Alejandro Sánchez: «Se intentó estafar al Estado uruguayo»
El secretario de la Presidencia, Alejandro «Pacha» Sánchez, brindó una rueda de prensa este jueves en la que informó que el gobierno resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama y presentar una denuncia civil y penal ante la Justicia, por lo que calificó como un «intento de estafa al Estado uruguayo».
La decisión fue adoptada luego de que se comprobara que la empresa que actuaba como garante del contrato millonario no existía en la dirección declarada en Londres y que, además, no registraba actividad económica desde hacía más de dos años. Según relató Sánchez, una inspección realizada por la embajada uruguaya en el Reino Unido encontró en el lugar una inmobiliaria, y no las oficinas de la entidad que debía respaldar la operación.
«Lo que quedó demostrado es que la empresa que se presentó como garantía de un contrato millonario no estaba en la dirección declarada, no tiene actividad económica y su propietario es un ciudadano ruso radicado en Rusia. Eso es muy grave«, señaló Sánchez.
El secretario agregó que un estudio jurídico británico que asesora al Estado uruguayo confirmó que la supuesta entidad bancaria se encuentra en proceso de liquidación y no mantiene operaciones financieras. Ante esa información, el gobierno decidió frenar el contrato para proteger los recursos públicos y dar curso a la denuncia.
«Todos los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando existen indicios de un delito. En este caso, el Estado actuó como debía: detuvo el contrato, denunció los hechos y pidió que se investigue si hubo complicidad de funcionarios o si el Estado fue víctima de una maniobra«, explicó Sánchez.
Un contrato bajo sospecha
El contrato con el astillero Cardama fue firmado durante la administración anterior y preveía la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) para la Armada Nacional, por un monto de 80 millones de euros. Según detalló Sánchez, antes de este acuerdo el astillero español facturaba alrededor de ocho millones de euros por año, por lo que este era «el contrato más grande de su historia».
También explicó que, además de las irregularidades detectadas, el Estado se encontró con que la garantía de fiel cumplimiento —que debía cubrir todo el período contractual— había sido emitida por un solo año y venció esta semana, sin haber sido renovada en tiempo y forma. «El Estado uruguayo no debería haber aceptado esa garantía por un año. Cuando fuimos a ejecutarla, la empresa no existía en la dirección declarada. Eso deja al país desprotegido y obliga a actuar de inmediato«, afirmó.
Decisión del gobierno y pedido de respaldo político.
Sánchez subrayó que la medida de rescindir el contrato se tomó «en defensa del Estado uruguayo» y con el objetivo de «preservar el interés nacional». Señaló además que el Presidente de la República ordenó iniciar acciones civiles y penales y activar todos los mecanismos legales previstos en el contrato.
Consultado sobre la reacción de la oposición, Sánchez sostuvo que el Poder Ejecutivo espera una posición responsable y unitaria de todo el sistema político frente a lo ocurrido. «Lo razonable es que, más allá de las diferencias partidarias, todos los sectores acompañen la investigación hasta el fondo. Primero, hay que comprobar la estafa y luego identificar a los responsables. Este no es un tema menor«, expresó.
El secretario insistió en que no se trata de una disputa política, sino de un asunto que compromete la transparencia y la seguridad jurídica del país. «No estamos acusando a ningún partido ni a ningún funcionario. Estamos haciendo lo que corresponde: proteger al Estado uruguayo frente a una presunta estafa«, concluyó.
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