los astros se alinearon. Entonces, el Poder Judicial hizo una proyección, un análisis junto a docentes, catedráticos, juezas, jueces y defensa pública y llegó a este producto. El Ejecutivo lo tomó y lo agregó en el Mensaje presupuestal, lo cual no siempre nos sucede y, por lo que vi, algunos diputados y diputadas además estaban de acuerdo. Entonces, para nosotros, para un Poder Judicial pobre, es bueno que se alineen los astros porque vemos una esperanza de bajar toda esa cantidad de audiencias, que hoy les comentaba, desburocratizar el sistema y usar esos jueces y juezas y esos defensores para otros asuntos que tienen más relevancia y son más complejos en cuanto a términos sociales" apuntó.
"En cuanto a números, que es otra de las razones por las cuales vamos por el divorcio por sola voluntad, si observamos los casos de mutuo acuerdo, según los datos que me pasó recién la directora de Estadísticas, en promedio, más menos, los inicios de divorcio por mutuo acuerdo en Montevideo rondan entre 50 y 60, y en el interior entre 80 y 90. ¿Qué quiere decir? Es un número bajísimo, contra los 2000 y pico, 3000 procesos que se inician por sola voluntad. Insisto, esto no es sin notificar a ambos cónyuges, porque cuando ese magistrado o esa magistrada va a citar audiencia le va a dar noticia, obviamente, a la otra persona. No es que entre gallos y medianoche vaya a sacar un divorcio y nada más. Está prevista esa audiencia para que se resuelvan".
"Por supuesto, me apunta el doctor acá, que van a estar presentes con asistencia letrada. Va a estar prevista, sobre todo, para resolver todas las cuestiones de tenencia, pensión alimenticia, lo que fuera, porque sinceramente creemos que lo que más hay que proteger son los chiquilines que haya en ese matrimonio".
"Preguntaron sobre la tasa de arrepentimiento a este respecto. La verdad es que estamos intentando mejorar las estadísticas del Poder Judicial, pero les quiero apuntar que los tres que estamos aquí presentes, somos jueces de carrera, entre los tres juntamos sesenta y tres años de experiencia y ninguno vio un arrepentimiento en un divorcio por sola voluntad" aseveró Novella para fundamentar su postura.

Presupuesto contemplaría un 6,5% de lo solicitado por el Poder Judicial

Este miércoles, una delegación del Poder Judicial asistirá a la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes para plantear sus pedidos. La partida presupuestal prevista en el proyecto de ley de Presupuesto para el Poder Judicial representa el 6,5% de lo solicitado. “Para el primer año pedimos más o menos 44 millones de dólares y se nos dan tres millones”, sostuvo Pérez, quien señaló que es un poder que remite “aspiraciones en forma medida, pidiendo lo necesario para el período y sobre bases ciertas”. Sin embargo, “el Poder Judicial ha sido históricamente relegado, partido tras partido que haya gobernado, independientemente del signo político. Nunca se le otorgan las aspiraciones que corresponden”, sostuvo.
“Pedimos cosas y pedimos cosas para la sociedad. Eso es lo que no se entiende”, cuestionó Pérez, para quien el problema es que el Poder Judicial no está “dentro de la agenda pública y política”. “La gente ve la educación, ve la salud, pero no ve la justicia. Y la justicia marcha y trasvasa todo el sistema”, agregó.
Entre los pedidos del Poder Judicial, Pérez mencionó la creación de 24 juzgados de violencia de género –6 para Montevideo y 18 para el interior–, de los cuales sólo se contempla uno, a concretarse en 2027. El proyecto incluyó el juzgado de Ciudad del Plata, “que venimos reclamando desde hace tiempo”, así como cinco de los siete pedidos que no implican recursos. Sobre las solicitudes sin costo, Pérez hizo énfasis en la posibilidad de reasignar recursos ya previamente asignados, ya que, a partir del presupuesto del período anterior, el Poder Judicial necesita la anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder traspasar sus fondos. “Eso limita para mí, más aún, la autonomía del Poder Judicial”, cuestionó.
Reconoció que no ha ocurrido que el MEF haya rechazado una solicitud –las cuales son frecuentes, dijo–, pero “estamos a la buena voluntad de las personas del Poder Ejecutivo”, señaló. Este será uno de los puntos que el Poder Judicial defenderá ante la comisión, con la esperanza de que sea añadido por el Legislativo.

