Aldo Roque Difilippo

La encrucijada uruguaya  por los Derechos Humanos

Comisión Internacional de Juristas analizó los avances en las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, el papel de la Suprema Corte de Justicia, y las perspectivas en esta materia para el próximo gobierno.

(por Aldo Roque Difilippo) Comisión Internacional de Juristas (CIJ)  publicó este lunes en Ginebra un informe sobre las dos  misiones de investigación enviadas a Uruguay en los últimos 18 meses.  El informe titulado "Uruguay:  La lucha por Verdad y Justicia en la encrucijada" discute la actual situación  de los procesos judiciales  para la obtención  de Verdad y Justicia para las violaciones de los derechos humanos durante  la dictadura militar, y analiza, entre otros temas los fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre estos casos, la posición de Uruguay con relación al derecho internacional como resultado de esos fallos judiciales,  así como la  reciente reacción del Ministro de Defensa frente a los Organismos de Derechos Humanos.

Dentro de las perspectivas de futuro para nuestro país la Comisión Internacional de Juristas  reconoce que  Uruguay “se encuentra en una encrucijada. Mucho se ha avanzado desde la recuperación democrática, pero los efectos nocivos del Terrorismo de Estado aún se encuentran presentes y es en el ámbito de la impunidad de los atropellos cometidos por la represión dictatorial, donde ese impacto es todavía evidente”.

Que el próximo gobierno tome nota

“Uruguay, país que ha visto importantes avances en el respeto de los derechos humanos y la realización de la justicia social durante los últimos diez años, tiene sin embargo un serio problema de derechos humanos en el contexto de la justicia transicional, vista la forma como sus autoridades han abordado-- sobre todo en el último  periodo de gobierno --, los dilemas del pasado reciente y permitido que un importante grado de impunidad prevalezca en el país hasta este momento”. El informe recuerda que “desde hace ya un tiempo se repiten declaraciones desde altas esferas del gobierno, que apuntan soslayada, pero inevitablemente, a consolidar el grado de impunidad ya implantado con relación a las violaciones del pasado reciente. Estas declaraciones se traducen en llamados a la clemencia humanitaria que mitigue las condiciones de reclusión- debido a la edad avanzada - de los perpetradores, o a citar favorablemente (pero de manera incorrecta o incompleta) la experiencia de países que han debido convivir con el fenómeno de la impunidad, por ejemplo Sudáfrica”.

Apuntando que es de esperar que el gobierno que asumirá el 1 de marzo de 2015 “tome nota de  este importante factor y adopte las medidas necesarias para prevenir un deterioro del debate, debate que ya se asoma como insoslayable”.

Poniendo énfasis en que “esto es aún más importante, teniendo en cuenta que se ha anunciado que el actual Ministro de Defensa será quien ocupe este Ministerio en el próximo Gobierno, que los casos de derechos humanos siguen plenamente pendientes y que el reclamo por Verdad y Justicia está siempre presente en el país”.

El rol de la SCJ

Con respecto al poder judicial Comisión Internacional de Juristas entiende que “la Suprema Corte de Justicia ha asumido una importante cuota de responsabilidad en las acciones para terminar, a cualquier costo, con la investigación de las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes

gubernamentales durante la dictadura militar”. Opinando que “sería de gran importancia para el país el que la opinión pública  recupere la confianza en sus Magistrados. Y dicha confianza deberá necesariamente basarse en su calidad técnica, pero también en su grado de independencia frente al poder político, económico o social y en su capacidad para entender lo delicado del momento que vive el Uruguay respecto de la problemática de Verdad y Justicia”.

Otro aspecto   en que la Comisión Internacional de Juristas pone su foco es la designación, ascenso, traslado y sanciones de jueces “de todas las materias abarcadas por el Poder Judicial - pues parecería que la forma actual no alcanza a ser considerada como un procedimiento abierto, transparente y adecuado, que privilegie el mérito y el esfuerzo de los jueces por sobre otras consideraciones.

Tampoco debería escapar a la revisión el Estatuto de los Fiscales Letrados del Ministerio Público, en tanto también ellos son Magistrados Judiciales”.

