“Si se
puede”
Alrededor
de 15 mil personas dejaron de vivir en
asentamientos en los últimos 14 años
MERCEDES
ALDO DIFILIPPO
“Afirmar que quien se fue a un asentamiento es para
conseguir una solución del gobierno es canallesco” expresó el Arq. Fernando
Cabezudo. El Coordinador General del
Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) en diálogo con Centenario
se refirió a los programas emprendidos
por el gobierno en el mejoramiento de
barrios. Como se recordará en el anterior periodo de gobierno Cabezudo estuvo
al frente de la Dirección
de Arquitectura de la Intendencia de Soriano
y tuvo a su cargo la planificación y ejecución del programa de regularización
de asentamientos de Mercedes, algo
que ha llevado a que más de 400
familias de los asentamientos de
Aparicio Saravia y Afe accedieran al
terreno y a la vivienda propia. Algo
que llevó a afirmar a Cabezudo:
“Si se puede, si se puede”.
¿Cómo se viene desarrollando programa de mejoramiento de barrios emprendido por el
PIAI?
-El 14 de febrero se firmó un nuevo contrato de
préstamos con el Banco Interamericano por 100 millones de dólares, para seguir interviniendo en asentamientos irregulares hasta el año 2019. Hay que tener presente que las intervenciones del
programa, desde el año 2000 pero fundamentalmente desde el 2005 para acá, han alcanzado unas 14 a 15 mil personas. Pensemos
que es la ciudad de Dolores como si se
hubiera hecho de la nada, con la superficie urbanizada, con agua, saneamiento, alumbrado. Zonas que eran
inundables por cañadas que había que
rectificarle el cauce.
No nos olvidemos que esto empezó con aquella
vieja polémica entre Jorge Batlle y
Julio María Sanguinetti cuando Sanguientti decide abordar la obra
de las Torres de las Comunicaciones que
tenía un precio estimado de 100 millones de dólares, y Jorge Batlle dijo que con esa plata él arreglaba el tema de los
asentamientos. Ese fue el origen del primer contrato de préstamo. Este programa
ha sobrevivido a los distintos gobiernos, lo que se constituye de
alguna manera en un desafío del país. Ya no es un tema de partido, y sin duda durante
este gobierno se ha profundizado,
llegando a una ejecución anual del orden del 20 millones de dólares. En este sentido lo que proporciona el programa a la gente que está viviendo en situación de la
irregularidad, es garantizar el derecho
al hábitat, en el sentido más amplio: de
la vivienda, del barrio. A vivir en una
calle con nombre, tener un domicilio, un
número de puerta.
Acá se ha dicho mucho que quienes están en los
asentamientos especulan con la situación,
y uno descubre que en este país revertir los procesos de exclusión
en asentamientos relativamente recientes
es una cuestión posible.
Pese a los esfuerzos
del gobierno sigue habiendo personas viviendo en asentamientos. ¿Estamos frente
al núcleo duro de esa población?
-Todavía no. No hay estudios, pero todo da para
pensar que son los mismos aquellos
viejos cantegriles. Los asentamientos en el Uruguay son un fenómeno que se
inicia en la década del 70 cuando se liberaliza el mercado de alquileres y se
desprotege a los inquilinos en un régimen
de libre contratación, en un momento que los alquileres subieron. Quizá ustedes
de acuerden del Rave (Registro de Aspirantes a Viviendas Económicas)
que vivían con alquileres topeados y regulados por el gobierno. Al
desaparecer esa regulación esta gente
perdió amparo, en un momento
donde simultáneamente el país se estaba
desindustrializando, porque se abrían las fronteras y todo
un sistema industrial se venía abajo. Si esto lo ponemos en la perspectiva de Montevideo, no es
casualidad que los asentamientos estén en una periferia urbana donde estaban
los enclaves industriales que cerraron. Y uno puede verificar fácilmente. Ya
son veteranos los que eran trabajadores
en las fábricas y vivían como inquilinos
en casas próximas, en la formalidad. Esa
gente fue a constituir asentamientos; y
esa es la gente que está volviendo a la formalidad. Estamos desde hace poco más de dos años, trabajando fuertemente en lo que es la
transferencia de la propiedad a aquellas
familias de barrios que han terminado el proceso. Así como se ha hecho
acá, como se ha hecho con los realojos de Aparicio Saravia y de Afe. Y una
cosa que no es menor, que habla de la
vocación o de la actitud de la familia en relación a la propiedad de la tierra, no nos hemos encontrado todavía
con gente que no quiera la propiedad de la tierra. No sólo que la quiere sino que están dispuestos a pagarla y la
pagan. Esto es un indicador de vocación de
formalidad, la exclusión no le gusta a nadie. Afirmar que quien se fue a
un asentamiento para conseguir una solución del gobierno es
canallesco, esto lo dice la realidad, lo dice la gente”.
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Las capacidades técnicas y las estrategias están
Entre el 2006 y el 2011 la población de los
asentamientos “cayó 11%. Estos son indicadores del Instituto Nacional de
Estadísticas”, comentó el Arq. Cabezudo. “Tal vez ese 11% no parezca mucho. Es
la población de Dolores; pero sin embargo hay un camino que cuando se recorre y
una política que si se sostiene sin
dudas va a revertir ese proceso. En el
año 1870, con el alambramiento de los
campos, se generaron los rancheríos
rurales. Llego en año 1968 se votó la
ley que constituyó Mevir. En el año 1942
decía el maestro Julio Castro, en un relevamiento que había hecho, que había unos 450 rancheríos rurales con unas 150 mil personas.
Números muy parecidos a los que tenemos hoy en asentamientos. La política que llevó adelante Mevir desde el año 1968
hasta ahora, no llegamos a los 50 años, ha
extinguido la vivienda insalubre rural. Hay un camino hecho, tal vez hay
que profundizarlo, tal vez hay que aportarle más recursos, pero el país en este momento sabe cómo hacer las cosas. Existen
las capacidades técnicas, existen recursos, tal vez no los suficientes para ir
más rápido. Es una perspectiva todavía
de muy largo plazo y la urgencia en la que están las situaciones de informalidad necesitarían
otra carga de recursos, pero sin dudas las capacidades técnicas y las
estrategias están y son eficaces para revertir la informalidad”.
PERIODICO CENTENARIO, 9/AGOSTO/2014
