FUERTE RESPALDO DEL MPP A LA GESTIÓN DE PABLO CAGGIANI ANTE LOS RECLAMOS DOCENTES   Legisladoras y legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) expresaron su respaldo al presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, tras el episodio de violencia ocurrido en la escuela N.º 123 de Flor de Maroñas y las medidas adoptadas por la ANEP para reforzar la seguridad y el acompañamiento a la comunidad educativa.   Desde el sector, diversas figuras se pronunciaron en redes sociales en apoyo a Caggiani, destacando su rápida respuesta y la coordinación con el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad en los centros educativos. Entre quienes se manifestaron públicamente se encuentran los diputados Agustín Mazzini y Gustavo Guerrero, quienes subrayaron además la importancia de avanzar en el fortalecimiento de la formación docente.   En ese sentido, Mazzini comprendió la decisión del sindicato, pero también resaltó la rápida respuesta del presidente de la ANEP, que se reunió con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, y acordaron un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la seguridad, la convivencia y el acompañamiento de los docentes, alumnos y funcionarios.   Mazzini destacó que se haya decidido contar con un mayor despliegue policial en los entornos de escuelas y liceos, a través de equipos de la Policía Comunitaria, que trabajarán de forma coordinada con las direcciones de los centros.   Asimismo, resaltó la conformación de una mesa interinstitucional integrada por la ANEP, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), para articular respuestas rápidas ante situaciones de riesgo o conflicto.   En tanto, los diputados también respaldaron la decisión del presidente de la ANEP de iniciar una etapa de análisis, revisión y diálogo con los distintos actores de la educación, en relación con la oferta de Formación Docente, ante los desafíos que enfrenta el sistema en materia de matrícula.   Según expresó Guerrero, diputado por Tacuarembó, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes y exdocente del Instituto de Formación Docente, esa problemática en la matrícula “se viene arrastrando desde hace mucho tiempo”.   “En el período pasado, el gobierno anterior hizo un desmantelamiento total de todo lo que se venía trabajando de cara a lo que iba a ser la Universidad de la Educación. Incluso se terminaron con los departamentos académicos, se designaron mentores —una especie de interventores a dedo— y se implementaron planes y programas digitados desde el Consejo de Formación en Educación (CFE) anterior, sin consulta”, afirmó.   Guerrero recordó que la transformación educativa impulsada en ese momento contó con el rechazo de más del 90% de los docentes de formación docente de todo el país y generó “una asignación ineficiente de grupos, tanto presenciales como semipresenciales”.   “Hoy hay más de 600 grupos con menos de cinco alumnos, y muchos incluso sin estudiantes. Por eso creo que está bien defender las reivindicaciones de los sindicatos y de los estudiantes, pero también reconocer que esta situación se viene acumulando desde el período anterior”, expresó.   Entre los principales problemas identificados se destaca una caída del 30% en la matrícula del profesorado entre 2021 y 2024, pasando de unos 20.000 a 14.000 estudiantes matriculados.   Otro de los problemas detectados fue la superposición de la oferta educativa generada durante la regionalización de los cursos semipresenciales, lo que derivó en grupos con una matrícula muy baja en distintos centros del interior del país. Actualmente, existen 650 cursos con menos de cinco estudiantes matriculados.   Además, Guerrero destacó el trabajo de las actuales autoridades del CFE para enfrentar el déficit heredado. “Hay que reconocer la buena voluntad con que viene trabajando el Consejo de Formación en Educación y las autoridades de la educación para resolver este enorme déficit, que ronda los 450 millones de pesos. Es un tema complejo, pero se está actuando con responsabilidad y diálogo”, sostuvo.   El diputado de Tacuarembó remarcó que el enfoque actual apunta a reconstruir las estructuras académicas y hacer más transparentes los procesos. “Se eliminaron las formas de elección de horas que el gobierno anterior había establecido de manera autoritaria; se realizaron llamados abiertos para los departamentos académicos y coordinadores de asignatura; y se está trabajando en la transformación de los planes y programas. Son señales claras de que se busca mejorar la calidad educativa y reconstruir la institucionalidad en la formación docente”, indicó.   Guerrero remarcó la necesidad de conversar con los docentes, con las Asambleas Técnico Docentes y con las direcciones “para encontrar las mejores soluciones” y destacó el compromiso de todos los actores involucrados.   “Defendemos el derecho a la educación, a la lucha sindical y al diálogo, y confiamos en que, con trabajo conjunto, esta situación va a poder resolverse”, afirmó.

