Delegación de la Udelar reclamó más presupuesto ante comisión de la Cámara de Senadores

Este miércoles una delegación de la Universidad de la República (Udelar) compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado para defender su «Propuesta al País 2025-2029». La presentación enfatizó que, si bien la Cámara de Representantes mejoró la propuesta original del Poder Ejecutivo, resulta marcadamente insuficiente para atender necesidades clave en docencia, becas, descentralización y obras edilicias.

La delegación universitaria, encabezada por el rector Héctor Cancela, solicitó partidas incrementales con el fin de alcanzar el objetivo de destinar el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública, incluyendo a la Udelar con un 1.09%. El plan estratégico universitario exige un incremento presupuestal acumulado del 52% al final del quinquenio para mantener y expandir sus funciones. 

En contraste, el proyecto de ley de Presupuesto aprobado en la Cámara de Representantes, actualmente en el Senado, propone un incremento del 2.86% acumulado del presupuesto total de la universidad al final del quinquenio. Este nivel de asignación proyecta una baja de la participación universitaria en el PIB al 0.75%, según las estimaciones presentadas.

 

Calidad académica y deterioro de la relación docente-estudiante

La Udelar alertó sobre la necesidad urgente de fortalecer la función de enseñanza mejorando la relación de horas docentes por estudiante, que se ha deteriorado en los últimos 10 años y que seguirá en esta tendencia si no se incrementan los recursos presupuestales.

Si bien el proyecto de Diputados incluye $100 millones para cargos docentes y $60 millones para fortalecer el régimen de dedicación total (RDT) por el que las y los docentes pueden abocarse plenamente a esta tarea, la Udelar señaló que no se destinan fondos para el acompañamiento de nuevos estudiantes, ni a la formación para la mejora de la calidad de la enseñanza. Además, la partida para el RDT solo alcanza para financiar la lista de espera actual de aspirantes, sin prever un crecimiento futuro.

Un punto crítico es la imposibilidad de sostener o financiar carreras aprobadas académicamente por falta de dotación presupuestal, como la Licenciatura en Administración de Sistemas de Información o la Tecnicatura en Acompañante Terapéutico, se planteó.

 

Insuficientes recursos para becas y descentralización

La Udelar destacó que su población estudiantil es cada vez más diversa, siendo el 58% de los estudiantes primera generación universitaria (cifra que sube al 67% en el interior del país). Se planteó que el objetivo de generalizar la educación superior en el país requiere de una mayor cantidad de becas dirigidas a estudiantes que no acceden a ella por distintas vulnerabilidades, como la socioeconómica.

El proyecto aprobado por diputados y diputadas incrementa la asignación para becas de apoyo económico a $245 millones. Sin embargo, la Udelar indica que esta cifra solo cubre el 33% de la demanda y no contempla fondos para políticas de cuidados.

Para el programa de descentralización universitaria en todo el territorio nacional, la Cámara de Representantes propuso asignar $74 millones (incluyendo el financiamiento de una nueva Sede en Colonia), lo que representa menos del 9% de lo solicitado para 2029. La delegación subrayó que esta asignación es insuficiente para consolidar la masa crítica docente en los Centros Universitarios Regionales (CENUR), reforzar programas de grado y posgrado y proveer los cargos técnicos, administrativos y de servicios (TAS) necesarios.

 

Obras, Hospital de Clínicas y Remuneraciones

La presentación identificó dos programas con déficits severos. Uno de estos es el Plan de Obras y Mantenimiento del Patrimonio Edilicio Universitario. La Udelar cuenta con más de 540.000 m² construidos y la falta de fondos paraliza el adecuado mantenimiento de edificios, incluyendo monumentos históricos nacionales, así como la construcción de nuevos espacios. El proyecto aprobado por la cámara baja no asigna ninguna partida específica en estos rubros.

En cuanto al Hospital de Clínicas, los $160 millones asignados hasta el momento (para refuncionalización y programas de patología urológica y salud mental) no son suficientes para finalizar en 2030 las obras de refuncionalización planeadas, así como la expansión de ofertas de carreras del Área Ciencias de la Salud en el interior del país.

