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´Para nada contentos con la seguridad´: Centro Comercial Soriano trasladó reclamos a diputados
Falta de funcionarios policiales, móviles detenidos por burocracia y políticas de frontera fueron parte de los planteos realizados por la institución.
El presidente del Centro Comercial de Soriano, Gustavo Filippini, señaló que en la reunión con los diputados departamentales se abordaron temas vinculados a la seguridad, la situación del comercio y el proyecto de ley sobre el IMESI. Filippini en diálogo con @gesor expresó su preocupación por las carencias en la Jefatura de Policía y afirmó que “no quedamos para nada contentos con la situación como está”.
El Centro Comercial se reunió con los diputados del departamento para plantearle una serie de inquietudes y de reclamos. ¿Por dónde pasaron esos temas?
-”Sí. Generalmente nos reunimos entre 3 y 4 veces por año. Está por arrancar la nueva legislatura y queríamos hacer un punteo de las cosas que se van a empezar a trata, y a su vez conversar el temas de interés, tanto de los representantes departamentales, como nuestros. Uno de los temas fue el de la seguridad Después hablamos del Proyecto de Ley que mandó el gobierno al Parlamento en los primeros días de enero, que tiene que ver con el IMESI. Seguramente se va a tgratar el 23 de febrero, en la primera reunión extraordinaria que tengan en el Parlamento, y después esperarán unos días para que el gobierno lo apruebe y lo reglamente.
También hablamos del tema del comercial, de cómo está el comercio, y también de los datos anuales que tenemos del centro PYME, de lo que es la evaluación del departamento”.
Sobre el tema de la seguridad, ustedes se habían reunido con el Jefe de Policía por algunos hechos que se vienen registrando contra el comercio y también contra la sociedad en general. ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Han tenido buena respuesta?
-”En esa reunión yo no estuve, pero fue un compañero directivo, y estaba el intendente, y estaba el vicepresidente de la Asociación Rural. La idea que fue un intercambio de ideas con el Jefe. Muchas carencias de parte del Ministerio para con la Jefatura de Soriano, que esperemos pronto se resuelvan.
Por lo pronto no hay llamados para nuevos funcionarios. Sabemos que todos los años deberían entrar 30 o 40 funcionarios para mantener la plantilla.
Este año no ha habido llamados, o sea que si no se apura eso, y no sacamos algún llamado para el departamento, vamos a tener menos funcionarios que años anteriores.
Por otro lado el tema de los móviles policiales que están con bastantes faltas. Hay tres que están parados porque cumplieron un kilometraje específico. El Jefe dijo que tampoco se cuenta con esos tres móviles porque no se puede hacer un llamado, porque hay que esperar que los móviles de los demás departamentos también cumplan con el kilometraje para poder hacer un llamado general.
Un montón de trabas burocráticas que van en contra de lo que es el buen funcionamiento.
Así que la verdad que si uno dice contento no quedamos, para nada contentos con la situación como está, porque no le vemos que mejore rápidamente.
En cuanto a lo que hablamos con los diputados, bueno, fue mostrarles un poco lo que habíamos hablado con el jefe. La señora diputada María Fajardo presentó un proyecto para los privados y libertados, para que cuando salen, que no se queden en el departamento. (ver: https://www.agesor.com/noticia.php?id=82589 )
Bueno, la idea fue apoyar ese proyecto con alguna otra idea. No el proyecto, porque el proyecto ya está presentado en diputados y se verá qué pasa, pero sí, digo, darle un título un poco más práctico. En el departamento tenemos un funcionario de DINALI (Dirección Nacional de Apoyo al Liberado) que funciona para el MIDES, que no está funcionando, que no se ha nombrado una persona para ese cargo, y creemos que es el que puede tener la ayuda de los que están en Pense, para cuando salen que puedan tener soluciones. Hablamos de rehabilitación, y la verdad es que está siendo bastante escueta. Si bien no podemos decir que no hay rehabilitación, que cada 100 personas privadas y libertades que salen, hay 24, 25 que se rehabilitan, el resto vuelve y reincide. O sea que eso es bastante mala. Bueno, tratamos de ayudar con algo que le dimos a los diputados para que puedan anexar en la discusión de ese proyecto que presentó el diputado Fajardo.
