Muy
poco
En
2014 en nuestro país “apenas hubo progresos respecto a garantizar
que las denuncias de violaciones de derechos humanos” expresa el
Informe 2014/15 elaborado por Amnistía Internacional.
(por
Aldo Roque Difilippo) En Uruguay “durante 2014 apenas hubo
progresos respecto a garantizar que las denuncias de violaciones de
derechos humanos cometidas en el pasado” expresa el Informe
2014/15 elaborado por Amnistía Internacional.
El
informe analiza la situación de los derechos humanos en el mundo, y
en lo que tiene que ver con nuestro país se detiene en los temas
relativos a la impunidad, los derechos sexuales y reproductivos, las
condiciones de reclusión y los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero e intersexuales.
La
región
Al
analizar la perspectiva regional Amnistía Internacional apunta que
el acceso a la justicia sigue estando “fuera del alcance de
muchas personas, sobre todo de las pertenecientes a las comunidades
más desfavorecidas”. Y si bien “se produjeron ciertos avances
en las investigaciones y los enjuiciamientos de violaciones de
derechos humanos perpetradas por gobiernos militares durante el siglo
pasado, como en los casos de Argentina y Chile. Sin embargo, la
impunidad de miles de desapariciones forzadas y
ejecuciones
extrajudiciales cometidas en la región durante la segunda mitad del
siglo XX se mantenía arraigada, en gran medida debido a la falta de
voluntad política para llevar a los responsables ante la justicia.
Miles de víctimas y sus familiares continuaban exigiendo verdad y
justicia en varios países, incluidos Brasil, Bolivia, El Salvador,
Guatemala, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay”.
El
informe sobre nuestro país expresa textualmente:
URUGUAY
República
Oriental del Uruguay
Jefe
del Estado y del gobierno: José Alberto Mujica Cordano
Existía
la posibilidad de que la lucha en pro de la justicia por las
violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo de
gobierno cívico-militar, entre 1973 y 1985, sufriera un retroceso a
raíz de una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia en
2013. Suscitaban preocupación las trabas para que las mujeres
pudieran abortar.
INFORMACIÓN
GENERAL
Uruguay
se sometió al examen periódico universal de la ONU en enero y
aceptó recomendaciones importantes, entre ellas la de combatir todas
las formas de discriminación.
Uruguay
ratificó en septiembre el Tratado sobre el Comercio de Armas de la
ONU.
En
diciembre, seis detenidos del centro de detención estadounidense de
Guantánamo, Cuba, fueron reubicados en Uruguay.
En
octubre se celebraron elecciones generales; el Frente Amplio obtuvo
la victoria en una segunda vuelta celebrada en noviembre.
IMPUNIDAD
En
febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia revocó dos artículos
cruciales de la Ley 18.831, adoptada en 2011, que establecían que
los crímenes cometidos durante el periodo del régimen
cívico-militar, entre 1973 y 1985, eran crímenes de lesa humanidad,
con carácter imprescriptible.
La
Suprema Corte también concluyó que no se habían cometido crímenes
de lesa humanidad durante dicho periodo porque la legislación
nacional no había tipificado estos actos como delito hasta 2006 y,
por lo tanto, estaban sujetos a prescripción. (1)
Durante
2014 apenas hubo progresos respecto a garantizar que las denuncias de
violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado se
investigaran exhaustivamente.
Al
concluir el año, continuaba el juicio a un ex agente de policía
acusado en 2012 de complicidad en el homicidio del profesor y
periodista Julio Castro, cometido en 1977.
DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Los
requisitos obligatorios establecidos por la ley de 2012 que
despenalizaba el aborto seguían suscitando preocupación, ya que
suponían un obstáculo potencial para acceder a un aborto legal. La
ley de 2012 establecía un periodo obligatorio de cinco días de
reflexión y una revisión de los casos
por
parte de un grupo de expertos cuando se solicitaba un aborto. Si el
embarazo era consecuencia de una violación, la ley exigía la
presentación de una demanda judicial para que la mujer pudiera
someterse a un aborto.
En
abril, en Salto, capital del departamento de Salto, alegando objeción
de conciencia, los médicos se negaron a practicar un aborto a una
muchacha discapacitada que estaba embarazada tras haber sobrevivido a
una violación. La muchacha tuvo que viajar a la capital, Montevideo,
para someterse alprocedimiento.
CONDICIONES
DE RECLUSIÓN
En
mayo, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación
por el hecho de que dos tercios de la población reclusa estuvieran
en espera de juicio, y manifestó también su inquietud por la
atención médica en los centros penitenciarios, el suministro de
agua, los servicios de saneamiento y la ventilación en las celdas.
DERECHOS
DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES
Apenas
hubo avances en las investigaciones de los homicidios de cinco
mujeres transexuales que tuvieron lugar entre 2011 y 458 Informe
2014/15 Amnistía Internacional 2012. Sólo en un caso, en el
departamento de Cerro Largo, tres personas habían sido enjuiciadas.
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1.
Uruguay: Información de Amnistía Internacional para el Examen
Periódico Universal de la ONU, enero–febrero de 2014 (AMR
52/001/2013)
www.amnesty.org/es/library/info/AMR52/001/2013/es
El informe completo puede leerse aquí:
www.agesor.com.uy
