Aldo Roque Difilippo

 

´Les pido las más sinceras disculpas´: El histórico descargo de un juez ante las víctimas de la dictadura

En el marco de la condena por el caso Roslik, el Dr. Claudio de León nombró a cada una de las víctimas de los operativos de 1980 y 1984. El magistrado enfatizó que las torturas sufridas fueron un ataque sistemático contra la población civil y abogó por garantías de no repetición.

Dr. Claudio de León, antes de leer la sentencia a los nueve implicados en el caso Roslik, pidió disculpas públicas a las víctimas y a sus familiares por las torturas y el sufrimiento que pasaron durante esos dramáticos acontecimientos ocurridos durante la pasada dictadura.

“En esta oportunidad y en este acto de reconocimiento un pedido de disculpas a toda la víctima de los operativos de San Javier de los años 1980 y 1984, sin perjuicio de que el Estado Uruguayo hiciera de forma genérica. Este juez, del Poder Judicial, soporte fundamental del Estado de Derecho, realiza en este acto un reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con las violaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluyen la violación a los derechos, a las garantías judiciales y a la protección judicial. En este sentido, a las víctimas de los operativos de San Javier que resultaron analizados en este juicio”, nombrando a cada una de las víctimas incluidas en esta causa, “y a todos su familiares y deudos, en representación del Estado uruguayo, les pide las más sinceras disculpas por los crímenes cometidos en su contra, los cuales califica como crímenes de lesa humanidad, como se indicara a través de esta sentencia se reconoce que durante los operativos de 1980 y 1984, ustedes fueron víctimas de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, fueron sometidos a detenciones arbitrarias, privación de libertades agravadas y a torturas, incluyendo plantones, submarino, picana eléctrica. Estos actos constituyeron graves violaciones de los derechos humanos que atentaron contra la dignidad humana, un valor anterior al Estado que jamás pudo ser transgredido. Los imputados, incluidos los oficiales del Batallón 9 y el médico militar Eduardo Sainz Pedrini, actuaron como co autores penalmente responsables de estos crímenes.

Algunos de ustedes fueron sometidos a una justicia militar que no era imparcial ni independiente, siendo condenados con la sola confesión obtenida bajo tormento. Por su parte, se exhorta a todos los poderes del Estado a comprometerse a evitar que situaciones como las que fueron objetos del presente juicio se repita, así como a tomar todas las medidas a su alcance para que hechos aberrantes como los ventilados en este juicio no vuelvan a suceder en el país, debiendo observarse celosamente las convenciones internacionales de derechos humanos. Este acto de reconocimiento busca contribuir a la reparación integral de las víctimas, a la consecución de la verdad fácil y a la satisfacción de la dignidad de las víctimas y sus deudos.

Su finalidad es proveer garantías de no repetición, asegurando así la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos y procurando que las atrocidades cometidas por agentes estatales no se vuelvan a cometer”.