Eso en cuanto al tema de seguridad. En cuanto al tema comercial, a nosotros nos pareció que enero viene siendo un mes bueno, con el impulso de Jazz a la Calle. Febrero cayó un poco, es normal.
Lo que destacamos es que enero, que es un mes que generalmente cae la cantidad de personas trabajando, de personas que aportan, no cayó, sino que aumentó. O sea que eso va a ser un diferencial a favor de todos, porque cuanta más personas estén trabajando, mejor”.
Tú sos del rubro combustible, cómo está este tema. ¿Ha mejorado la venta en local?
-”Para el departamento de Soriano no hubo ninguna política de frontera. Lo que hizo el gobierno fue bajar el descuento del IMESI del 32% al 28%, y ahora lo aumentó a partir de febrero.
En Soriano la venta ha quedado igual, porque la gente que no echa combustible acá sigue sin echar, porque hay un descuento a 20 kilómetros”.
¿Se requeriría ampliar ese radio de acción y que incluyera a Mercedes?
-”El pedido nuestro en principio fue que sacaran el descuento en la localidad de La Víbora. Lo que el gobierno contestó que ellos van a dar hasta un 50% de descuento para la localidad de Soriano y alrededores; Dolores también entraría.
Lo que se está planteado es que el gobierno pueda hacer un descuento de un 50% del IMESI y que en este momento caiga un 32% para la zona del litoral. Sería un 16% para Mercedes y Dolores”.
Conferencia de la OIT
Existe un firme compromiso político y social para avanzar en el combate al trabajo infantil, a partir de la articulación entre el Estado, las organizaciones sociales y los distintos actores del mundo del trabajo, sostuvo el ministro Juan Castillo, en la apertura de la 6.ª Conferencia Mundial sobre Eliminación del Trabajo Infantil.

Durante su intervención en la 6.ª Conferencia Mundial sobre Eliminación del Trabajo Infantil, organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que se trata de un desafío prioritario para el Estado uruguayo. “El objetivo es que no exista más el trabajo infantil y abolir cualquier forma de explotación de niñas, niños y adolescentes”, sostuvo.
El objetivo del encuentro, que se desarrolla en Marruecos hasta el 13 de febrero, es unificar las políticas y estrategias que se desarrollan en el ámbito internacional para enfrentar esta problemática que afecta a millones de niños y adolescentes en el mundo.
El jerarca subrayó el valor del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas fundamentales. Los ámbitos tripartitos permiten incorporar, junto a las discusiones salariales y laborales, aspectos vinculados a los cuidados, que son un componente central en la prevención del trabajo infantil.
En el mismo sentido, la subinspectora del Trabajo y la Seguridad Social, Andrea Bouret, advirtió que no es posible erradicar el trabajo infantil si no se transforma la organización social de los cuidados.
La funcionaria recordó que el 48% de las mujeres jóvenes en Uruguay realizan este tipo de tareas, cifra que se incrementa en los hogares de menores ingresos, según datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud.
Asimismo, recordó que el Plan Nacional de Cuidados 2026-2030 incluye espacios de cuidados para hijos de estudiantes, becas y programas de acompañamiento orientados a prevenir la deserción educativa.
Género y Personas Mayores

La Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes sesionó por primera vez en 2026 este viernes 13 de febrero.
Durante el encuentro se recibió a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, la doctora Mónica Xavier.
Xavier presentó los lineamientos del Instituto y destacó los espacios de igualdad impulsados en el período anterior dirigidos a municipios. Además, conversó sobre el proyecto “Comunidad a la Calle” y los diálogos en el territorio, e informó que el 25 de febrero se presentará la “Ley Modelo de Violencia Digital”.
En relación con el 8 de marzo, señaló que la fecha será de la sociedad civil y que los actos oficiales se realizarán al día siguiente. Tras su intervención, las referentes de género departamentales intercambiaron inquietudes y propuestas.
