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miércoles, 4 de febrero de 2026

 

´Cuidarnos en serio´: El proyecto de ley que busca reintegrar a los liberados a sus familias y proteger a la comunidad



La diputada María Fajardo impulsa una iniciativa de ley para que las personas que egresan del sistema penitenciario retornen a sus lugares de origen. En diálogo con @gesor, la legisladora explicó que el Estado debe garantizar el traslado del liberado a su entorno de contención para evitar el "deambulamiento", reducir la reincidencia y asegurar que la inversión en rehabilitación no se pierda al dejar a alguien en la calle sin recursos ni redes de apoyo.





Diputada María Fajardo presentó proyecto de Ley que regula el lugar de liberación de personas que egresan del sistema penitenciario. La iniciativa pone énfasis en la protección de los Derechos Humanos, y en la dignidad del liberado. Este proyecto de ley puntualiza que luego de haberse detinado resursos “del Estado en intentar su rehabilitación, liberar a quienes han cumplido su pena, lejos de: sus familias, de su domicilio o de sus redes de contención y muchas veces sin recursos económicos para su sustento, parece cruel para el liberado y además, lo expone un  enorme riesgo de reincidencia y de peligro para la seguridad pública".

En diálogo con @gesor la diputada María Fajardo explicó que no solamente se busca respestar la dignidad de los privados de libertad, sino también “de los vecinos o de los habitantes de los lugares, de las ciudades o de los pueblos”. Remarcando “si vamos a hablar de reinserción y de cuidar a la sociedad que en algún momento le cometieron un delito, vamos a cuidarnos en serio”.


Presentaste un proyecto de ley que apunta a la reinserción en su lugar de origen de aquellas personas que han sido liberadas del sistema penitenciario. ¿Cuál es la motivación?

-”En realidad he escuchado muchísimo a la población en este tiempo, tema que es recurrente en todos los departamentos del país. Primero voy a hacer un llamado a que la gente interprete lo que la prensa está poniendo, es decir, que por ahí escucho que dicen que los derechos son sólo de los privados de libertad y no de los vecinos o de los habitantes de los lugares, de las ciudades o de los pueblos.

Esta ley está hecha con una visión de tener en cuenta a la ciudadanía en general, y a tener en cuenta a quien cumplió una pena por delito que haya realizado en cualquier lugar del país.

Todos sabemos que al Instituto de Rehabilitación traen gente de todo el país, es decir, nosotros teníamos un lugar de 161 reclusos en aquel momento (refiriéndose a la vieja Cárcel de mercedes), y si no mal no recuerdo y ahora tenemos un lugar con cerca de 400 personas. Cuando salen, acá y en cualquier lugar del país ¿dónde quedan? En el lugar donde está ese Instituto Nacional de Rehabilitación. Por lo tanto, pensando en que si nosotros queremos que esa gente se reencuentre con su familia, tenga un tejido social importante, un sostén importante, una reinserción social importante, tenemos que llevarlo a su lugar de origen, o al lugar donde vivía. Donde quizás tenga una madre, un hermano, un familiar, donde pueda en realidad insertarse y no quedar deambulando como vemos en las ciudades y en los pueblos, donde no tienen dónde vivir, donde no van a conseguir un trabajo y donde también crecen los asentamientos.

Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Entonces creo que lo mejor y lo más sano para todos es que vuelvan a las sociedades y los lugares de cada persona, donde nacieron, 0 donde viven y donde tienen sus familias, siempre y cuando los delitos que hayan cometido no sean tan graves, que no puedan volver a esos lugares donde cometieron ese delito. Eso es un caso a caso que lo tienen que analizar las autoridades del INR, más los equipos multidisciplinarios que el INR tiene. Creo que es un proyecto de ley pensando en la reinserción social de ellos y pensando en nuestra sociedad toda, no sólo de Soriano sino de todo el país. Acá no se trata de tirar piedras para un lado o para otro, se trata de pensar y de dar alguna solución.

