Sobre la prisión domiciliaria
El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura.
Pereira analizó el contexto en el que dicha iniciativa se ha colocado en la escena nacional. "En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate público un proyecto de ley impulsado por el diputado Rodrigo Goñi que propone habilitar —y en algunos casos prácticamente imponer— la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de determinada edad. A primera vista, y despojado de contexto, podría parecer un planteo “humanitario”. Pero cuando se analiza en profundidad, queda claro que no estamos ante una iniciativa neutra ni inocente, sino ante un proyecto hecho a la medida para beneficiar a represores de la dictadura, responsables de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país", apuntó.
"Seamos claros: una discusión de este tipo podría entenderse si el proyecto excluyera expresamente a quienes fueron procesados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Pero eso no ocurre. Y cuando no se excluye lo que debe ser excluido, lo que se busca no es humanidad, sino impunidad", subrayó.
"En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Hubo centros clandestinos de detención. Hubo torturas sistemáticas. Hubo violaciones a compañeras detenidas. Hubo niñas y niños apropiados. Hubo personas desaparecidas cuyo destino seguimos sin conocer. Nada de eso es pasado cerrado, porque mientras haya desaparecidos sin verdad y sin justicia, los crímenes continúan".
Según el presidente de COFE, "quienes cometieron estos delitos no son presos comunes. Fueron agentes del Estado que utilizaron el poder público para violar todos los límites éticos, jurídicos y humanos. Por eso, a nivel internacional, estos crímenes son considerados imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, perdones encubiertos ni beneficios especiales. No lo decimos desde la bronca; lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, que Uruguay ha suscrito y está obligado a cumplir. Plantear que la edad por sí sola debe habilitar la prisión domiciliaria, sin analizar la naturaleza del delito, es igualar lo que no es igual. Es poner en el mismo plano a quien robó para comer y a quien torturó, violó y desapareció personas desde el aparato del Estado. Es borrar deliberadamente la historia y el sufrimiento de las víctimas".
Más adelante, Pereira señaló que "el Diputado Goñi no puede desconocer —y no lo desconoce— que este tipo de proyectos beneficia directamente a represores condenados o procesados. Por eso es legítimo afirmar que estamos ante un intento político de liberar dictadores, torturadores y violadores, muchos de los cuales jamás dijeron dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas".
Por otra parte, el dirigente de la FFSP interpeló sobre el fondo del asunto. "Hablan de “humanidad”, pero ¿dónde estuvo la humanidad cuando se torturaba? ¿Dónde estuvo cuando se violaba a detenidas indefensas? ¿Dónde estuvo cuando se arrojaban cuerpos al mar o se enterraban en predios militares? ¿Dónde estuvo cuando se robaban identidades y se destruían familias enteras?".
Pereira sostuvo que "las víctimas envejecieron esperando justicia. Las madres y familiares van murieron sin saber la verdad. Y aún hoy hay familias que no pueden hacer duelo porque el Estado —el mismo Estado que hoy algunos quieren volver a proteger— nunca les dio respuestas. El juicio y el castigo no son venganza, son justicia. Son una señal ética de que como sociedad no todo vale, de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Renunciar a eso es renunciar a la memoria, a la democracia y al “Nunca Más”. Por eso decimos con total claridad: los delitos de lesa humanidad no deben ser relativizados, revisados ni beneficiados por atajos legales. Cualquier proyecto que no excluya explícitamente a los responsables de esos crímenes es un retroceso democrático y una afrenta a la historia reciente de nuestro país. Y defender los derechos humanos también implica defender el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y en eso no puede haber ambigüedades".
Por último, el presidente de COFE remarcó que "es necesario decirlo sin rodeos: si el diputado impulsor de este proyecto no corrige explícitamente la iniciativa y no deja fuera de toda posibilidad de beneficio a los torturadores, violadores y responsables de crímenes de lesa humanidad, entonces deja de ser un mero promotor de una mala ley para convertirse en cómplice político de esos actos. Porque cuando se pretende aliviar la condena de quienes sembraron terror, dolor y muerte desde el Estado, se está eligiendo una postura. Y esa postura no es el de las víctimas, no es el de la democracia y no es el de los derechos humanos. La historia juzga. Y también juzga a quienes, pudiendo defender la memoria, la verdad y la justicia, eligen mirar para otro lado", sentenció.
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