Cuesta Duarte presenta insumos para entender el acuerdo Mercosur - Unión Europea
El Instituto Cuesta Duarte presenta una serie de reflexiones relacionadas al acuerdo Mercosur - Unión Europea, como aporte para comprender el alcance del acuerdo más largamente negociado de la historia. Mediante la publicación de una revista digital, el ICUDU intenta contribuir a ordenar las prioridades, las discusiones y debates que tratan el tema.
Según señala el secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical en el prólogo de la publicación, el Acuerdo Unión Europea–Mercosur "no es simplemente un tratado comercial: es un punto de inflexión para nuestras sociedades y, especialmente, para el movimiento sindical. Después de casi tres décadas de negociaciones marcadas por el secretismo, los cambios de rumbo político y las presiones geopolíticas, nos encontramos ante un proceso que, de concretarse, reconfigurará las relaciones económicas, laborales y ambientales de nuestra región".
El documento señala que lo que está en juego no es un mero intercambio de bienes, "sino el modelo de desarrollo de nuestros países".
Asimismo, indica que frente a la posibilidad inminente de la firma del acuerdo, "reafirmamos que no hay desarrollo posible sin justicia social, no hay transición ecológica sin transición justa y no hay comercio legítimo sin trabajadores y trabajadoras en el centro. El sindicalismo está abierto al diálogo, porque el futuro del trabajo, la democracia y la soberanía no se negocian en secreto: se construyen con participación y con lucha".
SINTEP firmó un convenio colectivo “histórico” con mejoras salariales y nuevos derechos laborales
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada (SINTEP) alcanzó un convenio colectivo que fue calificado por la organización como histórico, tras cinco meses de negociación en el marco de los Consejos de Salarios. El acuerdo define los salarios para los próximos dos años e incorpora un conjunto de conquistas laborales que abarcan tanto mejoras salariales como ampliación de derechos.
Entre los principales puntos del convenio se destacan el crecimiento del salario real, la aplicación de ajustes semestrales que protegen el poder adquisitivo frente a la inflación y la incorporación, por primera vez, de una partida anual por antigüedad en la enseñanza no formal. Asimismo, se acordaron licencias pagas por cuidado de la salud, mudanza y estudio, la ampliación de los títulos habilitados para el pago del laudo diferenciado en la categoría educador/a con título terciario o universitario y un compromiso para impulsar normativa que establezca el cómputo bonificado para la jubilación en la enseñanza no formal.
Desde el sindicato se informó que, en materia salarial, el convenio da continuidad al proceso iniciado en la ronda anterior, consolidando el crecimiento del salario real de las y los trabajadores de la enseñanza privada. Según señaló SINTEP, pese a un contexto económico desfavorable y a lineamientos oficiales considerados insuficientes, se logró acordar una fórmula salarial que se ubica por encima de las pautas establecidas por el Poder Ejecutivo.
En ese marco, los salarios más sumergidos tendrán un crecimiento real del 4,3% durante el período de vigencia del convenio, mientras que los correspondientes a una segunda franja salarial registrarán un incremento real del 2%. Además, se estableció un ajuste por Índice de Precios al Consumo (IPC) cada seis meses, con el objetivo de preservar el salario frente al aumento del costo de vida.
En la enseñanza no formal, el acuerdo incorpora el pago de una partida fija por antigüedad, lo que representa una modificación sustantiva en la estructura salarial del sector. Los ajustes salariales correspondientes al período de negociación deberán aplicarse de forma retroactiva a partir de los salarios de julio, agosto o setiembre, según el subgrupo de actividad. Debido a la fecha de firma del convenio, el retroactivo se abonará con el salario de diciembre -a pagarse el quinto día hábil de enero de 2026- o,como plazo máximo, hasta el 31 de enero de 2026. Estos ajustes también deberán ser considerados para el cálculo del aguinaldo correspondiente al período junio–noviembre, que se paga en diciembre.
Para el subgrupo 07 de “enseñanza no formal”, el ajuste retroactivo a aplicar desde julio es de 4,85% para todos los salarios. En los subgrupos 01 “Jardines y guarderías” y 04 “Enseñanza para personas con capacidades diferentes”, el ajuste retroactivo desde julio se establece por franjas salariales: 2,57% para la primera franja, 1,77% para la segunda y 0,88% para la tercera.
En el subgrupo 02 “enseñanza formal”, los ajustes retroactivos desde agosto serán de 2,053% para la primera franja, 1,263% para la segunda y 0,374% para la tercera franja. En tanto, para el subgrupo 05 “enseñanza de idiomas”, los ajustes retroactivos desde setiembre serán de 1,683% para la primera franja, 0,896% para la segunda y 0,010% para la tercera.