Durante la sesión se informó sobre la participación en el Conapees y se resolvió que representarán a la comisión en dicho consejo: Sandra Suárez (Maldonado), Marisa Acosta (Paysandú) y Jessica Rodríguez (Rocha). Finalmente, se compartieron avances del Plan Nacional de Género y las actividades previstas en cada departamento en el marco del 8 de marzo.
En diálogo con la unidad de comunicación del Congreso de Intendentes, Xavier reafirmó el compromiso del Instituto Nacional de las Mujeres de continuar trabajando en territorio, fortaleciendo la articulación con los gobiernos departamentales y municipales.
Por su parte, Yliana Zeballos, presidenta de la Comisión de Género del Congreso de Intendentes, destacó la importancia de sostener estos espacios de coordinación interinstitucional para profundizar las políticas públicas de igualdad en todo el país.
Fortalecimiento del Ibirapitá y creación de fondo concursable.
En horas de la tarde se llevó a cabo la sesión de la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores.
Al inicio se abordó la integración de un grupo de trabajo para elaborar un protocolo que establezca lineamientos para la organización de los Encuentros Nacionales de Personas Mayores. La comisión resolvió que estará integrado por representantes de Lavalleja, Durazno, Maldonado y Canelones. También se trabajó en la coordinación de un calendario conjunto con la Comisión Interdepartamental de Género con el objetivo de avanzar en la descentralización de las sesiones. Las fechas definidas serán evaluadas en la próxima reunión.
Durante la jornada se recibió a la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Marianela Larzábal, quien presentó el trabajo territorial y descentralizado que desarrolla el Instituto.
Larzábal informó sobre el fortalecimiento del plan Ibirapitá, orientado a la inclusión tecnológica de las personas mayores y que se desarrolla en conjunto con el Banco de Previsión Social. En esta etapa se entregarán teléfonos inteligentes y se impulsará una campaña de sensibilización para promover la apropiación y el uso de estos dispositivos.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la Redam (Red de Organizaciones de Personas Mayores) y el trabajo con AJUPEN, (Asociación de Jubilados y Pensionistas) promoviendo acciones descentralizadas en cada departamento del país.
Entre otros anuncios, informó sobre la realización de encuentros regionales en agosto y septiembre, la creación de un fondo concursable para proyectos colectivos de integración comunitaria que promuevan la participación activa de las personas mayores, y la intención de retomar las capacitaciones a funcionarios públicos en políticas inclusivas dirigidas a este sector de la población.
En marzo, alrededor de 170.000 niños y niñas que asisten a escuelas públicas de contextos vulnerables recibirán un bono de apoyo económico de $ 2500.

La medida es promovida por ANEP, financiada por el Ministerio de Economía y Finanzas y ejecutada por el BPS. Alcanzará a aquellos que asisten a escuelas públicas de los quintiles uno, dos y tres. Los niños y niñas que cobran Asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo. Quienes no cobren asignación recibirán el pago a través de los locales de pago descentralizado (Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado).
Para cobrar el bono no se requiere ninguna inscripción previa. La definición de quiénes obtendrán esta partida es de ANEP, a través de sus centros educativos. Desde el 18 febrero, se habilitará una búsqueda en https://bono.anep.edu.uy/ para consultar si el estudiante accederá al bono.
Ministerio del Interior

El Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, junto a los Subdirectores de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo y Comisario General (R) Robert Taroco; el Jefe de Policía de Montevideo, Comisario General (R) Pablo Lotito; el Director Nacional de Policía Caminera, Comisario Mayor Luis Calzada; y la Directora Nacional de la Guardia Republicana, Comandante General Angelina Ferreira, brindaron una conferencia de prensa en la que informaron sobre los resultados del operativo a nivel nacional.
Controles a nivel nacional
Las autoridades informaron que se realizaron 29.369 controles vehiculares en todo el país. Del total, el 17% fue incautado, mientras que el 32% recibió multa por encontrarse en infracción. En total, se identificaron 33.941 personas, de las cuales 68 fueron detenidas. Asimismo, se incautaron cuatro armas de fuego, marihuana, cocaína, entre otras sustancias estupefacientes.
