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UNTMRA MOSTRÓ SU PREOCUPACIÓN POR CONTRATO CON CARDAMA Y LAMENTÓ QUE NO SE PRIORICE EL TRABAJO NACIONAL
Luego del anuncio del Poder Ejecutivo sobre la rescisión del contrato de fabricación de embarcaciones con el astillero Cardama, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA), manifestó su preocupación por el perjuicio que le ocasionó al país.
“Lamentamos el perjuicio que según las informaciones vertidas en el día de ayer sufre el Estado uruguayo, por ende, toda la ciudadanía”, expresó el Comité Ejecutivo Nacional de la UNTMRA.
Asimismo, lamentaron que frente a la difícil situación que atraviesa el sector naval, en donde hay cientos de trabajadores sin empleo, el gobierno anterior haya resuelto la fabricación de las patrullas oceánicas en empresas del exterior.
En ese sentido, solicitaron que se tenga en cuenta a la mano de obra naval de nuestro país y también al sector empresarial nacional.
Por último, expresaron su compromiso “para colaborar en lo que se entienda necesario”.
El robo ocurrió en el camposanto ubicado entre avenida Herrera y las calles Juan A. Lavalleja, Frugoni y Brasil.
El cementerio cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se confía en que las imágenes puedan aportar datos que ayuden a identificar a los responsables.
(*) información extraída de SanJoséahora
Paro general parcial el 29 de octubre
Bajo las premisas de "el pueblo primero; es tiempo de cumplir. Por trabajo, salario y presupuesto", el movimiento sindical realizará una jornada nacional de paro general parcial con movilización en la explanada de la Universidad de la República, para marchar hasta el Palacio Legislativo, el próximo 29 de octubre.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, la vicepresidenta adjunta de la central sindical, explicó que el paro del 29 de octubre "es una respuesta colectiva del movimiento sindical ante una situación de injusticia social que se agrava día a día".
Según analizó Carolina Spilman," el pueblo trabajador pierde salario y derechos mientras el gran capital acumula ganancias", al tiempo que "el 1 % más rico concentra el 40 % de la riqueza del país, y la pobreza infantil ya alcanza a un tercio de nuestras niñas y niños".
La medida de alcance nacional, incluirá actos y concentraciones en los 19 departamentos.
La vicepresidenta de la central sindical dijo que "el gobierno mantiene una política salarial restrictiva, recorta presupuestos y posterga la inversión social" y fundamentó la medida también mencionando que será "en defensa de las empresas públicas, la negociación colectiva y el trabajo con derechos".
Asimismo, remarcó que se convoca al paro "porque exigimos que se gobierne para las mayorías porque estamos convencidos y convencidas que debemos combatir el modelo de desigualdad.
Las movilizaciones, concentraciones y actos que se realizarán en los 19 departamentos, contarán con la participación de sindicatos públicos y privados, cooperativas, jubilados y estudiantes.
Según Spilman, el gobierno debería colocar énfasis "en la erradicación de la pobreza infantil con un plan nacional financiado por un sistema tributario justo, debería recuperar salarios y pasividades que siguen rezagados frente al crecimiento económico" y "garantizar empleo de calidad, con inversión pública y políticas de desarrollo productivo nacional".
Desde su punto de vista, son todos aspectos que hasta el momento, el gobierno no está afrontando adecuadamente.
La vicepresidenta de la central sindical también afirmó que el Poder Ejecutivo debería "aumentar el presupuesto para educación, salud, vivienda y cuidados", y consideró que hasta el momento, los recursos destinados a esos aspectos centrales, son "insuficientes".
En otro punto, remarcó la necesidad de "frenar la carestía, regulando precios y tarifas que golpean los bolsillos populares", "reformar el sistema tributario para que quienes más tienen paguen más" y "defender las empresas públicas y la soberanía nacional, pilares del desarrollo con justicia social".
