Jurista
advierte sobre la “involución autoritaria” que significa bajar la
edad de imputabilidad y aumentar las penas a los menores infractores
*Mientras el Senado aprobó modificar el
código de la niñez y aumentó la pena mínima a un año para delitos graves.
MERCEDES
ALDO DIFILIPPO
El Parlamento aprobó las penas
a delitos graves cometidos por niños y adolescentes. Con el telón de fondo de la campaña para reducir la
edad de imputabilidad, el Senado aprobó modificar el código de la niñez y
aumentó la pena mínima a un año para delitos graves. "No hubo mayor
dificultad para su aprobación", comentó al diario El País el Senador
Sergio Abreu.
En
el otro extremo el jurista argentino, experto en derechos de la Infancia , y presidente de
la Fundación Sur
En
la discusión en el Senado, Ope Pasquet (Partido Colorado) planteó que en el
2010 se condenaron por rapiñas 617
menores y 576 mayores. En tanto el
nacionalista Carlos Moreira reclamó más "severidad" con los menores
infractores”.
El
proyecto va ahora a la Cámara
de Diputados porque necesita doble sanción.
En nombre del amor
En el Seminario “Comunicación, niñez,
adolescencia y género: Promoción y protección de los derechos en la Agenda Pública.la Comisión de Infancia de
los Colegios Públicos y Privados de la ciudad de Buenos Aires. Pero que además existe otra práctica que consiste en “destruir las garantías para utilizar la privación de libertad, no como una respuesta seria y legítima del
Estado para los delitos gravísimos que
cometen los menores de edad, sino como
una especie de política social
reforzada. Para enfrentar el primer problema social que tenemos todos a los países de América
Latina, desde México a la Argentina , que son los
adolescentes pobres de las periferias urbanas, que no estudian ni trabajan. O utilizamos la
privación de libertad como respuesta seria, o la utilizamos como una especie de política social
reforzada para los adolescentes pobres”,
remarcó.
“Nosotros no sabemos si
algunas monstruosidades hacen parte del pasado o del futuro. Porque nunca más
que en este momento por convicción o por nostalgia hay un intento de repetir nuestra historia, y aquellos que no conocen la
historia están condenados a repetirla”.
Agregando “si hoy nosotros podemos hablar de los niños como sujeto de derechos
es porque hay un instrumento que se
llama Convención Internacional de los derechos del Niño”.
García
Méndez puntualizó “hoy más que nunca
los niños necesitan de la autoridad de
los padres, y de la autoridad de las
instituciones. Pero ojo, los niños necesitan autoridad no necesitan de
autoritarismo” ya que “el autoritarismo es la autoridad despojada de
razones. Y por eso me parece interesante, que el padre la madre o la institución que no
entienda que educar un niño es un proceso
extenuante de negociación, está perdido.
Y lo que uno termina de discutir
a las 10 de la noche lo tiene que volver a discutir a las
6 de la mañana. Yo soy de los que piensa que en materia de políticas sociales
hay tres prioridades: educación, educación y educación. El que no
acepte la idea que la educación,
en el sentido amplio, es un proceso de
negociación, está perdido”.
Esa
sutil involución
Haciendo un análisis de la Convención de los Derechos
del Niño, García Méndez opinó que en 1997
“comenzó un proceso de involución autoritaria” que en la actualidad tiene dos
etapas. “Una clásica, donde lo autoritario es fácilmente reconocible. Donde los
malos eran los actores de esta involución autoritaria”. Caracterizada “por dos
elementos fundamentales: bajemos la edad de
imputabilidad y aumentemos las penas”. Agregando que desde
2004-2005 se inicia otro proceso “más
sutil” de esa involución. “Hay mucho
fuego amigo en esta involución autoritaria, que hoy se caracteriza” por “una
cosa más insidiosa, más sutil, como es la destrucción sistemática de las
garantías. Las garantías se pueden destruir de múltiples maneras: haciendo una
reforma legal, o también estrangulando
administrativamente a la defensa pública. Porque creo que no hay sistema legítimo de defensa para
la infancia sin una defensa pública fuerte, autónoma y sin crisis
de identidad. Porque cuando un defensor público plantea que el problema es
que hay pocas plazas de privación de libertad, estamos en problemas. Esta es una crisis de identidad absolutamente
intolerable”, enfatizó.
PERIODICO CENTENARIO, 15/
DICIEMBRE/2012
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