El operativo comenzó el 12 de enero con el despliegue de controles vehiculares en todo el territorio nacional, con la participación de la Dirección Nacional de la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Policía Caminera y las Jefaturas de Policía de todos los departamentos.
La Dirección Nacional de la Guardia Republicana controló 1.758 vehículos, incautó 559 motos y 2 autos, detuvo a 16 personas, aplicó 1.501 multas e incautó dos armas de fuego.
Por su parte, la Dirección Nacional de Policía Caminera controló 3.198 vehículos, incautó 297 motos y un auto, detuvo a 8 personas, incautó un arma de fuego y aplicó 570 multas.
La zona metropolitana registró la mayor cantidad de controles. En Montevideo se controlaron 3.388 vehículos y se incautaron 1.239 motos, mientras que en Canelones se controlaron 5.825 vehículos y se incautaron 1.295 motos.
En el resto del país se registraron 20.156 vehículos controlados y se incautaron 1.937 motos.
Control y fiscalización
El Director de la Policía Nacional, Comisario General (R) José Manuel Azambuya, indicó que el principal objetivo del operativo es instrumentar dispositivos de control y fiscalización que permitan prevenir delitos. “Hemos visto hasta ahora que el resultado ha sido muy significativo”, señaló, destacando que los datos obtenidos en el primer mes de implementación permiten continuar fortaleciendo el trabajo.
Por su parte, el Subdirector de la Policía Nacional, Comisario General Alfredo Clavijo, resaltó que el porcentaje de motos incautadas y sanciones aplicadas evidencia el uso de birrodados en hechos delictivos, y destacó que el operativo busca proteger la vida, mejorar la seguridad y fortalecer la convivencia ciudadana.
Finalmente, resaltó que todo aquel que circule en moto lo haga cumpliendo las especificaciones de que establece la ley, tanto para su seguridad como para la de terceros”.
FRENTE AMPLIO APUNTÓ A LA OPOSICIÓN POR CASO CARDAMA: “DEFIENDEN A UN ESTAFADOR ANTES QUE AL ESTADO URUGUAYO”
Los legisladores del Frente Amplio, Sebastián Sabini, Mariano Tucci y Joaquín Garlo respaldaron la decisión del presidente de la República, Yamandú Orsi, de rescindir el contrato entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama para la construcción de patrullas oceánicas, tras constatarse “graves y sistemáticos incumplimientos contractuales”.
El senador Sebastián Sabini cuestionó la postura de la oposición y sostuvo que “se está defendiendo a un estafador en lugar de defender los intereses del Estado uruguayo”.
Señaló, además, que el contrato se firmó sin que se constituyeran las garantías correspondientes y aseguró que existen aspectos del negocio “que no se terminan de entender y que van en contra de los intereses de los uruguayos”. En ese sentido, afirmó que el Parlamento y el sistema político deben priorizar la defensa del Estado y trabajar para que el país cuente con las patrullas oceánicas necesarias.
Por su parte, el diputado Mariano Tucci sostuvo que el Frente Amplio está “absolutamente convencido” de la rescisión del contrato por notorios incumplimientos “gravísimos” y destacó la iniciativa del presidente Orsi de promover acciones legales por daños y perjuicios. Informó que el Poder Ejecutivo establecerá por acto administrativo los incumplimientos jurídicos en los que incurrió la empresa e iniciará acciones civiles y arbitrales tanto en Uruguay como en el exterior para recuperar el patrimonio de los uruguayos.
Asimismo, remarcó la voluntad del gobierno de determinar responsabilidades institucionales e individuales y afirmó que durante este período el país contará con las patrulleras oceánicas necesarias para el combate al crimen organizado y el narcotráfico.
