sábado, 10 de mayo de 2014


Relatoría  de libertad de expresión destaca avances en la adjudicación de ondas de radio y TV Digital





* Analizando lo ocurrido en el 2013  detalla también algunas agresiones a periodistas y medios de comunicación, entre ellos de Soriano y Colonia.



MERCEDES
ALDO DIFILIPPO


El Informe Anual de la Relatoría especial para la libertad de expresión destaca los avances en los llamados públicos en la asignación de frecuencias de radio  y televisión digital en Uruguay.  Este informe anual elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su capítulo correspondiente a nuestro país destaca los avances registrados en el 2013, así como los casos donde han resultado perjudicados periodistas de diferentes medios, entre ellos algunos de Soriano.

En el capítulo correspondiente a Uruguay el Informe Anual resalta la asignación de  frecuencias de radios comunitarias, realizada por el Gobierno  mediante  llamado público, así como el llamado a interesados para autorizar el servicio de televisión digital; y el  proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene como objeto “establecer la regulación básica de la prestación de servicios de Radio, Televisión y otros Servicios de Comunicación Audiovisual”, que entre otros aspectos promueve la “autorregulación ética”  de los medios,  extiende el horario de protección  al menor y prohíbe en ese horario la programación que contenga violencia excesiva, truculencia, apología de la violencia, pornografía, consumo explícito y abusivo de drogas, contenidos que exalten o inciten a la discriminación, entre otros.


Agresiones y amenazas
El informe también detalla las agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas  ocurridos en Uruguay en 2013:  El 21 de febrero el fotógrafo Francisco Flores y el chofer Julio Secondo, del diario El País, fueron detenidos por presuntos policías que custodiaban la sede judicial, cuando tomaban fotografías. Los trabajadores permanecieron  detenidos alrededor de una hora sin que se les informara el motivo de la detención  y no se les habría permitido utilizar sus teléfonos celulares. Posteriormente informaron que la detención había sido ordenada por una jueza de la sede judicial

El 9 de mayo la periodista Gabriela Ibarra y el camarógrafo Martín Pérez del canal de televisión CV 10, de la ciudad de Mercedes, y el fotógrafo del diario Crónicas, Carlos Techera, fueron agredidos por personas que intentaban  impedir que realizaran su labor periodística, mientras cubrían un procedimiento policial.

En mayo, la emisora Radio Agraciada de Mercedes, departamento de Soriano, habría sido blanco de un ataque que la dejó fuera del aire. Su dueño, Néstor Graña, informó que desconocidos dañaron el equipo de enlace. Además, afirmó que la emisora ha recibido amenazas anteriormente.

El periodista Washington Fernández, del semanario  EL ECO  de Colonia, fue agredido física y verbalmente por trabajadores de una empresa constructora, cuando pretendía tomar fotografías de los trabajos que estaba realizando la empresa en la ciudad de Nueva Palmira.

El 17 de julio, el periodista Gustavo Guisulfo fue agredido por presuntos efectivos policiales. Guisulfo grabó la detención de una persona en la plaza de la Independencia. Pese a que se  identificó como trabajador de la prensa, igualmente fue esposado y trasladado a una seccional de la Policía, donde estuvo temporalmente detenido.  Además, se le borró la grabación de los hechos.

El co director del semanario EL ECO del departamento de Colonia, Daniel Roselli, fue demandado por difamación e injurias tras la publicación, el 5 de octubre de 2013, de un artículo sobre supuestas irregularidades en el archivo de multas de tránsito en la Intendencia de Colonia.

El 29 de octubre, Estel Apollonio, periodista de una radio de Durazno, recibió una notificación de la Jefatura de Policía donde se le informaba que por orden del juez de Paz de la 4ª Sección  no debía “recibir denuncias públicas contra la Policlínica Local, Juzgado Local y Policía, so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injuria”. La periodista debió concurrir a la Jefatura a firmar la notificación. Según lo informado,   Apollonio recibió en su programa radial varias denuncias sobre supuestas carencias en la atención en la Policlínica de la zona.
En este caso el 30 de octubre, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)  solicitaron al Juez de Paz un informe sobre lo ocurrido.  El 13 de noviembre la SCJ  inició  un sumario al Juez.




PERIODICO CENTENARIO, 10/MAYO/2014