Fuente: artículo publicado por La Diaria con fecha 30 de setiembre de 2025.

 Pérez Brignani: “La justicia nunca aparece como prioridad en los programas de los partidos”

Entre las prioridades no atendidas mencionó la creación de una oficina de salud laboral para funcionarios (especialmente los que trabajan en juzgados de violencia doméstica), el cierre de un diferendo salarial que lleva 14 años y partidas de funcionamiento que no se actualizan desde 2013.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez Brignani, advirtió que el presupuesto quinquenal no contempla la mayoría de las solicitudes presentadas por el Poder Judicial y reclamó que el Parlamento “redistribuya mejor los recursos”. En entrevista con PortalAPU.uy, sostuvo que históricamente la justicia ha quedado relegada en la agenda política y que eso limita su capacidad de respuesta frente a las demandas sociales.

Pérez Brignani señaló que de los 24 juzgados de género solicitados (6 en Montevideo y 18 en el interior), el proyecto del Poder Ejecutivo sólo incorporó uno para el año 2027. También se dejaron por el camino varios artículos “sin costo” que buscaban desburocratizar trámites como divorcios, tenencias y asignaciones familiares. “Pedimos medidas para agilizar procesos y aliviar a los juzgados, pero prácticamente nada fue recogido”, lamentó.

El magistrado insistió en que la SCJ necesita recuperar independencia económica. “Hoy, para trasladar fondos de un rubro a otro debemos pedir autorización al Poder Ejecutivo. Eso limita nuestra capacidad y es algo que desde los años 60 estaba garantizado”, explicó.

Entre las prioridades no atendidas mencionó la creación de una oficina de salud laboral para funcionarios (especialmente los que trabajan en juzgados de violencia doméstica), el cierre de un diferendo salarial que lleva 14 años y partidas de funcionamiento que no se actualizan desde 2013.

También alertó sobre la falta de defensores de oficio suficientes y la necesidad de acercar la justicia a localidades alejadas. “Existen barreras culturales, económicas y físicas que dificultan el acceso. No se trata de una justicia para ricos y pobres, sino de garantizar igualdad de oportunidades reales”, dijo.

Convenios sociales y rol institucional

El presidente de la SCJ destacó la firma de un convenio con INDA para proveer 1.500 tickets de alimentación a madres, niñas, niños y adolescentes que deben pasar largas horas en los juzgados. “Muchas veces llegan sin recursos para comer; con este acuerdo podemos paliar esa situación”, explicó, y adelantó que se buscan nuevos convenios de apoyo.

Sobre la eventual creación de un Ministerio de Justicia, Pérez Brignani fue cauteloso: “Mientras no se cercenen las competencias de la Corte, será una decisión del Poder Ejecutivo y el Legislativo”.

“Nunca es prioridad”

El jerarca criticó que la justicia no figure como un eje central en las campañas electorales ni en los programas partidarios. “Se prioriza salud y educación, que son muy importantes, pero nunca la justicia. Sin embargo, nuestro sistema tiene impacto directo en la economía y es uno de los motivos por los que organismos internacionales confían en Uruguay”, sostuvo.

Finalmente, informó que la SCJ ha mantenido reuniones con todas las bancadas políticas (a excepción de Cabildo Abierto) para insistir en la redistribución de recursos. “No podemos ser siempre los castigados; la sábana es corta, pero siempre para este lado”, concluyó.

Nota: Asociación de la Prensa del Uruguay

 

 Defensa de Besozzi busca frenar inhabilitación: "Rige el principio de inocencia´, recordó el dr. Rosa

La defensa del intendente de Soriano presentó descargos ante la Corte Electoral para evitar que se le suspenda la ciudadanía, lo que le costaría el cargo. Sostienen que no hay condena firme y que la norma invocada por la Fiscalía solo se pidió en un caso desde 2017.