En la misma línea, el diputado Joaquín Garlo afirmó que la rescisión unilateral responde a “graves y sistemáticos incumplimientos” que habilitan jurídicamente esa decisión. Consideró fundamental avanzar en todas las actuaciones necesarias para esclarecer responsabilidades detrás de lo que calificó como un “negocio turbio”, que, según dijo, ha afectado los intereses del país y su reputación internacional. Garlo también destacó el compromiso del gobierno de adquirir las patrulleras oceánicas requeridas para el control del mar territorial y respaldó la decisión de reclamar los daños y perjuicios ocasionados al Estado.
El Gobierno nacional resolvió rescindir el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos destinados a la Armada Nacional. La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros que encabezó el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva y se basa en varios incumplimientos de la empresa.

“Esta una acción que apunta a la necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”, expresó el presidente Orsi al inicio de la conferencia. El mandatario recordó que el 22 de octubre de 2025 se realizó una conferencia de prensa para informar sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
“Ahí nos encontramos con la sorpresa de que esa garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso”, señaló. A partir de ese día, se notificó a la empresa y el propio astillero admitió que esa garantía era inexistente. El mandatario señaló que las garantías son las que permiten que el contrato entre en vigor, agregó.
Más adelante, el Gobierno también encontró irregularidades en la garantía de reembolso. “Nos encontramos con que no cumple con lo establecido en el contrato”, indicó. El documento presentado no era una póliza, sino un escrito de términos y condiciones, informó.
Después de recorrer este camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad de resolver, se decidió iniciar cuatro acciones:
Por otra parte, el mandatario informó que, para ampliar el horizonte tecnológico y material de la Armada, el Gobierno se encuentra explorando alternativas para la adquisición de patrulleras oceánicas de porte similar a las proyectadas. Explicó que los contactos se están dando con países que cuentan con astilleros, tanto públicos como privados.
Asimismo, anunció que se prevé adquirir herramientas complementarias para la vigilancia costera, específicamente lanchas rápidas, área en la que se trabaja con un "buen horizonte".
Añadió que se cuenta con un ofrecimiento por parte de Estados Unidos para la entrega de un navío que funcione como una solución intermedia.
El MSP recibe misión del BID

Uno de los ejes centrales de esta misión es la realización del taller “Conectando la atención en el territorio: Taller para la construcción del Mapa Sanitario de Uruguay”, una instancia poco frecuente que convoca a direcciones técnicas y referentes de gestión de los prestadores de salud públicos y privados de todo el país. El taller se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de febrero y propone un enfoque participativo e innovador para analizar y comprender la organización del sistema de salud desde una perspectiva territorial e integral.
Durante el taller, los y las participantes trabajan de forma colaborativa sobre el funcionamiento de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), abordando aspectos clave como la infraestructura, los servicios disponibles, los recursos humanos, las trayectorias asistenciales y los flujos de atención. A través de ejercicios prácticos y análisis colectivos, se busca avanzar en la construcción conceptual del Mapa Sanitario, como herramienta estratégica para la planificación, la gestión y la toma de decisiones en el SNIS.
En la apertura de la misión, la ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg, destacó que la transformación digital es una política de Estado que trasciende la incorporación de tecnología y pone en el centro a las personas, la equidad en el acceso y la mejora sostenida de la calidad de la atención. En ese sentido, subrayó que el desafío no es solo contar con más datos, sino integrarlos, asegurar su calidad y transformarlos en políticas sanitarias más oportunas y efectivas.
La ministra también valoró el acompañamiento del BID y de los expertos internacionales que integran la misión, señalando que el intercambio de experiencias y buenas prácticas resulta clave para consolidar una hoja de ruta común que fortalezca las capacidades del sistema de salud y promueva redes más articuladas y eficientes.
La misión del BID permite alinear visiones, acordar prioridades y avanzar en definiciones estratégicas que contribuyan a un sistema de salud más integrado, resolutivo y cercano a las necesidades de la población. El taller del Mapa Sanitario constituye, en este marco, una experiencia innovadora de trabajo conjunto con los prestadores, orientada a construir conocimiento colectivo y generar insumos concretos para la gestión del SNIS.
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