DIPUTADA DEL MPP PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA ENDURECER PENAS Y REFORZAR LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Inés Cortés, presentó un proyecto de ley con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. En ese sentido, la iniciativa busca dar una respuesta estructural y urgente ante el aumento y la diversidad de las formas de violencia que afectan a la infancia y la adolescencia en Uruguay. Según explica Cortés en su exposición de motivos, la iniciativa nace a raíz de datos alarmantes que han surgido en relación a este tema: solo en 2024, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) intervino en casi 9.000 casos de violencia infantil, con un promedio de 24 situaciones por día, la mayoría cometidas dentro del núcleo familiar. Por ello, el proyecto plantea “superar los vacíos legales actuales y garantizar una protección integral, reconociendo nuevas formas de violencia como la vicaria, digital y comunitaria”, se expresa en el proyecto. En ese sentido, la propuesta establece como homicidio muy especialmente agravado el filicidio, es decir, aquel que es cometido “contra un hijo o una hija, o contra una persona bajo guarda, tutela o cuidado, con el propósito de causar daño, sufrimiento o menoscabo a su madre, padre o al otro progenitor, en el contexto de la violencia basada en género o doméstica”. Asimismo, el proyecto realiza modificaciones a los artículos 4 y 8 de la Ley N°20.141 de Tenencia Compartida, y propone derogar el artículo 15. En cuanto al artículo 4, es el que habilita al juez a mantener la tenencia compartida y las visitas incluso cuando existan medidas cautelares contra uno de los progenitores. Esta nueva ley busca prohibir la revinculación forzada con progenitores o familiares agresores. En tanto, el artículo 8 establece sanciones para el progenitor que haya incumplido el régimen de visitas y habilita a que la otra parte acuda al juez, y si el juez entiende pertinente, podrá obligar a la entrega por parte del que reclama. El artículo 15, que el proyecto de Cortés busca derogar, es el que crea un agravante para quienes hayan realizado denuncias falsas contra una persona que tengan hijos en común. El proyecto presentado por la diputada del MPP también busca fortalecer el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y crea un Comité Interinstitucional “que asegura coherencia y eficacia en la implementación de políticas públicas” referidas a niños, niñas y adolescentes. En tanto, la propuesta también obliga al Estado a destinar recursos financieros, técnicos y humanos suficientes, además de garantizar formación especializada para actores de salud, educación, justicia y seguridad. También incorpora nuevos derechos para las víctimas de violencia, como atención integral gratuita, reparación de daños, protección inmediata y continuidad educativa. Por último, refuerza la protección digital, estableciendo obligaciones para plataformas y proveedores de servicios de internet de retirar contenidos violentos o abusivos y promover entornos digitales seguros, e introduce medidas frente a la violencia comunitaria, promoviendo planes locales de prevención, corredores seguros y participación barrial de niñas, niños y adolescentes. En su exposición de motivos, Cortés expresa que la violencia hacia la niñez “no es un hecho aislado, sino una realidad estructural que el Estado debe enfrentar con urgencia”. Asimismo, afirma que proteger a las infancias es “proteger la democracia, la paz social y el futuro del país”, y apunta a erradicar la naturalización de la violencia en la vida cotidiana mediante prevención, sensibilización social y educación en el buen trato.