Finalmente, la partida de $140 millones incluida para remuneraciones universitarias solo atiende el preacuerdo tripartito, sin abordar la necesaria adecuación salarial de docentes y funcionarias/os TAS, cuyos sueldos se encuentran rezagados respecto a otras instituciones de la educación pública y organismos del Estado.

Las y los integrantes de la Comisión del Senado, de la que participó la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, se interesaron en conocer más detalles acerca de diversos puntos del plan estratégico de la Udelar. En particular, consultaron sobre los niveles de permanencia y egreso de estudiantes; el sistema de becas; las perspectivas del desarrollo universitario en el interior; las posibilidades de implementar enseñanza virtual; las necesidades presupuestales para sostener la formación en áreas de la salud en el interior del país, entre estas la odontología las especializaciones médicas, entre otros asuntos.

 

Asuntos pendientes 

Finalizada la comparecencia el rector dialogó con medios de comunicación. Explicó los principales objetivos que se plantea la Udelar respondiendo a «una visión de que tanto la formación superior como la generación de conocimiento son herramientas para el desarrollo del país». Si bien hoy hay restricciones presupuestales generales, «entendemos que todo refuerzo, todo dinero que se pueda invertir y que nos pueda ayudar a llevar adelante aunque sea una parte de ese plan, va a ser beneficioso para la sociedad», expresó.

Las reasignaciones con destino a la Universidad aprobadas en la Cámara de Representantes no contemplan la generación de cargos TAS, indicó Cancela: la institución «ha crecido mucho pero la cantidad de funcionarios es constante, eso quiere decir que cada persona está teniendo que atender muchas más tareas». Por tanto, este es uno de los componentes que el Senado podría reforzar durante su tratamiento del proyecto de ley presupuestal, valoró. 

Tampoco se han incrementado los montos destinados a la infraestructura edilicia, no solo para edificios nuevos sino para los existentes, muchos de los cuales son patrimoniales, «por ejemplo el de la Facultad de Medicina, que está con con goteras en la biblioteca y en el salón de actos, pero no es el único», explicó, «los fondos que tenemos para mantenimiento han quedado constantes en el tiempo y con la inflación se han depreciado». 

El rector se refirió a las propuestas de nuevas carreras que no cuentan con financiamiento; también a aquellas que se llevan adelante con dificultades y al caso de la carrera de Enfermería, que en el interior abre una vez cada dos años.

 

Al 6+1%

En relación con otros anteriores, el actual proyecto de ley de presupuesto va a reforzar algunos componentes, como por ejemplo, los que se asignan al desarrollo en el interior, explicó el rector. En cambio, el componente de gastos está congelado y en realidad se reduce respecto a períodos anteriores porque «cada vez que hay inflación lo que la universidad tiene para gastar disminuye».

Cancela señaló que «todos los legisladores han dicho que ven la educación como una inversión que es fundamental para el país y lo han dicho de manera muy sentida, muy sincera. Creo que realmente hay voluntad de todo el espectro político de buscar mejorar la asignación a la educación», agregó. Respecto a la presencia de Cosse en la Comisión, opinó que es una muestra de apoyo y también «de la importancia que la universidad tiene para el país». 

«Seguimos insistiendo, y ha habido manifestaciones en ese sentido por parte de los senadores, en que la meta del 6+1 % para educación e investigación tiene que permanecer. Evidentemente no se va a llegar en este momento pero entendemos que a lo largo del quinquenio hay que irse acercando a ese valor», concluyó.

 

FUM-TEP alerta: políticas educativas clave para los más vulnerables en riesgo por déficit presupuestal

La Federación de Maestros denuncia un faltante de 117 millones de pesos en la DGEIP y la pérdida de categoría "APRENDER" de 23 escuelas. Advierten que sin fondos, se desfinanciarían servicios esenciales como tutores, comedores y maestras comunitarias a partir de 2026.

Montevideo, 19 de noviembre de 2025

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria quiere hacer pública la situación financiera con respecto a la Ley del presupuesto que se encuentra en discusión en el parlamento.

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria tiene un déficit de 117 millones de pesos, y un faltante por las recategorizaciones de escuelas de los quintiles más bajos de 28 millones de pesos.

