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Jorge Díaz participó de una charla denominada Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organizada por el Centro de Estudios Paysandú, en el departamento homónimo. Allí expuso sobre los principales desafíos que tiene Uruguay en torno al tema.
“No estamos inventando la rueda. Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos son un componente clave de la institucionalidad de la mayoría de los países occidentales, en particular, en nuestro continente”, mencionó. Todos los países del Mercosur cuentan con este ministerio, excepto Uruguay, añadió.
Más allá de experiencias internacionales analizadas para elaborar el proyecto del Gobierno, el prosecretario aclaró que tomar algún modelo desde otro país sería imposible. El documento, que promueve la creación de esa secretaría de Estado, continúa a estudio del Poder Ejecutivo y comprende los cometidos y atribuciones que le corresponderían.
Díaz aseguró que, bajo ninguna circunstancia está en riesgo la independencia del Poder Judicial. “Nuestra Constitución es muy clara con respecto a las competencias de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, ninguna de ellas, jurisdiccionales ni administrativas, se verán alteradas” con la creación del ministerio.
Argumentación
En su exposición, el prosecretario defendió la iniciativa con la enumeración de argumentos de gobernanza, articulación institucional y jerarquización de la política pública referida al sistema de Justicia y a los derechos humanos.
“En la actualidad existe una fragmentación de oficinas que tienen, dentro de sus cometidos, funciones relacionadas a los derechos humanos o a la Justicia, y eso trae como consecuencia una falta de enfoque integral e ineficiencias en el uso de los recursos”, relató.
Aseguró que el nuevo ministerio se encargaría de llevar adelante la defensa de Uruguay en los arbitrajes internacionales. “El Estado es demandado en litigios que en ocasiones tienen un alto monto económico, y no contamos con un organismo especializado en abogacía y defensa”, recordó.
La cartera sería la responsable de rendir cuentas a través del control parlamentario. “Hoy no hay a quién pedirle que lo haga por el acceso efectivo a la Justicia, ni el cumplimiento de los derechos humanos, ya que las responsabilidades están dispersas”, resaltó. La nueva institución se encargaría de implementar procesos, hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas permanente en asuntos de su competencia, concluyó Díaz.
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