 Alejandro Sánchez: «Se intentó estafar al Estado uruguayo»

El secretario de la Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, brindó una rueda de prensa este jueves en la que informó que el gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama y presentar una denuncia civil y penal ante la Justicia, por lo que calificó como un «intento de estafa al Estado uruguayo».

La decisión fue adoptada luego de que se comprobara que la empresa que actuaba como garante del contrato millonario no existía en la dirección declarada en Londres y que, además, no registraba actividad económica desde hacía más de dos años. Según relató Sánchez, una inspección realizada por la embajada uruguaya en el Reino Unido encontró en el lugar una inmobiliaria, y no las oficinas de la entidad que debía respaldar la operación.

«Lo que quedó demostrado es que la empresa que se presentó como garantía de un contrato millonario no estaba en la dirección declarada, no tiene actividad económica y su propietario es un ciudadano ruso radicado en Rusia. Eso es muy grave«, señaló Sánchez.

El secretario agregó que un estudio jurídico británico que asesora al Estado uruguayo confirmó que la supuesta entidad bancaria se encuentra en proceso de liquidación y no mantiene operaciones financieras. Ante esa información, el gobierno decidió frenar el contrato para proteger los recursos públicos y dar curso a la denuncia.

«Todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando existen indicios de un delito. En este caso, el Estado actuó como debía: detuvo el contrato, denunció los hechos y pidió que se investigue si hubo complicidad de funcionarios o si el Estado fue víctima de una maniobra«, explicó Sánchez.

Un contrato bajo sospecha

El contrato con el astillero Cardama fue firmado durante la administración anterior y preveía la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, por un monto de 80 millones de euros. Según detalló Sánchez, antes de este acuerdo el astillero español facturaba alrededor de ocho millones de euros por año, por lo que este era «el contrato más grande de su historia».

También explicó que, además de las irregularidades detectadas, el Estado se encontró con que la garantía de fiel cumplimiento —que debía cubrir todo el período contractual— había sido emitida por un solo año y venció esta semana, sin haber sido renovada en tiempo y forma. «El Estado uruguayo no debería haber aceptado esa garantía por un año. Cuando fuimos a ejecutarla, la empresa no existía en la dirección declarada. Eso deja al país desprotegido y obliga a actuar de inmediato«, afirmó.

Decisión del gobierno y pedido de respaldo político.

Sánchez subrayó que la medida de rescindir el contrato se tomó «en defensa del Estado uruguayo» y con el objetivo de «preservar el interés nacional». Señaló además que el Presidente de la República ordenó iniciar acciones civiles y penales y activar todos los mecanismos legales previstos en el contrato.

Consultado sobre la reacción de la oposición, Sánchez sostuvo que el Poder Ejecutivo espera una posición responsable y unitaria de todo el sistema político frente a lo ocurrido. «Lo razonable es que, más allá de las diferencias partidarias, todos los sectores acompañen la investigación hasta el fondo. Primero, hay que comprobar la estafa y luego identificar a los responsables. Este no es un tema menor«, expresó.

El secretario insistió en que no se trata de una disputa política, sino de un asunto que compromete la transparencia y la seguridad jurídica del país. «No estamos acusando a ningún partido ni a ningún funcionario. Estamos haciendo lo que corresponde: proteger al Estado uruguayo frente a una presunta estafa«, concluyó.

 “HAY QUE INVESTIGAR HASTA EL HUESO”: LEGISLADORES DEL MPP DESTACARON DECISIÓN DEL GOBIERNO DE RESCINDIR CONTRATO CON CARDAMA

Los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP), el senador Nicolás Viera y el diputado Carlos Rodríguez, se refirieron a la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, encargado de la construcción de las patrullas oceánicas (OPV), y coincidieron en destacar la “responsabilidad institucional” del gobierno actual al tomar esa medida. También expresaron la necesidad de llegar “hasta el hueso” en la investigación de las irregularidades detectadas.