Spilman, quien además es responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central sindical, reflexionó sobre la movilización en tiempos de malestar digital y redes sociales. "Hoy no hay menos voluntad de lucha: hay más necesidad de sentido. Creo que la gente se moviliza cuando siente que su voz vale y que su acción puede transformar. Las redes sociales son útiles para difundir pero la organización se construye en los lugares de trabajo, en los barrios y en la calle. Y la tarea del movimiento sindical es convertir el malestar digital en fuerza colectiva real".
En este sentido, subrayó que "la movilización masiva se logra con convicción, propuestas claras y unidad. Y cuando la causa es justa, como lo es el reclamo por salario, trabajo y justicia tributaria, el pueblo responde".
Spilman sostuvo que el paro del 29 de octubre "es una demostración de fuerza y dignidad, una jornada para levantar la cabeza y hacer escuchar la voz de la clase trabajadora".
(*) fuente PIT CNT
Agricultura familiar

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), mediante el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), concertaron este acuerdo de trabajo orientado a fortalecer el derecho humano a la alimentación adecuada, y promover la seguridad y soberanía alimentaria en el país.
El convenio busca articular políticas y acciones conjuntas que integren los ámbitos social, productivo y ambiental, reconociendo el papel clave de la agricultura familiar y la pesca artesanal en la provisión de alimentos saludables, accesibles y sostenibles.
Entre los principales objetivos se destacan el impulso a las compras públicas a la producción familiar, la promoción de mercados de cercanía y circuitos cortos de comercialización, que son competencias vinculadas a la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR-MGAP). A su vez generar espacios de trabajo interinstitucional que favorezcan la inclusión, la equidad y la mejora de la calidad de vida de la población, especialmente en territorios y sectores más vulnerables.
Este acuerdo reafirma el compromiso del MGAP y el MIDES con la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que con las declaraciones y recomendaciones suscritas por Uruguay en pos de sistemas alimentarios más justos, sostenibles y resilientes para toda la población.
La actividad se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ubicada en la Avenida Garzón donde funcionan entre otras, la DGDR.
Abrió y dio la bienvenida el director de Desarrollo Rural, Gabriel Isola, que comentó “pocas veces se ve tan claro un escenario de ganar-ganar, donde se juntan la necesidad de lograr alimentos en cantidad y calidad adecuadas para tantas ciudadanas y ciudadanos que lo necesitan en nuestro país, junto con poder garantizar la necesidad y la seguridad de comercialización de un precio justo para los agricultores familiares. Este acuerdo tiene también como base algunos compromisos del Plan Nacional de la Agricultura Familiar” que es un trabajo interinstitucional del Estado “junto con las organizaciones sociales, que marcan una ruta que el Uruguay desde la creación de la DGDR se ha trazado de fortalecer a los productores familiares y utilizar las compras públicas como un instrumento fundamental para su crecimiento y su desarrollo”.
Continuó la directora del Instituto Nacional de la Alimentación Micaela Melgar, quién afirmó “hoy concretamos un gran paso que representan un trayecto de trabajo compartido de larga data que ha tenido importantes frutos. Es el punto de encuentro entre dos dimensiones especiales del país que queremos construir: la producción de alimentos y el derecho a acceder a ellos”. Hizo referencia al derecho humano de alimentación como aquel que trasciende lo biológico, y abarca la dignidad, de igualdad de oportunidades y de justicia social, convicción que dijo es común al Instituto que ella dirige y también al Ministerio de Ganadería que comprende lo alimentario desde subsistemas. “La Dirección general de Desarrollo Rural impulsa y promueve la producción familiar, que es uno de los actores claves para el desarrollo de la soberanía alimentaria y la conquista de nuestros objetivos para la etapa relacionados al hambre cero y la disminución de la inseguridad alimentaria al menos en algunos sectores”. Y remarcó que “hay que actuar con sentido de urgencia, porque la desigualdad en el acceso a los alimentos es una forma de exclusión de raíz al resto de los derechos…este acuerdo tiene un sentido estratégico en como concebimos nuestro sistema alimentario, porque une la capacidad productiva del país con su desarrollo social”. Cerrando hizo un reconocimiento a quienes producen los alimentos del Uruguay desde lugares casi invisibles y a los equipos de Desarrollo Rural y del INDA.