Lo que es claro que esto no quiere decir que vaya a salir, esto es un proyecto de ley que se presenta, que lo armamos con el equipo de trabajo de asesores que tenemos, que lo ha leído alguna gente antes de presentarlo, vinculado a estos hechos y se han agregado algunas cosas como para ir mejorándolo. Después ese proyecto va a una comisión donde están representados todos los partidos políticos, donde están representados casi todos los departamentos y bueno y ahí se verá. Yo estoy abierta a que el proyecto haya compañeros que lo puedan arreglar, corregir, agregar, poner, sacar cosas; es decir, es una idea general armada. Después va a esa comisión, lo estudian los asesores, lo estudian los compañeros de la Comisión de Legislación y Códigos del Cámara de Diputados y ahí se verá y se discutirá en el plenario si sale o no sale”.


Es decir, una vez que la persona cumple con su pena y que la justicia que se le tiene que dar la libertad, que el Estado se haga cargo del traslado al lugar de origen donde fue procesado, o donde vivían en su momento.

-”Eso es lo que dice el proyecto. Si también sabemos que hay delitos muy delicados, como violación o como alguna otra cosa de esas, que hay gente que no va a poder volver al lugar de origen, ya sabemos por qué, una por la familia a la cual se le cometió ese delito, o por otra cosa.

Yo apelo es que sea evaluado caso a caso y que la persona no salga con una botella de agua y con una bolsita sin saber qué hacer, y quedan acá. A veces decimos, no conocemos esta cara, no conocemos esta otra cara, y eso nos pasa en todos los lugares del país. Entonces creo que hasta para el seguimiento de los técnicos sociales, de la gente del Ministerio del Interior, de cada lugar va a ser más fácil conocer la gente que anda deambulando y saber dónde están, dónde viven, qué están haciendo, cómo podemos reinsertarlos.

Bueno, pero si vamos a hablar de reinserción y de cuidar a la sociedad que en algún momento le cometieron un delito, vamos a cuidarnos en serio”.



Una de las críticas que se puede hacer es que es un gasto extra para el Estado; el traslado de esas personas.

-”Es un gasto extra. En algún momento ya se hizo. Es más, en nuestro departamento creo haber leído en las noticias que el otro día el Intendente fue a hablar con el jefe Policía y a ofrecer el traslado de esa gente también para su lugar de origen.

Creo que al país, a nuestra sociedad toda, le es más barato que esa gente tenga un buen seguimiento social, que se dé una buena ducha, que le des una muda ropa, que se alimente antes de salir y que vaya al lugar de origen. Me parece que es más barato para la sociedad que dejarlo en la calle, que después no sabemos lo que pasa”.




Otra de las críticas que puede tener es que se puede rozar el tema de la libre circulación de las personas.

-”Y claro que sí. Hay una ley que habla de la libre circulación de las personas, es cierto, pero yo apelo a que hay que tener un cambio de cabeza en un montón de cosas. Por ejemplo, ahora se está comenzando con ese proyecto nuevo de que van a ir a aprender oficios, el acuerdo que se acaba de realizar lo de INISA con el Ministerio de Defensa. Es un cambio de cabeza, un cambio cultural que podremos o no estar de acuerdo.

Entonces podemos o no estar de acuerdo, pero son cosas que intentas hacer para mejorar, porque si nos quedamos quejándonos sin proponer algo, creo que no está bueno.

Acá no se trata, ni yo, no tengo ni la más mínima idea de perseguir a nadie. Trabajé mucho con la gente que estaba en calle, que salió en libertad, gente con adiciones; no me voy a asustar, pero en realidad vemos un flujo más importante de gente, que creo que hasta para el Ministerio del Interior esto ayudaría para que nos pueda cuidar en todos los lugares del país, de una manera con más conocimiento de toda la gente que gana la vuelta”.