Tribunal de Apelaciones ordenó a la jueza Ximena Menchaca comunicar a la Corte Electoral la formalización del intendente Guillermo Besozzi. El pedido de la fiscal suplente Charline Ferreyra se basó en el artículo 266.6 del Código del Proceso Penal. Esta medida adoptada por el Tribunal de Apelaciones significaría suspenderle la ciudadanía a Besozzi y por tanto debería dejar su cargo de Intendente. La Corte Electoral debería tratar este tema el lunes, por lo que la defensa del intendente Besozzi presentó los descargos, intentando frenar la medida, argumentando que, si bien en una determinación basada en el Código de Proceso Penal desde el año 2017 no es aplicable al intendente de Soriano ya que el caso judicial está en la etapa inicial, ni siquiera ha comenzado la etapa acusatoria, y por tanto no han sentencia firme. El Dr. Nelson Rosa, abogado defensor de Besozzi en diálogo con @gesor insistió en la inocencia tanto del intendente de Soriano como de los otros seis implicados en este caso, puntualizando que desde el 2017 a la fecha este aspecto establecido en el Código del Proceso Penal solo fue pedido en el caso del ex ministro de economía Fernando Lorenzo. Poniendo como ejemplo “en un promedio de formalizaciones mensuales en todo el país, que son 2.500, multiplíquela por 12, que son los meses del año, y por 7 años, que es de implementación del Código Proceso Penal, nos retomamos a noviembre del 2017; de toda esa cantidad, solamente va a haber una notificación a la formalización a la Corte Electoral. Y bueno, eso es lo que , de cierta manera, es parte de nuestros descargos”.

La defensa sostiene que no corresponde suspender la ciudadanía mientras rige el principio de inocencia y anticipa un proceso judicial que podría extenderse por varios años.

Doctor, la defensa de Besozzi está a la espera de la determinación por la cual se podría inhabilitar al intendente, mediante un recurso que se presentó en los últimos días. ¿Qué evaluación se hace del caso y qué pasos va a seguir la defensa?

-”Primero le paso a explicar un poco, un breve raconto como para informar de por qué se llega a esta situación. En la audiencia del 26 de junio la Fiscalía, como una cuestión previa, solicita la comunicación de la formalización a la Corte Electoral. La formalización exclusivamente de Guillermo Besozzi.
Nosotros nos opusimos, obviamente. La sede de primera instancia entendió que no era necesaria. O sea no hizo lugar. Se apeló por parte de la Fiscalía, y el Tribunal de Apelaciones de 4º turno revocó la decisión de primera instancia y por las disposiciones del artículo 226 del Código Proceso Penal, y 80 de la Constitución correspondía comunicar la formalización a la Corte Electoral. Eso fue lo que decidió el Tribunal y el pasado día lunes. El Juzgado eleva un oficio a la Corte Electoral comunicando la formalización.

Esto también es novedoso para nosotros, en el sentido en que desde la implantación del nuevo Código Proceso Penal en el año 2017 no se ha comunicado ninguna formalización a la Corte Electoral. Entonces, en base a eso nosotros presentamos en el día de ayer viernes ante la Corte Electoral los descargos de esa situación. Inclusive hicimos un estudio de la jurisprudencia anterior, de la propia Corte Electoral, y el único antecedente que hay en ese sentido es el de Fernando Lorenzo, el economista (ex Ministro de Economía yu Finanzas), que en el año 2007 la Corte Electoral, no le suspendió la ciudadanía y pudo ser candidato, creo que a la Diputación.

Nosotros presentamos en el día de ayer ante la Corte Electoral los descargos, a la espera de la resolución”.

Pero si es algo que está establecido en el Código de Proceso Penal, que usted dice que no se aplica desde el 2017, ¿los otros 6 implicados en este caso no corrieron con la misma suerte?

-”Bueno, yo no diría con la misma suerte. Pero en definitiva sí, de los 7 imputados solamente se notificó a la Corte Electoral la formalización de Guillermo Besozzi, no de los otros 6 imputados”.

¿Y por qué?

-”Y bueno, esa quizás es una pregunta que no me debe hacérmela a mí.