Seguidamente tomó la palabra, su par del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, felicitó a los equipos “que se pusieron al hombro esto y lo lograron concretar, porque la distancia entre un sueño o una idea y concretarla es enorme…acá lo que faltaba la definición política y la acción concreta, y el convencimiento de todos los equipos técnicos de que esto era posible, y acá estamos”.
Agregó que desde su rol en el MIDES aseguró que “se creó con el fin de garantizar derechos, y además nació con el rol de la articulación de las políticas sociales sectoriales…en esta administración estamos abriendo a otras dimensiones, porque no hay desarrollo social si no hay desarrollo productivo”. Valoró mucho que desde la Dirección de Desarrollo Rural se trabaje con enfoques diferenciados hacia los distintos sectores de la población rural, que garantiza oportunidades de desarrollo.
Cerró la parte oratoria el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula que saludó a representantes del Estado, organizaciones del medio rural y organismos internacionales.
Dijo que “esto es producto de un proceso, es importante comentarlo. En ese sentido reconocer a los funcionarios del MIDES, y a los equipos del MGAP, y a las organizaciones, porque la Ley de las compras públicas a la agricultura familiar y otros decretos y leyes, son un proceso, esto es la síntesis de mucho compromiso, de mucha cabeza y muchas desilusiones también”. reiteró un concepto común a los integrantes de la mesa, sobre la “tragedia de tener un país que produce alimentos para todo el mundo y tiene a su vez porcentajes tan elevados de desnutrición y acceso a los alimentos, sobre todo en la población infantil, y cerró la idea afirmando que el acuerdo pone este tema sobre la mesa, que para nosotros es fundamental, que la alimentación en este país sea un derecho”.
Policía Caminera

La renovación del parque automotor conlleva una mejor prestación del servicio, más seguridad para los efectivos y permite tener una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier emergencia.
Los nuevos vehículos serán distribuidos estratégicamente entre las diferentes unidades operativas de Policía Caminera a nivel nacional.
Con esta incorporación, la Dirección Nacional de Policía Caminera reafirma su compromiso con la protección de los usuarios de las rutas, dotando a su personal de los recursos necesarios para garantizar una circulación más segura para todos.
Promover la inversión

En su intervención Oddone repasó los cuatro grandes objetivos del quinquenio, centrados en:
Consolidar estabilidad macroeconómica
Generar clima para crecer a mayor ritmo
Fortalecer matriz de protección social
Mejorar la seguridad
“Uruguay está en condiciones de tomar decisiones para comenzar a jugar en otra liga”, aseguró Oddone, quien dijo que esto se ve reflejado en los comentarios que los jerarcas reciben desde el exterior sobre la realidad nacional. “Hoy Uruguay está en condiciones de captar la atención y ser atractivo, y hay que aprovecharlo”, enfatizó.
El ministro considera que su alto nivel de convivencia, de cumplimento de las normas, su adhesión a la democracia y la rotación en el gobierno, son “elementos a capitalizar” porque distinguen a Uruguay a nivel global.
El secretario de Estado informó que, tras el viaje a Washington, capital de Estados Unidos, en la mañana del lunes se lanzó una convocatoria internacional a inversores para el Programa de Financiamiento. La respuesta de las próximas horas será clave para saber cómo están evaluando al país desde el exterior, sintetizó el jerarca. Oddone definió al Programa como un plan sólido, fundado y gradual para acompasarlo con un nivel de actividad que debe mantenerse firme.
Uruguay, además de tener el grado inversor desde hace varios años, tiene el menor riesgo país de la región, recordó el ministro. “El resto del mundo nos observa como país confiable, con tasas de interés para acceder a financiamiento comparativamente bajas”, dijo Oddone, quien entiende que esta es la base para generar un clima de inversiones saludable.