Conclusión y perspectivas de futuro

El informe concluye que: “Al iniciarse en Marzo de 2015 el tercer gobierno de la coalición del Frente Amplio en Uruguay , se habrán cumplido también más de 30 años del fin de la dictadura militar en el país.

Y al empezar un nuevo Gobierno el tema de cómo resolver los abusos del periodo dictatorial, se encuentra en una encrucijada.

Mucho se ha avanzado desde la recuperación democrática, pero los efectos nocivos del Terrorismo de Estado aún se encuentran presentes y es en el ámbito de la impunidad de los atropellos cometidos por la represión dictatorial, donde ese impacto es todavía evidente. Uruguay parecía haber galvanizado la resolución para avanzar en un enfoque a largo plazo de este tema durante la segunda mitad de la década pasada, pero ahora se ha estancado, y amenaza con retroceder. Las frecuentes referencias – desde el Ejecutivo -- a la necesidad de clemencia humanitaria – en forma de prisión domiciliaria -- para el puñado de represores de la dictadura que purga sentencia, las alegaciones a las falsas simetrías del “combate” de los años 60 y 70, y la resistencia a proporcionar informaciones necesarias para que se pueda conocer la verdad sobre los desaparecidos, son todos signos que sugieren que una nuevaresolución se ha estado abriendo camino a nivel de la cúpula gubernamental. De consolidarse esta tendencia, solo puede conducir a un estado más pronunciado de la impunidad que el que se ha visto hasta ahora.

Tales pasos no sólo podrían profundizar las divisiones latentes todavía en la sociedad uruguaya, sino que en vista de los formas y los argumentos a los que se está recurriendo son pasibles de debilitar el estado derecho, siempre frágil y que tanto costó recobrar. Tal proceso de deterioro es evitable, si se abre un debate franco y transparente sobre las intenciones del Ejecutivo en esta materia.

Durante tres décadas de democracia , y particularmente durante la última década, Uruguay – que bajo la dictadura militar había sido relegado a la condición de paria internacional – recuperó un rol de primera línea en la Comunidad de Naciones; su voz es escuchada, sus iniciativas son examinadas con respeto y su rol en materia de derechos humanos es particularmente reconocido. Uruguay ha jugado asimismo un rol importante en la elaboración de instrumentos internacionales, como la Convención internacional sobre las desapariciones forzadas y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Poco sentido tiene ahora retroceder en ese camino. No hay razones verdaderas que justifiquen un proceso regresivo hacia la impunidad en Uruguay o el apartamiento del país de un enfoque que respeta, aplica y promociona el derecho internacional de los derechos humanos. Las instituciones democráticas se han consolidado en buena medida, las fuerzas políticas que declaran su afinidad con los derechos humanos, la Verdad y la Justicia, cuentan con mayorías parlamentarias y sólida implantación social. Jueces y fiscales valientes y concientes de la función que deben cumplir han expresado su voluntad de seguir adelante con los casos que tienen frente a sí y defendiendo su independencia, a pesar de los empujes obstruccionistas que se suceden desde la cúpula judicial. La sociedad misma no es indiferente al reclamo de Verdad y Justicia. Existen condiciones que permiten avanzar hacia una resolución de los temas de Verdad y Justicia sobre el pasado reciente que de, finalmente,

una alternativa aceptable y digna para las víctimas , los familiares y la sociedad. Para eso el próximo gobierno deberá mostrar determinación y ejercer liderazgo”.

La CIJ

La Comisión Internacional de Juristas está compuesta de 60 eminentes jueces y abogados de todas  las regiones del mundo, y tiene por misión la promoción y protección de los derechos humanos a través del Estado de derecho, usando su experiencia jurídica para desarrollar y fortalecer sistemas de justicia nacionales e internacionales. Establecida en 1952, la Comisión goza de estatuto consultivo ante del Consejo Económico y Social de la ONU desde 1957 y está activa en los cinco continentes. La Comisión busca asegurar el desarrollo progresivo y la aplicación efectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, la salvaguardia de la separación de los poderes, y la garantía de la independencia de la judicatura y de la profesión legal.

A continuación  puede consultarse el documento completo.

http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=14976