Estamos transmitiendo con mucha responsabilidad la preocupación por las políticas educativas que en el año 2026 no tendrían financiamiento, siendo estas necesarias para garantizar los aprendizajes en los contextos más desfavorables.

En este cambio de recategorización, correspondiente cada 5 años, se toman indicadores para establecer cuáles son las escuelas que mantienen la categoría aprender, que según los nuevos indicadores y los cupos preestablecidos para cada quintil 1 y 2. Hoy 23 escuelas de todo el país dejaron de ser APRENDER, ingresando al quintil 3.

Esto no significa que la situación socioeconómica de esas comunidades educativas se hayan modificado, sino que los lugares establecidos para esos quintiles 1 y 2 estarían completos en el nuevo cambio.

Hoy tres de cada diez niños y niñas se encuentran en situación de pobreza, si a eso le agregamos que en Uruguay hay una baja importante de la tasa de natalidad y en los sectores que se mantiene constante los nacimientos son los contextos más vulnerables, estamos ante un fenómeno preocupante.

Erradicar la pobreza infantil debería ser un compromiso de todas y todos por eso nuestro PIT CNT presentará este lunes 24 de noviembre en el paraninfo de la Udelar la propuesta tributaria para generar recursos para tal fin.

En el entendido que nuestras infancias necesitan políticas públicas que garanticen derechos, minimicen los impactos de las diferencias de origen, y atiendan con políticas focalizadas las comunidades educativas que más lo necesitan, es que vemos fundamental mantener esas 23 escuelas de quintil 3 en la categoría APRENDER.

Estar dentro de esa categoría hace que una escuela cuente con proyecto de centro, tenga maestras comunitarias que establecen un vínculo con la comunidad y puedan tener también apoyo escolar a través de las tutorías y trayectorias y un incremento en la partida de comedor, así como la prioridad para acceder a campamentos y colonias.

Las que pierden son las comunidades y estas acciones apuntan a dejarlas desprotegidas en el momento que más debemos fortalecer.

En síntesis todas estas acciones necesitan presupuesto!!!!