En el transcurso del proceso de negociación, y como parte de las acciones sindicales desarrolladas en ese marco, el miércoles 19 de noviembre SINTEP realizó un paro nacional de 24 horas y una asamblea extraordinaria. La medida se inscribió en la defensa del crecimiento del salario real, la incorporación de correctivos semestrales que garantizaran el poder de compra, la ampliación de licencias por razones de salud y otras reivindicaciones vinculadas a la mejora de las condiciones laborales.
Finalmente el “histórico” convenio colectivo firmado establece así el marco salarial y de derechos laborales que regirá para el sector de la enseñanza privada durante los próximos dos años, en el ámbito de los Consejos de Salarios.
Ciencia, sostenibilidad y eficiencia serán pilares del Plan de INIA hacia 2030
Aportar conocimiento científico y tecnológico para una producción saludable y sostenible, catalizar la innovación a través de las estaciones experimentales con prioridad en el plan de agroecología y agricultura familiar e incidir positivamente en el desarrollo nacional con equidad de género y mayor eficiencia son los tres lineamientos principales del INIA para el quinquenio.
El presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra, estuvo a cargo de la presentación del plan, que definió como el resultado de un proceso de "inteligencia colectiva" que involucró a 600 personas del ámbito público y privado. Sostuvo que la estrategia permitirá responder a los desafíos globales, como el cambio climático y la seguridad alimentaria, a la vez que servirá de base para políticas públicas basadas en ciencia. Añadió que la visión al 2050 es consolidar a Uruguay como un referente mundial en bioeconomía.
Según afirmó, Uruguay debe evolucionar de una producción tradicional hacia la generación de mayor valor agregado, y apoyarse en innovaciones locales, como el desarrollo de la genética y la creación de vacunas.
Otro énfasis es impulsar la innovación desde las estaciones experimentales, así como fortalecer el compromiso con la agricultura familiar y la agroecología. Finalmente, indicó que el tercer eje refiere a una gestión institucional con mayor repercusión, eficiencia y equidad de género.
En ese sentido, indicó que el aumento de la productividad y la reducción del uso de agroquímicos son prioridades para el quinquenio. Para lograrlos, se debe incrementar el uso de bioinsumos y las herramientas de vanguardia, como la biotecnología, el riego, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, precisó Sierra.
Por último, resaltó el modelo de gobernanza participativa del instituto, mediante el que los productores participan en las estaciones experimentales y en los proyectos de investigación. Añadió que la presencia de las gremiales en la junta directiva es clave para asegurar que la agenda científica sea pertinente y responda a los problemas reales que enfrenta el país.
Plan estratégico del INIA priorizará aporte de la ciencia y tecnología para una producción saludable y sostenible
El aporte de conocimiento científico y tecnológico para una producción saludable y sostenible, catalizar la innovación a través de las estaciones experimentales con prioridad en el plan de agroecología y agricultura familiar, y una incidencia positiva en el desarrollo nacional con equidad de género y mayor eficiencia son los tres lineamientos principales del INIA para el quinquenio.
“La transformación de los sistemas alimentarios es ineludible: deben ser sostenibles, seguros, justos y resilientes, y garantizar el bienestar de las generaciones futuras”, establece el Plan Estratégico Institucional del INIA.
En el marco de la estrategia Uruguay Innova, el organismo se define como un “puente entre ciencia, producción, políticas públicas y sociedad”, con un rol fundamental en áreas como la bioeconomía, la sostenibilidad, la digitalización agropecuaria y la cooperación internacional.
Los tres focos estratégicos identificados por el INIA son:
Producción sostenible de alimentos.
Desarrollo integral del país.
Acciones del INIA con impacto, equidad y eficiencia
Por otra parte, la agenda de investigación que promoverá el instituto abarca a los principales sistemas productivos del país: agrícola-ganadero, arroz-ganadería, forestal, ganadero extensivo, lechero y vegetal intensivo.
La junta directiva determinará la asignación de los fondos para los diferentes sistemas, áreas y ámbitos de la institución, en base a las prioridades del plan estratégico. Cada indicador incluye metas estratégicas hacia 2030 e indicadores para medir su alcance.
Torre Ejecutiva
Gobierno y OSE acordaron rediseño del proyecto Neptuno con un enfoque integral
El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para analizar el cierre de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.
El cierre de la renegociación delproyecto Neptuno, entre el Gobierno nacional, OSE y el consorcio Aguas de Montevideo, culminó con la redefinición de las obras previstas,priorizando una solución sistémica para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, en articulación con otros proyectos estratégicos.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, para analizar el cierre de la renegociación del proyecto Neptuno con el consorcio Aguas de Montevideo.
