Relatoría de libertad de expresión destaca avances en
la adjudicación de ondas de radio y TV Digital
* Analizando lo ocurrido en el
2013 detalla también algunas agresiones
a periodistas y medios de comunicación, entre ellos de Soriano y Colonia.
MERCEDES
ALDO DIFILIPPO
El Informe Anual de la Relatoría especial para
la libertad de expresión destaca los avances en los llamados públicos en la
asignación de frecuencias de radio y
televisión digital en Uruguay. Este
informe anual elaborado por la Comisión Interamericana
En el capítulo correspondiente a
Uruguay el Informe Anual resalta la asignación de frecuencias de radios comunitarias, realizada
por el Gobierno mediante llamado público, así como el llamado a
interesados para autorizar el servicio de televisión digital; y el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, que tiene como objeto “establecer la regulación básica de la
prestación de servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación
Audiovisual”, que entre otros aspectos promueve la “autorregulación ética” de los medios, extiende el horario de protección al menor y prohíbe en ese horario la
programación que contenga violencia excesiva, truculencia, apología de la
violencia, pornografía, consumo explícito y abusivo de drogas, contenidos que exalten
o inciten a la discriminación, entre otros.
Agresiones y amenazas
El informe también detalla las
agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas ocurridos en Uruguay en 2013: El 21 de febrero el fotógrafo Francisco Flores
y el chofer Julio Secondo, del diario El País, fueron detenidos por presuntos
policías que custodiaban la sede judicial, cuando tomaban fotografías. Los
trabajadores permanecieron detenidos alrededor
de una hora sin que se les informara el motivo de la detención y no se les habría permitido utilizar sus
teléfonos celulares. Posteriormente informaron que la detención había sido
ordenada por una jueza de la sede judicial
El 9 de mayo la periodista
Gabriela Ibarra y el camarógrafo Martín Pérez del canal de televisión CV 10, de
la ciudad de Mercedes, y el fotógrafo del diario Crónicas, Carlos Techera,
fueron agredidos por personas que intentaban
impedir que realizaran su labor periodística, mientras cubrían un
procedimiento policial.
En mayo, la emisora Radio
Agraciada de Mercedes, departamento de Soriano, habría sido blanco de un ataque
que la dejó fuera del aire. Su dueño, Néstor Graña, informó que desconocidos
dañaron el equipo de enlace. Además, afirmó que la emisora ha recibido amenazas
anteriormente.
El periodista Washington
Fernández, del semanario EL ECO de Colonia, fue agredido física y verbalmente
por trabajadores de una empresa constructora, cuando pretendía tomar fotografías
de los trabajos que estaba realizando la empresa en la ciudad de Nueva Palmira.
El 17 de julio, el periodista
Gustavo Guisulfo fue agredido por presuntos efectivos policiales. Guisulfo grabó
la detención de una persona en la plaza de la Independencia. Pese
a que se identificó como trabajador de
la prensa, igualmente fue esposado y trasladado a una seccional de la Policía , donde estuvo temporalmente
detenido. Además, se le borró la
grabación de los hechos.
El co director del semanario EL
ECO del departamento de Colonia, Daniel Roselli, fue demandado por difamación e
injurias tras la publicación, el 5 de octubre de 2013, de un artículo sobre
supuestas irregularidades en el archivo de multas de tránsito en la Intendencia de
Colonia.
El 29 de octubre, Estel
Apollonio, periodista de una radio de Durazno, recibió una notificación de la Jefatura de Policía donde
se le informaba que por orden del juez de Paz de la 4ª Sección no debía “recibir denuncias públicas contra la Policlínica Local ,
Juzgado Local y Policía, so pena de incurrir en el delito de coautoría de
difamación e injuria”. La periodista debió concurrir a la Jefatura a firmar la
notificación. Según lo informado, Apollonio recibió en su programa radial
varias denuncias sobre supuestas carencias en la atención en la Policlínica de la zona.
En este caso el 30 de octubre,
los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitaron al Juez de Paz un informe sobre lo
ocurrido. El 13 de noviembre la SCJ inició
un sumario al Juez.
PERIODICO CENTENARIO,
10/MAYO/2014
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