SECRETARIA EJECUTIVO NACIONAL DE LA FUM-TEP

MINISTRA DE VIVIENDA PRESENTÓ EL PLAN QUINQUENAL EN EL SENADO Y DESTACÓ LA MEDIA SANCIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE ABREVIA LA EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, presentó este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat 2025–2029, una hoja de ruta que busca garantizar el acceso a una vivienda digna, fortalecer la integración territorial y atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país. Durante su exposición, Paseyro destacó que el plan fue elaborado a través de un proceso de construcción colectiva, con la participación de organizaciones sociales, cooperativas, gobiernos departamentales y equipos técnicos del Ministerio, mediante recorridas por el territorio, mesas de diálogo y encuentros regionales. Subrayó, además, que el Ministerio busca ser un ministerio cercano, con mirada territorial, que atienda integralmente a la vulnerabilidad, que lleve a cabo políticas transversales y complemente herramientas. Según explicó la ministra Tamara Paseyro, el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat se organiza en cinco lineamientos estratégicos que orientan la política habitacional y territorial del próximo período. El primero de ellos, denominado emergencia habitacional y vulnerabilidad social, pone a las personas en el centro y prioriza a los hogares con carencias críticas y a las poblaciones que enfrentan mayores dificultades, como las infancias, las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad y quienes egresan del sistema penitenciario. El objetivo es brindar respuestas integrales, coordinadas y sostenidas, que se adapten a las distintas realidades sociales y territoriales. En ese marco, el Ministerio prevé atender la emergencia habitacional dispersa a través de intervenciones rápidas y flexibles que combinen materiales, mano de obra y asistencia técnica, con foco en niñas, niños y adolescentes, con una meta de 3.850 mejoras habitacionales. También se ampliarán los subsidios de alquiler y las garantías mediante redes de protección interinstitucional, con una meta de 5.000 subsidios, entre ellos 2.500 dirigidos a personas mayores. Además, se implementará el programa Crece desde el pie, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Uruguay Crece Contigo, para acompañar a mujeres embarazadas y recién nacidos que viven en condiciones de precariedad extrema, con un plan piloto en 50 hogares. Finalmente, se intervendrá en el medio rural a través de Mevir AIR, con 750 acciones destinadas a mejorar la situación habitacional de los agrupamientos irregulares rurales. El segundo lineamiento, acceso y permanencia en la vivienda, busca ampliar las oportunidades habitacionales para distintos perfiles de hogares, combinando propiedad, alquiler social, cooperativas y autoconstrucción con instrumentos de crédito, subsidios y garantías. En este marco, el Ministerio implementará el programa Primera Vivienda, una herramienta que facilita el acceso a viviendas nuevas o usadas mediante diversas modalidades: compra, construcción o alquiler con opción a compra. El programa amplía el financiamiento hasta el 95 % del valor del inmueble, reduciendo la exigencia de ahorro previo y permitiendo que familias jóvenes y trabajadoras con ingresos regulares, puedan adquirir su vivienda. Además, incorpora subsidios directos a la cuota y garantías a través del Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y promover la estabilidad habitacional. El Banco Hipotecario del Uruguay complementará este esfuerzo con la colocación de 9.588 créditos hipotecarios en todo el país, ampliando su alcance hacia sectores medios y medios-bajos. También se fortalecerán el sistema cooperativo de vivienda y la autoconstrucción asistida, que combinan esfuerzo propio, crédito y subsidio, y se consolidará el alquiler social como alternativa sostenible, con garantías y subsidios parciales. El tercer lineamiento, integración urbano-rural, impulsa intervenciones que mejoren de forma sostenida las condiciones de vida en barrios y pequeñas localidades de todo el país. Abarca acciones de realojo, mejora habitacional, regularización y acceso a servicios básicos, con un enfoque integral que combine infraestructura, vivienda y desarrollo comunitario. Su principal apuesta es el programa Más Barrio, una estrategia interinstitucional orientada a transformar zonas con altos niveles de vulnerabilidad y violencia en comunidades seguras, habitables e integradas. El programa articula acciones de seguridad, infraestructura, vivienda y participación vecinal, y contará con la participación del MVOT, el Ministerio del Interior, MIDES, ASSE, ANEP, INAU, intendencias y municipios. En el medio rural, MEVIR desarrollará programas microrregionales que integran vivienda, infraestructura y servicios básicos, priorizando los agrupamientos rurales irregulares y la recuperación del stock existente. Se prevén 2.245 mejoras, 2.375 nuevas soluciones habitacionales y la rehabilitación de viviendas en desuso, promoviendo comunidades sostenibles y mejor conectadas. En total, este lineamiento alcanzará a más de 17.000 hogares en todo el país, con una inversión estimada de 705 millones de dólares, lo que supone duplicar los recursos destinados a la población en situación de vulnerabilidad y precariedad sociohabitacional respecto al quinquenio anterior. El cuarto lineamiento, “Acceso al suelo urbano”, reconoce el suelo como un recurso estratégico para garantizar el derecho a la vivienda y promover ciudades más justas y sostenibles. En este marco se implementará la Segunda Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (ENASU II), que busca optimizar el uso del suelo e inmuebles públicos, prevenir la expansión informal y fortalecer la planificación territorial, en coordinación con los gobiernos departamentales. En ese sentido, la ministra destacó durante su intervención, la reciente media sanción del proyecto de ley que abrevia el trámite expropiatorio de inmuebles con deuda compensable.  Para la ministra, esa propuesta “representa un avance sustantivo” para la estrategia de acceso al suelo urbano.  “Este proyecto que introduce un procedimiento más abreviado permitirá recuperar de manera más ágil inmuebles con deudas impagas, compensando los montos adeudados con el valor de tasación del bien”, indicó. Finalmente, el quinto lineamiento, Gestión del Sistema Público de Vivienda, apunta a mejorar la planificación, la transparencia y la participación social mediante una ventanilla única de información, un observatorio integral con datos actualizados sobre vivienda, mercado e infraestructura, y espacios de participación ciudadana como el COAVI y el COAOT.

 Consejo de Ministros

Sánchez: “El 30% de las mesas de negociación colectiva ya acordaron”

“La negociación colectiva es un gran activo del país y viene funcionando de forma correcta”, afirmó el secretario Alejandro Sánchez, ante el alto nivel de acuerdo alcanzado a la fecha. Al finalizar el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, recordó que la prioridad es el crecimiento de los salarios sumergidos y que el resto de los ingresos no pierdan poder de compra.