En su discurso, el secretario de Estado destacó la consolidación de la tasa anual de inflación por debajo del 6 %, dato que se observa de forma sostenida en los últimos meses. A esto sumó que, por primera vez en muchos años, las expectativas de inflación que tiene el sector privado para los próximos años convergen a los niveles proyectados por el Gobierno.
“Una baja tasa de inflación es de las mejores políticas sociales que se pueden tener para favorecer los ingresos de las personas más vulnerables”, una meta central de la política de esta administración, aseguró Oddone. El ministro informó en su oratoria que el objetivo es consolidar la tasa de inflación en 4,5 % y por debajo del 4 % en la segunda parte de este gobierno.
En materia fiscal, Oddone recordó la situación fiscal del Estado, con un déficit que se ubica en 4,1 % de producto bruto interno (PBI). A su vez destacó la aprobación de la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto Nacional, texto que ingresará la semana próxima a la Cámara de Senadores para su análisis.
El jerarca valoró la aprobación de este proyecto de ley en el Parlamento porque el cumplimento del programa de convergencia establece las condiciones para alcanzar un equilibrio fiscal primario al final del período. En base a este objetivo, indicó que el déficit fiscal estimado en 2,5 % de PBI al final del mandato estará asociado al pago de intereses de deuda.
Oddone aseguró que este programa de consolidación fiscal “excluye a cualquier aumento de impuestos a los factores productivos relevantes para la economía”. “Hay que hacer una convergencia fiscal gradual, pero la forma de hacerlo es no afectar el gasto ya que hay enormes prioridades. Lo estamos haciendo por el lado de los ingresos, pero sin afectar las rentas de trabajo, rentas de las empresas y el consumo que son los contribuyentes domésticos”, estableció.
Explicó que el diseño de la estrategia presupuestal está basada en dos pilares: la recuperación de los niveles de eficiencia tributaria alcanzados en 2019 y las modificaciones tributarias, de las cuales el 80 % corresponde a la relocalización hacia Uruguay de impuestos que ya se pagan; a esto sumó la equiparación en materia tributaria de lo que ocurre con la distribución de dividendos a nivel local e internacional.
Asimismo, informó que están introduciendo un cambio importante para las finanzas públicas que es generar cambios en la regla fiscal, cuyo componente central es que la deuda debe ubicarse “por debajo del 65 %” de PBI.
Por otra parte, Oddone sostuvo que, para acelerar el crecimiento, se procura:
Fortalecer los instrumentos existentes
Consolidar proyectos de inversión extranjera
Fortalecer incentivos a la inversión para grandes proyectos (Comap)
Extender el estímulo tributario a la atracción de talento
Por otra parte, Oddone repasó los principales objetivos de su cartera en torno al presupuesto centrados en: promover la inversión; reducir la burocracia y sus costos; introducir cambios en innovación y mejora de la productividad, y fortalecer la intermediación financiera.
Inversión pública quinquenal
Las prioridades de obra nueva para el quinquenio suman 3.300 millones de dólares, unos 800 millones por año y se centran en: transporte y logística; desarrollo territorial y movilidad urbana; agua, riego y saneamiento; infraestructura en salud y seguridad.
Sobre el cierre de su exposición, el ministro subrayó que el gobierno está considerando la instalación de una agencia de infraestructura para contar con banco de proyectos y con indicaciones de hacia dónde ir con proyectos de inversión de obra pública que trascienden los períodos de gobierno.
Las incautaciones realizadas por la Dirección Nacional de Aduanas en los pasos de frontera terrestre con Brasil se han mantenido estables en el último quinquenio, con pequeñas oscilaciones al alza en los años 2021 y 2023. En el período comprendido entre el año 2020 y lo que va del 2025, la DNA realizó 13.547 incautaciones por un valor de $U 1.589.925.794.