Pensando un poco en números, los legisladores de Montevideo y Canelones son mayoría. Va a ser una pelea Montevideo - Interior en este caso, porque la mayoría van a ser trasladados a la zona metropolitana, si se concreta.

-”Lo tengo claro. Por eso dije, es un proyecto donde por lo menos todos los legisladores del país vamos a quedar pensando en lo que plasme en un papel. Por lo menos todos vamos a quedar pensando. Sé muy bien que hay mayoría del área metropolitana de Canelones y de Montevideo, que quizás que es la mayoría de la gente que queda a la vuelta en nuestras ciudades, y que no les sirva, pero yo apelo a la buena voluntad, a la dignidad de los compañeros de todos los partidos que entiendan cuál es la propuesta y que si la quieren mejorar la mejoren, pero que sepamos que tenemos que hacer algo por esto y que es urgente hacer algo.

Así que yo apelo al sentido común de todos los legisladores de todos los partidos, que no sólo pensemos en la chacrita o en los límites geográficos de cada lugar, sino en el bien de las personas que trabajan todo un día y que tienen derecho a descansar y a andar en las plazas y a andar en los lugares de esparcimiento y a que no se creen más asentamientos en las ciudades. Que sabemos el esfuerzo que se hace por sacar los asentamientos, y se vuelven a armar. Creo que para el Estado es mucho menos gasto, mucho menos inversión social el llevarlos a su lugar de origen”.



Tú desde el Parlamento conocés esta problemática, y antes la conocías desde el trabajo social en la Intendencia de Soriano. El tema de la Cárcel parece no tener solución, más allá de las buenas intenciones de los gobiernos. Sigue creciendo la población carcelaria y no hay aparentemente una salida viable o potable para toda esa población que está cumpliendo pena.

-”Sin duda. Pasan los gobiernos, pasan los partidos y fracasamos. Fracasamos. Alguien me preguntaba el otro día, ¿qué pensás cuando mirás las cárceles de Bukele? (Nayib Bukele, presidente de El Salvador). Mirá lo que te voy a decir, estoy loca. Es como que se te cruzan varios sentimientos porque creo que en un país tan chico debemos poder, al menos que estén cumpliendo una pena, no tan hacinados. Pero también que nuestra sociedad, el que va a laburar todos los días, tenga derecho a salir a la calle, y que no te estén parando. Porque cuando vos conocés gente del lugar y sabés que en realidad están con problemas de alimentación, los podés derivar a donde pueden ir a comer, los podés derivar a un montón de cosas, pero lamentablemente creo que la droga está haciendo estragos en todos lados y estamos con una sociedad enferma y esto sólo se arregla con muchísimos recursos que también hacen falta en la salud, que también hacen falta en la educación. Entonces siempre es algo que va quedando postergado. Y bueno, hemos fracasado en todos los gobiernos. Hemos fracasado”.



Pero a veces las cosas no sólo se arreglan con plata, se arreglan conversando y como que el sistema político no está maduro para decir en esto tenemos que transar.

-”Yo siempre digo, a mí la gente me votó para ser gobierno, no para ser oposición. Entonces como soy oposición tengo que ser una oposición responsable. No ponerme a gritar en contra del gobierno que está, porque es lo que le quisoa la gente y debo respetar. Entonces mi intención con esto, con otras cosas que he hecho, es aportar, es conversar y es dialogar. Y si de algo estoy segura es que siempre he dialogado, y que nunca he caído en el fango para con el resto que piensa distinto, o que tenemos otro partido distinto. Creo que desde ese lado es de la única manera que podemos construir. No a ver quién más grita, o quién más se dice barbaridades, la gente no quiere eso”.





lunes, 3 de noviembre de 2025


DIPUTADA DEL MPP PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA ENDURECER PENAS Y REFORZAR LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA



La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Inés Cortés, presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. En ese sentido, la iniciativa busca dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay.