En el encuentro, convocado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, se realizó una puesta a punto en torno a cuatro temas: Presupuesto Nacional, negociación colectiva, contrato con empresa Cardama y temporada turística, explicó Sánchez.

Además, los integrantes del Consejo de Ministros evaluaron el avance de la gestión del Gobierno en general.

Negociación colectiva: 30% de las mesas acordaron

El secretario de Presidencia informó que de un total de más de 100 mesas de negociación que tramitan los acuerdos salariales entre empleadores y trabajadores, el 30% ya alcanzaron un acuerdo con las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, mientras que otro 30% está en vías de concretarlo. 

Sánchez reafirmó que cuando se definieron las pautas, el Gobierno resolvió priorizar la prioridad el crecimiento de los salarios más sumergidos, es decir, quienes perciben menos de 25.000 pesos al mes, garantizando que el resto de las escalas salariales no pierdan poder de compra, explicó.

Aún resta tiempo para cerrar la ronda, por lo que se concibe como “un gran logro” ese porcentaje. “Venimos con un cronograma muy bueno. La negociación colectiva es un gran activo del país y viene funcionando de forma correcta”, apuntó”

Asimismo, informó que el salario real creció nuevamente en Uruguay. 

Presupuesto: se avanzó en áreas prioritarias

En cuanto al presupuesto nacional, Sánchez confirmó que el Poder Ejecutivo no enviará mensaje complementario.

También expresó el beneplácito del Consejo de Ministros por la media sanción que el proyecto de ley recibió en la Cámara de Representantes, donde se avanzó en forma sustantiva en áreas prioritarias como atender la pobreza infantil y promover el desarrollo del país, aseguró. 

Patrullas oceánicas: transparencia y defensa de los recursos públicos

En cuanto a la presentación de la denuncia en Fiscalía sobre la presunta estafa al Estado uruguayo por parte de la constitución de garantías para el contrato de las patrullas oceánicas, ratificó la línea de acción de avanzar por el camino de la transparencia y la defensa de recursos públicos y aseguró que se agotará la vía administrativa para esclarecer la situación. 

En cuanto a la denuncia, expresó que se aguarda que Fiscalía comience a trabaja para esclarecer el tema.

Temporada turística: se espera mejorar la temporada anterior

Finalmente, informó que el Consejo de Ministros abordó las expectativas de cara a la próxima temporada estival. 

Sánchez dijo que es un sector relevante porque emplea a muchas personas en todo el territorio nacional. Aseguró que se decidió potenciar una campaña dirigida al turismo receptivo. Según el informe presentado en la jornada, se aguarda una temporada igual o superior a la anterior. 

En el encuentro mantenido en la Residencia de Suárez, además de los ministros de todas las carteras, estuvieron presentes la vicepresidenta Carolina Cosse y el prosecretario Jorge Díaz.   

 Prioridades

José Olivera (CSEU): “Con la reasignación presupuestal para educación, la aguja se movió muy poco”

El coordinador de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), José Olivera, advirtió que el presupuesto educativo corre el “riesgo de retroceder en el esfuerzo macroeconómico del país” y sostuvo que las reasignaciones aprobadas en Diputados cubren apenas una parte mínima de lo solicitado por los entes de la educación, ya que, a su entender, “la aguja se movió muy poco”.

El miércoles 22 de octubre se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República (UDELAR) un debate sobre el presupuesto educativo. El encuentro contó con la participación del rector de la Universidad, Héctor Cancela, la consejera de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Daysi Iglesias, el coordinador de la CSEU José Olivera, y los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Bettiana Díaz (Frente Amplio). El evento fue organizado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

Imagen

En ese marco, Olivera recordó que en septiembre de 2024 la bpresentó a todos los partidos políticos el documento “Bases programáticas para la educación”, en el cual uno de los nueve lineamientos refería al financiamiento educativo, planteando la necesidad de alcanzar un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, más un 1% destinado a investigación e innovación. “Esto, que ya venía siendo reclamado desde hacía tiempo, contaba además con el respaldo de documentos de Naciones Unidas”, subrayó el dirigente sindical.