Lo pasos de frontera de Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy han ejecutado desde el año 2020 a la fecha, aproximadamente un 33% del total de las incautaciones realizadas por el organismo en todo el país.
En momento en que el Ejecutivo se apresta emitir el Decreto de la Ley Nº 20.419 de 22 de agosto de 2025, que establece el nuevo Régimen Especial de Comercio para Frontera, la Dirección Nacional de Aduanas realizó un análisis estadístico del comportamiento de las incautaciones en los pasos fronterizos terrestres con Brasil.
Este análisis estadístico sobre los pasos de frontera terrestre con Brasil a partir los cuales se aplicarán las medidas, señala que anualmente, entre los años 2020 y 2024, se realizaron en promedio unas 2.400 incautaciones.
El valor de lo incautado en esos cinco años (2020-2024) fue de 1.332.541.595 pesos uruguayos. La administración de aduana de Rivera es la que registra el mayor número de incautaciones en este período con 4.388 entre los años 2020 y 2024.
En lo que refiere a este año 2025, contabilizando las operaciones hasta el 19 de octubre, se llevan realizadas 1.781 incautaciones en los seis pasos de frontera por un valor de 257.384.199 pesos uruguayos.
A continuación, incluimos los datos gráficos de la cantidad y el valor de las incautaciones realizadas entre los años 2020 y el 19 de octubre de 2025, en los seis pasos de frontera terrestre con Brasil.
El análisis no incluye actas de incautación anuladas. Incluye drogas y comiso secundario de vehículos. Los datos del año 2025 son parciales, extraídos al 19/10/2025.
“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas”, debido a “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”, anunció el presidente Yamandú Orsi. Se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales, para resguardar los recursos de los uruguayos.

Acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y el prosecretario, Jorge Díaz, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles 22 en Torre Ejecutiva.
El presidente Yamandú Orsi instruyó, el lunes 20, al embajador uruguayo ante Reino Unido, para que se presentara ante las oficinas de la empresa Eurocommerce. El representante diplomático se encontró con que allí no funcionaba esa companía, sino una inmobiliaria que pertenecía a una persona de nacionalidad rusa, residente en su país natal.
Orsi afirmó que ante la constatación de hechos que revisten tal gravedad, resolvió rescindir el contrato para la compra de las dos buques de patrulla oceánicas (OPB, por sus siglas en inglés) adquiridas en el período anterior.
Las autoridades anunciaron que el Estado uruguayo ejecutará la garantía de fiel cumplimiento rubricada por el astillero español Cardama, ante el incumplimiento de lo acordado, en relación a la construcción de dos patrullas oceánicas.
“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas", señaló el presidente.
Agregó que el lunes 20 firmó una resolución "ante el vencimiento de la garantía de fiel cumplimiento" como forma de ejecutar la cláusula correspondiente. Dijo que se decidió hacer una denuncia penal ante los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo”
El prosecretario Jorge Díaz repasó las garantías establecidas en el contrato entre el Estado y la empresa Cardama. Explicó que la empresa debería presentar una garantía de fiel cumplimento que equivalía al 5 % del contrato total de la obra.
Eso no se cumplió y se fueron solicitando prórrogas. “Los 45 días se transformaron en 11 meses, lo cual es relevante porque el primer barco iba a estar construido en 18 meses”, precisó.
Díaz recordó que en el primer y segundo intento de constitución de garantía el Ministerio de Defensa de la época consultó al Banco Central, quien recomendó no llevar adelante esas garantías y contratar un corredor de seguros.
Esa cartera no contrató un corredor de seguros pero sí contrató un estudio jurídico que "aparentemente" es Delpiazzo. “Digo aparentemente porque no hay indicios de esa actividad. Sí se encontraron una serie de correos electrónicos entre Cardama, el Ministerio de Defensa y el estudio, que no dudamos de su validez", apuntó.