El intercambio culminó con un acuerdo de rediseño de las obras, que incluyeron la construcción de una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios de capacidad en Aguas Corrientes.
El rediseño también incorporó una nueva línea de bombeo (la séptima), la rehabilitación del recalque de la cuarta línea de bombeo, la instalación de troncales y tuberías de distribución del recalque de Unión y el tratamiento de los lodos.
Este proceso de renegociación se dio en el marco de un enfoque sistémico para el abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana, que también contempló la construcción de la represa de Casupá y el desarrollo de una solución de producción y distribución de agua potable para el este de la Costa de Oro.
Estas iniciativas se ejecutarán mediante licitaciones públicas independientes, en el marco de una planificación integral de la infraestructura hídrica del país. El conjunto de estas obras, junto con otras inversiones previstas, determinó que el plan de inversiones de este período fuera el más importante en la historia de OSE.
Sobre la prisión domiciliaria
Martín Pereira (COFE): "Lo que se busca no es humanidad sino impunidad"
El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura.
Pereira analizó el contexto en el que dicha iniciativa se ha colocado en la escena nacional. "En los últimos días ha vuelto a instalarse en el debate público un proyecto de ley impulsado por el diputado Rodrigo Goñi que propone habilitar —y en algunos casos prácticamente imponer— la prisión domiciliaria para personas privadas de libertad mayores de determinada edad. A primera vista, y despojado de contexto, podría parecer un planteo “humanitario”. Pero cuando se analiza en profundidad, queda claro que no estamos ante una iniciativa neutra ni inocente, sino ante un proyecto hecho a la medida para beneficiar a represores de la dictadura, responsables de los crímenes más aberrantes cometidos en nuestro país", apuntó.
"Seamos claros: una discusión de este tipo podría entenderse si el proyecto excluyera expresamente a quienes fueron procesados y condenados por violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y asesinatos. Pero eso no ocurre. Y cuando no se excluye lo que debe ser excluido, lo que se busca no es humanidad, sino impunidad", subrayó.
"En Uruguay hubo terrorismo de Estado. Hubo centros clandestinos de detención. Hubo torturas sistemáticas. Hubo violaciones a compañeras detenidas. Hubo niñas y niños apropiados. Hubo personas desaparecidas cuyo destino seguimos sin conocer. Nada de eso es pasado cerrado, porque mientras haya desaparecidos sin verdad y sin justicia, los crímenes continúan".
Según el presidente de COFE, "quienes cometieron estos delitos no son presos comunes. Fueron agentes del Estado que utilizaron el poder público para violar todos los límites éticos, jurídicos y humanos. Por eso, a nivel internacional, estos crímenes son considerados imprescriptibles y no susceptibles de amnistías, perdones encubiertos ni beneficios especiales. No lo decimos desde la bronca; lo dice el derecho internacional de los derechos humanos, que Uruguay ha suscrito y está obligado a cumplir. Plantear que la edad por sí sola debe habilitar la prisión domiciliaria, sin analizar la naturaleza del delito, es igualar lo que no es igual. Es poner en el mismo plano a quien robó para comer y a quien torturó, violó y desapareció personas desde el aparato del Estado. Es borrar deliberadamente la historia y el sufrimiento de las víctimas".
Más adelante, Pereira señaló que "el Diputado Goñi no puede desconocer —y no lo desconoce— que este tipo de proyectos beneficia directamente a represores condenados o procesados. Por eso es legítimo afirmar que estamos ante un intento político de liberar dictadores, torturadores y violadores, muchos de los cuales jamás dijeron dónde están los restos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas".
Por otra parte, el dirigente de la FFSP interpeló sobre el fondo del asunto. "Hablan de “humanidad”, pero ¿dónde estuvo la humanidad cuando se torturaba? ¿Dónde estuvo cuando se violaba a detenidas indefensas? ¿Dónde estuvo cuando se arrojaban cuerpos al mar o se enterraban en predios militares? ¿Dónde estuvo cuando se robaban identidades y se destruían familias enteras?".
Pereira sostuvo que "las víctimas envejecieron esperando justicia. Las madres y familiares van murieron sin saber la verdad. Y aún hoy hay familias que no pueden hacer duelo porque el Estado —el mismo Estado que hoy algunos quieren volver a proteger— nunca les dio respuestas. El juicio y el castigo no son venganza, son justicia. Son una señal ética de que como sociedad no todo vale, de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Renunciar a eso es renunciar a la memoria, a la democracia y al “Nunca Más”. Por eso decimos con total claridad: los delitos de lesa humanidad no deben ser relativizados, revisados ni beneficiados por atajos legales. Cualquier proyecto que no excluya explícitamente a los responsables de esos crímenes es un retroceso democrático y una afrenta a la historia reciente de nuestro país. Y defender los derechos humanos también implica defender el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y en eso no puede haber ambigüedades".