En el caso de Viera, valoró como “responsable y necesaria” la decisión del gobierno. “No había otro camino posible que no fuera aplicar la garantía cuando llegó el día en que se venciera el aval y no había una renovación de ese aval”, aseguró.

El senador explicó que, a pesar de los argumentos de la empresa sobre un supuesto error administrativo a la hora de enviar la renovación del aval, “el hecho concreto es que hoy Uruguay no tiene la garantía de cumplimiento vigente para poder ejecutar en caso de que el astillero Cardama incumpla con la construcción de las patrullas oceánicas”.

En ese sentido, sostuvo que la actitud del presidente de la República, Yamandú Orsi, y del gobierno “ha sido de mucha responsabilidad institucional” ya que “ha defendido los intereses del país y de la sociedad uruguaya en un negocio que significa cerca de 90 millones de dólares”. Por esa razón, Viera consideró “acertada” la resolución adoptada por el gobierno.

El legislador recordó que este proceso fue denunciado desde el inicio por el Frente Amplio por una serie de irregularidades que surgieron en su momento y recordó que también existieron informes técnicos de la Armada que establecieron que “no era conveniente para Uruguay un negocio de estas características con esta empresa”.

Viera señaló que, en el llamado inicial, quien había mostrado la mejor destreza técnica había sido una empresa china, pero que “a raíz de presiones” que se recibieron de autoridades norteamericanas, el gobierno anterior descartó esa propuesta y decidió trabajar con Cardama.

Además, expresó que esta decisión generó la renuncia del entonces comandante de la Armada Nacional, Gustavo Musso, quien “entendía que no era el camino más conveniente”, y cuestionó los términos en que se firmó la garantía de fiel cumplimiento. “Una garantía que debió firmarse por 42 meses, se firmó por 12, y se demoró 11 meses en conseguirla, cuando las patrullas debían comenzar a entregarse a los 18 meses. Eso no va a ocurrir, porque los plazos están muy retrasados”, afirmó.

Viera destacó que fue el actual gobierno del Frente Amplio el que desde marzo comenzó a controlar la construcción de estas patrullas, luego de que la ministra de Defensa, Sandra Lazo, resolviera enviar una delegación de la Armada al astillero español para supervisar en el lugar el avance del proceso. “Eso fue algo que ni el exministro Javier García ni el exministro Armando Castaingdebat hicieron en su momento”, indicó.

Finalmente, el senador reclamó una investigación profunda sobre todo el proceso: “Acá hay mucha oscuridad. Hay que investigar hasta el hueso, porque realmente está en juego mucho dinero de todos los uruguayos”.

Por su parte, el diputado del MPP, Carlos Rodríguez, expresó que a partir de la información que presentó el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “confirman desgraciadamente un nuevo y triste capítulo de esta historia relacionada a las patrullas oceánicas”.

Recordó que el Frente Amplio planteó desde el principio la necesidad de que la Armada Nacional cuente con este tipo de patrullas que permitan cumplir con la soberanía del país en el mar territorial, pero subrayó que el proceso de adquisición “fue irregular desde su origen”.

Rodríguez explicó que el proceso empezó con una licitación que había ganado una empresa china, que luego quedó desierta durante la administración del ministro Javier García, y continuó con una compra directa al astillero español, que fue elegido por ser el que lo hacía más rápido, pero Rodríguez reclamó que, por el contrario, “ha sido, quizás, el caso más lento de construcción de patrulleras”.

El legislador añadió que hubo que esperar 11 meses para que se presentaran las garantías, y que ahora el gobierno comprobó que nunca existieron esas garantías.

“Valoramos que el Ejecutivo haya decidido dejar sin efecto la compra, en la cual ya van 28 millones de dólares aportados a esta empresa. Ahora se iniciarán, como dijo el propio presidente, acciones penales y civiles, además de sumarle nuevos elementos a la investigación administrativa que ya está llevando adelante el Ministerio de Defensa Nacional”, sostuvo el diputado.

