Senado aprueba
proyecto de internación de
adictos
Falta
completar el trámite en Diputados pero la medida ya generó críticas desde las
organizaciones sociales.
MERCEDES
ALDO
DIFILIPPO
El
Senado aprobó por 17 votos en 22 legisladores presentes en sala el proyecto de
Ley de internación de adictos, una iniciativa vinculada a la
Ley que regula la producción y venta de marihuana. La
propuesta del gobierno había sido incluida dentro de la batería de iniciativas
denominadas: “Estrategia por la vida y la convivencia”.
Este
proyecto de ley recula conductas y
tratamientos a seguir en caso de adictos
extremos y con alteración mental aguda.
La
iniciativa deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, y
ya recibió críticas desde la sociedad
civil.
Se
propone crear un “Consorcio Público Sanitario” cuyo funcionamiento estará
dentro de la Secretaría Nacional de
Drogas, el cual dará respuesta a los “adictos en situación de riesgo y
alteración mental aguda”. El mismo estará integrado por los Ministerios de Salud Pública, Desarrollo
Social, Interior, la
Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y
el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Teniendo como finalidad dar respuesta inmediata a la situación de pacientes que pueden estar
en un espacio público como dentro de una vivienda, “causando alteraciones en
función de su situación”. Los profesionales
se encargarán de diagnosticar al paciente y trasladarlo al servicio de
salud correspondiente. Luego se debe comunicar la situación al juez competente.
En caso que el paciente se oponga a la internación la determinación quedará a
cargo del juez. Aunque se realice una
internación compulsiva, el adicto tendrá la posibilidad de contar con la
asistencia de una defensoría.
Rechazo
Serpaj
(Servicio de Paz y Justicia) Uruguay y
el Instituto de Estudios Legales y
Sociales difundieron un comunicado
criticando esta iniciativa, comentando que la “Ley de atención sanitaria de adictos en
situación de riesgo” es “el eufemismo
que los legisladores frenteamplistas eligieron para el proyecto de internación
compulsiva de usuarios de sustancias psicoactivas”. Rechazándolo “enfáticamente
y en su totalidad esta nueva iniciativa por su carácter inconstitucional y
violatorio de principios básicos de derechos humanos. Con la aprobación de esta
ley se continúa contribuyendo a fortalecer la ideología de la defensa social,
que presupone proteger a la sociedad de los “peligrosos”, en este caso
consumidores de sustancias psicoactivas, aplicando mecanismos por afuera del
ámbito penal, pero que también persiguen la neutralización de la persona, a
través, de su segregación o separación. Las políticas a nivel internacional y
regional con respecto a este tema están diseñadas en sentido contrario; las
mismas se orientan a disminuir y abolir la utilización de prácticas de
privación de libertad para estos casos y otros”. Para estas dos instituciones
“esta nueva iniciativa se transformará en otro mecanismo más de producción de
materialidades, cuerpos y discursos, que continúan castigando a los sectores de la población de
nivel socioeconómico bajo y muy bajo. Y en particular a los jóvenes y
adolescentes que solamente buscan legitimidad en el espacio público. En este
sentido, la penalización del consumo de drogas ilegales está significativamente
relacionado con una política penal selectiva, y por ende, a la política de
Estado que está detrás. A partir de ellas se definen las drogas legales e
ilegales y, en consecuencia, los tipos de individuos que se quiere reprimir, separar y encarcelar.
Entendemos
que el mecanismo que se le ofrezca a aquellas personas con consumo
problemático, debe ser pensado desde una Política de Salud Integral, donde el
tratamiento ambulatorio, la reducción de daños y el trabajo vincular –entre otras cosas- sean ejes constitutivos de la
respuesta. Es altamente irresponsable haber promovido esta ley, puesto que
construye incorrectamente un estado general a partir de situaciones particulares,
además de obturar respuestas a familias y personas que las precisan. Esta
iniciativa es totalmente incompatible con la ampliación de derechos que se ha
venido conquistado en el correr de este año. De aprobarse esta ley en la Cámara
de Representantes, retrocederíamos en la visión integral del camino iniciado,
volviendo a instalar prácticas del peor higienismo decimonónico, propio de los
valores más conservadores y excluyentes”. Concluyendo “esperamos que los representantes nacionales
no voten esta ley; que reflexionen y busquen otras respuestas posibles y
necesarias, más eficientes, integrales y respetuosas de los derechos humanos”.
PERIODICO
CENTENARIO, 28/DICIEMBRE/2013
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