Por último, el presidente de COFE remarcó que "es necesario decirlo sin rodeos: si el diputado impulsor de este proyecto no corrige explícitamente la iniciativa y no deja fuera de toda posibilidad de beneficio a los torturadores, violadores y responsables de crímenes de lesa humanidad, entonces deja de ser un mero promotor de una mala ley para convertirse en cómplice político de esos actos. Porque cuando se pretende aliviar la condena de quienes sembraron terror, dolor y muerte desde el Estado, se está eligiendo una postura. Y esa postura no es el de las víctimas, no es el de la democracia y no es el de los derechos humanos. La historia juzga. Y también juzga a quienes, pudiendo defender la memoria, la verdad y la justicia, eligen mirar para otro lado", sentenció.
“En defensa de la democracia: Memoria, Verdad y Justicia frente a los intentos de impunidad”
Queremos iniciar agradeciendo a todos y todas quienes nos acompañan una vez más. Convocamos esta conferencia de carácter urgente alertados por lo acontecido el pasado lunes: mientras la Asamblea General conmemoraba los 40 años del retorno a la democracia y reafirmaba su compromiso con la memoria y el Nunca Más, los senadores Bordaberry y Goñi presentaron, en contraparte, proyectos de ley revisionistas que erosionan los consensos construidos en materia de derechos humanos.
Lejos de honrar la democracia que dicen conmemorar, estos proyectos la debilitan, reeditando viejos discursos, reinstalando lógicas de clausura del pasado y atentando contra los avances logrados respecto a la Justicia.
El proyecto presentado por Pedro Bordaberry atenta contra todo compromiso institucional y el reconocimiento del terrorismo de Estado en Uruguay. Desconoce el camino trazado por leyes y resoluciones anteriores al ignorar la existencia de delitos de lesa humanidad con anterioridad a 1973, negando también su carácter sistemático y la responsabilidad estatal sobre estos crímenes.
En ningún pasaje de este proyecto ni en la exposición de motivos se reconoce la responsabilidad del Estado y se elige omitir el término desaparición forzada, delito reconocido por el Comité Internacional contra la Desaparición forzada de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En esto debemos ser muy claros: nuestros familiares no son personas “cuyo paradero se desconoce”; son víctimas de desaparición forzada por responsabilidad y/o aquiescencia del Estado, tal como lo reconocen las leyes vigentes. Fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. No admitimos ni admitiremos ningún intento de negar esta verdad. Fueron desaparecidos por el Estado y es éste quien debe responsabilizarse y actuar en consecuencia.
No queremos nuevas Comisiones para la Paz que reediten versiones ya comprobadas como falsas, ni Comisiones que deslinden responsabilidades judiciales. Exigimos el fortalecimiento de los equipos existentes, el cumplimiento de la ley mediante el trabajo de todo el Estado para avanzar en Memoria, Verdad y Justicia, el respeto al trabajo de los equipos de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y del Grupo de Investigación en Antropología Forense. Demandamos, una vez más, que se dé la orden a las Fuerzas Armadas para que entreguen toda la información que sabemos que poseen.
Hemos explicado hasta el hartazgo la gravedad en el intento de habilitar o ampliar la prisión domiciliaria para personas condenadas por delitos de lesa humanidad, objeto compartido por el proyecto del senador Goñi. Reiteramos: los delitos de lesa humanidad no constituyen hechos aislados, son crímenes de extrema gravedad cometidos de forma sistemática desde el aparato del Estado o con su amparo. Su carácter excepcional los ubica fuera de cualquier lógica de equiparación con delitos comunes y exige, por parte del Estado, una respuesta penal firme, efectiva y proporcional.
El derecho internacional es contundente al establecer que el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, evitando toda medida que, en los hechos, reduzca el efecto de la condena o derive en formas encubiertas de impunidad. La prisión domiciliaria es entonces, contraria a las obligaciones asumidas por el Estado, entre ellas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Recordemos que ya existe un procedimiento legal para la concesión de prisión domiciliaria por motivos de salud, el cual establece que, ante una enfermedad incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario, el juez de ejecución, con base en certificados médicos del Poder Judicial, puede disponer el cumplimiento de la pena bajo dicha modalidad. A la fecha, aproximadamente la mitad de los represores condenados ya se encuentran amparados por esta medida y quienes permanecen en prisión lo hacen, además, en condiciones de privilegio, por lo que las propuestas en cuestión no responden a una necesidad jurídica, sino que configuran una amnistía deliberada, orientada —con nombre y apellido— a beneficiar a un grupo muy específico de personas que integraron el aparato represivo del terrorismo de Estado y fueron condenadas por crímenes gravísimos.