La realidad de los hechos marca que la única comunicación en la Corte Electoral fue la de Guillermo Bessozzi.

Inclusive, le digo más, en un promedio de formalizaciones mensuales en todo el país, que son 2.500, multiplíquela por 12, que son los meses del año, y por 7 años, que es de implementación del Código Proceso Penal, nos retomamos a noviembre del 2017; de toda esa cantidad, solamente va a haber una notificación a la formalización a la Corte Electoral. Y bueno, eso es lo que , de cierta manera, es parte de nuestros descargos”.

Ustedes presentaron los descargos, ¿cuál es tramite que sigue?

-”Ahora debe de sesionar la Corte Electoral con todos sus integrantes a los efectos de tomar una decisión.

Había un trascendido de prensa de que esa decisión podía llegar a ser el próximo lunes, por eso nosotros queríamos presentar los descargos antes de esa fecha, para que ellos tengan conocimiento de nuestra postura acerca de esa notificación a la Corte Electoral y de la postura de fondo. Esto es de si debe o no debe suspenderse la ciudadanía”.

Y en esta instancia, ¿qué pesara más? ¿Qué estima usted? ¿Pesara más la valoración política o la técnica?

-”Desde el punto de vista técnico entendemos que no debe suspenderse la ciudadanía.
Recordemos que la formalización fue sin prisión preventiva, entonces entendemos que no hay un elemento fuerte como para que se suspenda la ciudadanía. Aventurar que pueda ser una pena de pentenciaria es muy prematuro. Entonces suspender la ciudadanía en estos momentos es bastante aventurado. Nosotros partimos de la base de una interpretación que se hace de la Convención Americana, que habla del principio de inocencia.

Vuelvo a reiterar aspectos que ya he dicho en notas anteriores: sostengo y soy enfático en ello en cuanto a que Guillermo Besozzi, y me animo a decir los demás imputados son inocentes. Entonces con ese principio de inocencia que debe regir hasta la condena, entiendo que hasta ese momento no puede haber una suspensión de la ciudadanía.

Distinto será si resulta condenado, ahí sí, por imperio normativo y por imperio constitucional debiera suspenderse la ciudadanía. Pero hasta el momento rige el principio de inocencia y será hasta que haya una condena firme. No hablo de una condena de primera instancia ni de segunda instancia, pero una condena firme, ejecutoriada”.

Estamos hablando de un proceso judicial que recién arranca y que puede llevar 5 o 7 años.

-”Es correcto. Esto recién empieza. Recién estamos debatiendo, si bien hemos tenido reiteradas audiencias, hasta ahora hemos debatido nada más que las medidas cautelares. No hemos entrado al fondo del tema. Si bien nosotros como defensa estamos haciendo nuestra investigación. Obviamente Fiscalía está haciendo su investigación, hasta el momento son cuestiones vinculadas a las medidas cautelares y no a la cuestión de fondo.

Como usted dice, para que haya una condena faltan, no sé si 5 o 7 años, pero por lo menos 3 o 4 sin dudas. Recuerde que Fiscalía tiene hasta un año para la acusación, después tiene la posibilidad de tener una prórroga hasta por un año más, o sea, nos podemos ir a marzo del 2027 para que recién Fiscalía acuse. Entonces, y después recién empezar todo lo que tiene que ver con el proceso oral y público, las distintas audiencias, los alegatos, la sentencia de primera instancia, la eventual apelación, la eventual casación. O sea, hay por lo menos 3 o 4 años, si no me quedo corto, para que haya una condena confirmatoria firme. O ejecutoriada, como jurídicamente debe decirse”.

 

´Cómo podemos trabajar así?` preguntó la Fiscal de Corte al exponer en la Comisión de Presupuesto de Parlamento

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, expuso ante la Comisión de Presupuesto la crítica situación que atraviesa la Fiscalía, marcada por la falta de recursos y sobrecarga laboral. Como ejemplo, citó dos casos recientes en Soriano el doble filicidio y el caso Besozzi. Ferrero reclamó más personal, infraestructura y formación continua, advirtiendo que “no se puede trabajar así”, ya que “la justicia es clave para enfrentar la violencia”.

