sábado, 28 de diciembre de 2013

 Senado aprueba  proyecto de internación  de adictos



Falta completar el trámite en Diputados pero la medida ya generó críticas desde las organizaciones sociales.



MERCEDES
ALDO DIFILIPPO




El Senado aprobó por 17 votos en 22 legisladores presentes en sala el proyecto de Ley de internación de adictos, una iniciativa vinculada a  la Ley que regula la producción y venta de marihuana. La propuesta del gobierno había sido incluida dentro de la batería de iniciativas denominadas: “Estrategia por la vida y la convivencia”.
Este proyecto de ley recula  conductas y tratamientos a seguir en caso de  adictos extremos y con alteración mental aguda.
La iniciativa deberá  ser tratada por la Cámara de Diputados, y ya  recibió críticas desde la sociedad civil.
Se propone crear un “Consorcio Público Sanitario” cuyo funcionamiento estará dentro de la  Secretaría Nacional de Drogas, el cual dará respuesta a los “adictos en situación de riesgo y alteración mental aguda”. El mismo estará integrado por  los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Interior, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Teniendo como   finalidad  dar respuesta inmediata  a la situación de pacientes que pueden estar en un espacio público como dentro de una vivienda, “causando alteraciones en función de su situación”. Los profesionales  se encargarán de diagnosticar al paciente y trasladarlo al servicio de salud correspondiente. Luego se debe comunicar la situación al juez competente. En caso que el paciente se oponga a la internación la determinación quedará a cargo del juez.  Aunque se realice una internación compulsiva, el adicto tendrá la posibilidad de contar con la asistencia de una defensoría.


Rechazo

Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) Uruguay  y el  Instituto de Estudios Legales y Sociales difundieron un comunicado  criticando esta iniciativa, comentando que  la “Ley de atención sanitaria de adictos en situación de riesgo” es  “el eufemismo que los legisladores frenteamplistas eligieron para el proyecto de internación compulsiva de usuarios de sustancias psicoactivas”. Rechazándolo “enfáticamente y en su totalidad esta nueva iniciativa por su carácter inconstitucional y violatorio de principios básicos de derechos humanos. Con la aprobación de esta ley se continúa contribuyendo a fortalecer la ideología de la defensa social, que presupone proteger a la sociedad de los “peligrosos”, en este caso consumidores de sustancias psicoactivas, aplicando mecanismos por afuera del ámbito penal, pero que también persiguen la neutralización de la persona, a través, de su segregación o separación. Las políticas a nivel internacional y regional con respecto a este tema están diseñadas en sentido contrario; las mismas se orientan a disminuir y abolir la utilización de prácticas de privación de libertad para estos casos y otros”. Para estas dos instituciones “esta nueva iniciativa se transformará en otro mecanismo más de producción de materialidades, cuerpos y discursos, que continúan  castigando a los sectores de la población de nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Y en particular a los jóvenes y adolescentes que solamente buscan legitimidad en el espacio público. En este sentido, la penalización del consumo de drogas ilegales está significativamente relacionado con una política penal selectiva, y por ende, a la política de Estado que está detrás. A partir de ellas se definen las drogas legales e ilegales y, en consecuencia, los tipos de individuos que se  quiere reprimir, separar y encarcelar.
Entendemos que el mecanismo que se le ofrezca a aquellas personas con consumo problemático, debe ser pensado desde una Política de Salud Integral, donde el tratamiento ambulatorio, la reducción de daños y el trabajo vincular –entre  otras cosas- sean ejes constitutivos de la respuesta. Es altamente irresponsable haber promovido esta ley, puesto que construye incorrectamente un estado general a partir de situaciones particulares, además de obturar respuestas a familias y personas que las precisan. Esta iniciativa es totalmente incompatible con la ampliación de derechos que se ha venido conquistado en el correr de este año. De aprobarse esta ley en la Cámara de Representantes, retrocederíamos en la visión integral del camino iniciado, volviendo a instalar prácticas del peor higienismo decimonónico, propio de los valores más conservadores y excluyentes”. Concluyendo  “esperamos que los representantes nacionales no voten esta ley; que reflexionen y busquen otras respuestas posibles y necesarias, más eficientes, integrales y respetuosas de los derechos humanos”.



PERIODICO CENTENARIO, 28/DICIEMBRE/2013