Quienes hoy se encuentran procesados y formalizados por la justicia, conocieron todas las garantías del proceso judicial; garantías que las víctimas no tuvieron. Las víctimas, sus familiares y la sociedad toda, tenemos derecho a la justicia, a una sanción acorde a la magnitud del daño sufrido y a las garantías de no repetición. La flexibilización del cumplimiento de la pena genera revictimización y lastima la confianza en el sistema judicial.
Por todo ello, reafirmamos con absoluta claridad que esta iniciativa no busca justicia: busca impunidad. No es una ley general ni abstracta. Es una ley hecha a medida, con destinatarios concretos, y constituye un retroceso inadmisible en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Se afirma que el objetivo es cerrar capítulos pendientes con dignidad, equilibrio y serenidad institucional. Y a esto cabe responder: quiénes más que las madres han sabido ser dignas; cuánta dignidad hay en quienes esperamos y golpeamos puertas buscando respuestas desde hace más de 50 años. Cuánta serenidad en quienes hemos enfrentado la mentira una y mil veces.
El senador Bordaberry pretende instalar una narrativa de clausura del pasado, promoviendo la idea de “reconciliación” desligada de la verdad y la justicia. En ese marco, se reinstalan lógicas encubiertas de amnistía que relativizan la centralidad de las víctimas. Establecer una reconciliación implica aceptar la existencia de dos bandos y eso está lejos de la verdad. Aquí no hubo una guerra, sino la usurpación del Estado por una dictadura que desplegó autoritarismo, crueldad, persecución y muerte para imponer el terror.
Nuestros familiares siguen secuestrados bajo las garras del terrorismo de Estado. Sus autores continúan, día tras día, encubriendo el crimen de desaparición forzada. Por ello, sostenemos que no hay democracia plena mientras este delito se siga perpetrando. Sólo la justicia y la verdad de los hechos -que se abren paso en las denuncias judiciales y en los cuerpos encontrados en predios militares- nos marcan el camino a recorrer.
Por todo lo expuesto, convocamos al pueblo uruguayo y a todas las organizaciones sociales a mantenerse en alerta, a defender activamente la Memoria y a rechazar toda iniciativa que, bajo un lenguaje conciliador, intente clausurar el pasado, moldear el presente y escribir un futuro en impunidad.
Merecemos y necesitamos una democracia sin desaparecidos, con Memoria, Verdad y Justicia.
Solo así podremos construir un Nunca Más.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Exceso de velocidad
Información para turistas extranjeros
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) recomienda a los turistas que visitan Uruguay verificar, antes de abandonar el país, si registran multas por exceso de velocidad y abonar lo adeudado.
Los usuarios pueden conocer si se registra alguna infracción de tránsito ingresando la matrícula del vehículo en el sitio web del SUCIVE: https://www.sucive.gub.uy/consulta_multas?2
En junio de 2024, el Decreto 176/024 estableció que los infractores de tránsito sin residencia legal en el país deben abonar las multas antes de salir de Uruguay. El pago puede realizarse a través de la web o app del SUCIVE, redes de cobranza u otros medios electrónicos.
Desde mayo de este año rige un sistema de notificación por correo electrónico para vehículos con matrícula extranjera registrados en el sistema de telepeaje, que detalla los datos de la infracción y habilita el pago en línea. Además, se encuentra disponible una línea telefónica internacional para consultas desde el exterior (+598 4725 1139), que se suma a la línea gratuita 0800 1139 dentro del país.
Asimismo, se recuerda la importancia de respetar los controles de velocidad, debidamente señalizados en rutas nacionales, cuya ubicación puede consultarse en la web del MTOP.
Respetar las señales de tránsito permite circular de forma segura y conducir con responsabilidad, de forma de prevenir siniestros y salvar vidas.
miércoles, 17 de diciembre de 2025
Prospección sísmica: Uruguay se encuentra entre los países con mayores exigencias ambientales, señaló Ortuño
El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, explicó que las exploraciones para conocer la existencia de hidrocarburos en aguas jurisdiccionales se llevarán a cabo con las máximas garantías de protección hacia el ecosistema y la vida animal. “Estamos comprometidos con la protección de la biodiversidad marina”, aseguró.
