Juez
levanta secreto profesional a periodista para conocer nombre de sus informantes
El pedido fue
realizado por la defensa de cuatro militares y un ex policía presos. Roger
Rodríguez contestó: “Yo no voy a dar ese nombre”.
MERCEDES
ALDO
DIFILIPPO
El juez penal
Pedro Salazar accedió al pedido de la defensa de los cuatro militares y un ex
policía presos y levantó el secreto profesional
al periodista Roger Rodríguez, con el
propósito de identificar a su informante en el caso Gelman. Si bien
Rodríguez se mantuvo en la posición de
no acceder a revelar el nombre de su informante, el hecho generó preocupación
en diferentes organizaciones sociales.
“Yo no voy a dar ese nombre. Me mantengo en
secreto profesional por más que sea levantado”, manifestó Roger Rodríguez, quien fue citado a declarar
como testigo en etapa sumarial por haber investigado periodísticamente el tema.
Las defensas de
los militares y del ex policía requerían el nombre de quien había aportado
datos precisos sobre el caso del secuestro de la ciudadana argentina María
Claudia García de Gelman y de su hija, Macarena.
El caso,
ocurrido en plena dictadura, y repercutió en nuestro país ya que si bien el
secuestro se produjo en Argentina, la niña nació en Uruguay y fue adoptada por
padres uruguayos. Recién en el año 2000 se supo oficialmente que María Claudia
había sido trasladada a nuestro país embarazada. A esa conclusión también había
arribado el propio Juan Gelman, abuelo de Macarena.
Por este caso,
fueron procesados con prisión los militares José Gavazzo, Ricardo Arab,
Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina como coautores
de homicidio muy especialmente agravado. La denuncia fue presentada en junio de
2002 por Macarena Gelman, por la privación de libertad y homicidio perpetrado
contra su madre, la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, y por
la sustracción de menor.
Contraofensiva para amedrentar, presionar, y descalificar
Roger Rodríguez
relató lo sucedido esta semana el
juzgado montevideano. “A las 21 horas
del lunes 17 de marzo, tocó el timbre de mi domicilio un agente policial
vestido de civil, a quien esperaba un vehículo particular en la puerta, quien
me entregó un cedulón judicial por el que se me convocaba a comparecer al día
siguiente ante el Juzgado Penal de 2º Turno. La citación era para la carátula
"Gavazzo, José Nino y Otros - Homicidio muy especialmente agravado",
Ficha IUE90-10462/2002. Busqué en la web del Observatorio Luz Ibarburu y
confirmé que se trataba de la Causa Gelman, donde ya había testificado tres
veces. Pensé que sería para que aportara datos sobre eventuales lugares de
enterramiento. Yo sabía que el viernes hubo una inspección en el Servicio de
Material y Armamento junto al Batallón 13”. Al otro día, a las 14 horas “llegué
al edificio de los juzgados en la calle Misiones y al ingresar a la sala de
espera me encontré a los abogados de los procesados José Gavazzo, Ricardo Arab,
Jorge Silveira y Ricardo Medina, esperando para ingresar a la audiencia. No nos
saludamos y permanecimos 15 minutos, sentados frente a frente, esperando ser
llamados. La audiencia se realizó en el despacho del juez Pedro Salazar y en
presencia del fiscal Ariel Cancela. Comprendí que se había iniciado la fase
sumarial, es decir el proceso judicial en sí y que los cuatro abogados
defensores: Dr. Bernardo Gzech (Medina), Graciela Figueredo (Silveira), Estela
Arab (Arab) y Rossana Gavazzo (Gavazzo), me interpelarían. El juez me preguntó
si me ratificaba en lo que había declarado en 2003, 2005 y 2008. Pedí para leer
mis declaraciones y demoré lo necesario para recordar el contexto en que mi
testimonio fue realizado (muchas cosas se fueron averiguando y aportando
durante ese tiempo). Los abogados defensores parecían impacientes. Cuando leí
todo, ratifiqué mis dichos.
Fue entonces
que el juez da la palabra al abogado Gzech quien había solicitado a foja 5535
que se me exigiera revelar mis fuentes de información. El juez Salazar dispone
en ese momento el levantamiento del secreto profesional. Posibilidad jurídica
que éticamente no acepté.
El resto de las
actas cuyos fascimiles adjunto, es el interrogatorio al que fui sometido por
los abogados defensores que procuraban conocer las fuentes de información,
buscaron algún tipo de contradicción en mis sucesivos testimonios a lo largo
del proceso y, finalmente, llegaron a preguntar por qué yo era creíble...
Más allá de las
valoraciones que el gremio de periodistas y otras organizaciones puedan
realizar sobre las implicancias de que un juez penal considere que puede
levantar el secreto profesional de un periodista (otro magistrado o un fiscal
podrían luego acusar por desacato u obstrucción de la Ley), me preocupa la
situación de las causas de derechos humanos.
Como ya ha
ocurrido en otros casos, los abogados defensores han comenzado una
"contraofensiva" en la que intentarán amedrentar, presionar,
descalificar o contradecir a los testigos, quienes luego de cuarenta años de
miedo y silencio fueron a los juzgados acompañados de organizaciones sociales,
abogados y prensa.
Ahora no deben
quedar solos ni se debe admitir que sufran esta suerte de careos en los que son
interrogados como indagados y vuelven a sufrir la victimización de quienes
defienden a sus victimarios. No solo es una muestra más de la impunidad en que
vivimos. Sencillamente no es justo”, concluyó Roger Rodriguez.
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Derecho a la
reserva de las fuentes
El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU),
el Centro de Acceso a la Información (CAinfo) y la Coalición por una
Comunicación Democrática, emitieron un comunicado condenando enfáticamente este
hecho. Adelantando que pedirán una audiencia “urgente a los integrantes de la
Suprema Corte de Justicia” para plantear su inquietud.
Agregando más adelante la APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación
Democrática “expresan su profunda inquietud por el intento de atentado contra
el derecho a la reserva de las fuentes que está expresamente establecido en
normativas nacionales e internacionales”. Recordando lo establecido en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que semana que “todo comunicador
social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y
archivos personales y profesionales”. Recordando como antecedentes a este caso lo ocurrido en
febrero pasado cuando “el Juzgado
Letrado de Mercedes había citado a declarar a los cinco periodistas integrantes
de la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado habían
informado sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar. También
denunciamos que tres periodistas del blog Proyecto Fósforo habían sido citados
a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que estaba
investigando un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores
de residuos de la Intendencia de Montevideo. En ambos casos, los magistrados
actuantes habían expresado su intención de conocer las fuentes de información
de los colegas, pero ante la enfática denuncia pública de esta situación
finalmente desistieron de sus propósitos. Ahora, nuevamente, en un hecho
absolutamente lamentable, que reviste una inusitada gravedad, un juez penal
dispone el levantamiento del secreto profesional de un colega para que divulgue
los nombres de sus informantes”.
PERIODICO CENTENARIO, 22/MARZO/2014