Explicó que venció el plazo y Cardama no brindó garantía suficiente. Ya vencido ese plazo se presentó a Eurocommerce pese a haberlo hecho en inglés, sin apostillarlo, y sin acreditarse, sostuvo.
Añadió que la garantía de Cardama tenía que cumplir un plazo de 42 meses pero alcanzó un año, “la que debía ser renovada 30 días antes del vencimiento".
Díaz informó que en 2023 y 2024 la empresa tuvo solo un empleado y no registró prácticamente actividad, según surge del análisis de sus cuentas. Además, el único director es un ciudadano ruso, residente en Rusia, y en la web de la empresa aparecen falsos y engañosos, dijo.
“Hay indicios fuertes de que esta empresa es una empresa de papel y que estaríamos ante un fraude ante el Estado uruguayo y esta garantía no existiría", indicó. El prosecretario señaló que se iniciarán acciones administrativas, civiles y penales, ante todos estos indicios.
El secretario de la Presidencia, en tanto, explicó que el astillero escogido por la anterior administración de Gobierno, que se había comprometido a construir una de las barcazas en 18 meses, le llevó 11 meses poder constituir sus garantías de fiel cumplimiento.
Sánchez agregó que la anterior administración no tomó los recaudos necesarios para que esa empresa tuviera la capacidad de hacer frente al compromiso adquirido, “ese es el problema al que nos enfrentamos”.
El jerarca expresó que si en tres días se ha logrado recabar toda esta información, “resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave que va a requerir una investigación en profundidad, para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario".
Al día de hoy se realizaron tres transferencias al astillero que ascienden a una suma cercana a los 30 millones de dólares, eso es lo que ha transferido el Estado uruguayo en cumplimiento del contrato, dijo Sánchez. “Se tienen que esclarecer estos hechos, que son muy graves. Estamos muy preocupados”, expresó.
Agregó que el presidente Orsi ha instruido que el Estado uruguayo resguarde los recursos del pueblo uruguayo, a la vez, que, desde el Ejecutivo, se está analizando qué tipo de procedimiento llevar adelante para esclarecer los hechos que son de gravedad, tanto en la órbita administrativa como en la judicial.
Botón de emergencia
El Ministerio del Interior presentó Élida 360, un dispositivo que funcionará en los celulares de mujeres víctimas de violencia de género para cuyo agresor haya medidas cautelares de no acercamiento. La tecnología será complementaria a la tobillera electrónica.
Élida 360 debe su nombre a Élida Pensado Graña, quien fue la primera mujer policía uniformada de Uruguay. A este nuevo programa de cuidado se ingresará por orden judicial y representa una alternativa a la tobillera, no la sustituye, explicó la encargada de la Dirección Nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, durante la conmemoración por el 17.° aniversario de la institucionalidad de género en el Ministerio del Interior.
La herramienta se utilizará en los casos en que haya finalizado el seguimiento mediante tobillera para que la víctima cuente con un botón de emergencia para alertar sobre situaciones de violencia. La Policía tendrá los datos registrados y enviará una rápida respuesta ante la emergencia, añadió.
El dispositivo también servirá para ampliar la denuncia, sin necesidad de que la persona deba acudir a la comisaría y otras funcionalidades para el acompañamiento de la víctima.
La cartera trabaja en la adquisición de los dispositivos en coordinación con Antel y en la selección de personal que trabajará con la nueva tecnología. En una primera etapa se dispondrá de unidades en Montevideo, donde se evaluará el nivel de respuesta para la ampliación de la medida al resto del país. Esta herramienta se lanzará el 21 de noviembre y estará operativa a partir de diciembre, anunció.
El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó el trabajo constante y comprometido de la actual Dirección Nacional de Políticas de Género, a lo largo de 17 años. La incorporación de esa perspectiva a las políticas de seguridad no solo es necesaria, sino que “es imprescindible” para mejorar los espacios laborales, aportar a una sociedad más justa y forjar la cultura del respeto, señaló.