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero concurrió a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes donde se viene discutiendo el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. La Fiscal Ferrero concurrió acompañada de una delegación de Fiscalía, exponiendo las necesidades de que se tienen para ejercer la tarea y las limitaciones económicas con que lo hacen en la actualidad.

Ferrero destacó a “la Unidad de Víctimas y Testigos” que “es un orgullo de la Fiscalía porque hoy estamos padeciendo el flagelo de la salud mental”. Pero puso como ejemplo dos casos de Soriano que vienen limitando el trabajo de los fiscales por la sobrecarga laboral y la falta de recursos. “Estamos viviendo muchas situaciones y nos horrorizamos, como la última, mejor dicho, la penúltima de Soriano, la del señor que se llevó a sus hijos y los eliminó. Ustedes saben que luego la delincuencia copia todo: inmediatamente después se dio el caso del secuestro del niño de dos años. Entonces, yo les ruego que miren con cariño el tema justicia y por ende el rol que tiene la Fiscalía. No estoy desconforme porque nos escucharon y por lo que nos dieron, por el

contrario, estoy muy contenta con que hayan recogido sobre todo la propuesta de la Escuela de Fiscales del Uruguay, porque eso nos va a permitir tener fiscales más preparados, más capacitados, especialmente para los delitos que se vienen”.

Remarcando: “Yo quiero fiscales que estén preparados siempre; que cuando salga una norma automáticamente podamos ir formando en paralelo a todos los fiscales en esa Escuela de Fiscales, sin tener que estar haciendo gestiones o talleres, como ahora, para ir viendo cómo los llevamos zona a zona”. Por lo que “es bastante importante tener en cuenta cómo está funcionando la Fiscalía con esta realidad. Me remito nuevamente al caso de Soriano, el

de los dos chiquilines que mató su papá. Esa Fiscalía de Soriano tiene un caso muy importante que se está llevando a cabo, que es el enjuiciamiento del señor Besozzi y, en paralelo, el otro turno tiene un montón de casos de homicidio. Ustedes saben que en homicidio no se puede hacer acuerdo; por lo general, todo va a juicio oral y público. Cada juicio oral y público a un fiscal le insume muchísimo tiempo porque tiene que prepararlo y cotejar que esté la evidencia. Nadie quiere perder un juicio, pero ir a un juicio significa que dejamos de lado todo el resto de la cantidad de denuncias que tenemos dentro de la Fiscalía. Entonces, yo les pido por favor que miren con cariño lo que estamos solicitando, porque no puede ser que Soriano esté funcionando con dos adscriptos y a medias, compartiendo las sedes, cuando tuvimos este caso. Eso quiere decir que el único adscripto que está, si la fiscal tiene que constituirse, debe quedarse a cargo de todo. Si ese día tiene una audiencia y encima un juicio, es inhumano. Hoy, la Fiscalía está funcionando -se los digo

con propiedad-, sacando un adscripto de Las Piedras -les pongo un ejemplo- para reforzar Montevideo -o sea que la fiscal queda con un solo adscripto-, porque no tengo adscriptos. ¿Cómo podemos trabajar así? No se puede trabajar así. Ustedes tienen que entender que la justicia es importante; es importante para atacar la violencia.

Todos integramos la sociedad. Yo siempre digo que cualquiera de nosotros puede ser parte de un daño colateral de un delito, puede atacar una organización armada -es en lo que yo me especializo, en el tema de las organizaciones-, va a determinado punto de la ciudad -no miden las consecuencias, y ya lo sabemos porque han matado gente que no

tiene nada que ver con el delito de narcotráfico- y colateralmente mata gente. Entonces, hay que mirar y mirar al futuro, y también la realidad que estamos viviendo en la Fiscalía”.