Según explica Cortés en su exposición de motivos, la iniciativa nace a raíz de datos alarmantes que han surgido en relación a este tema: solo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, con un promedio de 24 situaciones por día, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Por ello, el proyecto plantea “superar los vacíos legales actuales y garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria”, se expresa en el proyecto.



En ese sentido, la propuesta establece como homicidio muy especialmente agravado el filicidio, es decir, aquel que es cometido “contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”.



Asimismo, el proyecto realiza modificaciones a los artículos 4 y 8 de la Ley N°20.141 de Tenencia Compartida, y propone derogar el artículo 15.



En cuanto al artículo 4, es el que habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores.



En tanto, el artículo 8 establece sanciones para el progenitor que haya incumplido el régimen de visitas y habilita a que la otra parte acuda al juez, y si el juez entiende pertinente, podrá obligar a la entrega por parte del que reclama. El artículo 15, que el proyecto de Cortés busca derogar, es el que crea un agravante para quienes hayan realizado denuncias falsas contra una persona que tengan hijos en común.



El proyecto presentado por la diputada del MPP también busca fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y crea un Comité Interinstitucional “que asegura coherencia y eficacia en la implementación de políticas públicas” referidas a niños, niñas y adolescentes.



En tanto, la propuesta también obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, además de garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad.



También incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa.



Por último, refuerza la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo planes locales de prevención, corredores seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes.



En su exposición de motivos, Cortés expresa que la violencia hacia la niñez “no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que el Estado debe enfrentar con urgencia”.



Asimismo, afirma que proteger a las infancias es “proteger la democracia, la paz social y el futuro del país”, y apunta a erradicar la naturalización de la violencia en la vida cotidiana mediante prevención, sensibilización social y educación en el buen trato.



lunes, 31 de marzo de 2014


Comisión de Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de diputados trata proyecto de ley del diputado Novales

·         La iniciativa se refiere a las colonias enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización

El próximo martes 1 de abril la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca tratará el proyecto  presentado por el Diputado Gonzalo Novales  sobre la enajenación, gravamen y actos  de dominio sobre las parcelas que integran las colonias enajenadas  por la Comisión Asesora de Colonización. Novales concurrirá a esta Comisión acompañado del diputado Rodrigo Goñi y representantes de la Asociación de Asociación de Escribanos del Uruguay quienes colaboraron y respaldaron la iniciativa legislativa.
Como se informara en su momento, a raíz de reiterados fallos de la Suprema Corte de Justicia acerca de la Inconstitucionalidad del artículo 5 inciso 1 de la ley 18.756 (Colonización) el Diputado Gonzalo Novales se reunión en el mes de setiembre del año 2013 con representantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay y con el Diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional) quienes habían advertido en comisiones y en Sala,  que habría una manifiesta inconstitucionalidad en la iniciativa.
Con posterioridad a ello el diputado Novales redactó un Proyecto de Ley  que contó el apoyo de la Asociación de Escribanos y el Diputado por Salto, Rodrigo Goñi.
El texto de  dicho proyecto de ley expresa:
“Modifíquese el Articulo 5 de la Ley 18.756, el que quedará redactado de la siguiente manera:
 Artículo 5°.- Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la administración y el régimen instituido por la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948 y modificativas, las parcelas que integran las colonias que hayan sido enajenadas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.
Los propietarios de predios comprendidos en la disposición que antecede estarán obligados a ofrecerlos en primer término al Instituto Nacional de Colonización en los términos establecidos por el Artículo 35 de la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948.
 La registración realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley 18.187 de 2 de noviembre de 2007, no significa alteración del régimen jurídico de los inmuebles en cuestión.
En particular, no corresponde obtener la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización en caso de enajenación, gravamen, así como cualquier otro acto de dominio, sin perjuicio del ofrecimiento previsto en el inciso anterior”.



Periodico Centenario, 31/marzo/2014