Expresó que las políticas de género humanizan y mejoran a la institución y reafirmó que, para la cartera estatal, no son una agenda accesoria, sino una herramienta fundamental para alcanzar una institución más justa y profesional.
Zabaleta, por su parte, dijo que los logros alcanzados hasta ahora en la materia “son el piso, no el techo" y que se ha progresado en prevención, seguridad y protección. Destacó la creación del Instituto Nacional de las Mujeres; la puesta en marcha del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género y el primer plan de igualdad de oportunidades y derechos, entre otros.
Zabaleta afirmó que se debe trabajar en el territorio para fortalecer las redes de apoyo de acuerdo a las características específicas de cada territorio. Es fundamental que los policías de las brigadas rurales cuenten con las capacidades para brindar una primera respuesta, indicó.
Simposio en Montevideo
“La transformación digital llevó a que el delito también sea digital, lo que impone crear políticas específicas y acciones para mitigar, prevenir y perseguir a los delincuentes”, manifestó el director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), Daniel Mordecki, en el Simposio sobre Ciberseguridad que impulsa la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Montevideo.
Este simposio, organizado por la Sección de Ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte) de la citada entidad internacional, en colaboración con la Agesic, convoca a más de 300 expertos en diferentes eventos que se desarrollan el 22 y el 23 de octubre. Mordecki estuvo acompañado, en la apertura, por el secretario ejecutivo adjunto de la Cicte-OEA, Guillermo Moncayo.
El director de la Agesic recordó que hace 20 años comenzó la transformación digital, que conllevó beneficios y dificultades. Como ejemplo, mencionó que las estafas aumentaron 2.000% en Uruguay en los últimos 10 años y que en la primera mitad 2025 fueron contenidos más de 17.000 incidentes digitales.
“Eso nos impone la creación de políticas específicas y acciones para mitigar, prevenir y perseguir a los delincuentes. Los Estados tienen que interactuar, coordinar y actuar en forma conjunta”, abogó Mordecki.
Bajo el lema “Resiliencia inteligente: Construyendo un ecosistema cibernético que evoluciona y se adapta”, este simposio está dirigido a profesionales de la ciberseguridad, actores políticos y especialistas en incidentes cibernéticos. Su objetivo es fomentar el diálogo interinstitucional y la importancia estratégica de la ciberseguridad en la región.
En la oportunidad, también se llevó a cabo la Iniciativa Regional para la Educación y la Capacitación en Ciberseguridad, con la finalidad de brindar un espacio para que representantes de los sectores educativo, gubernamental, industrial y de organizaciones sin fines de lucro exploren formas de desarrollar un plan de estudios para la ciberseguridad actual y futura.
Ejercicio práctico virtual
Curso virtual que se dicta en la Plataforma Educativa Virtual del Sinae y está dirigido a sus representantes institucionales a nivel nacional y territorial, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
A través de este curso introductorio y autoadministrado, se busca proporcionar un primer acercamiento a los instrumentos metodológicos para formular, implementar y evaluar ejercicios de simulaciones y simulacros, permitiendo acortar la brecha entre los aprendizajes teóricos y el desempeño durante estos eventos.
Tiene una carga horaria de 13 horas.
Jefatura Río Negro

Efectivos policiales identificaron y detuvieron a dos hombres mayores de edad, quienes circulaban en motocicleta, mientras realizaban tareas policiales en el marco de operaciones vinculadas al microtráfico.
Allí se incautó un arma de fuego calibre 22, seis municiones, envoltorios con sustancias estupefacientes, $1.200, un teléfono celular y una motocicleta.
Enterada la Fiscalía, dispuso la detención de uno de los sospechosos, siendo el otro emplazado sin fecha.
Finalizada la audiencia en la sede letrada, se dispuso la condena del detenido, debiendo cumplir la pena de dos años y un mes de penitenciaría por ser el autor penalmente responsable de un delito de tráfico interno de armas y municiones en reiteración real con un delito de suministro de estupefacientes.