Así estamos

Más adelante la Fiscal Mónica Ferrero comentó “quedo agradecida si nos dan la fiscalía de cibercrimen, pero si me van a dar una sola fiscalía de cibercrimen, recuerden que fue el poder político el que reclamó en el pasado que las denuncias que ingresaran a la fiscalía, lo hicieran por el sistema de la

aleatoriedad, que no se está dando. No se está dando en muchas materias: en derechos humanos, en lavado de activos tenemos una sola; o sea, hay múltiples fiscalías en una sola, entre ellas están las departamentales del interior. Yo estoy pidiendo que se cree otro turno, porque se imaginarán que si el fiscal está en una audiencia de un juicio oral y público de homicidio, y se da un hecho de violencia de género, va a tener que pedirle al juez que suspenda la audiencia, y el juez va a decir: "Escuche, doctor, vea que se vence este juicio y que si usted se retira, no vamos a poder seguirlo". ¿Ven la dicotomía a la que se enfrenta en ese momento un fiscal? Aun así estamos sacando adelante la institución.

Esto lo quiero decir y resaltar. Todos los fiscales están comprometidos y están sacando adelante a la institución, más allá o más acá, dentro de sus dificultades, pero la están sacando adelante, y prueba de ello son los resultados que hemos tenido”.

Soriano: formalizan a joven por incumplir la cuarentena sanitaria

 

Soriano: formalizan a joven por incumplir la cuarentena sanitaria

El joven llegó de Estados Unidos y no cumplió con la cuarentena al recibir visitas

La justicia formalizó a un joven por no cumplir con la cuarentena sanitaria dispuesta por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La medida, hasta el momento sin precedentes, se tomó a partir de una denuncia del Ministerio de Salud Pública (MSP) de un joven de Soriano, que ingresó al país proveniente de Estados Unidos, fue hisopado y firmó una declaración jurada comprometiéndose a realizar la cuarentena, informó el corresponsal de RNU Aldo Roque Difilippo.

La denuncia del MSP fue porque el joven no cumplió con la cuarentena y recibió visitas, explicó la fiscal de Dolores.

La Fiscalía entiende que el aislamiento supone que la persona debe estar aislada durante 14 días y no supone recibir visitas de otras personas.

La defensa apelará la formalización argumentando que no incumplió el aislamiento.

Informe del corresponsal de RNU Aldo Roque Difilippo

AUDIO 

https://radiouruguay.uy/soriano-formalizan-a-joven-por-incumplir-la-cuarentena-sanitaria/

 

 

 Informe de Fiscalía refleja “cambios positivos en el desempeño del sistema penal uruguayo”

“La capacidad del sistema para dar respuesta continuó solida pese a la situación de emergencia sanitaria, al punto que en el primer cuatrimestre de 2020 la cantidad de imputaciones fue un 17,4% mayor a la de 2017 cuando comenzó a regir el nuevo modelo procesal penal”, expresa el informe “Desempeño del sistema penal uruguayo: Primer cuatrimestre de 2020” elaborado por la Fiscalía General de la Nación (FNG). Elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de FGN, agrega que “esa respuesta es particularmente relevante en algunos delitos sensibles como las denuncias de violencia doméstica o estafa”.

Cambios

Según el informe "en los últimos dos años y medio se verifican varios cambios positivos en el desempeño del sistema penal uruguayo, que vale la pena destacar. En primer lugar, la informatización, innovaciones organizacionales y mejoras en la coordinación entre el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación permiten analizar un volumen mucho mayor de denuncias que las que se analizaban antes de noviembre de 2017. En efecto, en el primer cuatrimestre de 2020 se examinó el 48% de las denuncias registradas, frente a un 39% que se comunicaba a los juzgados en 2016. Este incremento en la cobertura operó pese al significativo aumento de la cantidad de denuncias verificado en esos años. Esto asegura un mayor conocimiento de la situación delictiva a nivel nacional, minimizando las posibilidades de que denuncias graves no sean advertidas en tiempo y forma".

Agregando que además “ese análisis es cualitativamente superior, por ser realizado por abogados y fiscales, que toman decisiones de priorización basados en información completa y criterios uniformes, objetivos y transparentes. Esas decisiones quedan registradas informáticamente identificando al usuario que las adoptó y son por tanto fácilmente auditables y revisables. En este sentido, el proceso de trabajo actual da mayores garantías tanto a los justiciables como a los equipos policiales y fiscales involucrados".

