sábado, 22 de marzo de 2014




Juez levanta secreto profesional a periodista para conocer nombre de sus informantes


El pedido fue realizado por la defensa de cuatro militares y un ex policía presos. Roger Rodríguez contestó: “Yo no voy a dar ese nombre”.


MERCEDES
ALDO DIFILIPPO


El juez penal Pedro Salazar accedió al pedido de la defensa de los cuatro militares y un ex policía presos y levantó el secreto profesional  al periodista Roger Rodríguez, con el  propósito de identificar a su informante en el caso Gelman. Si bien Rodríguez se mantuvo en la posición  de no acceder a revelar el nombre de su informante, el hecho generó preocupación en diferentes organizaciones sociales.
 “Yo no voy a dar ese nombre. Me mantengo en secreto profesional por más que sea levantado”, manifestó  Roger Rodríguez, quien fue citado a declarar como testigo en etapa sumarial por haber investigado periodísticamente el tema.
Las defensas de los militares y del ex policía requerían el nombre de quien había aportado datos precisos sobre el caso del secuestro de la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman y de su hija, Macarena.
El caso, ocurrido en plena dictadura, y repercutió en nuestro país ya que si bien el secuestro se produjo en Argentina, la niña nació en Uruguay y fue adoptada por padres uruguayos. Recién en el año 2000 se supo oficialmente que María Claudia había sido trasladada a nuestro país embarazada. A esa conclusión también había arribado el propio Juan Gelman, abuelo de Macarena.
Por este caso, fueron procesados con prisión los militares José Gavazzo, Ricardo Arab, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira y el ex policía Ricardo Medina como coautores de homicidio muy especialmente agravado. La denuncia fue presentada en junio de 2002 por Macarena Gelman, por la privación de libertad y homicidio perpetrado contra su madre, la ciudadana argentina María Claudia García de Gelman, y por la sustracción de menor.


Contraofensiva  para amedrentar, presionar,  y descalificar

Roger Rodríguez relató lo  sucedido esta semana el juzgado montevideano.  “A las 21 horas del lunes 17 de marzo, tocó el timbre de mi domicilio un agente policial vestido de civil, a quien esperaba un vehículo particular en la puerta, quien me entregó un cedulón judicial por el que se me convocaba a comparecer al día siguiente ante el Juzgado Penal de 2º Turno. La citación era para la carátula "Gavazzo, José Nino y Otros - Homicidio muy especialmente agravado", Ficha IUE90-10462/2002. Busqué en la web del Observatorio Luz Ibarburu y confirmé que se trataba de la Causa Gelman, donde ya había testificado tres veces. Pensé que sería para que aportara datos sobre eventuales lugares de enterramiento. Yo sabía que el viernes hubo una inspección en el Servicio de Material y Armamento junto al Batallón 13”. Al otro día, a las 14 horas “llegué al edificio de los juzgados en la calle Misiones y al ingresar a la sala de espera me encontré a los abogados de los procesados José Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira y Ricardo Medina, esperando para ingresar a la audiencia. No nos saludamos y permanecimos 15 minutos, sentados frente a frente, esperando ser llamados. La audiencia se realizó en el despacho del juez Pedro Salazar y en presencia del fiscal Ariel Cancela. Comprendí que se había iniciado la fase sumarial, es decir el proceso judicial en sí y que los cuatro abogados defensores: Dr. Bernardo Gzech (Medina), Graciela Figueredo (Silveira), Estela Arab (Arab) y Rossana Gavazzo (Gavazzo), me interpelarían. El juez me preguntó si me ratificaba en lo que había declarado en 2003, 2005 y 2008. Pedí para leer mis declaraciones y demoré lo necesario para recordar el contexto en que mi testimonio fue realizado (muchas cosas se fueron averiguando y aportando durante ese tiempo). Los abogados defensores parecían impacientes. Cuando leí todo, ratifiqué mis dichos.
Fue entonces que el juez da la palabra al abogado Gzech quien había solicitado a foja 5535 que se me exigiera revelar mis fuentes de información. El juez Salazar dispone en ese momento el levantamiento del secreto profesional. Posibilidad jurídica que éticamente no acepté.
El resto de las actas cuyos fascimiles adjunto, es el interrogatorio al que fui sometido por los abogados defensores que procuraban conocer las fuentes de información, buscaron algún tipo de contradicción en mis sucesivos testimonios a lo largo del proceso y, finalmente, llegaron a preguntar por qué yo era creíble...
Más allá de las valoraciones que el gremio de periodistas y otras organizaciones puedan realizar sobre las implicancias de que un juez penal considere que puede levantar el secreto profesional de un periodista (otro magistrado o un fiscal podrían luego acusar por desacato u obstrucción de la Ley), me preocupa la situación de las causas de derechos humanos.
Como ya ha ocurrido en otros casos, los abogados defensores han comenzado una "contraofensiva" en la que intentarán amedrentar, presionar, descalificar o contradecir a los testigos, quienes luego de cuarenta años de miedo y silencio fueron a los juzgados acompañados de organizaciones sociales, abogados y prensa.
Ahora no deben quedar solos ni se debe admitir que sufran esta suerte de careos en los que son interrogados como indagados y vuelven a sufrir la victimización de quienes defienden a sus victimarios. No solo es una muestra más de la impunidad en que vivimos. Sencillamente no es justo”, concluyó Roger Rodriguez.

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Derecho a la reserva de las fuentes

El Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Acceso a la Información (CAinfo) y la Coalición por una Comunicación Democrática, emitieron un comunicado condenando enfáticamente este hecho. Adelantando que pedirán una audiencia “urgente a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia” para plantear su inquietud.
Agregando más adelante la APU, el CAinfo y la Coalición por una Comunicación Democrática “expresan su profunda inquietud por el intento de atentado contra el derecho a la reserva de las fuentes que está expresamente establecido en normativas nacionales e internacionales”. Recordando lo establecido en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que semana que “todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Recordando  como antecedentes a este caso lo ocurrido en febrero pasado cuando “el Juzgado Letrado de Mercedes había citado a declarar a los cinco periodistas integrantes de la agencia de noticias Agesor, que en noviembre del año pasado habían informado sobre una denuncia de abuso sexual en un campamento militar. También denunciamos que tres periodistas del blog Proyecto Fósforo habían sido citados a declarar como testigos en un juzgado penal en Montevideo, que estaba investigando un presunto caso de vandalismo intencional contra los contenedores de residuos de la Intendencia de Montevideo. En ambos casos, los magistrados actuantes habían expresado su intención de conocer las fuentes de información de los colegas, pero ante la enfática denuncia pública de esta situación finalmente desistieron de sus propósitos. Ahora, nuevamente, en un hecho absolutamente lamentable, que reviste una inusitada gravedad, un juez penal dispone el levantamiento del secreto profesional de un colega para que divulgue los nombres de sus informantes”.






PERIODICO CENTENARIO, 22/MARZO/2014