Rodríguez recordó que desde el primer día que asumió la ministra de Defensa, Sandra Lazo, ha estado pendiente del tema, lo que ha permitido encontrar irregularidades en ese tema.

“Eventualmente, la investigación administrativa podrá determinar qué acciones continuarán”, sostuvo Rodríguez.

 

CHARLES CARRERA: “SALE EL PRESUPUESTO CON LA MAYOR APROBACIÓN DESDE EL AÑO 85”   El exsenador Charles Carrera del Movimiento de Participación Popular (MPP) destacó que esta semana se haya aprobado el Presupuesto Quinquenal en la Cámara de Diputados con “la mayor aprobación desde el año 1985”.   Carrera dijo, en su audición semanal del programa “La Mañana del Nuevo Ritmo” de Radio Rivera, que “fue una semana importante para el gobierno y para el país” porque se aprobó el presupuesto y “eso es importante porque acá pasa un hecho histórico que es la primera vez desde el año 85 que ningún partido tenía mayoría en las cámaras y que pudiera asegurar la aprobación del presupuesto. Porque del 85 hasta el 2005 había acuerdos políticos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado que aseguraban la aprobación del presupuesto y las rendiciones de cuentas”.   Agregó que los diputados del Frente Amplio llegaron a este debate y “la verdad que el resultado es que sale el presupuesto con la mayor aprobación desde el año 85 a la fecha porque creo que son 86 votos de 99 diputados. Es decir, te votaron el Partido Nacional, te votó un sector del Partido Colorado que son algunos diputados de Vamos Uruguay y te votó Cabildo Abierto”.   Además, el exsenador frenteamplista informó que en los próximos días el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación.   “Y ahí vamos a asegurar tener en cada departamento de nuestro país un instituto universitario para formar y darle rango universitario a nuestros docentes, a nuestros maestros y a nuestros profesores que son los que están en la primera línea de batalla, porque son los que se dedican a darle las primeras herramientas a nuestros hijos, a nuestros gurises cuando arrancan. Eso es muy importante y va a salir”, anunció Carrera.   Además, informó que va a haber una nueva UTU en el barrio Mandubí de Rivera.

 PEPE MUJICA: UNA VIDA EN MOVIMIENTO EN EL DÍA DEL PATRIMONIO

El próximo 4 y 5 de octubre, en el marco de la 31ª edición del Día del Patrimonio, bajo la consigna “1825-1830. Bicentenario en todos los pagos”

, el Movimiento de Participación Popular (MPP) abre las puertas de su local central, en Mercedes y Ejido (Montevideo), para presentar la exposición “Pepe Mujica: una vida en movimiento”.

La muestra propone un recorrido sonoro y visual que invita a conocer, recordar y sentir la epopeya de un hombre sencillo que se volvió presidente y símbolo mundial. A través de fotografías inéditas y objetos personales nunca antes expuestos, se revelan escenas íntimas y momentos que marcaron la vida de Mujica: desde su niñez hasta la actualidad.

Los visitantes podrán recorrer imágenes y relatos que muestran cómo la sencillez, la coherencia y la sensibilidad de Pepe se transformaron en una forma de hacer política con razón y corazón.

La exposición contará además con actividades especiales: el sábado a las 18:30 horas, el profesor Gerardo Caetano ofrecerá la charla “Naides es más que naides”, y el domingo a la misma hora la jornada se cerrará en la calle con un concierto íntimo y emotivo de Mario Carrero, donde la música se encontrará con el recuerdo y la emoción de la gente.

En este Día del Patrimonio, la muestra se suma a las celebraciones del bicentenario de nuestra independencia, recordando que la historia también se construye con las voces y gestos de quienes supieron sembrar y cosechar, desde la vida cotidiana, el amor de la gente.

La exposición podrá visitarse durante ambos días, de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.