En el marco de la actual discusión presupuestal, la CSEU concurrió al Parlamento para expresar su posición sobre el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de la autonomía de los tres entes de la educación pública: ANEP, UDELAR y UTEC. “Entregamos un documento bastante crítico, en el que señalábamos que la situación general era preocupante y que no se estaría avanzando hacia el objetivo del 6% del PIB, sino que se corría el riesgo de retroceder en el esfuerzo macroeconómico que la sociedad uruguaya estaría dispuesta a hacer”, advirtió.

Olivera precisó que el presupuesto educativo global pasaría de un 4,83% a un 4,34% del PIB, lo que afectaría especialmente a la ANEP, la UDELAR y la UTEC. “La Cámara de Diputados trabajó y logró aumentos a partir de reasignaciones aprobadas primero en Comisión y luego en el plenario. En términos reales, en 2026 habrá un incremento presupuestal si se compara con 2025, pero sigue siendo netamente insuficiente frente a lo reclamado por los organismos de la educación”, sostuvo.

El coordinador de la CSEU detalló que, con los aumentos introducidos en Diputados, solo se cubre el 20% de lo solicitado por la ANEP, menos del 10% de lo pedido por la UDELAR y cerca del 19% de la demanda de la UTEC. Agregó que para 2029 el incremento pasaría apenas de 4,34% a 4,37% del PIB, lo que demuestra que “la aguja se movió muy poco” y que se mantiene la insuficiencia en las reasignaciones aprobadas. “No se estaría caminando hacia el 6% del PIB”, enfatizó.

Asimismo, expresó preocupación por algunos de los aditivos votados en Diputados vinculados a la ANEP, que -según dijo- podrían generar dudas sobre su financiamiento e incluso sobre su constitucionalidad, en tanto podrían vulnerar la autonomía del ente. También alertó que ciertas políticas del Plan Avanza, orientadas a fortalecer el acompañamiento pedagógico a estudiantes con dificultades mediante clases menos numerosas y tareas de apoyo, “no cuentan hoy con financiamiento”, lo que consideró “un hecho grave” porque “discontinuar estas políticas repercute negativamente en las condiciones de aprendizaje”.

Olivera advirtió que existe un “escaso margen de reasignaciones presupuestales” y que, si no se emite un mensaje complementario del Poder Ejecutivo que mejore las asignaciones, “será muy difícil que el Senado pueda superar la tarea titánica que realizó Diputados”. 

“Todos sabemos que hay limitaciones constitucionales que el Parlamento no puede sortear. Desde la coordinadora seguimos insistiendo en la necesidad de atender la globalidad del problema y de dar una respuesta acorde al pedido presupuestal de nuestros organismos, para mejorar las condiciones de aprendizaje y de trabajo”, concluyó.

A su turno, la consejera docente de la ANEP, Daisy Iglesias, presentó un análisis crítico del presupuesto educativo, señalando que el mensaje del Poder Ejecutivo implica una “redistribución interna de recursos sin una expansión real”. Advirtió que “no se prevé creación de cargos pese a la extensión del tiempo pedagógico y las metas de mejora de calidad, lo que podría generar sobrecarga laboral”.

Imagen

Por su parte, el rector de la UDELAR, Héctor Cancela, subrayó que "el futuro del país depende del presupuesto educativo" y advirtió que el incremento previsto para la Universidad de la República es “insuficiente para sostener su desarrollo”. Explicó que la diferencia entre lo solicitado y lo que se plantea otorgar “limita la creación de cargos docentes y técnicos, así como las inversiones en descentralización, infraestructura y becas”.

La senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz destacó que “la educación ha sido una prioridad histórica del Frente Amplio” y reafirmó el “compromiso de su fuerza política con el objetivo del 6+1% del PIB para el sector”. Sostuvo que, pese a las restricciones fiscales, “el 35% del incremento presupuestal proyectado se dirige a la educación junto con políticas sociales y de convivencia”.

Mientras que el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry planteó la necesidad de “evaluar los presupuestos públicos a partir de objetivos y resultados concretos, más allá de los reclamos sectoriales o partidarios”. Advirtió sobre la “compleja situación fiscal del país” y valoró el “esfuerzo de contención realizado por el Ministerio de Economía”.

(*) fuente PIT CNT