En esa dirección, Ortuño subrayó que se limitó el área de acción para el desarrollo de esta actividad, que se llevará a cabo a una distancia que será entre 150 y 300 kilómetros de la costa, con un espacio exigido de 100 kilómetros entre buques.
Asimismo, informó que se duplicaron las medidas de protección de la fauna para el cuidado de ballenas, delfines, lobos marinos y tortugas marinas, entre otras especies. No se podrá realizar actividad a menos de 1.000 metros de estos animales y, ante la aparición de algún ejemplar, deberá detenerse la actividad.
Por otra parte, aumentarán los controles, explicó. Se exigirá la presencia de cuatro observadores especialistas en fauna marina en los buques, sumado a la vigilancia del Ministerio de Ambiente. De manera complementaria se exigirá el monitoreo de ruido submarino para comprobar que los niveles reales coincidan con los previstos por los modelos matemáticos de propagación en el medio marino.
En relación a la pesca comercial, se establecerán compensaciones económicas si se comprueba disminución en la captura y se obliga a monitorear el efecto de las ondas sonoras sobre el ahuyentamiento temporal de peces de interés comercial o afectación de huevos y larvas.
Esta batería de medidas coloca al Uruguay entre los países con mayores exigencias y medidas de protección ambiental y lo ubican entre las naciones más garantistas para el desarrollo de esta actividad, explicó.
Ortuño: "Lo nuevo es el nivel de exigencias ambientales"
El ministro de Ambiente remarcó que la prospección fue resuelta a partir de contratos firmados entre 2022 y 2024 por Ancap y las empresas petroleras. Estas actividades buscan conocer si Uruguay cuenta o no con hidrocarburos.
No obstante, recordó que entre 2012 y 2017 se llevaron a cabo tareas de prospección en áreas similares o mayores a las que se realizarán ahora. También señaló que hubo tareas de exploración en 1982 y 2002.
“La prospección sísmica no es lo nuevo. Lo nuevo es el nivel de exigencias y garantías ambientales que ha resuelto el actual Gobierno”, aseguró.
Jefatura de Soriano
Operación antidrogas en Cardona culmina con condena por suministro de estupefacientes
En el marco de una investigación por un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Cardona, personal de la Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante un operativo conjunto que permitió la detención de un adolescente y la incautación de sustancia estupefaciente, dinero y elementos vinculados a la actividad ilícita. Tras la audiencia judicial, el indagado fue formalizado y condenado.
En el marco de la investigación denominada operación Portal, dirigida por la Fiscalía Letrada de Mercedes de 1.º Turno, personal de la Brigada Departamental Antidrogas llevó adelante actuaciones en torno a una finca ubicada en calle Artigas, en jurisdicción de Seccional 11.ª de Cardona, donde se constató un flujo constante de personas presumiblemente vinculadas al suministro de estupefacientes. Dichas tareas permitieron reunir evidencia suficiente sobre la existencia de un punto activo de venta.
El día 15 de diciembre de 2025, y contando con la orden correspondiente, se realizó el operativo a cargo de la Brigada, con apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT), Grupo K9 —con los canes Áres y Akila—, Área de Investigaciones Zona 3 y bajo supervisión del Jefe de Zona Operacional 4. Durante el procedimiento se detuvo al adolescente que se encontraba en la finca y se incautaron los siguientes objetos:
126,66 gramos de sustancia blanca símil cocaína.
Dos balanzas de precisión.
Un teléfono celular.
8.120 pesos uruguayos.
100 dólares estadounidenses.
Cabe señalar que uno de los canes detectó un envoltorio oculto detrás de un televisor, lo que permitió profundizar la incautación de evidencia. En el lugar también fueron identificadas otras personas que concurrían como consumidores, lo que permitió documentar episodios recientes de compra.
Asimismo, se estableció que la finca no era habitada por su propietaria y que, tras tomar conocimiento de la situación, solicitó su tapiado, coordinación que se realizó con el municipio de Cardona.
Enterada la Fiscalía, dispuso la detención del adolescente, su alojamiento en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la incautación formal de los objetos y la continuación de las actuaciones. La Brigada documentó el procedimiento, realizó pesajes y reactivos, positivos a cocaína, y trasladó al indagado a Fiscalía y posteriormente al Juzgado Letrado de Mercedes de 4.º Turno.
Posteriormente, en la sede del Juzgado Letrado de Mercedes de 4.º Turno se dispuso la formalización y condena por proceso abreviado respecto de F.V.B.A., de 17 años de edad, como autor responsable de una infracción grave a la ley penal prevista como suministro de sustancia estupefaciente prohibida.
