Casos
del 2014
Relatoría
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta los
avances de Uruguay en libertad de expresión
Informe
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca los
avances y desafíos de Uruguay en materia de libertad de expresión.
El informe corresponde a lo sucedido en el 2014 de la Relatoría para
la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. El organismo, que es encabezado por el periodista y abogado
uruguayo Edison Lanza, señala que los “escasos avances para el
ejercicio de la libertad de expresión” a nivel del continente
estuvieron marcados, entre otras cosas, por un aumento de la
violencia contra periodistas o la reacción desmedida contra
manifestantes.
Sin
embargo, Uruguay dio la nota positiva tras la aprobación de la ley
de servicios de comunicación audiovisual, que ofrece “máxima
protección de la libertad de expresión”, establece el informe de
la Relatoría.
El
organismo destaca que la ley aprobada a fin del año pasado reconoce
el derecho a la libertad editorial y de programación, la
independencia de los medios y prohíbe la censura. El texto también
promueve la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y otros grupos vulnerados.
Otro
de los aspectos que la Relatoría destaca como positivos fue la
utilización de la ley de acceso a la información pública (ley Nº
18.381) para el control y la participación ciudadana. El informe
recuerda la acción de amparo entablada por la ONG Uruguay Libre con
el patrocinio de CAinfo que derivó en la obligación de que el
Estado entregue información sobre el proyecto minero Aratirí.
Como
principales amenazas, la Relatoría recuerda que el año pasado el
gremio de periodistas de Uruguay manifestó a la Suprema Corte de
Justicia su preocupación por las citaciones a periodistas que se
encontraban investigando las violaciones a los derechos humanos
durante la última dictadura cívico militar para que revelen sus
fuentes.
El
informe recuerda que el Principio 8 de la declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “todo
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de
información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
Además,
la Relatoría recuerda el caso de dos periodistas de El Eco de
Colonia, que fueron demandados por un jerarca de la intendencia de
ese departamento por difamación e injurias. Esta demanda fue
realizada luego de que El Eco denunciara presuntas irregularidades en
la Dirección de Tránsito de la comuna.
El
caso fue archivado por la Justicia a fines de 2014, más de un año
después de presentada la demanda, a pesar de que en Uruguay rige
desde 2009 una reforma legal que exime de pena a las personas que
difunden información de interés público, salvo que exista real
malicia en la divulgación de informaciones falsas.
La
Relatoría recuerda en el informe que “someter a un periodista o
comunicador a un proceso penal como consecuencia del ejercicio
legítimo de su derecho a la libertad de expresión vulnera ese
derecho y afecta el libre ejercicio del oficio”.
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El
Eco
El
informe destaca que “en octubre de 2013 el periodista Washington
Fernández, del semanario El Eco de Colonia, y el co‐director de la
publicación, Daniel Roselli, fueron demandados por el jefe de
Inspectores de la Intendencia de Colonia, Daniel Sánchez Torterolo,
por difamación e injurias. Esta demanda habría sido realizada luego
de que el Semanario El Eco denunciara presuntas irregularidades en
la Dirección de Tránsito del Departamento de Colonia”.
Recordando
que “el caso fue archivado por la Justicia a fines de 2014, más de
un año después
de
presentada la demanda, a pesar de que en Uruguay rige desde 2009 una
reforma legal que exime de pena a las personas que difunden
información de interés público, salvo que exista real malicia en
la divulgación de informaciones falsa”.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha sostenido que el
someter a un periodista o comunicador a un proceso penal como
consecuencia del ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de
expresión vulnera ese derecho y afecta el libre ejercicio del
oficio”. Agregando que “para un periodista, un proceso penal en
su contra puede generar una situación de incertidumbre,
inseguridad o intimidación e inhibirlo en su labor diaria, de
acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Lea el capítulo correspondiente a Uruguay:
http://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/URUGUAY-Informe-Anual-2014.pdf
Lea informe completo
http://www.cainfo.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/Informe-Anual-2014.pdf
www.agesor.com.uy
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