Más imputados

“La capacidad del sistema para imputar a potenciales responsables de delitos ha continuado creciendo y se mantiene significativamente por encima de los niveles anteriores a la reforma procesal”, poniendo como ejemplo “cada mes de 2019 se imputaron en promedio 32% más personas que entre enero y octubre de 2017. En el primer cuatrimestre de 2020 esa cantidad fue 17,4% mayor al nivel de 2017. Esta reducción relativa respecto al segundo semestre de 2019 se explica en buena medida porque durante 75 de los 120 días que componen el período más reciente los juzgados penales operaron de forma muy restringida debido tanto a la feria judicial ordinaria de enero como al régimen extraordinario definido por la Suprema Corte de Justicia en respuesta a la situación de emergencia sanitaria", precisa el texto.

Pero en los casi dos años y medio analizados el sistema penal uruguayo no sólo ha aumentado el volumen de imputaciones, sino que también ha diversificado la persecución, mejorando su eficacia especialmente en relación a algunos delitos más complejos.

“Medido en términos de denuncias con al menos un imputado, los incrementos más significativos ocurrieron para las denuncias tituladas como Estafa, que casi se quintuplicaron (+374%) entre el primer semestre de 2018 y el primer cuatrimestre de 2020. También crecieron a más del doble las denuncias con imputado por delitos vinculados a violencia doméstica (+122%)”. 

Estos "éxitos relativos a la persecución de estafas se explican en buena medida por los nuevos procesos de priorización y asignación, que permiten detectar denuncias con mismos indagados y/o modus operandi en cualquier punto del país y asignarlas a fiscalías que ya llevan adelante investigaciones previas, o asignarlas a una nueva para su estudio en conjunto. De esta forma, el accionar de los indagados puede ser analizado integralmente por una única fiscalía actuante, considerando el total de víctimas y la sumatoria de las maniobras que han realizado, lo que redunda además en sanciones probablemente más fuertes", añade el documento.

Aumento de denuncias de Violencia Doméstica

"En cuanto a las denuncias vinculadas a Violencia Doméstica, se pueden anotar al menos dos razones para el aumento de las imputaciones. En primer lugar, el incremento paulatino de las fiscalías especializadas en la persecución de estos delitos y los de naturaleza sexual en Montevideo, que pasaron de dos en noviembre de 2017 hasta seis a partir de febrero de 2020. En segundo lugar, desde el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de FGN se realizaron esfuerzos específicos para mejorar la priorización de estos hechos, de forma de captar más rápidamente las denuncias con mayor gravedad, y relacionarlas con denuncias anteriores con los mismos involucrados. Paralelamente se intensificó la coordinación entre las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica del Ministerio del Interior y las Fiscalías, buscando una comunicación telefónica más efectiva sobre las denuncias de mayor gravedad, que se detectan en situación de flagrancia o que requieren actuaciones urgentes", indica.

"Estos éxitos relativos ponen de manifiesto nuevamente la importancia de contar con adecuados procesos de priorización y análisis de las denuncias previo a su asignación, así como con criterios objetivos y flexibles de asignación que trasciendan la mera distribución por jurisdicción territorial. En particular los análisis de contexto y relacionamiento de denuncias deberían profundizarse a partir del cúmulo de información disponible, para mejorar la persecución de delitos que aparecen relativamente más rezagados, como por ejemplo el de abigeato".

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Edil del PN fue formalizado por abusar de una niña

Edil del PN fue formalizado por abusar de una niña

En filas nacionalistas se maneja la expulsión partidaria

Un edil blanco de Soriano fue formalizado por Fiscalía por abusar sexualmente de una niña de nueve años. El abuelo materno de la niña y la madre también fueron formalizados.

La bancada de ediles del Frente Amplio pidió la suspensión del edil en la Junta Departamental, en tanto que en filas nacionalistas se maneja la expulsión partidaria.

El edil Carlos Susaye, coordinador de la bancada del Frente Amplio en Soriano, dijo que mientras dure el proceso judicial el edil no debería estar vinculado a la Junta.

Escuchar el informe de Aldo Difilippo

AUDIO

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