Se impuso como medida socioeducativa la internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) por seis meses, junto con tratamiento psicológico durante el mismo período.
Anuario 2025
Se encuentra disponible la 33ª edición del Anuario de OPYPA
Con la participación especial del Cr. Enrique Iglesias, figura fundamental en la conformación de los inicios de OPYPA, se presentó en conferencia de prensa este martes 16, la edición Nª33 de su Anuario. Integraron la mesa de expositores,además, el ministro del MGAP, Alfredo Fratti, el subsecreatrio, Matías Carámbula, la directora de OPYPA, Verónica Durán y la Ec. Angela Cortelezzi, quien presentó un detallado análisis de datos. Acceda en los enlaces a la transmisión de la conferencia y al informe con datos.
Desde 1993, el Anuario de OPYPA se ha consolidado como una referencia técnica para comprender la evolución y perspectivas del sector agropecuario uruguayo, aportando información para la toma de decisiones tanto de actores públicos como privados.
Como en años anteriores, esta edición se estructura en tres secciones. La sección de análisis de cadenas ofrece un análisis pormenorizado de los principales rubros de producción. En la segunda, se abordan los temas de política, destacándose las nuevas orientaciones programáticas del MGAP para el sector agropecuario, el diseño del nuevo Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, la innovación en la ganadería de cría, la lucha contra la garrapata, la actualización de sistemas de gestión de uso de suelos, el impulso al silvopastoreo, la promoción de inversiones y el acceso comercial a mercados europeos. También se destacan el rol del INIA en ciencia y AgTech, la política de riego como eje de sostenibilidad, el valor del sector semillerista, la gobernanza del arroz, la estrategia nacional contra pérdidas y desperdicios de alimentos, y los lineamientos estratégicos de la unidad agroalimentaria metropolitana. Por último, la sección de estudios, ofrece análisis rigurosos sobre políticas agropecuarias recientes, transformaciones de los productores familiares, evolución del consumo de carnes, pescados y lácteos, costos y eficiencia de la ganadería, tipologías de productores y sostenibilidad ambiental. Se incluyen también investigaciones sobre alimentación animal, procesos técnicos en predios lecheros, la huella ambiental citrícola y el impacto macroeconómico de la política de riego.
El año 2025 se caracterizó por un contexto mundial con alta incertidumbre y tensiones comerciales a partir de los incrementos de aranceles anunciados por Estados Unidos en el mes de abril. Lo anterior, sumado al objetivo explícito de reducir el déficit de balanza comercial y estimular la reactivación industrial en ese país, configuró una trayectoria de debilitamiento del dólar a nivel global, luego de una tendencia alcista de casi una década de duración. A su vez, la sostenida moderación de la actividad económica mundial y algunos shocks de oferta contribuyeron a que los precios internacionales de alimentos y materias primas se situaran, en promedio, por debajo de los niveles observados en 2024.
A pesar de este complejo escenario, las cadenas agroindustriales nacionales cumplieron un rol sobresaliente en materia exportadora durante 2025, ya que sus ventas externas totalizarían algo más de USD 10.000 millones, con destaques para el complejo cárnico, la celulosa, la soja y los lácteos.
En la zafra 2024/25 el clima favorable permitió cosechas récord y buena disponibilidad forrajera. Los granos enfrentaron precios a la baja, mientras que la pecuaria mejoró sus márgenes por mayores precios internacionales. La silvicultura se expandió y la celulosa pasó a ser el principal producto de exportación. Para 2025/26 se prevé una de las mayores áreas de cultivos de invierno. En tanto, la posible llegada de “la Niña” presionará a la agricultura de verano y a la ganadería. En este último caso, también se visualizarán efectos rezagados de la sequía 2022/23, a través de una menor disponibilidad de novillos.
En suma, se proyecta que en 2025 el valor agregado agropecuario crezca 1,0%, y que en 2026 caiga 5,9% por los menores niveles esperados para la actividad agrícola y la pecuaria.
Trazabilidad
Se presentaron los resultados del “Desafío: trazabilidad animal”
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes (INAC) dieron a conocer los resultados de “Desafío: trazabilidad animal”, este jueves 11, en conferencia de prensa donde acompañaron autoridades nacionales y referentes del sector. Acceda a la transmisión de la conferencia en el enlace debajo.
El anuncio de los avances, estuvo a cargo del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, el presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Miguel Sierra y el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Alvaro Brunini.
Este fondo concursable fue creado para financiar proyectos de prototipos que presentaran soluciones para la identificación, monitoreo y gestión del ganado vacuno mediante el desarrollo de dispositivos de identificación individual.
