DIPUTADA DEL MPP PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA ENDURECER PENAS Y REFORZAR LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Inés Cortés, presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. En ese sentido, la iniciativa busca dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay. Según explica Cortés en su exposición de motivos, la iniciativa nace a raíz de datos alarmantes que han surgido en relación a este tema: solo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, con un promedio de 24 situaciones por día, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Por ello, el proyecto plantea “superar los vacíos legales actuales y garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria”, se expresa en el proyecto. En ese sentido, la propuesta establece como homicidio muy especialmente agravado el filicidio, es decir, aquel que es cometido “contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”. Asimismo, el proyecto realiza modificaciones a los artículos 4 y 8 de la Ley N°20.141 de Tenencia Compartida, y propone derogar el artículo 15. En cuanto al artículo 4, es el que habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores. En tanto, el artículo 8 establece sanciones para el progenitor que haya incumplido el régimen de visitas y habilita a que la otra parte acuda al juez, y si el juez entiende pertinente, podrá obligar a la entrega por parte del que reclama. El artículo 15, que el proyecto de Cortés busca derogar, es el que crea un agravante para quienes hayan realizado denuncias falsas contra una persona que tengan hijos en común. El proyecto presentado por la diputada del MPP también busca fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y crea un Comité Interinstitucional “que asegura coherencia y eficacia en la implementación de políticas públicas” referidas a niños, niñas y adolescentes. En tanto, la propuesta también obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, además de garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad. También incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa. Por último, refuerza la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo planes locales de prevención, corredores seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes. En su exposición de motivos, Cortés expresa que la violencia hacia la niñez “no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que el Estado debe enfrentar con urgencia”. Asimismo, afirma que proteger a las infancias es “proteger la democracia, la paz social y el futuro del país”, y apunta a erradicar la naturalización de la violencia en la vida cotidiana mediante prevención, sensibilización social y educación en el buen trato.

Comisión de Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de diputados trata proyecto de ley del diputado Novales

·         La iniciativa se refiere a las colonias enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización

El próximo martes 1 de abril la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca tratará el proyecto  presentado por el Diputado Gonzalo Novales  sobre la enajenación, gravamen y actos  de dominio sobre las parcelas que integran las colonias enajenadas  por la Comisión Asesora de Colonización. Novales concurrirá a esta Comisión acompañado del diputado Rodrigo Goñi y representantes de la Asociación de Asociación de Escribanos del Uruguay quienes colaboraron y respaldaron la iniciativa legislativa.

Como se informara en su momento, a raíz de reiterados fallos de la Suprema Corte de Justicia acerca de la Inconstitucionalidad del artículo 5 inciso 1 de la ley 18.756 (Colonización) el Diputado Gonzalo Novales se reunión en el mes de setiembre del año 2013 con representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay y con el Diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) quienes habían advertido en comisiones y en Sala,  que habría una manifiesta inconstitucionalidad en la iniciativa.

Con posterioridad a ello el diputado Novales redactó un Proyecto de Ley  que contó el apoyo de la Asociación de Escribanos y el Diputado por Salto, Rodrigo Goñi.

El texto de  dicho proyecto de ley expresa:

“Modifíquese el Articulo 5 de la Ley 18.756, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 Artículo 5°.- Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la administración y el régimen instituido por la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948 y modificativas, las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

Los propietarios de predios comprendidos en la disposición que antecede estarán obligados a ofrecerlos en primer término al Instituto Nacional de Colonización en los términos establecidos por el Artículo 35 de la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948.

 La registración realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley 18.187 de 2 de noviembre de 2007, no significa alteración del régimen jurídico de los inmuebles en cuestión.

En particular, no corresponde obtener la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización en caso de enajenación, gravamen, así como cualquier otro acto de dominio, sin perjuicio del ofrecimiento previsto en el inciso anterior”.

Periodico Centenario, 31/marzo/2014