Con esta convocatoria se pretende explorar e implementar prototipos que plantearan oportunidades de mejoras en prestaciones para campañas sanitarias, marcos de seguridad y otras políticas esenciales de MGAP como la lucha contra el abigeato.
Fratti subrayó que se hayan respetado los plazos fijados para que este año hubiera una definición y agregó: "Ahora se va a dar un plazo de12 meses para que las empresas trabajen en estos dos proyectos".
El ministro informó además que se presentaron otras buenas propuestas dentro de un total 34 postulaciones.
Asimismo, manifestó la satisfacción de volver coordinar acciones entre el ministerio con la institucionalidad agropecuaria. "Esto una vieja aspiración de los que hemos estado en el sector, lo hemos logrado pocas veces, pero este año ya hemos hecho una cantidad de anuncios con otras instituciones, además de las instituciones hoy presentes".
La trazabilidad bovina individual en Uruguay ha sido y es un capital fundamental para posicionar al país en el mercado internacional de carnes. Si bien el sistema comenzó a implementarse hace 18 años, Uruguay es aún hoy el único país del mundo con su rodeo vacuno de casi 12 millones de cabezas, 100 % identificado y trazado.
El proceso y las propuestas seleccionadas
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento compuesto por representantes del Programa de Innovación en Servicios Públicos de ANII junto a representantes técnicos de las distintas instituciones públicas involucradas: MGAP, INIA e INAC.
El comité elevó al Directorio de ANII un informe con los resultados de la evaluación, que fuera aprobado a mediados de noviembre.
Las propuestas seleccionadas fueron:
1. "Innovación en caravanas uruguayas con geolocalización y análisis predictivo de datos", presentado por LIDEFOX SA, Choel SA, SONDA URUGUAY SA, GXC SA, junto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, identificado con el código DPU_S_2025_2_187053, por un monto de UYU 4.721.576 (pesos uruguayos cuatro millones setecientos veintiún mil quinientos setenta y seis).
2. "Sistema de Identificación, Monitoreo y Trazabilidad Bovina", presentado por FULLTRACE SAS junto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, identificado con el código DPU_S_2025_2_187503, por un monto de UYU 4.616.331 (pesos uruguayos cuatro millones seiscientos dieciséis mil trescientos treinta y uno).
Las empresas seleccionadas que trabajarán en conjunto con Facultad de Veterinaria, contarán con un plazo de 12 meses para el desarrollo del proyecto, aunque el plazo podrá ampliarse en caso de solicitud fundada de los responsables del proyecto.
Economía circular en acción
Proyecto Girec impulsa una campaña nacional para reducir el desperdicio de alimentos
El Proyecto Gestión Integral de Residuos y Economía Circular fortalece la articulación junto a la Unión Europea y los gobiernos departamentales, con acciones de sensibilización ciudadana orientadas a la valorización de residuos y el cambio de hábitos de consumo.
En el marco del Proyecto Gestión Integral de Residuos y Economía Circular (Girec), se desarrollaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento institucional y la promoción de buenas prácticas en materia de gestión de residuos en todo el país. Entre ellas, se destaca la producción de material audiovisual destinado a sensibilizar a la ciudadanía, con foco en la implementación de los planes locales de gestión de residuos, la valorización, la economía circular y la concientización sobre los riesgos ambientales asociados a un manejo inadecuado de los residuos.
Como parte de este proceso, y tras un trabajo conjunto entre la Unión Europea en Uruguay, el Ministerio de Ambiente y las 19 intendencias del país, el proyecto Girec presentó una campaña nacional para reducir el desperdicio de alimentos. Esta pieza publicitaria fue presentada el pasado 11 de diciembre, en el marco de la actividad de cierre del Proyecto Girec, constituyéndose en uno de los hitos finales de la iniciativa.
Se trata de una campaña pensada desde lo cotidiano, que interpela directamente a los hogares y pone en valor el impacto de las decisiones diarias al momento de comprar, cocinar y desechar alimentos. La propuesta subraya que cuando se desperdicia comida también se desaprovechan recursos clave como el agua y la energía, además de generar costos económicos y ambientales evitables.
Este proceso resulta especialmente relevante porque consolida una agenda común entre los gobiernos departamentales, la Unión Europea y el Ministerio de Ambiente, basada en la cooperación y en la construcción de políticas públicas que integran ambiente, gestión de residuos y hábitos de consumo responsables.
Desde Girec, se impulsa este cambio ¿ con una mirada nacional, apostando a que cada pequeño hábito que se transforma hoy contribuya a construir un mañana mejor.
